Resolución 08407-2025

Antecedentes procesales. A efectos de resolver el presente proceso contencioso administrativo, en las siguientes líneas se expondrán los antecedentes de relevancia:

La presente causa se ha sustanciado en esta sede en forma electrónica, por lo que se utilizará como referencia la foliatura del documento electrónico generado como un único archivo en formato PDF, obtenido del Escritorio Virtual con las opciones "Orden Descendente" y "Ver descripción de Documento (PDF)" desmarcadas y con la opción "Ver detalles carátula del Expediente" seleccionado en "Final", el cual incluye un total de 575 imágenes del proceso de principal en formato digital (expediente judicial), 344 imágenes del proceso cautelar (expediente judicial de cautelar) y dos expedientes físicos que contienen lo siguiente:

Anexo de Prueba N° 1 Expediente Administrativa 3075-2018 de 82 folios,

Anexo de Prueba N° 2 Expediente Administrativa 3078-2018 de 50 folios,

Anexo de Prueba N° 3 Proceso de conocimiento 18-004362-1027-CA de 66 folios y

Anexo de Prueba N° 4 Medida cautelar dentro de Proceso de conocimiento 18-004362-1027-CA de 27 folios; conformados así: A) Un legajo físico conformado por los anexos 1 y 2 citados y b) Otro conformado por los 4 anexos citados.

Se tiene por interpuesto el proceso de conocimiento, en el cual se establece la pretensión que fue determinada en la demanda interpuesta el 07 de junio de 2021 y confirmada en la audiencia preliminar celebrada el 03 de octubre de 2023, de la siguiente forma: "1.- Que la ineficacia en la posición del terreno por parte del señor Víctor Hugo Hernández Rojas resultó a consecuencia de la PRESTACIÓN DEFECTUOSA y ANORMAL del servicio público de la demandada y sus colaboradores (Alcalde y Encargado del Dpto. de Zona Marítimo Terrestre). /

Que en la prestación del servicio público y requerido por el señor Víctor Hugo Hernández Rojas, por Intermedio de los personeros (Alcalde y Encargado del Dpto. de Zona Marítimo Terrestre) de la demandada Municipalidad de Parrita / Puntarenas; no llegó a mediar ninguno de los eximentes que establece el artículo 190 de la Ley General de la Administración Pública: a) Fuerza Mayor, b) Culpa de la Victima, y c) Hecho de un tercero. /

Que la prestación defectuosa y anormal del servicio público requerido por el señor Víctor Hugo Hernández Rojas, por intermedio de los personeros (Alcalde y Encargado del Dpto. de Zona Marítimo Terrestre) de la demandada Municipalidad de Parrita / Puntarenas; le ha causado un daño patrimonial considerable, pues pese haber invertido un monto dinerario para la reparación adecuada sobre la infraestructura creada al momento de otorgarse la Cesión de derechos en su favor, e igualmente la creación de otras para acondicionar debidamente el lugar donde se mantendría residiendo por el tiempo restante de sus días. Debiendo producto de lo anterior, recurrir al pago de un alquiler de vivienda en San José, Guadalupe, Goicoechea, así como incurrir en el pago de los servicios correspondientes que ello genera a todo inquilino. En virtud de lo cual se solicita se condene a los demandados de manera solidaria a una indemnización por dicho concepto, en la suma de TREINTA Y CINCO MILLONES DE COLONES (35,000,000.oo). Cuya partida deberá ser indexada a partir del momento mismo en que se ordenó la posición en favor de éste por parte de la demandada. /

Que a mi poderdante (sr. Víctor Hugo Hernández Rojas) en su condición de afectado directo, se le causó un daño moral subjetivo irreparable, producto del incumplimiento sobre un servicio de público defectuoso y anormal brindado por los personeros de la demandada; que le causó sufrimiento, aflicción y consternación inmerecidos; consistente en la zozobra peregne (sic) que desde el pasado 30/Abril/2018 viene arrastrando consigo, al no poder contar con la posición terreno, en el cual estar habitando. /

Que a mi poderdante (sr. Víctor Hugo Hernández Rojas) en la condición expuesta, tiene derecho a una indemnización y pago del Daño Moral Subjetivo generado por la prestación defectuosa y anormal del servicio público por parte de los personeros (Alcalde y Encargado del Dpto. de Zona Marítimo Terrestre) de la demandada Municipalidad de Parrita / Puntarenas; producto de lo cual dio como resultado el que hasta la fecha no pueda contar con una posición de un terreno sobre el cual cumplió a cabalidad y desde bastante data, TODOS y cada uno de los requisitos que le fueron exigidos. En virtud de lo cual se solicita se condene a los demandados de manera solidaria a una indemnización por dicho concepto, en la suma de CINCUENTA MILLONES DE COLONES (50,000,000.oo). Cuya partida deberá ser indexada a partir del momento mismo en que se ordenó la posición en favor de éste por parte de la demandada. /

Que los demandados Municipalidad de Parrita / Puntarenas, Freddy Garro Arias y Marvin Mora Chinchilla sean condenados de manera solidaria al pago de los Daños y Perjuicios causados, así como las costas de esta acción”. En la Audiencia Preliminar aclaró que el concepto posición debe ser entendido como “el poner a la parte actora en el sitio otorgado”. (imágenes 2 y 500 y grabación en soporte digital).

En escrito presentado el 15 de octubre de 2021, la representación de la Municipalidad de Parrita, contestó negativamente la demanda. Formuló la excepción de litis consorcio necesaria, para incorporar al proceso al Estado y al Instituto Costarricense de Turismo (en adelante ICT), y la defensa de fondo de falta de derecho. Peticionó, se declare sin lugar la demanda en todos sus extremos y se condene a la parte actora al pago de ambas costas del proceso con el reconocimiento de intereses legales hasta su efectivo pago; y que, en caso de resultar vencida, se exima del pago de las mismas por litigar con evidente buena fe y apegados al bloque de legalidad. (imagen 131).

