Resolución 08483-2025

improcedente las excepciones de prescripción, caducidad y falta de derecho, y con lugar la gestión promovida por la Ministra de Educación Pública para despedirme.

En fecha 09 de julio del 2020, realicé recurso de Apelación para ante el Tribunal Administrativo de Servicio Civil, igualmente solicitando las excepciones mediante el artículo 414 del Código de Trabajo, sobre prescripción y falta de derecho.

Que mediante resolución 018-2021 de las 10:30 minutos del diecinueve de febrero de 2021, existe resolución final donde se acoge el despido dejando de estudiar la prescripción, la excepción de falta de derecho y la caducidad del procedimiento. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA. Existe un acto administrativo de GESTIÓN DE DESPIDO Y SIN RESPONSABILIDAD PARA EL ESTADO, según acuerdo de despido 0058-2021 AC, del veinticinco de junio del 2021, y con rige 23 de julio del 2021, suscrito por GUISELLE CRUZ MADURO, en su condición de Ministra de Educación Pública en mi contra donde, en esencia se dictamina el despido de la relación laboral superior a los 20 años y se rechaza la excepción de prescripción de la acción disciplinaria propia de las relaciones laborales, establecida en el numeral 414 del Código de Trabajo, argumentado que el plazo de prescripción es aquel establecido para las infracciones relacionadas contra el deber de probidad tuteladas en la Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito de la Función Pública, en los numerales 3, 4, 44 de la Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito de la Función Pública. La prescripción de acuerdo a la norma laboral o la prescripción de acuerdo a las infracciones en contra de la probidad de la función pública es el motivo de la controversia en esta demanda. En esta controversia está claro que el plazo en el que se notifica el acto de apertura de procedimiento disciplinario supera el mes calendario de prescripción establecido por el numeral 414 del Código de Trabajo para notificar al empleado, desde el conocimiento de los hecho o desde el inicio del proceso sancionador, y posterior en varios lapsos del procedimiento tanto del Ministerio de Educación Pública como de Servicio Civil, ya que existió interrupción de más de un año inclusive para la resolución final, por lo que queda dictaminar si es aplicable o no este plazo laboral o el plazo establecido para las infracciones relacionadas con la Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito de la Función Pública. Claramente estamos ante una situación de carácter laboral, la cual no queda en duda, por lo que en atención a los artículos 1,14,15,17 del Código de Trabajo, de especialidad y tutela de los derechos y obligaciones de los patronos y trabajadores, e interés superior del trabajador, es decir el IN DUBIO PRO TRABAJADOR, el análisis de la prescripción de la falta laboral debe ser resuelto de acuerdo a la normativa laboral. Incluso el acto administrativo de cese de la relación laboral utiliza la norma laboral para justificar el cese de dicha resolución, al invocar los numerales 19, 71 incisos b y d, 81 incisos a y I, del Código de Trabajo, pero en forma contradictoria se aparta de la legislación laboral al rechazar la excepción de prescripción. Mi profesión docente con basta experiencia no ha sido cuestionada por realizar actos contrarios al interés público, tampoco se ha cuestionado que en el ejercicio de las potestades dentro de la administración haya tomado decisiones violatorias a la imparcialidad y a los objetivos del MEP, tampoco se le ha reprochado que no haya identificado y atender las necesidades colectivas prioritarias, de manera planificada, regular, eficiente, continua y en condiciones de igualdad para los habitantes de la República, que no haya demostrado rectitud y buena fe en el ejercicio de las potestades que le confiere la ley, y mucho menos que haya realizado actos en contra de la administración de los recursos públicos con apego a los principios de legalidad, eficacia, economía y eficiencia, rindiendo cuentas satisfactoriamente. De tal manera, el acto administrativo es contrario a derecho toda vez que deja de lado y es contrario al principio de especialidad y sujeción en razón de la materia contenida en los numerales 1, 14, 15 del Código de Trabajo, violación del principio IN DUBIO PRO TRABAJADOR del numeral 17 del mismo Código de Trabajo. De igual manera, por dictarse en contra del derecho laboral y las ordenanzas en materia de prescripción laboral tiene un vicio de invalidez a la luz del numeral 128, 132, 133, de la Ley General de Administración Pública. Además este Tribunal ha emitido resoluciones favorables en casos idénticos, como lo es el expediente 19-002002-1027-CA, y la sentencia de las 14:00 del cuatro de setiembre de dos mil veinte, a favor de Melissa Brizuela Irola, contra el Estado.

