Resolución 00067-2013

SOBRE EL OBJETO DE LA DEMANDA Y SU RELACIÓN CON LA EXISTENCIA DE UNA ZONA ELETROMAGNÉTICA EN LA ZONA DONDE HABITAN LOS ACCIONANTES. Conforme lo señala el apelante, el tema de la existencia de un campo electromagnético generado por los cables de alta tensión en el Residencia Bosques de Doña Rosa, fue analizado por la Sala Constitucional en el voto  No. 2806-98, de de las 14:30 horas del 28 de abril de 1998, dictado con ocasión del

Recurso de Amparo interpuesto por los vecinos del citado Residencial contra el Instituto Costarricense de Electricidad con motivo de la ampliación de la línea de transmisión de alto voltaje denominada Línea de Transmisión Alajuela-La Caja, que a su vez origina el presente proceso. En dicho voto se analizó lo relativo a la lesión o amenaza de los derechos constitucionales a la salud y a un ambiente sano de los actores y sus familias con ocasión de la exposición a los campos electromagnéticos generados por la líneas de transmisión de alto voltaje como las instaladas en la Comunidad donde habitan los hoy actores de éste proceso, siendo que la Sala Constitucional fue clara al establecer que existe un amplio consenso en la comunidad científica en el sentido de que no se ha establecido una asociación entre la exposición doméstica a campos de frecuencia industrial y los posibles riesgos a la salud humana. Asimismo, la sentencia en cuestión reconoció que también hay consenso respecto de que no ha sido y no puede ser probado que la exposición a estos campos sea absolutamente segura, circunstancia en la que juega un papel fundamental el hecho de que en general no se puede demostrar fehacientemente un hecho negativo. Consideró la Sala Constitucional que para el caso analizado, está suficientemente claro que los estudios que parecen evidenciar riesgo, parten de intensidades en los campos magnéticos que superan, con mucho, a aquellos que se espera encontrar en la vecindad de las líneas eléctricas de interés en el caso analizado por el alto Tribunal. Concluyó el fallo señalando que ante la ausencia de criterios que indiquen que existe siquiera una verdadera amenaza a la salud de los accionantes o al ambiente en el que viven (por el contrario los criterios mayoritarios apuntan hacia que no la hay), así como a los demás derechos fundamentales que se citan en el recurso, lo que procede es desestimar el amparo por la vía de reiteración de los antecedentes dictados en la materia. No obstante, al dimensionar el fallo, la Sala Constitucional, señaló que una correcta aplicación del principio de evitación prudente al caso concreto, determina como necesario ordenar al ICE que adopte todas las medidas que sean requeridas para asegurar que el campo magnético generado por las obras no exceda, en las viviendas, los márgenes a que se ha comprometido con la Sala y con la comunidad, a saber, de 0,1 a 0,3 micro T (8 MG) en condiciones  normales y un máximo de 0,8 micro T (8MG), en condiciones de sobrecarga y por no más de dos horas al año, debiendo el ICE designar y comunicar a las comunidades interesadas, necesariamente y por medio de la Municipalidad de Belén, y además a las personas y organizaciones comunitarias que lo requieran, la información relativa a las mediciones que se practicará regularmente de la intensidad del campo magnético, debiendo el Ministerio de Salud establecer un mecanismo permanente de vigilancia epidemiológica en el área geográfica donde está ubicada la línea de transmisión de alto voltaje en el Proyecto. Por la vía de aclaración, la Sala Constitucional en el voto 00664-I-98 de las catorce horas con treinta y ocho minutos del veintiocho de octubre de mil novecientos noventa y ocho, determinó que las mediciones de intensidad del campo electromagnético deben ser realizadas en el exterior de la línea de construcción de las casas de habitación de los amparados. En razón de lo dicho, y si bien la Sala Constitucional determinó la existencia del campo electromagnético en el Proyecto, es lo cierto que este aspecto no constituye la base fundamental del tratado en autos, pues el objeto de la pretensión indemnizatoria por parte de los actores no se fundamenta en la existencia de daños a la salud causados con ocasión de la contaminación electromagnética generada por los cables de alta tensión que transitan por la Urbanización. El daño reclamado en el este proceso se fundamenta en los efectos que  la instalación de los cables de alta tensión han generado sobre el valor de los inmuebles de los actores (pérdida de belleza escénica, contaminación sónica por los ruidos que generan las torres y principalmente por el temor que sobre el eventual daño a la salud que pueda generar la exposición a los campos electromagnéticos que generan las torres de alta tensión), factores que constituyen en criterio de los actores el hecho generador de la disminución del valor patrimonial de sus propiedades en un porcentaje de al menos un 50%, según lo determinara el Órgano de Normalización Técnica y la Municipalidad de Belén, por lo que se ha generado un daño especial que no tienen el deber de soportar y debe ser resarcido al existir una responsabilidad administrativa sin falta o por sacrificio especial en los términos del artículo 194 de la Ley General de la Administración Pública. En razón de lo dicho, sobre estos ejes temáticos se centrará el análisis de éste Tribunal respecto del recurso de apelación formulado contra la sentencia de instancia.

ANÁLISIS DE LA PRUEBA RECIBIDA EN JUICIO. Contrario a lo argumentado por el apelante, éste Tribunal no evidencia la existencia de elementos que permitan concluir que el Juzgador de instancia ha utilizado un sistema de libre convicción en la apreciación de la prueba, ni una apreciación subjetiva ni fallando contra la prueba recibida, pues conforme se dirá del análisis de la prueba ofrecida por los accionantes, en la especie no se ha probado por prueba idónea el daño reclamado en este proceso, correspondiente a la disminución patrimonial representada por la disminución del valor de los inmuebles de los actores en un porcentaje de al menos del 50%, generada por la instalación de torres de alta tensión por parte del ente demandado.

