Resolución 00148-2013

Es un hecho que se tuvo por probado en la sentencia recurrida, que el Concejo Municipal de Talamanca, le concedió al actor un permiso de uso de suelo sobre el inmueble en discusión, mediante sesión ordinaria número 194 del 19 de abril del 2006, acuerdo

En ese sentido, estima este órgano jurisdiccional, que un permiso de uso de suelo, como el otorgado al demandante, no le da derecho a éste para pretender la desocupación y demolición de construcciones existentes en el mismo, así como que se le ponga en posesión de ese terreno, por los siguientes motivos: a) Nuestro

Tribunal Constitucional ha desarrollado la naturaleza y características principales de la figura jurídica de los permisos. En ese sentido, la Sala Constitucional ha dicho: "La doctrina del Derecho público admite de manera casi unánime, que la trascendencia que tiene la concesión, por ser la forma ordinaria para la satisfacción de la necesidad del servicio, desaparece en el permiso, que al ser otorgado por la administración tiene aplicación en supuestos carentes de esa mayor importancia, de donde se deriva su naturaleza esencialmente temporal. Por ello el permiso tiene un contenido unilateral y precario. Su precariedad es consubstancial con la figura misma, de manera que el permisionario -salvo la prerrogativa de ejercitar su actividad- carece de derechos concretos que pueda exigir al Estado y que vayan más allá de lo que dispone el acto administrativo de autorización. La facultad emergente para conceder un permiso no constituye un derecho subjetivo completo y perfecto y su propia esencia admite que sea revocado sin responsabilidad para la administración, es decir, sin derecho a indemnización, cuando desaparecen las causas que le han dado origen, o cuando la Administración formaliza el contrato de concesión. La posibilidad que tiene la administración de revocar el permiso, sin necesidad de que exista una cláusula especial que así lo establezca es de principio general, pero de todas formas, cuando la revocación sea jurídicamente posible, ésta no puede ser intempestiva, ni arbitraria, conceptos jurídicos que han sido suficientemente desarrollados por la Sala. Se parte de que quien se vincula a la administración sobre bases tan precarias no puede luego quejarse de las consecuencias que de ello se derivan. Ahora bien, el otorgamiento de permisos depende de la discrecionalidad administrativa y la Administración puede apreciar si el permiso que se pide está o no de acuerdo con el interés público y conforme a ello decidir si lo otorga o lo niega;" (Ver voto número 03451-96, dictado por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, a las quince horas con treinta y tres minutos del nueve de julio de mil novecientos noventa y seis)Véase, que según este precedente constitucional, el permiso tiene los siguientes alcances:

Otorga derechos de menor intensidad, en precariedad y debilitados;

Quién ostente un permiso carece de derechos concretos que le pueda exigir al Estado;

Los permisos se dan intuito personae, lo que quiere decir que únicamente puede ser ejercido por la persona a quién se le concedió el mismo. En otras palabras, los permisos no pueden ser ejercidos indirectamente o por terceras personas;

El permiso esta sujeto a un principio de especificidad, ya que no puede ir más allá de lo que dispone el acto administrativo que lo otorga. Esto significa que el permiso debe indicar el tiempo de vigencia, la actividad que se autoriza, así como los alcances que tiene esa autorización. Ahora bien, si un permiso no es lo suficientemente específico respecto al objeto, tiempo y límites del mismo, debe interpretarse restrictivamente, debido a que el permiso autoriza a una persona a ejercitar un derecho prohibido por el ordenamiento jurídico, es una excepción a la regla. Por lo que en caso de duda en los alcances de un permiso, el mismo debe ser interpretado no a favor del permisionario, sino de la actividad autorizada; b) Aplicando lo explicado anteriormente al permiso de uso de suelo otorgado por el Concejo Municipal de Talamanca al actor, en la sesión ordinaria número 194 del 19 de abril de 2006, acuerdo 04, es conveniente citar su contenido, que señala:"El Concejo Municipal de Talamanca, de conformidad con lo establecido en la Ley de ZMT Nº6043, acuerda otorgar un permiso de uso de suelo en forma precaria al señor Nombre53771  , pasaporte número 047894400, de un terreno ubicado en la ZMT de Playa Grande de Cahuita, Dirección4869 , Talamanca, Limón, el cual tiene un área de 2 ha. 2945.80 m2, según croquis adjunto, presentando los siguientes linderos: Norte: Municipalidad de Talamanca y Playa del mar ambos en parte. Sur: Camino Público, Justin Spencer y playa del mar ambos en parte. Este: Camino Público con una señora de nombre Vicky Hudson. Oeste: Catherine Vicky Hudson y Arnold Watson y otras personas. Acuerdo aprobado(...)"Nótese, que este permiso de uso de suelo, tiene las siguientes inconsistencias, según el pronunciamiento constitucional analizado anteriormente:

Únicamente, indica que se le otorga al demandante un permiso de uso de suelo en forma precaria en un inmueble ubicado en la zona marítimo terrestre. En ningún momento se le está otorgando de manera expresa y bien delimitada, que pueda ocupar ese terreno, sobre otros ocupantes del mismo;

No existe un plazo de vigencia del permiso;

No autoriza expresamente, que el accionante, como permisionario, tenga los atributos del dominio sobre ese inmueble, por lo que se encuentre autorizado a solicitarle al ente municipal un derecho de defensa y exclusión, como si fuera un propietario;

Otorga un permiso de uso de suelo en zona marítimo terrestre con fundamento en Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre, cuando en criterio de este Tribunal, ese tipo de permisos no están autorizados en dicha ley. La única manera de poseer un inmueble en la zona marítimo terrestre es por medio de la concesión regulada en la Ley Nº 6043. Los permisos de uso de suelo en zona marítimo terrestre, estima este órgano jurisdiccional, estarían autorizados, únicamente, por lo estipulado en el numeral 154 de la Ley General de la Administración Pública, pero esto produce que este tipo de permisos sean más excepcionales, débiles y restringidos que otros tipos de permisos dados en diferentes actividades, ya que ni siquiera están expresamente permitidos por la ley especial que regula la materia de protección de la zona marítimo terrestre. En resumen, es criterio de este órgano colegiado, que un permiso de uso de suelo en la zona marítimo terrestre, como regla no está permitido. Si se otorga es por excepción, debido a una mala práctica de las municipalidades que no encuentra sustento en la Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre, sino en una norma general como lo es el 154 de la Ley General de la Administración Pública. En el caso del permiso de uso de suelo concedido al actor, éste ni siquiera cumple con los alcances establecidos por nuestro Tribunal Constitucional. Por ello, es claro que en este caso, el permiso de uso de suelo dado al accionante sobre el terreno en discusión, no le da derecho de ningún tipo para que se le conceda la ocupación del mismo y se obligue al ente municipal demandado a demoler construcciones y desalojar a ocupantes, que pueden estar, eventualmente y sujeto a análisis, en las misma situación jurídica del actor. Debe tomarse muy en cuenta, que jamás a un permiso puede dársele los mismos efectos de una concesión, e incluso de un derecho de propiedad, como equivocadamente lo concedió el Juez de instancia en la sentencia recurrida;”