B) ALEGACIONES DE OPOSICIÓN DEL ESTADO. Se aduce en resumen con atinencia a la fundamentación de la demanda que: EXCEPCIÓN DE FALTA DE DERECHO.- IMPROCEDENCIA DE DECLARAR LA NULIDAD DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO. SOBRE EL MOTIVO DE DESPIDO. En el caso que nos ocupa, es claro que la actora incurrió en faltas al deber de probidad. Véase que en ningún momento cuestionó la calificación de la falta que se le acusó, como una trasgresión al deber de probidad, de buena fe, de confianza, ni cuestionó la normativa que, por el fondo, se estaba utilizando en el procedimiento administrativo, pues claramente la normativa relacionada al deber de probidad es la aplicada. En caso concreto, la actora al salir del país por un motivo ajeno a la huelga, debió haber solicitado el permiso a su patrono por todo el plazo de salida, lo cual no hizo. En ese sentido se reitera lo que en sede administrativa determinó el Tribunal de Servicio Civil: (cita resolución en lo de su interés). De lo señalado se establece con meridiana claridad que ciertamente la actora violentó los deberes de su cargo, el deber de probidad, el interés superior del menor, al haberse valido del movimiento de huelga para salir del país por motivos personales durante el 9, 10 y 11 de octubre, sin el permiso correspondiente. Es decir, esa salida no tuvo como origen o no se dio con motivo de la huelga, sino razones personales. Por ello, debió solicitar permiso debidamente, y no lo hizo. Con base en lo anterior, es claro que a la actora no se le abrió el procedimiento administrativo, por participar en la huelga, o por salir del país con motivo de la huelga. Se le sanciona por salir del país sin permiso aprovechando esa situación. En el caso concreto, es necesario indicar que la falta es muy grave. La salida del país sin permiso, aprovechando que el Ministerio no se iba a dar cuenta de ello porque estaba en huelga es una falta muy grave. Implica hacerle creer al patrono que la trabajadora se encuentra activamente en huelga o en otra actividad relacionada con ella, pero en su lugar, aprovecharse de la situación y tomarse ese período como “un tiempo libre para salir a pasear”. Eso es aprovecharse de la buena fe del patrono, quien siguió pagándole su salario y respetándole su derecho a huelga; es un engaño hacia el patrono, es faltarle al respeto, trasgredir la buena fe de las relaciones laborales, y por ser empleada pública, es una violación a la probidad, tal como se le indicó en las resoluciones administrativas, con clara trasgresión a esa normativa relacionada con la probidad del funcionario público y el interés superior del menor, como uno de los intereses públicos a satisfacer. La resolución sin número mediante la cual se le dio el traslado de cargos indica claramente: (cita parte de su interés). La solicitud de autorización de despido ante el Tribunal de Servicio Civil, señala lo mismo, y así también la resolución del Tribunal de Servicio Civil que autorizó el despido y el que resolvió el recurso de apelación por parte del Tribunal Administrativo de Servicio Civil. Por último, es necesario señalar que el hecho que la parte actora haya o no tenido calificaciones de “excelente” en nada influye en la decisión administrativa, ello por cuanto independientemente de sus calificaciones, la comisión de una falta al deber de probidad, confianza, buena fe, trasgresión a los intereses públicos, no puede ser desconocida u opacada con las calificaciones previas. EXCEPCIÓN DE FALTA DE DERECHO. SOBRE LA PRESCRIPCIÓN DE LA POTESTAD SANCIONATORIA. En el caso que nos ocupa, es claro que la acción sancionada, no sólo se refiere a una situación netamente laboral, sino que trasgrede de una serie de normas, deberes y principios que conllevó esa ausencia por las circunstancias bajo las que se dio, que ameritan el cese decretado. En el auto de traslado, claramente se señala que este es un proceso en el que aplican las normas de probidad y control interno: (cita parte de su interés). Al ser un asunto que contraviene la normativa relativa al deber de probidad, es claro que el plazo de prescripción de la potestad sancionatoria es de 5 años y, por ende, no es jurídicamente viable la argumentación relacionada con ese tema. Así se indicó en la resolución mediante la cual se rechazó, ante el Ministerio de Educación Pública, la excepción de prescripción: (cita parte de su interés al respecto). además, la prescripción se interrumpirá, con efectos continuados, por la notificación al presunto responsable del acto que acuerde el inicio del procedimiento administrativo, lo cual limita la posibilidad de que durante la tramitación del expediente administrativo opere la prescripción de la potestad sancionadora (Dictámenes C-307-2004 y C-230-2005 de la Procuraduría General de la República). E incluso, aun aplicando el plazo del 414 del Código de Trabajo, no se denota la citada prescripción. Así claramente lo indicó el Tribunal de Servicio Civil: (cita parte de su interés). Asimismo, el Tribunal Administrativo de Servicio Civil: (cita parte de su interés). En el caso concreto, tal como se indicó en la resolución del Tribunal de Servicio Civil, con la resolución de inicio del procedimiento que se denota la apertura del procedimiento administrativo, después de la investigación preliminar. En ese sentido, es importante indicar que la investigación preliminar no es parte del procedimiento administrativo como tal, y que una vez que se realiza, se determina si existe o no mérito para abrir el procedimiento, y es a partir de ese momento que inicia el cómputo del plazo. Véase que la resolución de inicio es la que determina que en efecto existe mérito para la apertura, y ordena el inicio del procedimiento. Esa resolución dice: (cita parte de su interés). En ese sentido, reitero, debe considerarse que el procedimiento inició con esa resolución del 5 de noviembre. Y la notificación del traslado a la parte actora data del 9 de noviembre de 2018. Ahora bien, durante la tramitación del procedimiento administrativo, la potestad sancionatoria no prescribe, no sólo porque ésta es de 5 años, sino además porque con cada acto administrativo, vuelve a reiniciar el plazo. Por último, véase que la Administración tenía un mes para decretar el despido una vez que fue autorizado para ello. Y en ese sentido es claro que ese plazo no transcurrió, debido a que la resolución n.° 045-2021-TASC se dictó las 10:00 horas del 18 de junio de 2021, mientras que el acuerdo de despido n.° 0058-2021-AC el 25 de junio de 2021, notificado el 15 de julio de 2021 para aplicar el 23 de julio de 2021. (ver folio 118 a 120 del expediente de Gestión de Despido de la actora). Aunado a ello, la parte actora no alegó la caducidad durante el período que considera caduco, y es hasta esta sede, donde alega una mal indicada prescripción durante el procedimiento administrativo. La actora alega, entre otras cosas, la aplicación del principio “in dubio pro funcionario”, el cual siquiera tiene asidero doctrinario, normativo o jurisprudencia. Tómese en cuenta que el régimen de empleo público dista del régimen de empleo privado; que incluso puede contraponerse al segundo, pues el primero está sometido a las reglas de la sujeción especial y el principio de legalidad, así como principios de idoneidad, eficacia, eficiencia, e interés público, probidad y, por ende, resulta improcedente aplicar una norma distinta a la que el régimen especial de la situación específica, debe aplicarse. Además, no puede desaplicarse singularmente una norma, en el tanto ello resulta prohibido en las relaciones de sujeción especial. EXCEPCIÓN DE FALTA DE DERECHO Y FALTA DE LEGITIMACIÓN PASIVA DEL ESTADO. SOBRE SOBRE EL PAGO DE DAÑOS Y PERJUICIOS. El régimen de responsabilidad aplicable al Estado está fundamentado jurídicamente en las normas de orden público que lo rigen y, por ende, se debe analizar a la luz de los artículos 190 y siguientes de la Ley General de la Administración Pública. En ellos se establece un régimen objetivo de responsabilidad y se recogen los principios que rigen la materia. Además se dispone que la Administración debe indemnizar los daños causados al administrado cuando éstos sean efectivos, evaluables e individualizables, siempre y cuando exista un nexo de causalidad entre ellos y la conducta administrativa, y en la especie no haya operado alguna causa que interrumpa ese nexo de causalidad (hecho de un tercero, culpa de la víctima, y fuerza mayor) en tanto eximentes de responsabilidad de la Administración, ni haya surgido la prescripción de la acción cobratoria. Por lo anterior, es importante analizar cada uno de los daños alegados por la actora, atendiendo a los siguientes puntos: El daño debe ser efectivo, es decir, necesariamente debe producir un detrimento o menoscabo en los bienes y derechos de la accionante. Ello implica que debe ser cierto, consumado, definitivo, real y actual. El daño debe ser valorado económicamente, incluyendo los morales o personales. Ambos deben ser cuantificados, valorados económicamente bajo ciertos parámetros o mecanismo técnicos apreciados por el juez. El daño debe ser necesariamente individualizable, es decir, concreto, susceptible de ser individualizado como detrimento o menoscabo específico y determinable en el patrimonio del afectado, no admitiéndose por lo tanto la idea de daños hipotéticos o eventuales. El daño debe poder ser imputado a la Administración, es decir, debe existir una relación de causalidad, entre el hecho o actuar que se le achaca a la Administración y el daño producido, condición "sine qua non" para que pueda atribuírsele a aquella el deber de resarcir el daño. En consecuencia, rompe el nexo causal una situación de fuerza mayor, la culpa de la víctima, o el hecho de un

