Resolución 00078-2014

En tercer lugar, queda acreditado que fue el MINAET, el que alertó al INDER de la ocupación ilegal del actor, ya que ese terreno constituía Patrimonio Natural del Estado. Ahora bien, este

Tribunal comparte plenamente la tesis del Estado de que no se necesita por parte del MINAET o el INDER de una declaratoria de que la parcela 40 del Asentamiento Río Celeste, es Patrimonio Natural del Estado, ya que la jurisprudencia de este Tribunal, confirmada por la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, ha indicado:   "La Administración Pública no puede permutar, ceder, enajenar de ninguna manera, entregar o dar en arrendamiento, terrenos rurales de su propiedad o bajo su administración, sin que antes se hayan clasificado por el MINAET, por lo que, si estuvieran cubiertos de bosque, automáticamente quedarían incorporados al Patrimonio Natural del Estado (artículo 15). Con base en todo lo expuesto, este Tribunal llega a las siguientes conclusiones relevantes en el caso concreto.

Al constituirse el medio ambiente como Patrimonio Común de todos los habitantes de la Nación, el  Patrimonio Natural del Estado constituye una especie de ese género (artículos 50 párrafo segundo, 89, 121 inciso 14 párrafo primero de la Constitución Política, 2 inciso a) de la Ley Orgánica del Ambiente, 1 de la Ley de Biodiversidad y 13 de la Ley Forestal).

Existe una afectación legal inmediata al Patrimonio Natural del Estado, de todos aquellos terrenos comprendidos en las áreas silvestres protegidas, en las áreas declaradas inalienables –como la zona marítimo terrestre (artículo 73 de la Ley 6043)-, en los terrenos de aptitud forestal y en las fincas inscritas a nombre del Estado, de las Municipalidades, Instituciones Autónomas y demás entidades de la Administración Pública Descentralizada.

El Patrimonio Natural del Estado no requiere de una declaratoria expresa dado que, conforme a lo establecido en los artículos 13 y 14 de la Ley Forestal, así como lo resuelto por la Sala Constitucional en sentencias 1992-03789 y 1997-04587, las zonas boscosas, los terrenos con aptitud forestal, los manglares y los humedales comprendidos dentro de las áreas inalienables, como la zona marítimo terrestre, quedan afectadas de forma inmediata a este Patrimonio, sin concurrencia de la Administración." (ver sentencia número 175-2011-VI, dictada por la Sección Sexta del Tribunal Contencioso Administrativo a las once horas con veinte minutos del dieciocho de agosto 2011, confirmada por voto número 01675-F-S1-2012 de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, a las ocho horas con cincuenta y cinco minutos del trece de diciembre del dos mil doce) Justamente, en este caso el MINAET señaló que la parcela 40 del Asentamiento Río Celeste, propiedad del IDA (INDER), es Patrimonio Natural del Estado, y tal como lo ha dicho la jurisprudencia citada, las zonas boscosas quedan inmediatamente afectadas al Patrimonio Natural del Estado, sin que sea necesaria una declaratoria de la Administración Pública. No obstante, en este caso consta que el MINAET si había acreditado que esa parcela constituía parte del Parque Nacional Volcán Tenorio. Además, como se indicó líneas atrás, los testigos que declararon en el juicio oral y público realizado ante este Tribunal, indicaron claramente que la parcela 40 del Asentamiento Río Celeste, tiene cobertura boscosa. Por ello para este órgano jurisdiccional no existe duda que ese terreno es Patrimonio Natural del Estado, y no podía ser ocupado de ninguna forma por el demandante, al ser un bien de dominio público, el cual tiene las condiciones de ser inembargable, imprescriptible e inalienable. Asimismo, tampoco procede la indemnización pretendida por el accionante por supuestas mejoras realizadas al terreno en cuestión, ya que sobre bienes públicos la posesión por particulares no dará derecho alguno a su favor; Segunda: Del oficio transcrito también se aprecia que por parte del MINAET, existió una denuncia penal en contra del actor. Ahora bien, el proceso penal en el cual el accionante resultó inocente, no tiene ningún efecto en este proceso contencioso administrativo, ya que en materia penal se trata de determinar la comisión de delitos y en este se solicita la nulidad de conductas administrativas. Por ello, bajo el principio de separación de vías, los resuelto en sede penal no tiene ninguna implicación en esta instancia contencioso administrativa; Tercera: Nótese que el informe transcrito es una recomendación que realiza la Dirección Regional Huetar Norte a la Junta Directiva del INDER, por ello este documento no es un acto final, sino preparatorio e interno, por lo que la institución demandada no tenía la obligación de notificárselo al accionante. Por esa razón son improcedentes las argumentaciones del demandante en cuanto a violación del debido proceso por no notificarle este oficio. Ahora bien, independientemente de la notificación del citado oficio, es claro para este Tribunal que lo resuelto en éste, no contiene nada nuevo de lo que ya el actor tenía conocimiento desde hace varios años, cuando la Dirección4947    y la Dirección Regional Huetar Norte del INDER, tramitaron el desalojo administrativo en contra del actor;