SOBRE LA PRUEBA DEL ESTUDIO DEL ÓRGANO DE NORMALIZACIÓN TÉCNICA. En el mes de junio del 2001, los Ingenieros Miguel Martínez Urtuvia y Roger Meneses Ramírez, funcionarios de la División Órgano de Normalización Técnica del Ministerio de Hacienda, emitieron el denominado "Actualización de la Plataforma de Valores de Terrenos en el Cantón de Belén" (folios 239 a 343 del principal), en lo relativo a la Zona Urbana Residencial del Distrito Asunción (Zona Z03-U23). En el Anexo 7 de dicho documento, se realiza una valoración de la devaluación de los terrenos situados en ambos lados de las líneas de transmisión en el Cantón de Belén, señalando dicho estudio la existencia de una devaluación del terreno relacionada en parte con el potencial efecto de los campos electromagnéticos en la salud humana y en parte con los temores generados por el riesgo de una falla estructural de las torres que sostienen las líneas de alta tensión debido a algún factor externo, por la pérdida de belleza escénica y por otros aspectos relacionados. En razón de lo señalado, y con base en la literatura revisada, la opinión de los vecinos que fueron consultados, de expertos en bienes raíces y la investigación de valores realizada, el estudio del citado órgano propone que para efectos del cobro del impuesto sobre bienes inmuebles en la Municipalidad de Belén, se considere una devaluación de por lo menos 50% en el valor de la construcción y del terreno de los inmuebles ubicados en las zonas homogéneas afectadas por la contaminación electromagnética, afectación que aplica únicamente para los inmuebles de uso residencial y comercial ubicados en la zona de influencia de las líneas de alta tensión. Señala el estudio que para determinar el efecto de la instalación de las líneas de transmisión en el valor de los terrenos de la zona de influencia en Belén, se realizó un estudio en la zona y se entrevistó a varios habitantes entre ellos a los señores Luz María Campos, Nombre53737 , Pedro González, quiénes señalaron los problemas que han afrontado para la venta de los inmuebles con la presencia de las torres. Asimismo, señala el Informe que el señor Rodolfo Guerra, vendedor de bienes raíces, manifestó en entrevista que resulta muy difícil vender inmuebles en la zona de influencia de las torres de alta tensión y que el valor del terreno es por lo menos del 50% con respecto de inmuebles donde no existe este efecto. Añade el Informe que además el Ingeniero Nombre53738  (P&A Peritazgos y Avalúos), manifestó que realizó, a una Institución bancaria, el avalúo de un inmueble en el Dirección4861        y consideró un castigo de un 25% (comunicación personal). Además, el Ingeniero Nombre53738 indicó que los terrenos afectados por las líneas de alta tensión se devalúan de un 50% a un 75% y las construcciones en un 25%. Asimismo, señalan los suscriptores del estudio que otro de los fundamentos de la recomendación formulada lo constituye el hecho de que una de las instituciones bancarias más importantes del país les informó que no aceptan como garantía inmuebles contiguos al borde de servidumbres establecidas para las líneas de alta tensión y que la devaluación de los inmuebles en estas zonas es de un 50% o más. Finalmente se indica en el Informe que cuando la gente que vive en estas circunstancias se entera de este problema, inicia los trámites para deshacerse del inmueble o dejárselo al Banco. En criterio de éste Tribunal y como bien lo sostiene el Juzgador de Primera instancia, el estudio realizado por el Órgano de Normalización Técnica del Ministerio de Hacienda carece de rigurosidad técnica, toda vez que no se logra determinar cuáles fueron las fuentes consultadas, ni las bases técnicas que fundamentan la existencia de una desvalorización de los terrenos afectados por las líneas de alta tensión entre un 50% y 75%. En efecto, el estudio en cuestión no acredita las condiciones de modo, tiempo y lugar que amparan las manifestaciones de los vecinos que fueron entrevistados, para acreditar si efectivamente los problemas que aducen han tenido con la venta de inmuebles se origina en la instalación de las torres, pues no se acredita cuáles fueron esos inmuebles, cuándo se pusieron en venta, quiénes formularon las ofertas y demás condiciones que permitan determinar esa relación de causalidad. De igual manera,  no se acredita en el estudio las razones técnicas en que se fundamenta el experto en bienes raíces Rodolfo Guerra -cuya condición no ha sido acreditada en autos-,  para sostener que el valor de los terrenos se había desvalorado en por lo menos un 50%. Asimismo, no se acredita, salvo el dicho de los autores del estudio, las razones en que se fundamenta el perito Nombre53738  -cuya condición no ha sido acreditada en autos-, para sostener que le realizó a una Institución bancaria el avalúo de un inmueble en el Dirección4861        y consideró un castigo de un 25%. De igual forma, no acredita el estudio los fundamentos técnicos o científicos en que se fundamenta el Ingeniero Nombre53738 para considerar que los terrenos afectados por las líneas de alta tensión se devalúan de un 50% a un 75% y las construcciones en un 25%. Así, el estudio carece de rigurosidad  técnica, para definir que los inmuebles de los accionantes se desvalorizaron en un porcentaje de al menos un 50%, siendo que los autores del estudio se basan para formular la recomendación únicamente en meras referencias de fuentes que no son constatables y cuyas razones y fundamentos son desconocidos (manifestaciones de los vecinos, de expertos en bienes raíces cuya condición nunca se acreditó en autos). Asimismo, no acreditan los autores del documento -salvo su dicho-, la existencia de un estudio de mercado de expertos que acredite los valores de las propiedades ubicadas en zonas homogéneas afectadas por la instalación de las torres de alta tensión, ni estudios que acrediten de manera objetiva y constatable la disminución del valor de los inmuebles. La prueba que constituye la base del estudio, no permite acreditar de manera debida las fuentes utilizadas para formular su recomendación, ni cuales fueron los criterios o las razones técnicas en las que las fuentes periciales supuestamente consultadas fundamentan la existencia de una desvalorización de los terrenos entre un 50% y un 75%. De igual forma, no existen elementos para acreditar la veracidad de la fuente utilizada para afirmar que una de las instituciones bancarias