Evidentemente, la carga probatoria de todo daño alegado, corresponde a la actora (452 del Código de Trabajo) y la oportunidad procesal para ofrecer los respectivos elementos de prueba es el escrito inicial. Y se distingue los supuestos de actuación lícita y normal, e ilícita y anormal . Para el primer caso, la norma aplicable es el artículo 194 de la Ley General de la Administración Pública, que señala lo siguiente: (cita normativa). Al no cumplir los parámetros para que proceda la indemnización pretendida, iniciando con la falta de causa y de elementos definitorios y demostrativos, es evidente que la demanda de la parte actora, debe declararse sin lugar. Todos ellos resultan improcedentes en el tanto fue la misma parte quien se colocó en una posición que generó su cese (culpa de la víctima). Sus justificaciones, abiertamente contrarias derecho, resultan improcedentes y, por ende, el cese es conforme a derecho. Aunado a ello, en las relaciones de empleo público, la relación de sujeción especial, la rendición de cuentas y demás normativa, el procedimiento administrativo en sí es una situación a la que se está obligado soportar, y, por ende, no existe motivo jurídicamente válido para otorgar una indemnización económica por daño moral, por ser objeto de un procedimiento administrativo. Pero, además, la parte actora no ha presentado ni ofrecido prueba alguna válida de su dicho, del daño alegado, ni del nexo causal. EXCEPCIÓN DE FALTA DE DERECHO Y FALTA DE LEGITIMACIÓN PASIVA DEL ESTADO, FALTA DE INTERÉS ACTUAL. SOBRE EL PAGO DE SALARIO DEJADO DE PERCIBIR Y LA REINSTALACIÓN. Debido a que el cese fue por haberse demostrado un incumplimiento de deberes, es legal y, por lo tanto, es evidente que no puede exonerarse a la parte actora de la responsabilidad que ha generado su actuación contraria a la probidad y la buena fe, al haber salido del país, durante el período de huelga, sin contar con autorización de su patrono. Es claro, entonces que, al no proceder la reinstalación, tampoco procede el pago de salarios caídos que en todo caso, la parte actora predefine en el monto de ¢1.820.895,00. Ellos se generan cuando se ha incurrido en un despido sin justa causa así declarado. En razón de ello, la pretensión resulta improcedente. Tanto en cuanto al pago de salarios caídos como la posible reinstalación. En primer término, porque incluso la parte actora se encuentra reinstalada a través de una cautelar provisionalísima que no ha sido aún resuelta de forma definitiva, y por ende, no hay fundamento jurídico alguno. Y en todo caso, salarios caídos y reinstalación, resultan improcedentes como pretensiones accesorias, pues la principal es carente sustento jurídico.

DE LOS

En mérito de lo expuesto, disposiciones legales citadas y artículos 14 inciso a) y 190 inciso a) del Estatuto de Servicio Civil y 63 inciso a) de su Reglamento, SE

Improcedentes las excepciones de prescripción, caducidad y falta de derecho, opuestos por la parte accionada, y CON LUGAR la gestión promovida por la Ministra de Educación Pública para despedir a la señora KATTIA MARÍA ARCE GONZÁLEZ de su puesto sin responsabilidad para el Estado. En consecuencia, queda autorizado el Poder Ejecutivo para despedir a la indicada servidora. Contra la presente resolución procede el recurso de apelación ante este Tribunal con la debida expresión de agravios, dentro del plazo de tres días hábiles, a partir del día siguiente de la respectiva notificación, de conformidad con lo que establece el articulo 44 y sus reformas del Estatuto de Servicio Civil.";

atribuyendo para el rechazo de la prescripción acusada por la actora que:

