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Tribunal Contencioso Administrativo Sección I
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Documento judicial
“II.- a) El artículo 11 de la Ley de Expropiaciones número 7495 de 3 de mayo de 1995, establece: “La Administración estará obligada a reconocer intereses al expropiado, de oficio y a la tasa legal vigente, a partir de la desposesión del bien y hasta el pago efectivo. Cuando exista un depósito del avalúo administrativo, los intereses se calcularán sobre la diferencia entre este y el justiprecio”. Esto es, el plazo para fijar los intereses corren a partir desde la entrada en posesión del inmueble -21 de diciembre de 2007- y hasta la fecha en que la parte expropiante completó el pago del justiprecio mediante depósito judicial en la cuenta correspondiente a este Despacho -9 de junio de 2010-; y no puede ser de otra manera; veamos, se argumenta que debe ser hasta la firmeza de la resolución que le pone en conocimiento sobre el depósito efectuado por la contraria, sin embargo, claro es que la expropiante se libera de responsabilidad desde el mismo momento en que efectúa el depósito de la diferencia establecida a favor de la expropiada. No podría el Estado de modo alguno sobrellevar algún tipo de responsabilidad con posterioridad a lo que fue compelido por medio de la sentencia dada en la expropiación, al menos en esta instancia, por lo que con respecto a este agravio, se impone su rechazo. b) En relación con el segundo de los agravios, la discusión sobre la tasa de interés aplicable sobre las diferencias que resulten por la fijación del justiprecio definitivo se torna estólida, habida cuenta que dicho tema a la fecha se encuentra harto superado y para sustentar esto, se copia una muestra de la reiterada jurisprudencia de la
Sala Primera que al respecto ha señalado en lo pertinente y al caso de las expropiaciones lo siguiente: "(...)III.- En el caso particular, el meollo del asunto, radica en determinar el tipo de interés que se debe utilizar, si el que fija el canon 1163 del Código Civil, conforme a las variantes de la tasa básica pasiva del Banco Central o el del . En el subjúdice el Tribunal consideró de aplicación la normativa del Código Civil. Sobre el tema en estudio, en voto de mayoría la Sala ya se ha pronunciado con anterioridad, la cual se utilizó como base para resolver por el Tribunal y que además cita el recurrente en el recurso. En sentencia de las 8 horas 20 minutos del 19 de diciembre de 2006, dispuso: “… en relación al artículo 1163 del Código Civil, conviene recordar lo que ha sucedido a través del tiempo. Esta disposición, en su versión original disponía que: ‘cuando no estuviese fijada por los contratantes la tasa de interés, se computará este a razón del seis por ciento al año’. El texto fue reformado mediante la Ley Reguladora del Mercado de Valores y Reformas al Código de Comercio, no. 7201, que fuera publicada en La Gaceta no. 204 del 29 de octubre de 1990; donde en el precepto 7 se indicó: ‘Refórmanse los inciso b), y 789 inciso b) del Código de Comercio, y el 1163 del Código Civil, para que digan: … Artículo 1163 (Código Civil) Cuando la tasa de interés no hubiere sido fijada por los contratantes, la obligación devengará el interés legal, que es igual al que pague el Banco Nacional de Costa Rica por los certificados de depósito a seis meses plazo, para la moneda de que se trate’. Posteriormente, ese cuerpo legal quedó derogado con la nueva Ley Reguladora del Mercado de Valores no. 7732, publicada en La Gaceta no. 18 del 27 de enero de 1998, que en su precepto 196 dictaminó ‘Derógase la Ley Reguladora del Mercado de Valores N°. 7201, del 18 de setiembre de 1990’.