Por último, y como producto final de todo el procedimiento de desalojo administrativo seguido contra el actor por parte de la Oficina Subregional de Guatuso y la Dirección Regional Huetar Norte del INDER, se tomó el acuerdo por parte de la Junta Directiva del IDA, en el artículo número 42 de la sesión ordinaria 043-2011, celebrada el 29 de noviembre del 2011, mediante la cual se acordó textualmente lo siguiente: "Acoger la recomendación contenida en el oficio Nombre40325, suscrito por el Lic. Manrique Jiménez Castro, Asesor Jurídico Regional y el Ing. Armando Montero Arce, Director Regional a.i Región Huetar Norte y con fundamento en ella, se acuerda: Acoger el desalojo solicitado por la Oficina Subregional de Guatuso, por estar demostrada la ocupación ilegal no reconocida por el Instituto de Desarrollo Agrario, por parte del señor Nombre53765   , (...), o cualquier otra persona que se encuentre ocupando ilegalmente la Parcela 40 del Asentamiento Río Celeste, sito en el Distrito San Rafael, Cantón Guatuso de la Provincia Alajuela. Que es terreno inscrito a nombre del Instituto de Desarrollo Agrario, en el Registro Público, partido Alajuela, Sistema Folio Real Matrícula: Placa7396, sin segregar de la finca madre, tienen un área de 7 ha, 4961.93 metros cuadrados, descrito en el plano catastrado Placa7397. El predio debe ser desalojado inmediatamente para ser trasladado al Ministerio del Ambiente Energía y Telecomunicaciones MINAET, por constituir Patrimonio Natural del Estado. ACUERDO APROBADO POR UNANIMIDAD.". El acuerdo transcrito es completamente legal, por los siguientes motivos:

Efectivamente, se tiene por demostrado que el acuerdo citado le fue notificado al actor mediante resolución para notificar emitida por la Asesoría Jurídica de la Región Huetar Norte, en su condición de órgano director del procedimiento, a las catorce horas cuarenta minutos del veintiuno de febrero del dos mil doce, por medio del número de fax señalado por el actor como medio para recibir notificaciones el 21 de febrero del 2012. Ahora bien, esta manera de notificar ese acuerdo de la Junta Directiva, no viola de ninguna forma el debido proceso y el derecho de defensa del actor, ya que lo importante es que se le notificó esa resolución al medio que el mismo actor señaló para recibir notificaciones. Tampoco se viola el debido proceso por el hecho de que la notificación la hiciera la Asesoría Jurídica de la Región Huetar Norte, y no la Secretaría General de la Junta Directiva, debido que aunque hubiese sido esta última, el resultado sería el mismo. Se insiste, que lo importante es que se le notificó al accionante el citado acuerdo en el medio señalado por él mismo para recibir notificaciones, no siendo importante cual órgano fue el encargado de efectuar la notificación;

Es completamente irrelevante el alegato del actor, de que se le debió informar en ese acuerdo la integración de los miembros de la Junta Directiva, así como el resultado de la votación. Véase que el acuerdo citado fue tomado y aprobado por "UNANIMIDAD", por lo que es lógico que no existieron abstenciones, recusaciones ni impedimentos, y sí se presentó el quórum de ley. Además, consta que el demandante no recurrió este acuerdo en sede administrativa, pese a que le fue debidamente notificado. Por ello, este Tribunal está de acuerdo con lo indicado por el INDER, en el sentido que la información sobre la integración de la Junta Directiva, pudo haber sido solicitada por el actor, ya que éste siempre tuvo conocimiento y acceso al expediente administrativo;

El acuerdo tomado por el Junta Directiva del INDER, si está razonado, fundamentado y adecuadamente motivado, en el oficio número DRHN-ALJ-0255-2011, el cual es un informe técnico que analiza todo el procedimiento de desalojo que se le siguió al accionante por varios años. Asimismo, no existe ninguna violación al debido proceso, ya que el contenido del oficio número DRHN-ALJ-0255-2011, señala hechos, argumentos y pruebas, ampliamente conocidas por el actor, el cual participó activamente en toda la tramitación que la Oficina Subregional de Guatuso y la Dirección Regional Huetar Norte del INDER, realizó para analizar la ocupación que el demandante venía realizando sobre la parcela 40 del Asentamiento Río Celeste;

El hecho de que el acuerdo transcrito, no indicará los recursos, el órgano y el plazo para impugnar dicho acto, no tiene la fuerza suficiente para anular todo el procedimiento de desalojo administrativo realizado por la institución demandada, ya que sería solicitar una nulidad por la nulidad misma, así como es evidente para este Tribunal que conforme a los mismos argumentos expuestos en este proceso por el propio actor, éste siempre tuvo claro que podía recurrir en sede administrativa ese acuerdo. Ahora bien, en general, el demandante alega violación de normas que regulan el procedimiento administrativo ordinario establecido en la Ley General de la Administración Pública. Sin embargo, estima este Tribunal que el procedimiento de desalojo administrativo tramitado por el INDER contra el actor, no es un procedimiento administrativo ordinario pleno, sino un procedimiento de mera constatación, ya que en el fondo lo único que tiene que determinarse es si el ocupante de una parcela propiedad del INDER, esta siendo o no ocupada de manera legal o ilegal. Además, como se explicó a lo largo de esta sentencia, al actor se le respecto en todo momento su derecho de defensa y el debido proceso, incluso por varios años el accionante tuvo la oportunidad de demostrar que la ocupación de la parcela 40 del Asentamiento Río Celeste, era legal. No obstante, como ha quedado analizado en esta resolución, esa parcela fue ocupada de manera ilegal por el demandante desde la perspectiva del Derecho Civil (poseedor de mala fe), de la Ley de Tierras y Colonización y el Reglamento Autónomo para la Adquisición de Tierras (incumplimiento del procedimiento y requisitos para la adquisición de tierras pertenecientes al INDER), y de la normativa ambiental, al constituir ese terreno Patrimonio Natural del Estado. Por todas las razones expuestas se declara en todos sus extremos sin lugar la presente demanda […].”