Mediante resolución de las catorce horas cincuenta y cuatro minutos del diez de agosto de dos mil veintidós, se declara en rebeldía a los señores Freddy Garro Arias y Marvin Mora Chinchilla y se tiene por contestada afirmativamente la demanda en cuanto a los hechos, sin perjuicio que pueda apersonarse, en cualquier tiempo, tomando el proceso en el estado en que se encuentre. (imagen 323)

En escrito presentado el 09 de setiembre de 2022, los señores Freddy Garro Arias y Marvin Mora Chinchilla, se apersonan al presente asunto y solicitan que se les tenga como parte del proceso, se desestime lo pedido por el actor en todos sus extremos y se condene en costas al actor. (imagen 329)

Mediante resolución 1943-2022-T de las catorce horas con cincuenta minutos del veintiuno de noviembre de dos mil veintidós, la persona Juzgadora de Trámite declaró con lugar la defensa previa de Litis consorcio pasivo necesaria planteada por la Municipalidad de Parrita y ordenó integrar al Estado y al Instituto Costarricense de Turismo, en condición de litisconsorte pasivo necesario. (imagen 345)

En escrito presentado el 22 de marzo de 2023, la representación del ICT, contestó negativamente la demanda. Formuló las defensas de falta de legitimación ad causam activa y pasiva y falta de derecho. Peticionó, se declare con lugar la falta de legitimación formulada, sin lugar en todos los extremos la demanda interpuesta, se rechacen las pretensiones en cuanto al pago de extremo alguno por parte del ICT y se condene a la parte actora al pago de ambas costas del proceso, incluyendo los respectivos intereses. (imagen 382).

En escrito presentado el 17 de abril de 2023, la representación del Estado, contestó negativamente la demanda. Formuló las defensas de falta de legitimación ad causam pasiva y falta de derecho. Solicitó que se rechace en todos los extremos la demanda respecto a su representado y se condene a la parte actora al pago de ambas costas y a los intereses que se generen hasta su efectivo pago. (imagen 400).

Mediante sentencia 172-2023-II de las 07:33 horas del 05 de mayo de 2023, el Tribunal de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, Sección Segunda, rechazó de plano el recurso de apelación promovido por el Instituto Costarricense de Turismo, contra la decisión de integrarlo a la litis, en calidad de codemandado. (imagen 402)

En la audiencia preliminar de las nueve horas diecinueve minutos del tres de octubre del dos mil veintitrés, las partes manifestaron que no tienen aspectos que subsanar, se fijaron las pretensiones de la demanda y la parte actora indica que el término de posición se entiende como “el poner a la parte actora en el sitio otorgado”. Los demandados Freddy Garro Arias y Marvin Mora Chinchilla aclaran que han interpuesto excepciones de falta de derecho y falta de legitimación activa. Se determinaron los hechos controvertidos. Después, se procedió a la admisión de la prueba documental y testimonial ofrecida. (imagen 500 y grabación en soporte digital)

La audiencia complementaria se celebró a las ocho horas cincuenta y dos minutos del treinta y uno de julio de dos mil veinticinco, según el detalle consignado en la minuta confeccionada al respecto. Informó el Tribunal que la sentencia sería dictada dentro del plazo de quince días establecido en el artículo 111 inciso 1) del Código Procesal Contencioso Administrativo. (Minuta en imagen 550 y grabación en soporte digital).

En los procedimientos se han observado las prescripciones y términos de ley y no se observan nulidades que subsanar o que generen indefensión.

Argumentos de la parte actora. En la formulación de la demanda, se transcribe -con corrección de errores ortográficos- lo señalado por la parte actora: HECHOS:

Que para el pasado 22 de octubre del 2015 en la localidad de Esterillos Oeste de Parrita / Puntarenas, la señora Ninfa Cerdas Sánchez, portadora de la cédula de identidad número 1-020-0290 y el señor Rafael Ángel Velásquez Guevara, portador de la cédula de identidad número 6-0165-0585, en su condición de poseedores por partes iguales y por más de treinta años de un terreno con una medida de mil trece metros con cuarenta decímetros cuadrados, ubicado en Esterillos Oeste de Parrita / Puntarenas, cedieron al suscrito Víctor Hugo Hernández Rojas el mismo; creándose el documento correspondiente. Del cual para el pasado 02 de enero del 2018 se procedió en realizar y protocolizar ante el notario público, Lic. Roberto Alonso Rímola Real, el pertinente documento de “Cesión de Derechos de Terreno en Zona Marítimo Terrestre” entre las partes ya expuestas. Producto de lo cual se llevó a cabo una serie de gastos económicos tendientes en reparación de la infraestructura existente, así como la creación de otras obras, con el propósito de acondicionar en debida forma el sitio que estaría destinado a ser lugar de residencia para el disfrute y descanso de los años pendientes. (ver en este sentido ANEXO DE PRUEBA# 1, copias folios 5 y 6 del Expediente Administrativo de Concesión #3075-2018)

Que con base a la documentación anteriormente expuesta, para el pasado 04 de enero del 2018 el suscrito Hernández Rojas gestionó ante la Municipalidad de Parrita la pertinente "Solicitud de Concesión", aplicándosele el consecutivo 3075-2018. Con el propósito de quedar consignado en los registros pertinentes ante la Oficina y/o Departamento de Zona Marítimo Terrestre municipal de Parrita / Puntarenas, la variación correspondiente sobre dicha parcela de terreno. (ver en este sentido ANEXO DE PRUEBA # 1, copias folios 1 a 7 del Expediente Administrativo de Concesión # 3075-2018)

