Resolución 05768-2025

"IX.- Sobre las implicaciones del régimen de empleo público por interinazgo. Principios generales. Dado que las alegaciones de la accionante aluden a los derechos y expectativas de las personas funcionarias que son designadas bajo la modalidad de interinos, se hace necesario hacer algunas referencias, breves, en torno a los parámetros elementales de este tipo de relaciones administrativas. El numeral 192 de la Carta Magna impone el principio de ingreso a base de idoneidad comprobada a la denominada carrera administrativa o función pública, lo que supone, la satisfacción de una serie de exigencias que imponen las diversas instancias públicas para poder ingresar a relaciones de servicio con la categoría de funcionario público, que ha de mantenerse en todo el curso de la relación funcionarial. Para concretar ese principio, el ingreso a la función pública, en tesis de inicio, se realiza sobre la base de un concurso de antecedentes, en el cual, se tiene por objeto que los postulantes a ocupar cargos públicos, presenten sus atestados dentro de concursos públicos para conformar listas de elegibles (ordenadas por criterio de puntaje o evaluación) que luego son ponderadas por la Administración que requiere de los servicios, mediante la petición de una terna, usualmente conformada por tres aspirantes, con la posibilidad de ampliar dicha nómina para el ensanchamiento de opciones de la Administración. De dicha terna, emerge la potestad discrecional de la unidad administrativa de elegir entre los integrantes de aquella, sin que impere en esa dinámica necesariamente un derecho de designación por orden prioritario de calificación. Con frecuencia, al cabo de ese mecanismo, se elige a un funcionario en régimen de propiedad, que luego debe someterse a una fase de "período de prueba", el que, en caso de aprobarse, consolida la designación en propiedad. Como complemento de ese régimen, y teniendo como base justificante la necesidad de la Administración de contar con servidores públicos que desplieguen sus funciones, en los casos en que el titular (propietario) de una plaza se ausente temporal o provisionalmente, o bien, cuando no se haya designado a ese titular, el ordenamiento jurídico permite la figura del agente interino. No obstante, si bien realizan las mismas funciones y surge, en ambos casos el mismo tipo de responsabilidad del funcionario (en su triple dimensión civil, penal y administrativa -disciplinaria-), así como los mismos deberes y derechos inherentes al cargo, no obstante, existen diferencias sustanciales en lo que se refiere a la estabilidad en el puesto. En efecto, como se ha señalado, en la medida en que se supere el período de prueba, el propietario adquiere un grado de estabilidad que supone un derecho de permanencia en el cargo. En términos más simples, el funcionario público se encuentra amparado por un derecho de estabilidad. En el caso del funcionario propietario, este derecho solo cede por destitución motivada ante la concurrencia de alguna de las causales que posibilite el despido (como es el caso del artículo 81 del Código de Trabajo, canon 37 del Estatuto del Servicio Civil) [...]".