más importantes del país (sin señalar cuál, cuándo, en que casos y bajo cuáles circunstancias), no aceptan como garantía inmuebles contiguos al borde de servidumbres establecidas para las líneas de alta tensión y que la devaluación de los inmuebles en estas zonas es de un 50% o más. Asimismo, no se acredita en el estudio cuales son las razones técnicas por las que según las fuentes fundamentan la dificultad de vender inmuebles en la zona de influencia de las torres de alta tensión y que el valor del terreno es al menos de un 50% menor respecto de inmuebles donde no existe este efecto. En razón de lo dicho, conforme lo determinó el Juzgador de instancia, el dictámen del Órgano de Normalización Técnica no constituye prueba útil a efecto de acreditar el daño reclamado por los actores en este proceso, siendo que los agravios formulados por el apelante carecen de fundamento. En efecto, el hecho de que la parte actora hubiera podido ofrecer otro tipo de pruebas (prueba de corredores de bienes inmuebles, otros vecinos de la comunidad, declaraciones de eventuales compradores en cuyo ánimo pesaba la cercanía de las propiedades con las torres de alta tensión), constituye una mera hipótesis, pues corresponde a las partes según su estrategia en juicio determinar la prueba que estime más conveniente a sus intereses para acreditar los hechos y pretensiones de su demanda. Contrario a lo argumentado por el apelante ésta Cámara considera procedentes las consideraciones del Juzgador de instancia en punto a considerar la necesidad de que el estudio realizado por el Órgano de Normalización Técnica, debió haber acreditado documentalmente las entrevistas con el fin de constatar la fuente y sus fundamentos. Considera éste Tribunal que no por el hecho de que el estudio ofrecido como prueba, fuera realizado por funcionarios del Ministerio de Hacienda, resultan inmunes al análisis judicial, siendo que el Juez no puede partir en su análisis de la prueba en el hecho de que los técnicos del Ministerio de Hacienda o los peritos designados durante el proceso conocen su trabajo, por lo que los parámetros tomados en sus dictámenes no pueden ser objeto de cuestionamiento y deben ser adoptados de la forma en que son rendidos, teniéndose como plena prueba de carácter irrefutable. En este sentido, olvida el apelante la función del Juez de dirimir el conflicto sometido a sede jurisdiccional y de su deber de valorar la prueba conforme a principios de la sana crítica racional y la posibilidad de apartarse de manera razonada de las pruebas propuestas por las partes. Conforme se dirá al analizar el dictamen pericial rendido en autos por Santiago Baizán, aún cuando el perito realizó un trabajo de individualización de daños, donde puede verse alguna variación entre la afectación de una propiedad u otra, dicho dictamen contiene una serie de inconsistencias metodológicas que impide considerarla como prueba útil para acreditar el daño reclamado por los actores en el presente proceso. Las argumentaciones del apelante respecto de las consideraciones contenidas en la sentencia con relación al cuestionamiento del aparato utilizado por los técnicos del Ministerio de Hacienda para medir la intensidad del campo electromagnético, carece de interés en tanto el fundamento de ésta demanda no lo constituye la existencia de un daño a la salud de los accionantes con ocasión de los efectos generados por el campo electromagnético, siendo que en todo caso, conforme lo determinó la Sala Constitucional le corresponde al Ministerio de Salud, velar por el cumplimiento de lo ordenado por ese Tribunal en cuanto al máximo de energía que podría ser transportada por los cables de alta tensión, lo que convierte a éste tema en una discusión estéril para efectos del fondo debatido en el presente proceso. En todo caso, no es cierto que la sentencia de primera instancia se hubiera fundamentado en la inexistencia de un solo factor de riesgo (daño a la salud por los efectos generados por los cables de  alta tensión), sino en la ausencia de prueba para acreditar el daño, según las pruebas propuestas por la parte actora. Contrario a lo argumentado por el apelante, en criterio de éste Tribunal, si resultaba necesario para acreditar el daño reclamado por los accionantes la existencia de un estudio que determinara los valores de los inmuebles antes y después de la instalación de las torres de alta tensión, toda vez que ésta información resulta imprescindible a los efectos de acreditar el daño reclamado y la relación de causalidad entre este y la actuación administrativa. La determinación de la disminución del precio debe realizarse a partir del valor del inmueble antes de la afectación y después del hecho que genera el daño, lo cual no se puede lograr a partir de la confrontación de precios con inmuebles que pertenecen a la misma Urbanización pero que no se encuentran en la colindancia del tendido de cables de alta tensión, con los que sí tienen esta última condición. En todo caso, no constan referencias que permitan determinar la existencia real y resultados de los estudios de mercado de zonas homogéneas que según el dicho de los redactores del Informe, realizaron para fundamentar su recomendación de la disminución de un 50% del valor de los inmuebles para efectos del pago de impuestos sobre bienes inmuebles. Contrario a lo argumentado por el apelante, no se evidencia la existencia de un estudio por parte de los técnicos del Ministerio de Hacienda por medio del cual se acredite que inmuebles que se ubican en la misma Dirección4859     y que no se encuentran en la colindancia del tendido de cables de alta tensión, no hayan desmejorado su valor respecto de los que si tienen ésta última condición, resultando intrascendente para efectos de acreditación del daño reclamado por los actores, el hecho de que los funcionarios del Ministerio de Hacienda que realizaron el estudio, sean peritos en la materia y que conocían la zona de previo, lo que les permitía contar con elementos para realizar comparaciones históricas del valor de los inmuebles. Por las razones dichas, contrario a lo argumentado por el apelante, no evidencia ésta Cámara la existencia de fundamentos técnicos que amparen la recomendación por parte del Órgano de Normalización Técnica de una desvalorización en un porcentaje de un 50% del valor de los inmuebles de los actores, por lo que los agravios no son de recibo y deben ser rechazados.