Que para el pasado 06 de febrero del 2018, al no poder el suscrito tomar posición efectiva en la parcela de terreno antes descrita, pues de manera imprevista e inesperada se contó en el sitio con una invasión de terceras personas; aferrándose al criterio de que dicha propiedad no tenía dueño o responsable, se gestionó ante el demandado, señor MARVIN MORA CHINCHILLA, en su condición de Encargado de la Oficina y/o Departamento de la Zona Marítimo Terrestre Municipal, el practicarse un desalojo administrativo de dichos ocupantes. (ver en este sentido ANEXO DE PRUEBA # 1, copias folios 8 a 10 del Expediente Administrativo de Concesión# 3075-2018)

Que para fecha 14 de febrero del 2018 se ordenó por parte del demandado Mora Chinchilla en la condición expuesta, una “Inspección de Campo” en el sitio, que determinó la existencia de varias construcciones (vivienda, rancho, baños); así como la ocupación que arbitraria y contrario a derecho estaba realizando la señora Marisol Gómez Quesada portadora de la cédula de identidad número 6-0407-0740. Consignado así en Informe número DZMT-IM-INSP-0006-2018. (ver en este sentido ANEXO DE PRUEBA # 1, copias folios 11 a 16 del Expediente Administrativo de Concesión # 3075-2018; así como en este sentido ANEXO DE PRUEBA# 2, copias folios 37 a 40 del Expediente Administrativo de Concesión # 3078-2018)

Que el pasado 28 de febrero del 2018 mediante oficio número GDUS¬-DZMT-0082-2018, en contestación al Incidente de Desalojo el demandado Mora Chinchilla en su condición ya establecida dispuso: “1. Se acoge la solicitud de desalojo presentada por el señor Víctor Hernández Rojas, cédula de identidad número 1-0556-0012, en contra de los infractores que ocupan la parcela descrita en el Plano Catastrado P-950952-96. /

Para tal efecto deberá este departamento levantar la información necesaria de conformidad con lo indicado en el artículo 13 de la Ley 6043. /

Que dentro del proceso deberá de observarse el respeto al debido proceso. /

Que la aceptación de la solicitud de desalojo, no podrá tomarse como acto, autorización o reconocimiento alguno de la parcela hacia el señor Hernández Rojas. /

Que una vez realizado el desalojo y demolición de las construcciones que se constaten en campo. NO podrá el señor Hernández Rojas realizar ocupación de la parcela en cuestión, conforme fue señalado en la presente resolución. /

De conformidad con el artículo 162 del Código Municipal con la presente resolución caben los recursos de revocatoria ante el órgano que lo dictó y Apelación para ante la Alcaldía Municipal, los cuales deberán interponerse dentro del quinto día, podrán fundamentarse en motivos de ilegalidad o inoportunidad y suspenderán la ejecución del acto”. (ver en este sentido ANEXO DE PRUEBA # 1, copias folios 17 a 25 del Expediente Administrativo de Concesión# 3075-2018)

Que contra la decisión antes expuesta resultaron planteados los correspondientes recursos de Revocatoria y Apelación en subsidio. En que fundadamente se hizo ver la oposición a la decisión sobre demolición de la (s) estructura (s) que se constatasen en el campo, aunado a la imposibilidad de ocupación sobre la parcela de mi parte, por no tenerse la concesión solicitada aprobada; conllevando con ello una afectación económica bastante considerable respecto de la inversión realizada, y de lo cual podrían tomarse otra clase de iniciativas, dejándoseme incluso como responsable de la parcela, de manera cautelar a fin de no agravar más la situación. (ver en este sentido ANEXO DE PRUEBA # 1, copias folios 27 a 31 del Expediente Administrativo de Concesión # 3075-2018)

Que mediante comunicación de Oficio GDUS-DZMT-0101-2018 de fecha 19 de marzo del 2018, el demandado Mora Chinchilla en su condición ya establecida, RECHAZÓ el recurso de Revocatoria planteado. Remitiendo a su vez ante el Alcalde Municipal (sr. Freddy Garro Arias) para que fuera conocida la Apelación. (ver en este sentido ANEXO DE PRUEBA # 1, copias folios 32 a 40 y 47 del Expediente Administrativo de Concesión # 3075-2018)

Que para fecha 20 de marzo del 2018, mediante Oficio DAM-0179-2018, el demandado FREDDY GARRO ARIAS en su condición de Alcalde de Parrita / Puntarenas, dirigido al Catastro Nacional del Registro de la Propiedad, hizo del conocimiento el visado debido sobre el plano 2015-113342-C, con un área de 937 metros cuadrados el cual amparaba el terreno de parcela ubicado en Playa Esterillos, Distrito 01 Parrita, Cantón 09 Parrita, Provincia 06 Puntarenas. Ajustándose a la CONCESIÓN OTORGADA a mi favor. Con cuya información incluso se cancelaba el plano P-950952-1991 que sobre dicha parcela aparecía como solicitante el señor Cayetano Sibaja Quirós quien se encontraba difunto. (Ver en este sentido ANEXO DE PRUEBA # 1, copias folios 41 a 45 del Expediente Administrativo de Concesión # 3075-2018)

Que mediante Resolución Administrativa número DAM-RAD-107-2018 de las 14:00 horas del 30 de Abril de 2018, emitida por el demandado Freddy Garro Arias en su condición de Alcalde Municipal de la Alcaldía de Parrita / Puntarenas; ACOGIÓ el Recurso de Apelación planteado contra la decisión GDUS-DZMT-0082-2018 del Departamento de Zona Marítimo Terrestre de la Municipalidad de Parrita, concediéndoseme Medida Cautelar para protección y resguardo sobre la parcela de terreno ubicada en el sector costero de Esterillos Oeste, conforme al plano según citas de presentación 2015-113342-C con un área de 937 m2 según contrato CFIA-645086 a mí nombre. Concediéndoseme incluso el beneficio del artículo 154 de la Ley General de la Administración Pública, sobre el uso especial de suelo, hasta por un año a partir de la notificación. Ordenando en igual medida al Departamento de Zona Marítimo Terrestre de la Municipalidad de Parrita, la realización de gestiones para ejecutar el desalojo de los invasores en esta parcela, sin ejecutar las demoliciones de las construcciones actuales. Así como el ordenarse a dicho Departamento, una vez practicado el desalojo, ponerme en uso y posición de la parcela. (ver en este sentido ANEXO DE PRUEBA # 1, copias folios 48 a 53 del Expediente Administrativo de Concesión# 3075-2018)

