Resolución 00173-2013

“X.- Sobre el equilibrio económico del contrato.- La doctrina explica que los contratos administrativos deben ser pactados de tal manera que exista una interdependencia entre las prestaciones, es decir, como contratos sinalagmáticos que son, debe existir una reciprocidad entre las obligaciones de cada una de las partes, de tal manera que exista una correspondencia de unas con otras, pudiendo considerarse como equivalentes las prestaciones pactadas. Entonces, en aplicación de esa idea, el principio de equilibrio contractual se refiere a la necesidad de que dicha correspondencia entre prestaciones, esto es, entre derechos y obligaciones, se mantenga hasta la finalización del contrato (Nombre5778, Nombre39870, 2009). Fue la doctrina y la jurisprudencia francesas las que se encargaron de plantear la noción del equilibrio económico de los contratos administrativos, como necesidad de resguardar el derecho del contratista a un precio cierto en la ejecución del contrato (intangibilidad de la remuneración), frente a los poderes exorbitantes de la Administración. Dada la relevancia que adquirió esta discusión, actualmente se reconoce en diversos ordenamientos la garantía a favor del contratista de que se revise el contrato administrativo cuando sobrevengan alteraciones en las circunstancias tomadas en consideración al momento de su celebración, derecho que en nuestro ordenamiento jurídico se encuentra recogido expresamente en el artículo 18 de la Ley de Contratación Administrativa y cuya base deriva del artículo 45 de la Constitución Política que consagra el principio de intangibilidad patrimonial, tema que ha sido ampliamente desarrollado por reiterada jurisprudencia constitucional. No obstante, es preciso indicar que no toda alteración de las condiciones previstas al momento de contratar, implican un desequilibrio económico del contrato. Así, para que se configure el derecho, la doctrina ha establecido que las alteraciones a las condiciones previstas al momento de presentar la oferta o al momento de celebrar el contrato administrativo, deben presentar las siguientes características: a) la alteración se debe producir por acontecimientos que no puedan ser imputables a la parte que reclama el restablecimiento; b) la alteración debe darse por acontecimientos posteriores a la presentación de la propuesta o la celebración del contrato; c) la alteración debe ser causada por un álea (riesgo) anormal; d) la alteración debe afectar la economía del contrato de forma grave y anormal. De presentarse estos supuestos, el contratista cuenta con la posibilidad legal de reclamar a la Administración o a los Tribunales el restablecimiento de la ecucación financiera del contrato, invocando el derecho al equilibrio económico del contrato. Ahora bien, es preciso hacer algunas observaciones de carácter más práctico que teórico relacionadas con este tema, que tiene que ver con la demostración efectiva y fehaciente de los costos concretos que se vieron afectados con la alteración de las condiciones pactadas. En la práctica jurisdiccional es muy común ver que el contratista presenta una demanda invocando la existencia de un desequilibrio económico del contrato administrativo, sin embargo, no hace un esfuerzo probatorio para concretar los mayores costos que se generaron con las alteraciones en la ejecución contractual, y esto ocurre porque normalmente la prueba que se presenta o se gestiona para tales efectos, no demuestra fehacientemente los mayores costos en los que se dice haber incurrido, bien sea por causas imprevistas o por causas imputables a la Administración y que, generaron la alteración de la estructura de costos y el margen de ganancia proyectados en la oferta o plica, es decir, la alteración de la ecuación financiera del contrato, en su perjuicio. Para ser más claros, los contratistas (o sus abogados) suelen pensar que la invocación "superabundante" de citas jurisprudenciales de la Sala Constitucional o citas de doctrina sobre este tema es lo esencial en estos procesos y que, con tal enunciación, será más que suficiente para que en esta vía contencioso administrativa, automáticamente, se les otorgue las sumas que piden en sus escritos de demanda, conformándose con presentar elementos probatorios que a todas luces resultan débiles o impertinentes para sustentar lo afirmado; proceder que es absolutamente irracional, por cuanto la interposición de un proceso ordinario en el que se acusa un desequilibrio económico contractual, tiene por objeto, cabalmente, probar adecuadamente el menoscabo patrimonial que se dice ocasionado en su detrimento. Diríamos que ése es el principal fallo o error en el que incurren los litigantes cuando acuden a esta vía, deficiencia demostrativa que en modo alguno puede ser imputable al Juez, quién se encuentra subordinado y limitado por los elementos de prueba que le son suministrados por las partes para su valoración. Como se explicará a continuación, en este asunto nos encontramos frente a esta misma situación.”