ACUERDO DE LA MUNICIPALIDAD DE BELÉN. La Municipalidad de Belén, mediante el acuerdo adoptado en la Sesión No.56-2002, artículo 19, celebrada el 13 de agosto del 2002, acogió la recomendación de la Comisión de Obras y acordó aplicar una disminución de la base imponible del Impuesto sobre Bienes Inmuebles en un porcentaje del 50% de devaluación al valor de los terrenos y construcciones para vivienda y comercio ubicados en la Zona Homogénea afectada por la contaminación electromagnética en el Cantón de Belén. El citado acuerdo se fundamenta en el Informe DO231-2002 del 19 de julio del 2002, de la Dirección de Operaciones y Desarrollo Urbano, mismo que a su vez se fundamenta en el estudio realizado por el Órgano de Normalización Técnica del Ministerio de Hacienda, mediante el cual se actualiza la plataforma de terrenos para el Cantón de Belén, y que incluye un estudio sobre devaluación de terrenos por efecto del campo electromagnético, realizado por los Ingenieros Róger Meneses Ramírez y Miguel Martínez Urtuvia. Según se consigna en el acuerdo Municipal, la Unidad de Bienes Inmuebles mediante el oficio UBI-02-0037, informó que en compañía del Ingeniero Martínez Urtuvia, se realizó una inspección de campo para determinar el comportamiento de los inmuebles afectados por el campo electromagnético, determinando entre otros los siguientes aspectos de interés: a)- En la zona de estudio no existen alquileres ni desalojos de las propiedades afectadas; b)- No existe evidencia de movimientos en cuanto a compra y venta de propiedades, ya que la mayoría de los terrenos mantienen los rótulos de propuesta de venta por tiempo indefinido; c)- Se evidencia estancamiento en cuanto a nuevas construcciones de los precios afectados y d)- Las torres que soportan las líneas de alta tensión generan contaminación visual permanente. En lo fundamental el acuerdo del Municipio señala que la razón por la que se devalúa el terreno está relacionada en parte con el potencial efecto de los campos electromagnéticos (CEM) en la salud humana y en parte con los temores generados por el riesgo de una falla estructural de las torres que sostienen las líneas de alta tensión (LAT) debida a algún factor externo, por la pérdida de belleza escénica y por otros aspectos relacionados. Según se evidencia de lo transcrito, resulta evidente que el Acuerdo adoptado por el Municipio de Belén, a pesar de que indica de la existencia de un estudio de  campo por parte de la Unidad de Bienes Inmuebles, cuyos resultados no se acreditan, es lo cierto que en lo esencial se fundamenta en la recomendación y elementos que fueron determinados por el Órgano de Normalización Técnica del Ministerio de Hacienda. Conforme lo señalado en el Considerando anterior, dicho estudio carece de rigurosidad técnica para determinar con certeza la desvalorización de los inmuebles ubicados dentro del área de influencia de la líneas de alta tensión y por ende no resulta ser una prueba útil a los efectos de acreditar el daño reclamado por los actores en el proceso, toda vez que contiene una serie deficiencias que impiden acreditar que como consecuencia de la instalación de las torres de alta tensión se ha generado una disminución del valor de los inmuebles de los actores en un porcentaje del 50%. Contrario a lo argumentado por el apelante, aún cuando el Municipio consideró que los estudios realizados por el Ministerio de Hacienda contenían una base científica y técnica para declarar una reducción de la base imponible del impuesto sobre bienes inmuebles, es lo cierto que las valoraciones de la Municipalidad parten de las mismas premisas y contienen las mismas omisiones y falta de fundamentación que el estudio realizado por el Órgano de Normalización Técnica, por lo que por paridad de razones no constituye prueba útil para acreditar la existencia del daño patrimonial reclamado por los actores en este proceso. Las argumentaciones del apelante en cuanto a los yerros de la sentencia de instancia respecto de la existencia y definición de la contaminación eléctrica, carecen de utilidad para efectos de la discusión del asunto tratado en autos, ya que que la existencia de un campo magnético generado por las torres de alta tensión ya fue determinado por la Sala Constitucional y en todo caso, el daño reclamado por los actores en el presente proceso no se fundamenta en la existencia de un daño a la salud de los actores con ocasión de la instalación de las torres de alta tensión, por lo que la discusión respecto de este tema y las posibles inconsistencias en que según el apelante incurrió el Juez de instancia sobre el particular, resulta inconducente a efecto de variar lo fallado. En razón de lo dicho los agravios formulados por el apelante respecto del rechazo de ésta prueba para acreditar el daño reclamados en este proceso, no son de recibo y deben ser rechazados.