Que notificado el demandado Marvin Mora Chinchilla en su condición de Encargado del Departamento de Zona Marítimo Terrestre de la Municipalidad de Parrita / Puntarenas de la decisión adoptada por el Alcalde (el demandado Garro Arias), emitió la decisión GDUS-DZMT-0153-2018 de fecha 16 de mayo de 2018; -con copia al señor Garro Arias como Alcalde Municipal, al Concejo Municipal y al Dpto. Legal de Zona Marítimo Terrestre- dirigiendo dicho oficio a la señora Marisol Gómez Quesada, quien se encontraba invadiendo la parcela de interés; transcribiendo tanto la decisión adoptada inicialmente para resolver el Incidente de Desalojo bajo el Oficio Nº GDUS-DZMT-0082-2018 de fecha 28 de febrero de 2018, así como también la Resolución Administrativa Municipal DAM-RAD-107-2018 de fecha 30 de abril de 2018. Siendo notificada Gómez Quesada en forma personal al ser las 08:47 horas del pasado 17 de mayo de 2018 (ver en este sentido ANEXO DE PRUEBA # 1, copias folios 54 a 76 del Expediente Administrativo de Concesión # 3075-2018; así como en este sentido ANEXO DE PRUEBA # 2, coplas folios 12 a 35 del Expediente Administrativo de Concesión# 3078-2018) DÉCIMO

Que el desalojo acordado, resultó en su momento programado para su ejecución el pasado 18 de julio de 2018 a las 09:00 horas, mediante oficio GDUS-DZMT-0231-2018 de fecha 16 de julio de 2018 elaborado por el demandado Mora Chinchilla en su condición ya expuesta; dirigiéndose el debido comunicado a las autoridades intervinientes (Patronato Nacional de la Infancia por existir menores, Fuerza Pública y Cruz Roja), mediante Oficios GDUS-DZMT-0228-2018, GDUS-DZMT-0229-2018 y GDUS-DZMT-0230-2018, todos ellos de fecha 16 de julio de 2018 y de manera respectiva. De igual manera giró el Oficio GDUS-DZMT-0231-2018 para ese mismo momento a la señora Gómez Quesada, haciéndole del conocimiento la acción programada, lo cual le resultó debidamente notificado de forma personal a esta última a las 11:18 horas del mismo día 16 de julio de 2018. (ver en este sentido ANEXO DE PRUEBA# 2, copias folios 41 a 43 del Expediente Administrativo de Concesión# 3078-2018) DÉCIMO

Que para el momento de llevarse a cabo la ejecución del desalojo programado (18/07/2018), compareció el demandado Marvin Mora Chinchilla en su condición ya conocida, acompañado por las funcionarios (as) municipales, a saber: Licenciadas lngrid Jiménez Díaz (abogada de la ZMT) y Damaris Jiménez (abogada municipal), así como del señor William Cerdas Díaz (inspector de ZMT) y una Cuadrilla de Desarrollo Urbanístico; al igual que los personeros asignados por parte del PANI y de la Fuerza Pública, ello conforme al Acta de Desalojo levantada para su momento. No obstante dicho acto NO SE EJECUTA, aún y cuando era conocedor de ello Mora Chinchilla y se encontraba ordenado por la autoridad superior de éste (Alcalde Municipal); sino que contrariando las ordenanzas, éste (Mora Chinchilla) procedió en hacerle del conocimiento a la señora Gómez Quesada, de quien tenía pleno conocimiento sobre su ocupación ilegal, invadiendo incluso de forma precaria el terreno; empero con el afán de evitar la orden impartida por la Municipalidad, le hace ver la forma debida para que continúe en su ocupación, omitiendo, rehusando hacer y retardando un acto propio de su función al que estaba compelido por LEY, y del que había sido cumplido previamente todo un Debido Proceso; sino por el contrario brinda los insumos y/o mecanismos necesarios a los invasores precarios, promoviendo y propiciando para que éstos al final manifestaran el deseo por NO ABANDONAR VOLUNTARIAMENTE el terreno invadido, lo que así se llegó consignar en el Acta correspondiente. (ver en este sentido ANEXO DE PRUEBA # 2, copias folios 44 y 45 del Expediente Administrativo de Concesión # 3078-2018) DÉCIMO

Que la invasora del terreno, señora Marisol Gómez Quesada, aprovechando las facilidades y orientación proporcionadas a ésta por el demandado Mora Chinchilla, para el pasado 04 de julio de 2018 planteó ante el Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda en el Segundo Circuito Judicial de San José, Sede Goicoechea; Proceso de Conocimiento en contra de Freddy Garro Arias en su condición de Alcalde de la Municipalidad de Parrita / Puntarenas, bajo número único 18-004362-1027-CA. Brindándosele a ésta todas las garantías legales y constitucionales. (ver en este sentido ANEXO DE PRUEBA# 3, copias folios 1 a 9, 13 a 18 y 21 a 25 del Proceso acotado) DÉCIMO

