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Tribunal Contencioso Administrativo
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Documento judicial
"XV. [...] Teniendo claridad entonces respecto de la forma en que la Administración construyó su argumentación para justificar la existencia de la falta achacada y la sanción impuesta, considera la Mayoría que sí hay suficientes elementos para acreditar la existencia de las faltas achacadas en el traslado de cargos, y que dichas conductas constituyen una violación al deber de probidad en los términos del de la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, número 8422. El incumplimiento a sus obligaciones como funcionario, encuadra claramente en los motivos de responsabilidad administrativa que fija el de la Ley General de Control Interno, número 8292, por lo que no lleva razón la parte cuando indica que no se acreditó una falta al deber de probidad, pues la Administración sí logró establecer que el actor había negociado extrajudicialmente respecto de la responsabilidad producto del accidente de tránsito del vehículo del Poder Judicial placas número [Valor 003], que recibió cincuenta mil colones del dueño del vehículo con quien colisionó (Geovanny Astúa Arce) y omitió comunicar de forma adecuada de lo sucedido a la Administración. Todas esas conductas contradicen normas específicas contenidas en el Reglamento para el uso, control y mantenimiento de los vehículos del Poder Judicial, circular 140-09, aprobado en el artículo XV de la sesión número 39-09, del 9 de noviembre del 2009, lo que, como se ha indicado, riñe con el deber de probidad exigido a todo funcionario público y debilitaron además el sistema de control interno institucional. No puede esta Integración tampoco avalar las alegaciones de la parte en el sentido de que las resoluciones del Poder Judicial se basen en el hecho de que el actor ocultó lo ocurrido a su jefatura. De las transcripciones realizadas anteriormente se deriva con claridad que la Administración achaca al actor no haber comunicado correctamente, en cuanto a la forma y al tiempo, el siniestro sufrido por el vehículo institucional. Véase que en todo momento se reconoce en los actos administrativos que, con base en la declaración de la funcionaria Juárez Ortiz, se acreditó que el actor se había comunicado con ella al momento de acontecer el accidente [...]
[...] Así las cosas, la violación al deber de probidad, debidamente acreditada por las autoridades administrativas en este asunto, resulta motivo legal suficiente para proceder con la separación del cargo, por sí misma y sin necesidad de justificar por qué no se acudió a una sanción menor, en tanto la conducta acreditada es motivo suficiente para aplicar esta sanción. Así las cosas, se rechazan también los cargos referidos al contenido de los actos impugnados. Por último, en cuanto a la motivación del acto, el desarrollo de esta resolución permite acreditar que si bien en algunos casos el análisis realizado en las actuaciones impugnadas pudo ser más amplio, sí contiene los elementos adecuados y necesarios para justificar la sanción tomada, que por el fondo la mayoría de esta Cámara comparte. En esos términos, este reclamo también se rechaza, pues estos actos contienen los motivos y las argumentaciones que justifican la decisión tomada, procediendo entonces su rechazo [...]".