"Respecto de la excepción de prescripción, opuesta por la parte accionada a folio 27 del expediente, debe indicarse que es un instituto jurídico reserva de ley y siendo que lo que se imputa a la servidora accionada es haber salido del país sin contar con justificación para ello, por motivo o razón ajena a la huelga, durante los días 9, 10 y 11 de octubre de 2018, valiéndose del movimiento de huelga nacional que inició el día 10 de setiembre de 2018, con lo que la servidora accionada falta a su deber de probidad, contenido en la Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, por lo que al caso resulta aplicable el plazo de prescripción que establece el articulo 71 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, Ley N° 7428. Así, en lo que interesa el artículo 71 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República establece: "La responsabilidad administrativa del funcionario público por las infracciones previstas en esta Ley y en el ordenamiento de control y fiscalización superiores, prescribirá de acuerdo con las siguientes reglas... b) En los casos en que el hecno irregular no sea notorio -entendido este como aquel necno que requiere una indagación o un estudio de auditoría para informar de su posible irregularidad- la responsabilidad prescribirá en cinco años, contados a partir de la fecha en que el informe sobre la indagación o la auditoría respectiva se ponga en conocimiento del Jerarca o el funcionario competente para dar inicio al procedimiento respectivo (...)". En el caso bajo examen, por tratarse de una servidora docente, por imperativo legal, según lo dispuesto en los artículos 59 y siguientes del Estatuto de Servicio Civil, la Dirección de Recursos Humanos del Ministerio de Educación Pública debe llevar a cabo un procedimiento administrativo disciplinario, previo a acudir a este Tribunal, una vez finalizado dicho procedimiento, se puso en conocimiento de la señora Ministra de Educación Pública lo resuelto y autorizado por el Tribunal de la Carrera Docente, el día 26 de junio de 2019, mediante Resolución N° TCD-RES-599-2019, de 18 de junio de 2019 (Folio 111 del legajo de pruebas), y la demanda de despido fue presentada en este Tribunal el día 11 de julio del de 2019 (Folio 01 del expediente), por lo que a esa fecha evidentemente no había transcurrido el plazo de cinco años estipulado en el inciso b) del artículo 71 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, razón por la que se rechaza la excepción de prescripción interpuesta por la parte accionada. Respecto a la excepción de caducidad, también opuesta por la parte accionada a folio 30 del expediente, debemos decir que el régimen de carrera docente la establece en el artículo 74 del Estatuto de Servicio Civil, el cual determina que: "vertido el fallo por el Tribunal, éste lo comunicará al Director de Personal para su ejecución o lo elevará a conocimiento del Ministro de Educación, para los efectos del artículo

El Ministro deberá disponer lo conducente, en el término de un mes a partir del recibo del fallo, plazo en que caduca la acción." Ahora bien, en el presente caso, en vista de que el Tribunal de la Carrera Docente mediante Resolución N° TCD-RES-599-2019, de 18 de junio del 2019, autorizó a la señora Ministra de Educación Pública a presentar la gestión de despido que se conoce, resolución comunicada al Departamento de Asuntos Disciplinarios el día 26 de junio de 2019 (folio 111 del legajo de pruebas), y siendo que la gestión de despido fue presentada a este Despacho el día 11 de julio de 2019, tampoco existe caducidad alguna que declarar."

Con posterioridad a ese dictado, y ante recurso de apelación de la actora contra el dictado acto interpuesto el 09 de julio de 2020, por el resultado desfavorable de la prescripción resuelta al invocar en lo de su interés que: "por considerar que al no estar su representada en Huelga posterior al 03 de octubre del 2018, pues el disfrute de su licencia interrumpió el goce de ese Derecho, se debió tomar como base la normativa del artículo 414 del Código de Trabajo y no fundamentarse en los plazos de la Probidad, los términos se interrumpieron inclusive más de un mes como lo hizo saber en las conclusiones al Tribunal de Servicio Civil, debiéndose contar como ausencias simples, sin gestionar el traslado de cargos por salir del país, más que aduce contaba con licencia por su matrimonio, según numeral 165 de la Ley de la Carrera Docente, y ya habrían transcurrido más de un año y seis meses, por lo cual operó la Prescripción" se dictó la resolución del TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL SERVICIO CIVIL N° 045-2021-TASC, de las diez horas del dieciocho de junio de 2021, que en lo que interesa para este asunto, resolvió:

"En este contexto debe señalarse a la servidora, que desde la intimación inicial de los cargos puestos a su conocimiento en la Sede Interna mediante Legajo GD-762-20 18, el cuadro fáctico atribuido se ha circunscrito en reprochársele -setiembre de 2018, permaneció fuera del país sin contar con justificación para ello, por motivo o razón ajena a la Huelga, durante los días 9, 10 y 11 de octubre de 2018, según certificación extendida por Migración y Extranjería, quebrantando con ello los deberes de Probidad, Buena Fe, Lealtad y Confianza que rigen la relación laboral con el Ministerio de Educación Pública. Es decir que los hechos atribuidos no se han concretado en ausencias simples, ni corresponde en esta etapa de impugnación variar la calificación de las conductas que se le pusieron en conocimiento desde un inicio del proceso, por el hecho de así haberlo plantarlo en su agravio en examen, el cual en este caso es con el fin de cuestionar la aplicación de normativa en el tema prescriptivo, distinta a la que el Ministerio gestor y el A Quo - en la resolución recurrida - determinaron para la infracción atribuida, como lesiva a los citados postulados. Debe indicarse que a la luz de los hechos endilgados y de las valoraciones realizadas en la sentencia, la simple objeción de no coincidir con los textos normativos, per se, no pueden implicar que en vía de Apelación se admita un quebranto normativo, por lo que, en este orden de análisis, se rechaza este cuestionamiento por improcedente."

A partir de lo señalado, este Tribunal no ampara la posición de la parte actora. La prescripción dada y suficientemente motivada en los actos administrativos impugnados, en relación con la ordenanza de aplicación del ordenamiento público/administrativo para las relaciones estatutarias como la de estilo, predice por su resultado la correspondencia normativa dada a la consecuencia de los alcances de la falta cometida y acreditada. Ya ha sido abundante, para temas sobre causas imputables y sancionadas como en la especie por ausentismos injustificados, la disposición instrumentalizada en relación a lo establecido en la Ley Orgánica de la Contraloría, que establece en su Artículo 71. "Prescripción de la responsabilidad disciplinaria. La responsabilidad administrativa del funcionario público por las infracciones previstas en esta Ley y en el ordenamiento de control y fiscalización superiores, prescribirá de acuerdo con las siguientes reglas: a) En los casos en que el hecho irregular sea notorio, la responsabilidad prescribirá en cinco años, contados a partir del acaecimiento del hecho. b) En los casos en que el hecho irregular no sea notorio entendido este como aquel hecho que requiere una indagación o un estudio de auditoría para informar de su posible irregularidad- la responsabilidad prescribirá en cinco años, contados a partir de la fecha en que el informe sobre la indagación o la auditoría respectiva se ponga en conocimiento del jerarca o el funcionario competente para dar inicio al procedimiento respectivo. La prescripción se interrumpirá, con efectos continuados, por la notificación al presunto responsable del acto que acuerde el inicio del procedimiento administrativo. Cuando el autor de la falta sea exjerarca, el plazo empezará a correr a partir de la fecha en que él termine su relación de servicio con el ente, la empresa o el órgano respectivo. Por otro lado la Ley de Control Interno establece en su Artículo 43. "Prescripción de la responsabilidad administrativa. La responsabilidad administrativa del funcionario público por las infracciones previstas en esta Ley, prescribirá según el artículo 71 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, N° 7428, de 7 de setiembre de 1994." De igual manera, ha sido extensamente tratado los alcances del artículo 44 de la Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito, cuando establece: "Prescripción de la responsabilidad administrativa. La responsabilidad administrativa del funcionario público por las infracciones previstas en esta Ley, y en el ordenamiento relativo a la Hacienda Pública, prescribirá, según el artículo 43 de la Ley General de Control Interno y el artículo 71 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, N° 7428, de 7 de setiembre de 1994.