Que dentro del proceso acotado en el acápite anterior (18-004362-1027-CA), el demandado Freddy Garro Arias en su condición ya establecida (Alcalde), al momento de brindar contestación del traslado sobre el Proceso de Conocimiento establecido, en Oficio # DAM-0340-2019 de fecha 06/Mayo/2019, hizo ver: "Primero: Se rechaza que la señora Marisol Gómez Quesada, cédula de identidad 6-407-740, cuente con cinco años de habitar en un lote del área restringida de la Zona Marítimo Terrestre, ubicado la Provincia de Puntarenas, Cantón Parrita, Distrito Parrita. / El señor Cayetano Sibaja Quirós, según los registros municipales nunca ha sido titular de una concesión de zona marítima terrestre. (…) /

Se rechaza ya que se constata en el Expediente Administrativo Nº 3078-2018. rotulado a nombre de Marisol Gómez Quesada, el debido proceso llevado a cabo previo a la notificación de desalojo. /

Es cierto, debido a que en su momento se consideró que el señor Hernández Rojas presentó primero en tiempo la solicitud de concesión y la cesión de derecho de quien ostentaba más de treinta años de ocupar la parcela, el cual aporto documentación que sustentaba lo indicado". (ver en este sentido ANEXO DE PRUEBA #3, copias folios 30 a 32 del Proceso acotado) DÉCIMO

Que dentro del Proceso de Conocimiento al momento de su establecimiento (04/07/2018), la señora Gómez Quesada igualmente llegó a promover Medida Cautelar para que el Procedimiento de Desalojo (Resolución Administrativa Municipal DAM-RAD-101-2018) ordenado por la Municipalidad de Parrita, le fuera ordenado a la Municipalidad su suspensión y abstenerse de ejecutar materialmente el desalojo. De cuyo trámite resultó notificada tanto la gestionante (sra. Gómez Quesada) al ser las 16:48 horas del día 11 de junio de 2018 en el lugar de notificación establecido (wsamu78@hotmail.es), como la Municipalidad al ser las 09:40 horas del pasado 18 de julio de 2018, sobre la resolución judicial adoptada por el Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda en el Segundo Circuito Judicial de San José, Sede Goicoechea, de las 16:16 horas del pasado 05 de junio de 2018, en la que aparte de conferirse un plazo perentorio de TRES DÍAS para su contestación por parte de la Municipalidad, en ningún momento se estableció ORDEN JUDICIAL para la suspensión del acto ordenado y programado (desalojo). De lo cual la señora Gómez Quesada entró en completo conocimiento tanto a nivel personal como profesional que le asistía, con tiempo más que suficiente y previo a la ejecución de Desalojo. (ver en este sentido ANEXO DE PRUEBA# 4, copias folios 1 a 11 de la Medida Cautelar dentro del Proceso# 18-004362-1027-CA) DÉCIMO

Que no habiéndose llevado a cabo la orden de Desalojo programado (17/07/2018) por parte del demandado Mora Chinchilla por decisión propia, remitió Oficio GDUS-DZMT-0241-018 de fecha 19 de julio de 29, dirigido al demandado Freddy Garro Arias, Alcalde Municipal de Parrita / Puntarenas; en el que arguyó: "La finalidad principal de la gestión promovida por este departamento era buscar una salida voluntaria de la ocupación a título precario que se encuentran realizando, esto por cuanto pese a la condición precaria de esa ocupación, resulta contraria al debido proceso, desalojar sin contar con una orden judicial para tales efectos, esto por cuanto el domicilio que se encuentra ocupado tiene carácter de particular. / Sin embargo como consta en acta levantada al efecto y firmada por los participantes institucionales en el proceso la señora Gómez Quesada no accedió a desalojar voluntariamente, razón por la cual al no tener una orden o proceso concluido en los extremos señalados por la Ley 6043 en sus artículos 12 y 13, NO se procedió conforme a lo señalado en la resolución administrativa DAM-RAD-107-2018; por las razones y fundamentos que a continuación detallo: ... " (ver en este sentido ANEXO DE PRUEBA # 2, copias folios 46 a 50 del Expediente Administrativo de Concesión #3078-2018) DÉCIMO SÉPTIMO: Que para fecha 30 de julio de 2018, ante consulta realizada por mí al demandado Marvin Mora Chinchilla en torno a la NO ejecución de la Resolución Administrativa Nº DAM-RAD-07-2018. Este (Mora Chinchilla) mediante Oficio GDUS-DZMT-0270-2018 de fecha 01 de agosto de 2018 enviado a mi correo electrónico indicó: “Al respecto le informe (sic) que en fecha 18 de Julio de 2018 a las 9:40 horas la Fuerza Pública notificó a la Municipalidad de Parrita sobre la solicitud de medida cautelar promovida por la señora Marisol Gómez Quesada en contra de Freddy Garro Arias, Alcalde Municipal y contra la Municipalidad de Parrita ante el Tribunal Superior Contencioso Administrativo, para que se paralizara la ejecución del desalojo promovido sobre ella por esta Municipalidad. / Sobre la medida cautelar el señor Alcalde dio respuesta al Tribunal fecha (sic) 24 de Julio del 2016, donde se rechazaban los argumentos de la misma y encontrándonos en espera de que el Tribunal resuelva sobre dicha medida. / Ciertamente en fecha 18 de julio del año en curso nos presentamos a las 9:35 horas en el sitio para proceder con lo ordenado, sin embargo al haber sido puestos en conocimiento de la medida cautelar durante el transcurso de las acciones, finalmente se dispuso en sitio solicitar el desalojo voluntario, situación que junto con las demás actuaciones de este departamento fueron puestas en conocimiento del Alcalde Municipal a través del oficio GDUS-DZMT-0241-2018 de fecha 19 de julio de 2018, esto por cuanto fue su oficina la que emitiera le resolución administrativa de desalojo, en dicho oficio se le informo (sic) además sobre la posición del departamento en dicho proceso, así como las recomendaciones a seguir, de lo cual también nos encontramos a la espera de una respuesta de parte de la Alcaldía". (ver en este sentido ANEXO DE PRUEBA # 1, copias folios 77 a 80 del Expediente Administrativo de Concesión# 3075-2018) Con el cual justificar su negativa personal en realizar un acto al que se encontraba compelido por orden jerárquica, aduciendo el haber contado con una orden judicial de paralización la cual NUNCA existió; pues la resolución judicial adoptada por el Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda en el Segundo Circuito Judicial de San José, Sede Goicoechea, de las 16:16 horas del pasado 05 de junio de 2018, solamente confirió TRASLADO a la Municipalidad de Parrita sobre la Medida Cautelar establecida por la señora Gómez Quesada, en la que única y exclusivamente se confería un plazo perentorio de TRES DÍAS para su contestación. (ver en este sentido ANEXO DE PRUEBA# 3, copias folios 26 y 27 del Proceso # 18-004362-1027-CA; así como folio 17 del ANEXO DE PRUEBA#

