Resolución 00063-2012

La indexación, desde el punto de vista jurídico, hace correspondencia a "...la variabilidad que se establece en las obligaciones a plazos o de tracto sucesivo con paralelismo mayor o menor con respecto a las desvalorizaciones monetarias o el alza en el nivel de precios o de costos." (OSSORIO MANUEL. Diccionario de Ciencias Jurídicas, Económicas y Sociales. Editorial Helista. pág. 507-508).  En el asunto que nos ocupa, la determinación de la procedencia de la indexación fue establecida por la sentencia ordinaria que se ejecuta, y utilizando tal tesitura para tal efecto, la jueza de instancia estimó el piso del cálculo en la suma de ¢12.545.000,00 (doce millones quinientos cuarenta y cinco mil colones sin céntimos), al considerar que corresponde al resultante por la amortización dada ante los dos pagos acreditados por la suma de ¢6.755.000,00 sobre el valor total del contrato (¢19.300.000,00 -diecinueve millones trescientos mil colones netos-), denegándose "el pago solicitado por Cascada Boa S.A. en cuanto a trabajo de campo (transporte, viáticos y papelería), ni eventos de validación, ya que todo esto se encuentra incluido en el total pactado entre las partes, tal y como explícitamente se establecía en la cláusula octava del contrato que ahora se cancela, según la cual "Por concepto de honorarios se pagará un monto total de ¢19.300.000,00 (diecinueve millones trescientos mil colones exactos. Este monto incluye todos los gastos derivados de la ejecución del contrato entre ellos  los viáticos y la movilización, de forma que no se reconocerá ningún rubro adicional."  Tal forma de proceder es congruente con lo establecido en el aparte precedente,  de tal manera que al denegarse la ampliación implícita del precio del contrato de marras por la prórroga del plazo del mismo, no se trastoca el sentido restrictivo del dispositivo de la sentencia del ordinario, pues no se consideran esos gastos adicionales al contemplarse  incluidos dentro de la contratación. Esta forma de obviar el pronunciamiento obligatorio en el ordinario, para constituir un nuevo precio del contrato mediante la ejecución, no podría subsanarse a partir de una presunción de estimar como costo real y total del contrato, el duplicar el valor o costo de los honorarios profesionales, trabajo de campo, transporte viáticos, papelería por la prórroga de los seis meses.  Síguese, que al pretenderse esto, esa diferencia debió haberse debatido y resuelto en el ordinario, ya que como lo señala el a quo, esos costos se encontraban incluidos en el total pactado entre las partes; y como tal, sería improcedente el reconocimiento de tales rubros, con las limitaciones que se han indicado, así, si la sentencia ejecutada no lo consideró del todo, la ejecución no podría transgredir el límite impuesto en aquella, resultando improcedente el agravio al respecto. Del período de la indexación.  Comparte esta Cámara, lo establecido por la instancia, en cuanto a que el período dado para la aplicación de la indexación, debe ocurrir a partir de una fecha cierta y está debe imputarse desde que la Administración estaba obligada a pagarle a Cascada Boa S.A, el dinero que le adeudaba producto del contrato suscrito entre ambos, esto es, desde que la obligación dineraria preconstituida y ahora de acreencia de la actora le era efectivo.  Este hecho, marca la mora de la Administración y como lo señala la a quo, se dio en el momento en que Cascada Boa S.A, entregó el borrador del Informe Final de consultoría, el cual la ETA decidió no entrar a conocer, en virtud de no considerarlo apegado a los términos de referencia de la licitación Nº 2001-02 y que es el motivo por el cual se trastocó ilegítimamente el contrato por parte del CNP al darse la resolución contractual. Tal y como se tuvo acreditado en el Hecho Probado Nº 26  de la sentencia Nº 1450-2010, esta entrega se encuentra visible a folio 164 del Tomo III del expediente administrativo, en donde se puede observar oficio de Cascada Boa. S.A, recibido en el Consejo Nacional de Producción el día 03 de marzo del año 2003, con el cual se adjunta "el borrador del Informe Final de la Consultoría de la Licitación por Registro 2001-02" . Es a partir de esta fecha que debe calcularse la indexación, por ser este el momento en el cual, según se acreditó en la sentencia que se ejecuta, Cascada Boa S.A, cumplió lo pactado en contrato cuyo valor debe actualizarse; es decir, era a partir de este momento cuando la Administración debía pagar lo adeudado a la empresa consultora, sin embargo, por la conducta administrativa desplegada y declarada ilegal no lo hizo.  Este período debe concluir para el cálculo de la indexación hasta la firmeza de la sentencia, es decir al 07 de diciembre de 2010 y la fórmula a aplicar sería:  (IPC final/ IPC inicial) * 100-100=X, en donde X es igual a: X=MONTO*(1+X/100). (IPC: Índice de precios al consumidor),  misma que es la que informa y contiene el sistema informático del Poder Judicial SIGDJ, por lo que el reparo que se le hace a este tramo no encuentra sustento alguno para variarse, al sujetarse el parámetro dado por la juzgadora al dispositivo de la sentencia ordinaria, denegándose el agravio presentado.  De la garantía de participación.  La impugnación se deniega.  Como se ha venido indicando, el límite de la ejecución lo define el parámetro de juzgamiento que al efecto se pronunció en el proceso ordinario.  