Resolución 01479-2011

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“II.- […] El principio de imparcialidad se

compromete cuando un juez o jueza que ya se ha pronunciado, sobre el fondo del

asunto, vuelve a conocer un mismo caso. Mientras no haya vertido criterio, o

valorado el mérito de la prueba, no tiene por qué separarse del conocimiento de un asunto, menos aun, se

podría aceptar que se hubiese comprometido el principio de imparcialidad.

Distinta es la situación de la jueza Zúñiga Morales quien, por razones que no

es necesario entrar a investigar y sin que sea pertinente admitir la prueba que

ofreció el Ministerio Público a folio 490, sí es cierto que ya había conocido

de los hechos que son objeto de este procedimiento de revisión. La prueba que

ofrece el Fiscal de Casación, para que se establezca si ya no era posible

integrar este

Tribunal de Casación con otros jueces, resulta inconducente

porque aun cuando no hubiesen otros jueces, lo cierto del caso es que no se

hizo ninguna resolución oportuna para justificar la participación de una jueza

que ya había resuelto, de modo que esto, no se podría pretender subsanar luego.

Es probable que el problema de integración se pudo haber presentado, porque

este caso tuvo dos sentencia condenatorias: en la primera de estas el

sentenciado fue juzgado el 12 de abril de 2007, sentencia 327-2007 (ver folio

121). Precisamente, fue contra esta sentencia condenatoria que se interpuso un

primer

recurso de casación, el que fue resuelto en el pronunciamiento número

2007-869 de las 14:40 horas del

10 de agosto de 2007 (ver folios 185 a 201), voto

que suscribió la mencionada jueza. En esta oportunidad, se ordenó un juicio de

reenvío, que produjo la sentencia número 1141-2008 de las 15:00 horas del 3 de setiembre de

2008. Contra esta sentencia no solo se presentó otro recurso de casación, sino

que también, se han presentado varios procedimientos de revisión. Es así como  a folio 375, aparece el voto número 2011-0110

de las 13:32 horas del

31 de enero de 2011, suscrito por la cojueza Zúñiga Morales. Es cierto que se

trató ya de otra sentencia, sin embargo, no se puede obviar que son los mismos

hechos, y aunque también, en este procedimiento de revisión se conoció un único

tema, relativo a la fundamentación de la pena impuesta en la sentencia

1141-2008, tampoco se puede ignorar, que el objeto del proceso era el mismo y

que, para garantizar el principio de imparcialidad del juzgador no es posible

que un juez que ya ha resuelto el fondo de un asunto vuelva a conocerlo, salvo,

si se procede conforme lo permite el artículo 29 de la Ley Orgánica

del Poder Judicial, que resuelve un problema administrativo, para cuando las

causales de excusa cubren también a todos los jueces o juezas suplentes de un

tribunal. Situación que no fue la que se presentó en este caso. Es así que,

entonces, la solución es declarar con lugar esta parte del reclamo y, en

consecuencia, se procede a anular el voto 2011-0110 aludido y, en su lugar, se

conforma este tribunal para resolver lo que fue objeto de ese procedimiento de

revisión en el cual, el sentenciado J reclamó la insuficiente fundamentación de

la pena que se le impuso en la sentencia 1141-2008, en relación con el delito

de corrupción y, se declara sin lugar el motivo. Esto debe ser así,

porque el sentenciado ni siquiera toma en cuenta que la pena de prisión que, en

definitiva, debe descontar no es de veinticinco años de prisión, sino

únicamente, de dieciséis años de prisión. Asimismo, que esta pena representa

menos del

mínimo que debería resultar por la condena de dos violaciones y una corrupción,

aun con los extremos mínimos para cada uno de estos delitos. Si así fuera, la

pena habría tenido que ser de veintitrés años de prisión, porque la pena mínima

que preve el artículo 167 del Código Penal es de tres años y la violación, del

artículo 156 del igual Código es de diez años de prisión. Pero como

bien lo indica la sentencia, (ver folio 269 frente) esto no era posible porque

el juicio de reenvió fue producto de un recurso de casación interpuesto en

favor del

acusado y la pena de prisión anterior había sido de dieciséis años. Es más, al

delito de corrupción, en la sentencia que fue anulada por este tribunal, con

una integración diversa, se le había sancionado con el extremo mínimo de tres

años (ver folio 151). Entonces, no sólo no se le ha ocasionado ningún perjuicio

al sentenciado, por el contrario, resultó favorecido con una pena inferior a la

que le hubiese correspondido, según la nueva calificación legal que se le

dieron a los hechos. En consecuencia, no existe ningún vicio que decretar y lo

que procede es declarar sin lugar el procedimiento de revisión presentado por

escrito del

06 de abril de 2010 (ver folio 348).”