Esto es, esa disposición normativa encuentra razón lógica en la tendencia a establecer la probidad en la prestación de los servicios públicos por parte de sus agentes representantes, sin que exista posibilidad alguna de desviar la función dada desde que está orientada a la satisfacción del interés público, tal y como lo expresa, el artículo 3° de la citada Ley Contra la Corrupción N° 8422 del 14 de setiembre del 2004. Esto es, se trata, de mantener y demostrar rectitud y buena fe en el ejercicio de las potestades que le confiere la ley al funcionariado responsable; y asegurarse de que las decisiones que adopte en cumplimiento de sus atribuciones, competencias y funciones ordinarias, se ajusten a la imparcialidad y a los objetivos propios de la institución en la que se desempeñan y, administrar pasivamente los recursos públicos con apego a los principios de lealtad, legalidad, eficacia, economía y eficiencia, rindiendo cuentas satisfactoriamente desde el devengo del salario recibido ante un correcto desempeño y una debida contraprestación, es decir, si la falta acredita una remuneración previamente efectuada al colaborador sin justificación para ello, pervive el concepto de un enriquecimiento sin causa para el patrimonio del colaborador, y ello se residencia en un aspecto de probidad.

Con fundamento en lo expuesto supra, y ante lo exiguo de la justificación de la defensa jurídica que muestra la actora en su demanda, es más que evidente que el plazo señalado en los artículos mencionados, no ha transcurrido, ni así lo ha acreditado en la demanda la actora interesada en relación a la constatación o inexistencia del concepto de probidad inmerso en la contextualización de la falta acreditada y sancionada. Si bien se mira, lo resuelto en esa sede administrativa, se muestra y se aplica correspondientemente, al caso en consideración en concreto, como lo ha sido en relación al ordinal 71 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, número 7428 del siete de setiembre de 1994, y del cual la resolución ha dado motivación suficiente para su instrumentación y aplicación. De modo que, tal numeral 71, así como los artículos 9, 10 y 11 de dicha ley, en lo relativo a fondos públicos. Dicha diferenciación y habilitación normativa ha sido reiteradamente fundamentada por diversos pronunciamientos del Tribunal de Casación de lo Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, y como ejemplo de ello así lo dispuso entre otras, mediante la sentencia número 117-F-TC-2018, de las 12:04 horas del 12 de setiembre del 2018, que en torno a este tema y en lo conducente estableció:

"III.- Del plazo prescriptivo aplicable al caso concreto. Antes de la promulgación de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, la norma general aplicable en materia disciplinaria de empleo público, y en particular en temas de prescripción, fue el artículo 603 del Código de Trabajo, por remisión expresa del cardinal 51 del Estatuto del Servicio Civil (en el caso de los funcionarios amparados por ese régimen), el cual dispone: “Los derechos y acciones de los patronos para despedir justificadamente a los trabajadores o para disciplinar sus faltas prescriben en un mes, que comenzará a correr desde que se dio causa para la separación o, en su caso, desde que fueron conocidos los hechos que dieron lugar a la corrección disciplinaria”. Con la entrada en vigencia de la LOCGR (Ley no. 7428 del 7 de setiembre de 1994), el legislador, en función de la necesidad de asegurar un mayor y mejor control de la Hacienda, así como de responsabilizar a quienes incurrieran en un mal manejo de ella, estableció un régimen disciplinario diferenciado para los servidores de la Hacienda Pública, particularmente en lo atinente a la prescripción (...)  Es decir, se pasó de un régimen subjetivo, en el cual se valoraban las especiales condiciones del servidor (funcionario o no de la Hacienda Pública), a uno objetivo, donde el plazo prescriptivo aplicable al funcionario público (en el sentido del numeral 111 de la Ley General de la Administración Pública) se define no sólo por su carácter de tal, sino por la naturaleza misma de la conducta que se estima constitutiva de falta. Esto es, si la falta intimada rebasa la responsabilidad disciplinaria simple y se encasilla dentro de las infracciones previstas en la LOCGR, o bien en el ordenamiento de control y fiscalización superior. Se trata entonces de un régimen particular, que establece reglas especiales de prescripción, las cuales se sobreponen al régimen general aplicable en materia de empleo público (teoría de los preceptos 44 de la Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito, Ley 8422; 43 de la Ley General de Control Interno, Ley 8292; y 71 de la LOCGR, Ley 7428) (...)."

