Resolución 00032-2014

“4. Sobre el hecho de un tercero como causa excluyente de responsabilidad de la Administración Pública. Tal y como se indicó líneas atrás, conforme lo dispuesto en el artículo 190 de la Ley General de la Administración Pública, como regla general, tanto para el caso del eventual  reproche o imputación de responsabilidad patrimonial de la Administración Pública por conducta lícita o normal o ilícita o anormal, aplica la siguiente regla: “1. La Administración responderá por todos los daños que cause su funcionamiento legítimo o ilegítimo, normal o anormal, salvo fuerza mayor, culpa de la víctima o hecho de un tercero …”. (El resaltado no es del original). El hecho de un tercero importa la concurrencia de una circunstancia que rompe con el nexo causal, que para hacer procedente el reproche de responsabilidad patrimonial en contra de la Administración Pública se requiere como condición insalvable. Lo previsto en el numeral 190 citado supone con todo y que la responsabilidad de la Administración Pública -ya sea lícita o ilícita, normal o anormal- se determina bajo criterios objetivos, prescindiendo del análisis sobre el aspecto subjetivo vinculado con el dolo o culpa en su caso, del agente de la Administración Pública accionada, que no basta con la existencia de una conducta administrativa que haya mediado, sino que además, ella deberá de erigirse en una relación de causa efecto, en la génesis o razón de la existencia del daño. La actuación del tercero se interpone entre esa conducta administrativa, o en su caso la excluye totalmente, constituyendo esa actuación –la del tercero- la causa eficiente y única del daño. El efecto dañoso en estos términos es causado por una persona diversa a la entidad pública a quien se le endilga su autoría. La actuación y ajenidad del tercero, debe ser tal que no permita responsabilidad solidaria o en su caso la excluya en parte. El presupuesto hace que devenga en imposible imputar desde el punto de vista jurídico, la responsabilidad por los daños cuya causación da lugar a la iniciación del litigio, a la Administración Pública  que obra como demandada […].”