RESPECTO DEL INFORME PERICIAL. El peritaje judicial rendido por el Arquitecto Santiago Baizan Hidalgo (visible a folios 838 a 1020) y su ampliación (folios 1038 a 1058), estableció como objetivo general determinar el grado de afectación de las propiedades conlindantes a las líneas de alta tensión en el proyecto la Caja-Belén y como objetivos específicos determinar la afectación por distancia a la zona de protección del tendido de alta tensión (afectación directa o indirecta); determinar la afectación en el mercado inmobiliario (afectación al paisaje urbano y contaminación visual) y; la determinación de la afectación a la salud y al medio ambiente. El perito procedió a determinar el valor unitario del terreno y de la construcción de las propiedades de cada uno de los accionantes, considerando los servicios públicos, equipamiento urbano, características de la zona, ubicación geográfica del inmueble, características propias referidas a área, topografía, uso, grado de explotación, oferta y demanda de terrenos idénticos y dentro de la zona en estudio, investigación minuciosa sobre valores actuales de terrenos con iguales características. Luego procede a realizar un resúmen de afectación, tomando como parámetros el valor del terreno, el valor neto de reposición, el valor final (valor de terreno+valor neto de reposición), índice de afectación y valor final afectado. En lo que respecta al índice de afectación de los inmuebles, el peritaje reconoce tres factores: factor distancia, contaminación visual y factor salud humana y ambiente sano, siendo que el índice de afectación se determina utilizando la siguiente fórmula: factor distancia + factor de contaminación visual + factor salud y el resultado lo divide entre tres. La determinación del índice de afectación de cada uno de los inmuebles, es definido a partir de las siguientes variables, mismas que son de aplicación a cada uno de los factores de afectación, de la siguiente forma: Un porcentaje de afectación de un 1 a 0.50 si el inmueble se encuentra a una distancia 20 metros o menos de las líneas de alta tensión; un porcentaje de afectación de 0.50 a 0.25 si el inmueble se encuentra a una distancia de 20 a 30 metros de las líneas de alta tensión y un porcentaje de afectación de 0.25 a 0 si el inmueble se encuentra a una distancia de 30 metros o más de las líneas de transmisión. Conforme lo señala el Juzgador de instancia y que avala éste Tribunal, el peritaje rendido en autos contiene una serie de inconsistencias metodológicas y de fundamentación que impide su consideración como prueba idónea y útil que permita determinar el daño pretendido por los actores en este proceso. En efecto, no se aprecia en la pericia la base técnica o científica que fundamenta la determinación de los factores y variables que utilizó para definir el grado de afectación del valor de los inmuebles. El peritaje no establece las razones por las cuáles el índice de afectación de los inmuebles se define a partir de los factores distancia, contaminación visual y daño a la salud y ambiente sano. Además, la pericia no establece con base en qué criterios técnicos se determinan las variables que definen el porcentaje de afectación de cada uno de los factores (de un 1 a 0.50 si el inmueble se encuentra a una distancia 20 metros o menos de las líneas de alta tensión; de un 0.50 a 0.25 si el inmueble se encuentra a una distancia de 20 a 30 metros de las líneas de alta tensión y de un 0.25 a 0 si el inmueble se encuentra a una distancia de 30 metros o más de las líneas de transmisión). Las anteriores inconsistencias de metodología generan la imposibilidad de considerar la utilidad y pertinencia de dicha prueba para acreditar  la existencia e individualización del daño reclamado en el proceso por los actores respecto de la disminución del valor de los inmuebles de su propiedad en un porcentaje de al menor un 50% de su valor con ocasión de la instalación de las torres de alta tensión. En razón de lo dicho, resulta inútil para variar lo fallado el análisis por parte de éste Tribunal de las argumentaciones del apelante en cuanto a las consideraciones del sentencia de instancia respecto de la asignación que hace el peritaje de un mismo nivel de afectación en casi todos los inmuebles de un 50%, así como respecto de la distancia y ubicación de las propiedades respecto de las líneas de alta tensión y la forma en que cada uno de los factores y variables utilizados afectan cada propiedad. Por paridad de razones, resulta inconducente para variar lo fallado el análisis de los alegatos del apelante respecto de las consideraciones contenidas en la sentencia respecto de la existencia de la franja de contaminación electromagnética y su efecto para la valoración del factor salud humana y ambiente sano. Lo anterior toda vez que si bien la percepción respecto del potencial daño que puede causar a la salud humana la exposición a este tipo de contaminación, pudiera generar un efecto en la intencionalidad de compra de eventuales interesados en los inmuebles, las inconsistencias metodológicas del dictamen pericial, impiden determinar el efecto que sobre el valor de las propiedades de los actores pudiera generar este factor. En razón de lo dicho los agravios formulados por el apelante respecto del rechazo de ésta prueba para acreditar el daño reclamados en este proceso, no son de recibo y deben ser rechazados.

RESPECTO DEL RECONOCIMIENTO JUDICIAL. En cuanto al acta de reconocimiento judicial, contrario a lo argumentado por el apelante, ésta prueba no resulta útil para acreditar la relación de causalidad entre la actuación administrativa acusada y el daño reclamado por los accionantes en este proceso. Lo anterior toda vez que conforme bien lo señala el Juzgador de instancia, dicha prueba se limita a acreditar el estado de las cosas al momento de la visita del Juez, pero no resulta idónea para acreditar el grado de afectación del valor de los inmuebles en el porcentaje reclamado en este proceso