Aunque de una lectura apresurada de esa secuencia histórica, podría llegarse a la tesis de que con la promulgación de la Ley no. 7732 de 1998 se derogó la reforma al artículo 1163 del Código Civil hecha en el año 1990, resulta necesario realizar un análisis preciso no sólo de la historia relativa a esa nueva fuente legal, sino también del espíritu del legislador al emitir aquel cuerpo normativo que data de 1998. Nótese la intención de los congresistas al reformar el texto legal. En su nomenclatura de 1990 se emitió como ‘Ley de Mercado de Valores y Reformas al Código de Comercio”, mas en 1998, se dicta intitulada ‘Ley del Mercado de Valores’, lo que evidencia que la idea era precisamente promulgar un nuevo cuerpo normativo sobre esa temática. Si hubiese querido derogar todo el articulado relativo a las ‘Reformas’ debió haberlo hecho de forma expresa, pero contrario a ello, ha de señalarse que esta Ley no. 7732 dispuso un capítulo especial para reformas y derogatorias, donde incluyó de manera taxativa las atinentes al Código de Comercio y Código Civil, de ahí se puede colegir que no se mencionaron nunca ni el ordinal 1163 del Código Civil ni el numeral 497 del Código de Comercio.(…) Con la ley no. 7201 de 1990 se cambiaron en forma permanente varios mandatos legales (nótese que no hubo en ella transitorios en ese sentido). Lo que quiere decir que, al reformarse el precepto 1163 dicho, entró a formar parte inmediatamente y de manera unitaria al resto del Código Civil. Así las cosas, si por la ley posterior emitida en 1998 se promulga la “Ley del Mercado de Valores”, la normativa que había sido variada en 1990, -no atinente al contenido propio del numeral primero de la Ley no. 7201-, mantiene su vigencia al no derogarse expresamente. Pero, en este caso, la norma jurídica no fue anulada ni tampoco el legislador dispuso derogarla expresamente.” Como se expone en las consideraciones precedentes del voto de mayoría de esta Cámara, se destaca: A- Del análisis del historial y reformas del canon citado: al reformarse el precepto 1163 dicho, entró a formar parte inmediatamente y de manera unitaria al resto del Código Civil, desde la Ley no. 7201 del 10 de octubre de 1990, pese su posterior derogatoria por la Ley 7732 del 17 de diciembre de 1997; B- Del estudio del espíritu de la ley, se colige la no intención del legislador de derogar el mandato 1163 en la Ley no.7732 en tanto:
La nominación se utilizó “Ley Reguladora del Mercado de Valores” distinto de la norma derogada no. 7201 “Ley de Mercado de Valores y Reformas al Código de Comercio”, en el sentido de que se “evidenciaba era promulgar un nuevo cuerpo normativo sobre esa temática” (mismo voto de mayoría citado);
No se derogó en forma expresa el articulado 1163. y
El capítulo de reformas atinentes al Código de Comercio y Código Civil de esa misma Ley, no mencionan los numerales 421 y 1163 aludidos, como reformados ni hubo transitorios en ese sentido. Corolario, se ha tenido por vigente el canon 1163. Ahora bien, para resolver el agravio, merece traerse a colación el párrafo final del precepto 497 del Código de Comercio, el cual prevé: “Las tasas de interés previstas en este artículo podrán utilizarse en toda clase de obligaciones mercantiles, incluyendo las documentadas en títulos valores.” En razón de lo anterior, no cabe la aplicación de esa norma comercial para dirimir la cuestión que aquí se debate, porque en este proceso no se está ante una obligación de carácter mercantil. Ello por cuanto la obligación principal del Estado surgió como “indemnización”, que representó el precio justo, según así se estimó en la sentencia del Tribunal para la expropiación tramitada en el expediente 02-001106-163-CA. Los cardinales 1163 del Código Civil y 421 del Código de Comercio lo son para establecer intereses en obligaciones que por falta de estipulación previa, se deben fijar por ley. La primera norma orienta a regular el derecho común y la segunda más excluyente, a regular las relaciones comerciales. Debe recurrirse al derecho común para dirimir el conflicto surgido, el cual gira alrededor de los intereses legales devengado de una obligación no mercantil. Ello porque la finalidad de la expropiación es que el Estado o sus instituciones puedan adquirir terrenos o propiedades, con la consumación de realizar correctamente sus competencias, para el beneficio de una colectividad y así satisfacer los intereses públicos. La Administración Pública actúa con potestad de imperio, que puede sobreponerse al interés de un particular, sujeta al principio de legalidad, por lo cual no podría comercializarlas con el fin de obtener ingresos. Sin perjuicio del conocimiento de la pretensión de la demanda en vía ordinaria aspecto que no ha sido cuestionado. En mérito de lo expuesto, el Tribunal no incurrió en el quebranto esbozado por el recurrente, al examinar la tasa de intereses que debió aplicarse.” (Sentencia: 00685 Expediente: 08-001060-1027-CA Fecha: 09/06/2010 Hora: 9:00:00 AM Emitido por: Sala Primera de la Corte). Como bien lo dice la Sala Primera la discusión sobre la aplicación de una u otra norma, lleva aparejado lo referente a si la deuda es civil o comercial, según sea el caso. En lo que la sumaria corresponde, no existe base alguna para considerar que la deuda sea comercial a fin de permitir aplicar la disposición del Código de esa materia, véase que se trata de una liquidación de intereses dentro de una expropiación, donde por supuesto la relación jurídica administrativa deriva del ejercicio directa de una potestad pública, lo que determinaría que el agravio es insubsistente. c) Finalmente, se acusa que la suma de las costas personales debe atenderse sobre la base de la estimación de los agravios anteriores y aplicado sobre el quantum de los intereses calculados, no obstante, y dado que esos agravios fueron denegados, el monto otorgado establecido por el juzgador de instancia es el correspondiente a la estimación establecida para la partida de intereses autorizada, resultando consecuentemente sin sustento la impugnación en este tanto. Así las cosas y realizada la operación aritmética por este Tribunal, es claro que los montos otorgados por el a-quo se ajustan a derecho y, en consecuencia, debe confirmarse la sentencia venida en alzada.”