DÉCIMO

Que mediante RESOLUCIÓN Nº 557-2019-T emitida por el Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda del Segundo Circuito Judicial de San José, Sede Goicoechea, de las ocho horas y cincuenta minutos del veintisiete de marzo de dos mil diecinueve, al resolverse la MEDIDA CAUTELAR interpuesta por la señora Marisol Gómez Quesada, resultó RECHAZADA. Decisión que resultó debidamente notificada a las partes (Municipalidad de Parrita, Marisol Gómez Quesada) el pasado 03 de abril de 2019. (ver en este sentido ANEXO DE PRUEBA # 4, copias folios 20 a

DÉCIMO

Que el demandado GARRO ARIAS en su condición de funcionario público, como Alcalde de la Municipalidad en Parrita / Puntarenas, ante prevención de las nueve horas y cero minutos del doce de junio de dos mil diecinueve; realizada por el Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda dentro del Proceso de CONOCIMIENTO número 18-004362-1027-CA; en escrito fechado 24 de Junio de 2019 informó: "(…) Me presento en tiempo y forma para contestar respecto al escrito de subsanación de la demanda de fecha 17 de julio del 2018, interpuesta por la señora MARISOL GOMEZ QUESADA, de la cual se me previene mediante la resolución de las nueve horas y cero minutos del doce de junio del dos mil diecinueve, notificada el día diecisiete del mismo mes y año. /

Se admite como cierto, con la siguiente aclaración: El día 18 de julio del 2018, al ser las 9:40, se recibe notificación por parte del Tribunal Contencioso Administrativo, haciendo de conocimiento de la Municipalidad de la solicitud de medida cautelar interpuesta por la señora Marisol Gómez Quesada (F-073 exp-adm), por lo cual posterior a dicha notificación la Municipalidad no ha realizado ningún desalojo. / Segundo: (...) La parcela, Plano Catastrado N° P-950952-91, con un área de 1013.40 m2, que está ocupando actualmente la señora Marisol Gómez Quesada y que en fecha 21 de febrero del año 2013, presentó solicitud de concesión (posterior a la emisión de la Ley 9073, primera ley moratoria). Según los registros municipales, sobre ese mismo lote, existe una solicitud de concesión presentada en fecha 3 de octubre del 2007 bajo el expediente Nº 842-88 B rotulado a nombre de VALLE DEL ARCOIRIS S.A., plano catastrado P-950952-91 con una constante de 1013.40 m2, lote que tiene una casa que data de más de treinta años según consta en el expediente. Por lo que la ley moratoria vendría a proteger al solicitante de la concesión VALLE DEL ARCOIRIS S.A., solicitud presentada ante esta Municipalidad cinco años antes de la Ley de Protección a los ocupantes de Zona Clasificadas como Especiales, publicada en el alcance N° 191 de la Gaceta 203 del 28 de noviembre del 2012, que ha venido ampliando su plazo” (ver en este sentido ANEXO DE PRUEBA # 3, coplas folios 35 a

VIGÉSIMO: Que la información suministrada anteriormente por el demandado Garro Arias, como funcionario público en el ejercicio de su cargo (Alcalde Municipal), insertó dentro del documento de carácter público enviado a la autoridad judicial, una información falaz (falsa); pues era de su conocimiento previo. Primero porque la Solicitud de Concesión presentada por la señora Gómez Quesada ante la Municipalidad de Parrita, lo había sido el pasado 21 de febrero de 2018 y no para el período 2013 que éste arguyó. Segundo, para el momento en que éste (Garro Arias) realiza su primera intervención en el proceso acotado (18-004362-1027-CA); para la oportunidad en que brinda contestación al traslado sobre el procedimiento, informó en Oficio # DAM-0340-2019 de fecha 06 de mayo de 2019: “Primero: Se rechaza que la señora Marisol Gómez Quesada, cédula de identidad 6-407-740, cuente con cinco años de habitar en un lote del área restringida de la Zona Marítimo Terrestre, ubicado la (sic) Provincia de Puntarenas, Cantón Parrita, Distrito Parrita. / El señor Cayetano Sibaja Quirós, según los registros municipales nunca ha sido titular de una concesión de zona marítimo terrestre. (…) /

Se rechaza ya que se constata en el Expediente Administrativo N° 3078-2018, rotulado a nombre de Marisol Gómez Quesada, el debido proceso llevado a cabo previo a la notificación de desalojo. (…)

Es cierto, debido a que en su momento se consideró que el señor Hernández Rojas presentó primero en tiempo la solicitud de concesión y la cesión de derecho de quien ostentaba más de treinta años de ocupar la parcela, el cual aporto documentación que sustentaba lo indicado." (ver en este sentido ANEXO DE PRUEBA # 3, copias folios 30 a