RESPECTO DE LAS DECLARACIONES TESTIMONIALES. Constituye un deber del Juez realizar una valoración de las distintas pruebas alegadas por las partes conforme al principio de sana crítica racional entre ellas la prueba testimonial evacuada, siendo que contrario a lo argumentado por el apelante, de la prueba testimonial evacuada en autos, no se acredita la existencia del daño reclamado en este proceso. a- En el caso del testimonio rendido por Nombre53739   (folios 495 a 497), contrario a lo argumentado por el apelante, este no es desechado por el Juzgador de instancia de manera exclusiva en razón de que sus deposiciones son propias de un perito y no de un testigo, sino en razón de que su testimonio no resulta útil a efecto de acreditar el daño reclamado por los actores. En efecto, el testigo se limita a formular una serie de consideraciones con base en su experiencia como perito valuador de varias Instituciones y de su conocimiento de la zona, sobre las circunstancias que en su criterio personal han generado una disminución en el valor de los inmuebles propiedad de los accionantes con ocasión a la instalación de las torres de alta tensión. El testigo señala que realizó una serie de conversaciones con peritos y funcionarios bancarios y de la Municipalidad de Belén, respecto de la disminución en el valor de los inmuebles y de las virtudes del estudio realizado por el Ministerio de Hacienda a los efectos de rebajar en un 50% de la base imponible para efectos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, siendo que para realizar el plano de valores el Municipio le tomó su parecer. Conforme lo señala el Juzgador de instancia y que es avalado por éste Tribunal, el testimonio contiene una serie de deficiencias que impiden acreditar la existencia del daño reclamado en este proceso. En efecto, el testigo se limita a señalar como fundamento de sus consideraciones respecto de la existencia de una disminución del valor de los inmuebles de los actores que obtuvo información de peritos bancarios, peritos de Tributación Directa y de informaciones de entidades bancarias según las cuáles no admitían garantías de inmuebles ubicados en zonas donde hubieran cables de alta tensión, siendo que el testigo no especifica cual es la fuente, de que entidades bancarias se refiere, el nombre concreto de los funcionarios y peritos que le sirvieron como fuente y los fundamentos técnicos en que dichas fuentes fundamentan sus argumentos. Además se limita a señalar que fungió como Asesor de la Municipalidad de Belén y del Ministerio de Hacienda, pero de manera clara y expresa señala que no realizó ningún avalúo específico, lo que sostiene lo ha hecho a nivel de conversación de peritos, más no así realizando peritajes. En esencia el testigo se limita a señalar una serie de consideraciones personales y que por ende resultan subjetivas por ausencia de prueba que la ampare, respecto de la disminución que en su consideración sufrieron los inmuebles propiedad de los demandados con ocasión de la instalación por parte del demandado de las torres de alta tensión. Contrario a lo argumentado por el apelante, no basta con el sólo dicho del testigo, debe existir algún medio de comprobar las condiciones de modo, tiempo y lugar en que sostuvo las conversaciones con peritos y funcionarios bancarios a efecto de determinar cual fue el fundamento técnico que tuvieron esas otras fuentes de información para considerar la existencia de una disminución del valor de los inmuebles de los actores y de esa forma someter dichos criterios al contradictorio para permitir a la parte contraria a referirse sobre dichas consideraciones, por lo que no basta el simple dicho del testigo para tener por ciertas sus manifestaciones. Contrario a o aducido, de manera independiente a que la parte demandada no hubiera impugnado dicha declaración en el momento de la deposición, el Juez tiene el deber de realizar una valoración de dicha prueba conforme a los principios de la sana crítica, lo cual no implica de ninguna manera el quebranto del principio de preclusión procesal. El hecho de que la prueba testimonial fuera desechada por el Juez de instancia, no implica cuestionamiento respecto de la condición personal o profesional del testigo, siendo que en criterio de éste Tribunal el Juzgador ha procedido de manera adecuada a valorar éste testimonio, el cual no resulta suficiente para acreditar la existencia del daño reclamado. Las consideraciones del testigo respecto de las distintas condiciones de las torres de alta tensión con relación al tendido eléctrico que existía, el fuerte ruido que según el testigo generan las torres de alta tensión y la afectación a la belleza escénica, como factores desvalorizantes de la propiedad, constituyen simples opiniones personales del testigo, que por sí solos no logran demostrar la existencia del daño reclamado por los actores en este proceso. Asimismo, las consideraciones del testigo respecto de la comparación histórica entre las ocasiones en que valoró los inmuebles de Bosques de Doña Rosa, no se encuentra amparada a la existencia de prueba alguna en ese sentido, pues dichos estudios históricos no han sido aportados a los autos como prueba. b- En cuanto a la declaración del testigo Róger Meneses Ramírez (folios 498 a 499) , éste Tribunal avala la consideración del Juzgador de instancia al desacreditar el valor probatorio de éste testimonio toda vez que la deposición tampoco resulta útil para los efectos de los pretendido por la parte actora en el proceso. En efecto, el testigo se limita a señalar su experiencia como perito valuador del Ministerio de Hacienda y funcionario del Órgano de Normalización Técnica del Ministerio de Hacienda que realizó conjuntamente con Miguel Martínez, el estudio para medir el efecto de las torres y líneas de alta tensión en el Distrito de Belén y que sirvió da base al Municipio a declarar una disminución de un 50% de la base imponible del Impuesto sobre Bienes Inmuebles de las propiedades ubicadas en el área de influencia de las torres de alta tensión. Señala el testigo que las conclusiones y recomendaciones formuladas fueron determinadas con base al análisis del expediente de la Sala Constitucional, entrevistas a personas conocedoras de la materia, valuadores expertos en materia de valoración de inmuebles , con relación a la afectación de los campos electromagnéticos y su efecto en la pérdida de valor de los inmuebles, llegando a concluir que los valores en la zona eran significativamente menores al resto de la zona, y que según algunas personas podían ubicarse en un rango del 50% y hasta un 75% de su valor, por lo que escogieron recomendar un 50%, considerando la pérdida de belleza escénica del lugar por la permanencia de las torres, los ruidos que generaban, la interferencia en las señales de radio y televisión. Asimismo, señala el testigo que en el estudio de campo consultaron a peritos del sistema bancario nacional quiénes dijeron que normalmente no aceptan propiedades afectadas por campos de líneas de alta tensión o en las cercanías de éstas, dada la dificultad de vender dichas propiedades. Contrario a lo argumentado por el apelante, el testimonio descrito no constituye una prueba objetiva que resulte útil para acreditar el daño que reclaman los actores en este proceso. Lo anterior, toda vez que el testigo se limita a confirmar las consideraciones del estudio de valores realizado por ellos en su condición de funcionario del Órgano de Normalización Técnica y que fundamentó el acuerdo de la Municipalidad de Belén. Conforme se señaló en el presente Considerando, el estudio realizado por el Órgano de Normalización Técnica contiene una serie de deficiencias metodológicas que impiden tenerlo como prueba útil para acreditar el daño reclamado por los actores, siendo que el