Del deber de probidad: Llegados a este punto, resulta necesario precisar el contenido del deber de probidad y su relación con la falta sancionada, por cuanto por su amplitud y vaguedad en la forma como fue establecido en la ley, se podría estimar comprensivo de cualquiera o de todas de las obligaciones y deberes funcionariales de los servidores públicos. En este sentido, el numeral 3 de la Ley contra la corrupción y el enriquecimiento ilícito en la función pública, número 8422, del 14 de setiembre del 2004 establece en su literalidad: “… Artículo 3º-Deber de probidad. El funcionario público estará obligado a orientar su gestión a la satisfacción del interés público. Este deber se manifestará, fundamentalmente, al identificar y atender las necesidades colectivas prioritarias, de manera planificada, regular, eficiente, continua y en condiciones de igualdad para los habitantes de la República; asimismo, al demostrar rectitud y buena fe en el ejercicio de las potestades que le confiere la ley; asegurarse de que las decisiones que adopte en cumplimiento de sus atribuciones se ajustan a la imparcialidad y a los objetivos propios de la institución en la que se desempeña y, finalmente, al administrar los recursos públicos con apego a los principios de legalidad, eficacia, economía y eficiencia, rindiendo cuentas satisfactoriamente …”. En desarrollo de este precepto, en el inciso 14) del numeral primero del Reglamento a la Ley número 8422 -dado por Decreto Ejecutivo número 32333-, suscrito el 12 de abril del 2005, vigente a partir del 29 de ese mismo mes y año, detalló que el deber de probidad al que estaban sujetos todos los funcionarios públicos se expresaba en las siguientes acciones:

“… a) Identificar y atender las necesidades colectivas prioritarias de manera planificada, regular, eficiente, continua y en condiciones de igual para los habitantes de la República;

b) Demostrar rectitud y buena fe en el ejercicio de las potestades que le confiere la ley;

c) Asegurar que las decisiones que adopte en cumplimiento de sus atribuciones se ajustan a la imparcialidad y a los objetivos propios de la institución en la que se desempeña;

d) Administrar los recursos públicos con apego a los principios de legalidad, eficacia, economía y eficiencia, rindiendo cuentas satisfactoriamente;

e) Rechazar dádivas, obsequios, premios, recompensas, o cualquier otro emolumento, honorario, estipendio, salario o beneficio por parte de personas físicas o jurídicas, nacionales o extranjeras, en razón del cumplimiento de sus funciones o con ocasión de éstas, en el país o fuera de él; salvo los casos que admita la Ley.

f) Abstenerse de conocer y resolver un asunto cuando existan las mismas causas de impedimento y recusación que se establecen en la Ley Orgánica de Poder Judicial, en el Código Procesal Civil, y en otras leyes.

g) Orientar su actividad administrativa a satisfacer primordialmente el interés público ...”

Con base en estos presupuestos, esta jurisdicción ha procurado deslindar el sentido y contenido de esta norma, precisamente con la intención de brindar el respeto de los principios constitucionales y legales de legalidad, tipicidad y seguridad jurídica; y como tal, se es del criterio, que la infracción a este deber se corresponde con actuaciones que atentan contra la objetividad, imparcialidad, transparencia, rectitud y honorabilidad en el ejercicio del cargo y las que atenten contra la corrección en el manejo de los recursos públicos. En efecto, y más simple, el deber de probidad, obliga a todo servidor público a ejercer su cargo con apego al principio de eficiencia en la administración de recursos públicos, así como de objetividad e imparcialidad frente a intereses personales o familiares, económicos, y de otra naturaleza, por lo que en su desempeño debe demostrar rectitud y buena fe en el ejercicio de las potestades que le confiere la ley, por tanto, es claro que la condición de agente público -que incluye al docente- supone la sujeción y el cumplimiento de deberes de orientación moral y ética que el mismo ordenamiento jurídico consagra e impone, que le exigen conducirse con rectitud y solidez en todo momento, tal y como se expresa en el numeral 38 de la ley de cita, en la que se tipifican conductas como comprensivas de esta falta, generadoras de responsabilidad disciplinaria y patrimonial con ocasión de la infracción del deber de probidad; incumplir el régimen de prohibición e incompatibilidades establecido en la ley -inciso a)-; “… ofrezca o desempeñe actividades que comprometan su imparcialidad, posibiliten un conflicto de intereses o favorezcan el interés privado en detrimento del interés público …” -inciso b)-; se favorezca a familiares y parientes por consanguinidad y/o afinidad y, personas jurídicas -inciso c)-; conductas que debiliten el control interno -inciso d)-; infrinja el artículo 20 de esa ley, en relación a la prohibición de obsequios y/o donaciones -inciso e)-; con evidente negligencia, aconseje a la entidad vincularse con otra entidad pública o terceros particulares -inciso f)-; incurra en culpa grave en la vigilancia o elección de funcionarios que se vinculen con la administración de fondos públicos -inciso g)-; omita someter al conocimiento de la Contraloría General de la República actos que requieran de su aprobación -inciso h)-; no presente declaraciones juradas a que sujeta esa ley al vencimiento del nombramiento -inciso i)-; incurra en falta de veracidad, omisión o simulación en sus declaraciones de su situación patrimonial -inciso j)-; retarde o desobedezca injustificadamente el requerimiento de aclaración o ampliación de su situación patrimonial -inciso k)-; viole la confidencialidad de las declaraciones juradas de bienes -inciso l)-; perciba por sí “… o por persona jurídica interpuesta, retribuciones, honorarios, o beneficios patrimoniales de cualquier índole, provenientes de personas u organizaciones que no pertenezcan a la Administración Pública, por el cumplimiento de labores propias del cargo o con ocasión de éstas, dentro del país o fuera de él …” -inciso m)-; incumpla la prohibición del artículo 17 de esa ley, para ejercer en forma simultánea cargos en la Administración Pública -inciso n)-; e incurrir en omisión o retardo grave e injustificado, de entablar acciones judiciales, dentro del plazo requerido por la Contraloría General de la República -inciso ñ)-. De igual manera, resulta necesario tener en consideración el régimen de control interno al que se sujeta a los funcionarios públicos, en particular en la Ley General de Control Interno, número 8292. En este sentido resulta de interés el numeral 8 de esa ley que define el sistema de control interno de las administraciones públicas, con la finalidad de “… proporcionar seguridad en la consecución de los siguientes objetivos: a) Proteger y conservar el patrimonio público contra cualquier pérdida, despilfarro, uso indebido, irregularidad o acto ilegal. b) Exigir confiabilidad y oportunidad de la información. c) Garantizar eficiencia y eficacia de las operaciones. d) Cumplir con el ordenamiento jurídico y técnico …”. Es así, como se establece la responsabilidad administrativa y patrimonial de los jerarcas y personal subordinado que incumpla injustificadamente los mecanismos de control establecidos en esa ley (número 8292) o debiliten dicho sistema por acción u omisión -artículo 39-.