VIGÉSIMO

Que mediante RESOLUCIÓN N° 1420-2020-T emitida por el Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda del Segundo Circuito Judicial de San José, Sede Goicoechea, de las once horas y cincuenta minutos del nueve de setiembre de dos mil veinte, al resolverse el Proceso de Conocimiento establecido por la señora Marisol Gómez Quesada contra la Municipalidad de Parrita, dio como resultado ante el incumplimiento de prevención realizada a la parte actora (Gómez Quesada), que fuera declarada inadmisible la demanda y ordenara el archivo de los autos. Resolución que resultó notificada a la señora Gómez Quesada y al demandado Freddy Garro Arias en los medios fijados por éstos en su momento para atender notificaciones, ello el pasado 16/09/2020 al ser las 05:40 horas. (ver en este sentido ANEXO DE PRUEBA # 3, copias folios 62 a

VIGÉSIMO

Que aun y cuando habiendo sido debidamente notificado el demandado Garro Arias desde bastante data atrás, a la fecha de HOY viene ejecutando un acto arbitrario; por cuanto pese conocer desde bastante tiempo atrás que el suscrito ha gestionado lo pertinente en torno a la Concesión sobre la parcela de terreno en Esterillos Oeste ya expuesta; no ha llevado a cabo lo propio para la ejecución efectiva sobre la Resolución Administrativa Municipal¬ DAM-RAD-107-2018 de las catorce horas del treinta de abril del dos mil dieciocho por éste emitida, sino por el contrario ha venido manteniendo una actitud totalmente displicente y perniciosa, permitiendo que el también demandado Marvin Mora Chinchilla realice a su antojo la decisión en imposibilitar a toda costa la efectiva ejecución sobre la Resolución de cita. VIGÉSIMO

Que el pasado 15 de Octubre del 2020 presenté gestión dirigida al demandado Marvin Mora Chinchilla como encargado del Departamento de Zona Marítimo Terrestre de la Municipalidad en Parrita / Puntarenas; en la cual aparte de hacerle ver y acompañar las resoluciones judiciales adoptadas por el Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda del Segundo Circuito Judicial de San José, Sede Goicoechea, a saber: a) RESOLUCIÓN Nº 557-2019-T de las ocho horas y cincuenta minutos del veintisiete de marzo de dos mil diecinueve, que RECHAZÓ la Medida Cautelar interpuesta en su momento por la señora Marisol Gómez Quesada contra la Municipalidad de Parrita; y b) RESOLUCIÓN Nº 1420-2020-T de las once horas y cincuenta minutos del nueve de setiembre de dos mil veinte, la que al resolver el Proceso de Conocimiento establecido igualmente por la señora Gómez Quesada contra la Municipalidad indicada, declaró INADMISIBLE la demanda y ordenó el archivo de los autos. Acompañando igualmente copia de las Actas de Notificación realizadas, con las cuales evidenciaban la FIRMEZA de dichas decisiones jurisdiccionales. Peticionando por ende la ejecución de la Resolución Administrativa Municipal-DAM-RAD-107-2018 de las catorce horas del treinta de abril del dos mil dieciocho, a fin de llevarse a cabo el desalojo de las personas que ocupaban ilegalmente, invadiendo de forma precaria el terreno y ponerme en posición del mismo. VIGÉSIMO

Que el demandado Mora Chinchilla, como contestación a la gestión promovida anteriormente, refirió mediante Oficio Nº GDU-DZMT-536-2020 de fecha 01 de diciembre de 2020 dirigido a mi correo electrónico, el haberse llevado a cabo "Solicitud de recursos” al Alcalde Municipal (demandado Garro Arias) para ese fin, ya que el Departamento a su cargo, no cuenta con maquinaria ni con personal de apoyo para llevar a cabo demoliciones de construcciones ilegales o desalojos, dependiendo de otras áreas principalmente de Desarrollo Urbano a quien se ha solicitado colaboración. Arguyendo a su vez la carencia de un plano, del que valga indicar desde fecha 20 de marzo de 2018 el demandado Garro Arias en oficio DAM-0179-2018, solicitó ante Castro Nacional la inscripción del NUEVO plano. (ver en este sentido ANEXO DE PRUEBA# 1, copias folios 62 a 66, así como 41 a

