Resolución 06122-2024

"IV.- SOBRE LOS HONORARIOS DE ABOGADO Y SU INCIDENTE PRIVILEGIADO. Los honorarios de abogado son una retribución de carácter civil que corresponde a los juristas, no sólo por la confección de escritos, sino también por la asesoría y el tiempo que deben dedicarles a las personas que solicitan sus servicios profesionales, así como en lo que refiere al estudio necesario de un caso para emprender acciones legales. Al respecto, nuestra legislación le da una extensa regulación, no sólo en cuanto a los mecanismos para establecer su monto, sino también para exigir su pago en caso de incumplimiento a lo pactado entre el cliente y el letrado. Actualmente, el artículo 76 del Código Procesal Civil se ocupa de regular de manera general el tema relativo a los honorarios de los profesionales en Derecho, siendo que el canon 76.3 concretamente se ocupa de la forma de cobrar dichos honorarios a través de la vía incidental, disponiendo al efecto lo siguiente: “76.3. Incidentes de cobro de honorarios de abogado, de rendición de cuentas y responsabilidad profesional. Para la fijación y el cobro de sus honorarios, en relación con su cliente en un proceso determinado, los abogados podrán acudir a la vía incidental. También podrán acudir a esa vía los clientes contra su abogado para pedir rendición de cuentas o responsabilidad profesional. Ambas incidencias deberán presentarse, bajo pena de caducidad de la vía, dentro del año siguiente a la separación del abogado o la terminación del proceso. Se sustanciarán en pieza separada en el mismo proceso y no suspenderán su tramitación. Presentado el incidente por el cliente o el abogado, el incidentado podrá hacer valer los derechos que le confiere esta norma, por vía de reconvención. La resolución final determinará las obligaciones correspondientes a cada una de las partes y la compensación que fuera procedente. Tendrá efecto de cosa juzgada material y solo será impugnable mediante apelación”. Dicha norma resulta aplicable de manera supletoria por virtud de la remisión que hace el artículo 220 del Código Procesal Contencioso Administrativo. Por otro lado importa precisar también, que el artículo 22 inciso 15) de la Ley Orgánica del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica establece que es competencia de la Junta Directiva: “Fijar todas las tarifas de honorarios, sus modalidades y condiciones aplicables al cobro de servicios profesionales, que presten los abogados y los notarios. Tales tarifas se presentarán al Poder Ejecutivo para su revisión, estudio, aprobación y promulgación, mediante resolución razonada. Estas tarifas serán de acatamiento obligatorio para los profesionales, particulares y funcionarios de toda índole”. Siendo así, es mediante el Decreto Ejecutivo número 41457-JP, denominado “Arancel de Honorarios por Servicios Profesionales de Abogacía y Notariado”, publicado en La Gaceta N° 23 del 01 de febrero de 2019 y vigente al momento de los hechos que aquí nos ocupa, que establece las reglas particulares para la determinación de los montos correspondientes a los honorarios profesionales del abogado o abogada que ejerza la representación legal de una persona ante esta jurisdicción. Para lo que interesa, dicho cuerpo normativo regula el deber del profesional de indicarle a su cliente el monto que cobrará por el trabajo a realizar, así como el del cliente de cancelar oportunamente lo convenido, lo cual se encuentra contenido en el artículo 3, que estatuye en su literalidad: “Pago de honorarios y deber de información. Los honorarios de los Abogados (as) deben ser cancelados en las oportunidades que corresponda, conforme a la naturaleza de los servicios profesionales brindados y en los términos que señale este Arancel. Es deber del profesional advertir e informar al cliente sobre el monto de sus honorarios, desde el inicio de la contratación de sus servicios. El cliente está en la obligación de cancelar los honorarios correspondientes a favor del profesional cuyos servicios contrató, independientemente del resultado final. Lo anterior, con excepción de aquellos asuntos en que se demuestre, disciplinaria o judicialmente, que en el ejercicio de su profesión el Abogado (a) ha perjudicado a su cliente culposa o dolosamente”. Por su parte, en el numeral 4 se establece claramente la titularidad de los honorarios del profesional, al indicar la norma: “Propiedad de los honorarios. Los honorarios corresponden al profesional o profesionales que han sido requeridos por el cliente. Queda prohibido al profesional compartir sus honorarios con otros profesionales que no sean abogados”. Ahora bien, la contratación de profesionales en Derecho puede darse sobre la base de un contrato escrito o verbal, sin embargo, si las partes pactan montos de honorarios superiores a los mínimos establecidos en el Arancel, necesariamente el contrato deberá establecerse por escrito, siguiendo las formalidades que el Decreto establece al efecto. Dice así, en lo que interesa, el numeral 5: “El contrato escrito entre el Abogado (a) y su cliente constituye la forma idónea para determinar y probar los alcances de la labor profesional a cumplir y el monto que conforme a este Arancel se haya establecido en cada caso. Los honorarios profesionales no podrán ser inferiores a los porcentajes o montos mínimos establecidos en el presente Arancel. Sin embargo, según la naturaleza del asunto y su grado de complejidad, el profesional y su cliente podrán convenir montos superiores a los establecidos en este Arancel, siempre que conste en convenio escrito que contenga: el objeto detallado del servicio, el monto de los honorarios y su forma de pago (...). La responsabilidad siempre recaerá sobre el profesional contratado y/o firmante en la actuación requerida (…)”. Teniendo claro que todo jurista tiene derecho a recibir el pago de sus honorarios por la labor contratada -sea en forma escrita o verbal- y que el cliente está en la obligación de cancelar según lo que se haya pactado, o bien, acorde a la labor realizada por el profesional.[...]."