Colofón, ante la presente cuestión con los límites de las manifestaciones de la demanda y sobre la base de las anteriores consideraciones y de la conducta reprochada e investigada a la señora Arce González, conforme con el anterior recuento, este Tribunal considera que la conducta reprochada se enmarca en faltas comprensivas del enunciado del deber de probidad, en los términos previamente definidos, lo que conlleva a que resulte aplicable para ellas el plazo de prescripción para el legítimo ejercicio de la potestad sancionatoria dispuesto en el citado numeral 44 de la Ley 8422, que expresamente remite al plazo definido en el ordinal 71 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, tal y como se dispuso en las resoluciones administrativas impugnadas, a saber, de cinco años y dentro de las temporalidades expuestas y conformidas en las resoluciones impugnadas, máxime que no hay otros elementos traídos a los autos que desvirtúen lo anterior y, menos que menos, la inexistencia de la falta en sí misma.

En este sentido, y reiterando lo sustanciado en el cuadro fáctico que sustenta esta acción, se advierte que se acreditó que la actora salió del país sin contar con justificación para ello, por motivo o razón ajena a la huelga, durante el período comprendido entre el 03 de octubre al 11 de octubre del 2018, de los cuales "durante los días 9, 10 y 11 de octubre de 2018 no tenía justificación, valiéndose del movimiento de huelga nacional que inició el día 10 de setiembre de 2018, con lo que la servidora accionada falta a su deber de probidad", quebrantando con ello el deber de probidad, buena fe, lealtad y confianza, que rige la relación laboral con este Ministerio y quedó igualmente acreditado que "el conocimiento de la presunta falta lo fue el 1 de noviembre de 2018 cuando se allega al Departamento de Gestión Disciplinaria de este Ministerio la Certificación extendida por la Dirección General de Migración Extranjería en cuanto a la salida del país de la accionada, sin que lleve razón la representación sobre la prescripción que pretende sea declarada, pues entre ese momento y la actualidad no ha operado el plazo de 5 años señalado, sin omitir que en el ínterin de ese período de tiempo, han mediado diversas actuaciones interruptoras del plazo que nos ocupa." Agregándose, que la actora fue notificada del traslado de cargos el 9 de noviembre de 2018, dando contestación  en fecha 20 de noviembre de 2018 en donde por primera vez se invocó la prescripción del caso disciplinario con ocasión del numeral 414 del Código de Trabajo por haberse superado el mes calendario para notificar el procedimiento sancionatorio, situación resuelta con denegatoria de lo pedido, por resolución de la Dirección de Recursos Humanos N° 2025-2019 de las 08:50 horas del 15 de mayo de 2019. Posteriormemte, y en ese orden, celebrada la audiencia oral y privada, en fecha 14 de agosto de 2019, la actora por medio de su apoderado especial administrativo, contestó mediante escrito de conclusiones, invocando otra vez la excepción de prescripción con aplicación del numeral 414 del Código de Trabajo y la caducidad del procedimiento por inactividad procesal, resultando que lo anterior fue resuelto por medio de la resolución del Tribunal de Servicio Civil N°13404 de 13:20 horas del 04 de mayo de 2020, que declaró sin lugar la excepción de prescripción y caducidad. Seguidamente, y en razón de recurso de apelación en contra de la resolución citada y presentado por la actora en fecha 09 de julio de 2020, se dictó la resolución del Tribunal Administrativo del Servicio Civil N°045-2021-TASC de las 10:00 horas del 18 de junio de 2021, resolviendo en lo que interesa el rechazo de los motivo del recurso. Esto evidencia, que fue tramitada y resuelta la cuestión procedimental dentro del plazo legal permitido, sin que se llegara a vencer la temporalidad de la prescripción del ejercicio de la potestad disciplinaria, para la investigación de faltas funcionariales comprendidas dentro del deber de probidad, no siendo valedera la posición de la actora, del reproche basado en el acaecimiento de la prescripción ordinaria laboral alegada respecto de la falta sancionada por su improcedencia, por lo que lleva razón el Estado en cuanto a que no resulta aplicable a las faltas reprochadas a la actora, el plazo legal de prescripción prevista en el numeral 414 del Código de Trabajo, en el tanto el ausentismo acreditado, base de la sanción impuesta, no conduce a la salvaguarda de las normas que regulan la fiscalización de los fondos en su modalidad de remuneraciones por actividades privadas de asistencia injustificada, garantizándose así la legalidad y la eficiencia de los controles internos y del manejo de los fondos públicos en los entes sobre los cuales tiene jurisdicción la Contraloría General de la República. Todo ello en concordancia con el numeral 3, 4 8, 15 literal iii y 43 de la Ley General de Control Interno, Ley número 8292, el numeral 38 inciso d) y 44 de la Ley 8422, Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, los artículos 10, 59 y 71 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, número 7428, así como el ordinal 18 del Reglamento a la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito; ordenamiento jurídico que prevalece por su especificidad y por la voluntad del legislador sobre la normativa del derecho común dado en el Código de Trabajo vigente, que no es otra cosa concordante con lo resuelto por la Administración en que la falta endilgada a la actora se rige por el plazo prescriptivo contemplado en la LOCGR, circunstancia que no ha sido desacreditada, por lo que al no existir en autos apreciación jurídica o fáctica distinta y acreditada por esa parte actora a lo resuelto en la sede administrativa, estima el Tribunal denegar en todos sus alcances el planteamiento acusado al no evidenciarse, manifestarse o acreditarse vicio de indebida aplicación del derecho de la norma usada, por lo que de  conformidad con lo expuesto, no encuentra este Tribunal, sustento fáctico y legal para variar las resoluciones impugnadas, siendo que como consecuencia de su actuar, la señora Arce González obtuvo un enriquecimiento ilícito a su favor, al percibir una remuneración de la que el Ministerio en donde laboraba no obtuvo contraprestación alguna.