En él, claramente se dice que es el valor total del contrato el que se indexa, no así otros componentes correspondientes a daños y perjuicios, esto es, no se cubre de la actualización del monto.  La actualización o indexación opera siempre y cuando así lo haya dispuesto el juzgador a petición previa y expresa del petente dentro de las pretensiones materiales de la causa principal.  Se ilustra lo anterior con la sentencia 519-F-2005 de la SALA PRIMERA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA de las dieciséis horas diez minutos del veinte de julio del dos mil cinco, que al efecto indicó: "La jurisprudencia  de esta Sala había establecido la improcedencia de la indexación extra-convencional, ante la inexistencia de  una norma legal que así lo dispusiera (entre otras, véase sentencias  No. 49 de las 15 horas del 19 de mayo de 1995, No. 947 de las 10 horas del 22 de diciembre del 2000 y No. 518 de las 11 horas del veintiocho de agosto del 2003). No obstante, luego de un serio proceso de reflexión sobre el tema, en fecha reciente, en la sentencia No. 1016-F-04 de las 9 horas 30 minutos del 26 de noviembre del 2004, se estableció la procedencia de la indexación no convencional, en determinados supuestos de obligaciones donde la parte con derecho así lo haya requerido...". Resulta imperativo agregar que en el estado actual del Ordenamiento Jurídico, todo el régimen de la pretensión sigue permeado en mucho y en mayoría, por el principio dispositivo, sobre todo en lo que atañe a los derechos disponibles, que son los regidos, en última instancia, por el principio de la autonomía de la voluntad. Y este aspecto resulta de capital importancia en el caso bajo análisis, ya que, en el estado actual de cosas, el reconocimiento de la indexación, para las obligaciones y en los términos anteriormente dichos, lo será, siempre que, se haya dado un requerimiento expreso de la parte en su pretensión oportuna; o bien, que el juez de instancia del proceso de conocimiento así lo disponga, de lo contrario, su reconocimiento provocaría la incongruencia del fallo estimatorio, con la súbita nulidad de lo dispuesto, con lo cual este Tribunal prohija el razonamiento de la jueza de instancia por estar considerado  a derecho. El considerar el ajuste del valor de la garantía al IPC desde que el mismo era retornable, implica necesariamente que así fuera dispuesto, dado que de estimarse como el perjuicio ocasionado de ese daño, lo sería a través del interés legal aplicable, aspecto que no fue solicitado. Del daño moral. Si bien es cierto,  la parte actora no puntualizó de manera clara, diáfana y precisa, que el daño moral que liquida, se refiere al honor objetivo, (único tutelable en las personas jurídicas),  y que lo único que señala en la demanda de ejecución es que pide daño a la imagen "moral",  no menos cierto es también, que de la lectura del recurso, lo reconduce a un daño moral extensible en cabeza del representante legal de la empresa, por todas aquellas consecuencias de la lesión infringida al patrimonio de la sociedad por causa de la resolución contractual instrumentalizada por el CNP y que a la postre resultó ilegal. La afirmación de incertidumbre, decepción, que  en forma aislada se indica sufrió  la empresa y por reflejo en su accionista /propietario, al no tener la posibilidad posterior de contratar con otras administraciones públicas, no puede más que entenderse a efecto de contar con un argumento más para tales efectos que permita desestimar esa argumentación por improcedente. La desvinculación del ente jurídico con el accionista, aún en sociedades unimembres es la que caracteriza a este tipo de sociedad anónima, a grado tal que incluso no se le achaca responsabilidad personal al socio de las actuaciones y compromisos de la sociedad, así las causas que alteren la situación o esfera jurídica de la sociedad no es transmisible a los socios, con lo cual es imposible aceptar la remisión del daño moral que se acusa en el recurso (no así en la demanda de ejecución) en la persona directa del que dice ser el único accionista de Cascada Boa S.A.- El daño moral "subjetivo" lo sufren solo las  personas físicas, por una lesión injustificada en su esfera afectiva, que normalmente se traduce en  depresiones, angustias, sobresaltos, tristeza profunda, miedos injustificados y otros trastornos de parecido carácter. Pero aquí, lo cierto es que se trata de una  sociedad, cuyo giro es enteramente mercantil, según el criterio del numeral 17 del Código de Comercio, en cuyo caso, solo es posible que la empresa sufra un menoscabo en su prestigio, renombre o reputación empresarial, más no un daño en su esfera íntima, como en forma errónea lo sostiene el recurrente y, al no comprobarse indubitablemente tal menoscabo, por no constar ninguna prueba idónea por parte de la sociedad accionante, tendiente a demostrar que como consecuencia  inmediata y directa, de la resolución contractual, se hubiera producido un deterioro de su imagen empresarial, y por ello una disminución apreciable en sus ingresos, lo que debió hacer a tenor del artículo 317 inciso 1º) 693 y 694 del Código Procesal Civil, de aplicación supletoria, según artículo 103 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. No basta afirmar, que ocurre un daño moral por deterioro a la imagen, sino que para tener por cierto ese hecho, se deben comprobar tales circunstancias. Lo procedente es confirmar lo resuelto por el juzgador.¨