testimonio rendido viene a confirmar las deficiencias de dicho estudio, pues de ninguna de las dos fuentes probatorias se logra comprobar el fundamento técnico o científico que se tuvo para recomendar una disminución de un 50% del valor de los inmuebles de los actores, ni la certeza de la fuentes empleadas para llegar a la formular dicha recomendación. Lo anterior toda vez que el testigo se limita a señalar que realizó una serie de conversaciones con peritos y funcionarios bancarios respecto de la disminución en el valor de los inmuebles y de las virtudes del estudio realizado por el Ministerio de Hacienda a los efectos de rebajar la base imponible para efectos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, pero no señala las condiciones de modo, tiempo y lugar que permitan confirmar la existencia de dichas conversaciones y cuales fueron los criterios empleados para determinar la disminución del valor de los inmuebles en el porcentaje señalado por dichas fuentes, siendo que contrario a lo argumentado por el apelante, el rechazo del testimonio no se fundamenta únicamente en el hecho de que éste constituye una repetición del estudio efectuado por el testigo como funcionario del Órgano de Normalización Técnica. No basta con el sólo dicho del testigo, pues debe acreditar de manera debida  las condiciones (quién, donde, como, cuando), en que sostuvo las conversaciones con peritos y funcionarios bancarios a efecto de poder determinar cual fue el fundamento técnico que tuvieron esas otras fuentes de información para considerar la existencia de una disminución del valor de los inmuebles de los actores y de esa forma someter dichos criterios al contradictorio. Las consideraciones del testigo respecto de las distintas condiciones de las torres de alta tensión respecto al tendido eléctrico que existía, el fuerte ruido que según el testigo generan las torres de alta tensión y la afectación a la belleza escénica, como factores desvalorizantes de la propiedad y su efecto en la desvalorización de los inmuebles, constituyen simples opiniones personales del testigo, que por sí solos no logran demostrar la existencia del daño reclamado por los actores en este proceso. En punto a la cita que realiza el apelante respecto del contenido de la deposición del testigo Meneses Ramírez, visible a folio 501 debe señalarse que esas manifestaciones corresponden al testigo Miguel Ángel Martínez Urtuvia. c- En cuanto a la declaración del testigo Miguel Ángel Martínez Urtuvia , su testimonio tampoco resulta útil para acreditar el daño reclamado por los accionantes en este proceso. En efecto el testigo se limita a señalar su experiencia como perito valuador en el Ministerio de Hacienda y diversas Municipalidades del país, entre ellas la Municipalidad de Belén, haciendo planos valores y el plano de zonas homogéneas y actualización de valores en todo el Cantón, para lo cual según indica en su deposición, debió realizar un estudio de campo que involucró unas 40 veces de visita. Señala el testigo que en este caso para determinar la plataforma de valores en la zona tomó muestras de oferta de valor, ventas realizadas, consultas a peritos en este caso al señor Nombre53738  que cree es el Jefe de peritos del Banco de Costa Rica, peritos del Banco Nacional, vendedores de bienes raíces, funcionarios del Ministerio de Hacienda, referencias de plataformas anteriores, estudios en Cantones aledaños y otras referencias que pudieran ayudar a determinar el valor. Indica que en el caso concreto, consideró la afectación en la disminución del valor de los inmuebles en un 50%, considerando que hubo mucha oferta y poca demanda debido a la existencia del cableado de las torres que hace que el valor disminuya, siendo que según le manifestó el señor Nombre53738 , el había tasado propiedades con problemas de cableado hasta en un 25% del valor. Añade el testigo que además otros colegas del Banco Nacional, le insinuaron que ya no se tomaba en garantía servidumbres de paso donde pasaba el cableado eléctrico, entre otras razones por los problemas de liquidación de estos inmuebles ante el incumplimiento de pago por parte de los deudores. Indica que cuando hizo la primera plataforma de valores, no había diferenciación de valores, no había la poca deseabilidad de venta, no habían las ofertas, no bajaron los precios como se hizo ahora, porque el panorama era el corriente de una urbanización, siendo que ahora si hubo diferencia que afectó el valor respecto del primer estudio, originado en la pérdida de belleza escénica y el temor de la gente por la existencia de el campo electromagnético. Contrario a lo argumentado por el apelante de un análisis detallado del testimonio brindado, no se puede considerar la acreditación de la existencia del daño reclamado por los actores en este proceso. Si bien el perito señala que realizó un estudio de campo que involucró más de 40 visitas y consultas a diversos peritos del Ministerio de Hacienda, Banco de Costa Rica, Banco Nacional, vendedores de bienes raíces, referencias de plataformas anteriores, estudios en Cantones aledaños y otras referencias que pudieran ayudar a determinar el valor, es lo cierto que no se ha acreditado las condiciones de modo, tiempo y lugar (quién, como, donde, cuando) en que se hicieron tales consultas y cuales fueron las consideraciones de dichas fuentes para determinar la existencia de una desvalorización de los inmuebles en los términos en que fueron recomendados en el estudio realizado por el Órgano de Normalización Técnica del Ministerio de Hacienda, en el cual participó el testigo. Conforme se señaló en el presente Considerando, dicho estudio adolece de una serie de deficiencias metodológicas que impiden tenerlo como prueba útil para acreditar el daño reclamado por los actores en este proceso, siendo que el testimonio rendido viene a confirmar las deficiencias de dicho estudio, ya que conforme se ha dicho, ninguna de las dos fuentes logra acreditar de manera objetiva el fundamento técnico o científico que se tuvo para recomendar una disminución en la base imponible del Impuesto sobre Bienes Inmuebles en un porcentaje del 50% del valor de los inmuebles de los actores, ni la certeza de las fuentes empleadas para llegar a formular dicha recomendación. Nótese que el testigo al momento de fundamentar las razones por las que recomendó una disminución del valor de los inmuebles en el porcentaje dicho, se limita a señalar que lo hizo con base a consideraciones del señor Nombre53738 , quién según su dicho es un perito de un Banco estatal respecto de tasaciones de propiedades con problemas de cableado eléctrico que fueron tasadas en un 25% de su valor, pero sin que el perito acredite cuales propiedades, en que condiciones y cuales fueron los parámetros para determinar una disminución del valor en ese porcentaje. Asimismo señala que la recomendación se formuló considerando