SOBRE LA PRETENSIÓN RESIDUAL INDEMNIZATORIA QUE SE FORMULA. En este punto, la actora solicita extremos correspondiente accesoriamente a la acción anulatorias que le generó la conducta impugnada los cuales detalla así: "Que se me restablezca en la situación jurídica en la que se encontraba antes de las resoluciones antes indicadas, restableciéndome efectivamente en mi trabajo, y no se tomen represalias alguna.

Se condene a la demandada al pago de los daños y perjuicios en los términos:

DAÑO PATRIMONIAL: La relación laboral de mi representada con la actora terminó desde fecha 23/07/2021, por lo que existe un daño directo en materia de ingresos económicos mensuales perdidos por concepto de relación laboral de 1.820.895 colones.

DAÑO MORAL OBJETIVO: como consecuencia del acto contrario al ordenamiento jurídico y el cese laboral estoy afectado emocionalmente, por lo que se estima prudencialmente un daño moral objetivo de DOS MILLONES DE COLONES.

Se condene a la demandada al pago de ambas costas de este proceso." En lo que se refiere a esos ruegos, ya este Tribunal ha señalado en reiteradas oportunidades, que el eventual conferimiento de derechos indemnizatorios como pedimento accesorio a la declaratoria de invalidez, requiere por lógica derivación jurídica, como requisito indispensable, la existencia de la nulidad de las conductas impugnadas. Esto es, la procedencia de las pretensiones económicas se encuentra indefectiblemente condicionada y asociada a la estimación de la pretensión anulatoria, siendo que solo al disponer la invalidez del cese, sería factible ordenar la restitución de la situación jurídica previa a su cese, lo que a su vez sería fundamental e impostergable para ordenar el reconocimiento de los eventuales daños y perjuicios asociados a esa fuente. Al estimar este Tribunal que la parte actora no logró establecer y acreditar la invalidez de la situación jurídica que le interesa, la consecuencia lógica es la improcedencia de los daños y perjuicios reclamados, por cuanto no existe el criterio de imputación requerido por el ordenamiento y alegado por la parte proponente, cual es, la conducta antijurídica que lesiona sus intereses legítimos de orden patrimonial y moral. Los efectos derivados de los actos reprochados no pueden ser considerados ilegítimos y en ese sentido, no son base fértil de daños que deban ser indemnizados en este proceso, razón por la cual, por la relación de accesoriedad en que se sustenta ese reclamo, al haberse establecido la improcedencia de la pretensión de invalidez, cualquier reclamo de orden civil que tenga como base lógica y justificante esa supuesta patología, debe ser rechazada, por lo que dicho extremo debe ser denegado.

SOBRE LAS EXCEPCIONES OPUESTAS. El Estado formuló la defensa de falta de derecho, la cual debe ser acogida. Lo anterior toda vez que, conforme a lo expuesto en los Considerandos anteriores, el Tribunal estima que no concurren los vicios que alega la accionante. Más bien, en lo cuestionado, la conducta formal impugnada se conforma sustancialmente con el ordenamiento jurídico y así debe declararse. Por ende, se debe disponer el rechazo de las pretensiones principales y accesorias indicadas en punto anterior. Se descarta por su improcendencia las excepciones de falta de legitimación pasiva y falta de interés, por provenir lo discutido y analizado de una otrora existencia de una relación funcionarial cesada con ocasión a los motivos conocidos en esta oportunidad.

De la medida cautelar. En expediente 21-004714-1027-CA se dictó medida cautelar de conformidad con la resolución N.° 0046-2022 de las diez horas con quince minutos del veintiséis de enero del año dos mil veintidós, que dispuso: "Se ACOGE la solicitud de medida cautelar presentada por KATTIA ARCE GONZÁLEZ, contra EL ESTADO, en consecuencia se mantiene lo resuelto de forma interlocutoria, mediante auto de las quince horas con cuarenta y dos minutos del 30 de julio del 2021. Se ordena la suspensión temporal y provisional de los efectos de lo dispuesto por el acuerdo N.° 0058-2021-AC del 25 de junio del 2021." Al decaer con este pronunciamiento uno de los presupuestos esenciales para que se mantenga la cautelar determinada, se dispone que una vez firme esta resolución, se deje sin efecto la suspensión ordenada y se disponga administrativamente el cese respectivo dado con los actos impugnados.

SOBRE LAS COSTAS. Por expresa disposición del artículo 193 del Código Procesal Contencioso Administrativo, procede condenar a la actora al pago de ambas costas de esta acción por el solo hecho de haber resultado vencida en este proceso, sin que medien razones que justifiquen su exoneración conforme los incisos a) y b) del numeral 193 citado. Las costas generarán intereses legales una vez que sea determinado y exigible su monto.

Se deniegan las excepciones opuestas de falta de legitimación pasiva y falta de interés. Se acoge la excepción de falta de derecho interpuesta por el demandado. Se declara sin lugar en todos sus extremos la presente demanda incoada por KATTIA ARCE GONZÁLEZ contra el ESTADO. Se condena a la actora al pago de ambas costas de esta acción, mismas que generarán intereses legales una vez que sea determinado y exigible su monto. Una vez firme esta resolución, se deja sin efecto la medida cautelar de suspensión ordenada por el acuerdo N.° 0058-2021-AC del 25 de junio del 2021 y se disponga administrativamente el cese respectivo dado con los actos impugnados. JUECES DECISORES. Ronaldo Hernández Hernández  // Felipe Córdoba Ramírez  // Evelyn Solano Ulloa. //

- Código Verificador -*3X1UGEAQC43Q61*3X1UGEAQC43Q61

Documento firmado por:RONALDO HERNANDEZ HERNANDEZ, JUEZ/A DECISOR/AEVELYN SOLANO ULLOA, JUEZ/A DECISOR/AFELIPE ALBERTO CORDOBA RAMIREZ, JUEZ/A DECISOR/A

EXP: 21-005297-1027-CA

Goicoechea, Calle Blancos, 50 metros oeste del BNCR, frente a Café Dorado. Teléfonos: 2545-0107 ó 2545-0099. Ext. 01-2707 ó 01-2599. Fax: 2241-5664 ó 2545-0006. Correo electrónico: tproca-sgdoc@poder-judicial.go.cr