insinuaciones de funcionarios del Banco Nacional respecto  de la política de no tomar como garantía servidumbres de aso donde pasara cableado eléctrico, por los problemas de liquidar los inmuebles ante un eventual incumplimiento. Las razones brindadas por el testigo carecen de rigor técnico y no son suficientes en criterio de éste Tribunal para fundamentar el porcentaje de disminución del valor de los inmuebles en un porcentaje del 50%, pues los criterios y parámetros no son objetivos, ni las fuentes constatables. En razón de lo dicho, ésta Cámara avala las consideraciones del Juzgador de instancia para desechar éste testimonio como prueba útil para acoger las pretensiones de la parte actora en el proceso. El hecho de que según manifiesta el testigo, sí había realizado valoraciones previas en la misma zona, con ocasión de la primera vez que asesoró a la Municipalidad de Belén en la elaboración de una plataforma de valores de bienes inmuebles, resulta un hecho que carece de utilidad para variar lo fallado, toda vez que no se ha acreditado en autos -salvo el dicho del testigo- que tales estudios hubieran sido realizados, ni sus resultados a efecto de someterlos al contradictorio. En criterio de éste Tribunal, las argumentaciones del apelante respecto de las consideraciones esgrimidas por el Juzgador de instancia para desacreditar el testimonio no son de recibo, toda vez que obedece a una valoración acertada de la deposición del testigo. En este mismo sentido carece de relevancia para efectos del proceso el argumento del apelante en cuanto a la existencia de una incongruencia de la sentencia de instancia, al señalar el Juzgador A-quo que el señor Nombre53738  fungió como testigo en el proceso, lo cual no es conforme a los autos. Si bien lo consignado en este sentido constituye un error de apreciación por parte del Juzgador, pues el señor Nombre53738 no fue llamado como testigo en el proceso, es lo cierto que dicha consideración en nada incide en lo fallado respecto de la falta de idoneidad de la prueba testimonial ofrecida por la parte actora. En razón de lo dicho, las consideraciones del testigo respecto de las distintas condiciones de las torres de alta tensión con relación al tendido eléctrico que existía, el fuerte ruido que según el testigo generan las torres de alta tensión y la afectación a la belleza escénica, como factores desvalorizantes de la propiedad, constituyen simples opiniones personales del testigo, que por sí solas no logran demostrar la existencia del daño reclamado por los actores en este proceso.

RESPECTO DE INDEMNIZACIÓN DE OTRAS PROPIEDADES EN EL PAIS. Los argumentos del apelante en cuanto al deber de reconocer en sentencia las pretensiones formuladas en juicio tomando en consideración que el Instituto demandado ha reconocido indemnizaciones a propietarios de bienes inmuebles afectados por proyectos similares en San Carlos y Liberia, carece de fundamento, toda vez que aún cuando el demandado hubiera reconocido este tipo de indemnizaciones, ésta circunstancia no constituye prueba útil para acreditar el daño reclamado en este proceso por los actores. En este sentido la prueba documental ofrecida (folios 295 y 455 a 479) y el estudio de impacto ambiental de la línea de trasmisión eléctrica Miravalles-Liberia  (folio 479), no vienen a constituir una prueba válida para para hacer un reconocimiento económico como el pretendido por los actores en este proceso, pues constituye una prueba indirecta que no resulta idónea para demostrar la existencia del daño reclamado, ya que contrario a lo argumentado, las pruebas correspondientes a la indemnización a propietarios de inmuebles de otros proyectos, no permite vincular la relación de causalidad adecuada, entre la actuación administrativa y los daños reclamados en este proceso. En el presente caso no existe prueba en autos que acredite de manera fehaciente la existencia del daño alegado por los actores para tener por demostrado el daño patrimonial reclamado, correspondiente a una indemnización de al menos un cincuenta por ciento del valor actual de mercado de las respectivas propiedades ubicadas frente al paso de torres y cables de alta tensión para el trasiego de energía eléctrica.

RESPECTO DE LA INEXISTENCIA PROBATORIA PARA ACOGER LAS PRETENSIONES DE LA ACTORA. Aún cuando en criterio de éste Tribunal, atendiendo a principios de experiencia y lógica, pudiera resultar razonable considerar que la instalación de las torres de alta tensión pueden generar un efecto negativo en la intención de compra de los inmuebles ubicados en el área de influencia del proyecto "deseabilidad de compra" y por ende de la oferta y la demanda (ante la existencia de un impacto visual negativo, contaminación sónica y el temor de los compradores por los eventuales daños que pudieran generar a la salud humana la exposición a campos electromagnéticos), es lo cierto que la prueba allegada a los autos por la parte actora resulta insuficiente para acreditar de manera debida la existencia de los daños -al menos en la forma reclamada en este proceso- respecto de la afectación en el valor de la propiedades en un porcentaje no menor a un 50%, conforme lo reclama la parte actora en juicio. Además, existe una imposibilidad de diferir la determinación de la existencia del daño y su cuantificación a la vía de ejecución de sentencia, conforme lo pretende el apelante, toda vez que conforme a la naturaleza del reclamo civil objeto del presente proceso, aún cuando la cuantificación del daño resulte incierta, corresponde a la parte actora demostrar la existencia del daño. Lo anterior ya que conforme lo señala expresamente el artículo 62, inciso c) de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, cuando se hubiere pretendido el resarcimiento de daños o la indemnización de perjuicios, la sentencia podrá formular pronunciamiento concreto sobre la existencia y cuantía de los mismos, siempre que constaren probados en autos y en otro caso, se limitará a declarar el derecho quedando al período de ejecución de sentencia la determinación de la correspondiente cuantía. Si bien el numeral citado, establece la posibilidad de condena en abstracto de daños y perjuicios, la misma queda sujeta a la demostración de su existencia, lo cual no ha hecho la parte actora en este proceso por prueba que en criterio de éste Tribunal resulte idónea, lo que impide reconocer en sentencia la pretensión indemnizatoria reclamada, siendo que contrario a lo argumentado por el apelante, la carga de la prueba respecto de la disminución patrimonial de los inmuebles con ocasión de la instalación de las torres de alta tensión no le corresponde al demandado, sino a los actores (doctrina del artículo 317 del Código Procesal Civil), pues corresponde a los demandantes demostrar con prueba idónea la existencia del daño reclamado y la relación de causalidad con la actuación administrativa.”