VIGÉSIMO

Que el demandado Marvin Mora Chinchilla, Abusando de su autoridad e incumpliendo su deber, nuevamente se rehúsa llevar a cabo un acto propio de su función ordenado por la Alcaldía Municipal desde el pasado 30 de abril de 2018, arguyendo la imposibilidad material de contar con maquinaria ni con personal de apoyo para llevar a cabo demoliciones de construcciones ilegales o desalojos, pese resultar conocedor hasta la saciedad, conforme así resultó notificado y comunicado dentro de la Resolución Administrativa Municipal DAM-RAD-107-2018 de las catorce horas del treinta de abril del dos mil dieciocho, la circunstancia específica mediante la cual se apuntó: "(...) Así mismo se ordena al departamento de zona marítimo terrestre de la Municipalidad de Parrita realizar todas las gestiones pertinentes a fin de ejecutar el desalojo de los invasores en esta parcela, sin ejecutar las demoliciones de las construcciones actuales, debe el departamento de la zona marítimo terrestre una vez realizado el desalojo poner en uso y posición al señor Víctor Hernández Rojas y advertirlo sobre las consecuencias del incumplimiento de esta resolución". Producto de cuya actuación y posición aberrante, se me continúa causando y mantiene por un largo y excesivo tiempo en claro perjuicio (tanto económico ante las mejoras de infraestructura realizadas para su momento en el terreno, como patrimonial y moral), pues al día de HOY no he podido entrar en posición del terreno cedido y sobre el cual, como se ha expuesto, se cumplieron a cabalidad TODAS las formalidades legales debidas. DAÑO MORAL SUBJETIVO. Los daños de naturaleza moral se sustentan en el daño propiamente y en lo dispuesto por el artículo 197 de la Ley General de la Administración Pública, que establece la responsabilidad para los daños puramente morales, lo mismo que para el padecimiento moral y el dolor físico causados por la muerte o la lesión proferida, respectivamente. Así, en el presente caso, el daño moral es efectivo, evaluable e individualizable conforme al artículo 196 ibídem. a) Por DAÑO MORAL SUBJETIVO causado a mi poderdante VÍCTOR HUGO HERNÁNDEZ ROJAS. A él, Víctor Hugo Hernández Rojas, en su carácter afectado directo, se le causó un daño moral irreparable, existiendo una relación de causalidad entre éste y la conducta anormal de la Administración (Municipalidad de Parrita / Puntarenas) y sus funcionarios (Alcalde y Encargado de la Oficina de Zona Marítimo Terrestre) dentro en su actuar: -Sufrimiento y aflicción inmerecidos por la ineficiencia y actuación contra los ordenamientos jurídicos, con los cuales se le ha imposibilitado desde el pasado 30 de abril de 2018 el poder disfrutar su derecho a posición en una parcela de terreno en Esterillos Oeste de Parrita / Puntarenas, sobre la cual se cumplieron en su momento y a cabalidad TODOS y cada uno de los requisitos exigibles. -Dolor y rabia por la actitud indiferente y arrogante de la demandada por medio de sus empleados en la ejecución de los actos administrativos para la real y efectiva posición de su parte en la parcela de terreno, de cuyo derecho había sido previamente reconocido ante el cumplimiento de los requisitos normativos exigibles. Privándole en todo momento de tal ejercicio, concurriendo en deber afrontar un gasto económico adicional a lo invertido para reparación de infraestructura en la parcela de terreno; sumado al arriendo inquilinario y pago de servicios, que ha venido afrontando hasta que de manera efectiva resulte puesto en posición. b) MONTO A INDEMNIZAR POR EL DAÑO MORAL SUBJETIVO. De lo dicho nace el derecho a la indemnización y pago del daño moral subjetivo a mi poderdante (sr. Víctor Hugo Hernández Rojas) como afectado directo, el cual se estima prudencialmente en la suma de CINCUENTA MILLONES DE COLONES (50,000,000.oo). Dicho monto deberá ser indexado desde el momento mismo en que se ordenó la posición en favor de éste por parte de la demandada. c) MONTO A INDEMNIZAR POR EL DAÑO PATRIMONIAL OCASIONADO. De lo dicho anteriormente, igualmente nace el derecho a la indemnización y pago del Daño Patrimonial incurrido a mi poderdante (sr. Víctor Hugo Hernández Rojas) como afectado directo, el cual se estima prudencialmente en la suma de TREINTA Y CINCO MILLONES DE COLONES (35,000,000.oo). Dicho monto deberá ser indexado desde el momento mismo en que se ordenó la posición en favor de éste por parte de la demandada.

Argumentos de las partes demandadas. En la contestación de la demanda, mediante transcripción -con corrección de errores ortográficos- se expone lo indicado por las partes demandadas: Municipalidad de Parrita.

Se rechaza, no consta en los registros Municipales que los señores NINFA CERDAS SÁNCHEZ Y RAFAEL ÁNGEL VELÁSQUEZ GUEVARA, ostentaran una concesión sobre un bien demanial en la zona marítima terrestre. La posesión privada a título de dueño sobre inmuebles de dominio público, como la zona marítima terrestre, su adquisición por medio de usucapión, titulación y transmisiones privadas, son contrarias a los principios de inalienabilidad e imprescriptibilidad que señala la Ley sobre la Zona Marítima Terrestre y su Reglamento. (Art 7 L. 6043) [Transcribe Dictamen No. C-272-2002 del 11 de octubre del 2002]

Se rechaza por inexacta. No existe en los registros municipales ninguna solicitud de concesión presentada por el señor Hernández Rojas, en la fecha indicada.

Se rechaza por inexacto.

Se admite como cierto únicamente lo referente al oficio DZMT-IM-INSP- 0006-2018.

Es cierto. [Transcribe dictamen de la Procuraduría General de la República C-004-98 del 7 de enero de 1998]

Se admite como cierto, con la variante que para la fecha de presentación del recurso de revocatoria con apelación, las solicitudes de concesión presentadas por el señor Hernández Rojas, en fechas 11 de noviembre del 2016 y 12 de enero del 2018, se encontraban ANULADAS, ya que no superaron la revisión técnica, al no subsanar las prevenciones realizadas y solicitadas. Aplicándose entonces lo señalado en el último párrafo del artículo 30 del Reglamento a la Ley 6043. [Trascribe el artículo 30]

Es cierto.

Se admite como cierto, con la siguiente variante: No existe en los registros municipales, ninguna concesión otorgada en zona marítima terrestre, al señor VICTOR HERNÁNDEZ ROJAS. Lo único que existe son dos solicitudes de concesión presentadas en fechas 11 de noviembre del 2016 y 12 de enero del 2018, las cuales se encontraban ANULADAS, ya que no superaron la revisión técnica, al no subsanar las prevenciones realizadas y solicitadas. Aplicándose entonces lo señalado en el último párrafo del artículo 30 del Reglamento a la Ley 6043.

Se admite como cierto, con la siguiente variante, la Resolución Administrativa DAM-RAD-107-2018, señalaba otorgar al señor Hernández Rojas, el uso especial de suelo hasta por un año, a partir de su notificación, plazo que ya feneció. Además considera esta representación municipal que el señor Hernández Rojas no ostenta ningún derecho sobre el bien demanial que en su momento presento solicitudes de concesión, las cuales a la fecha se encuentran anuladas.

Es cierto. DÉCIMO

Es cierto. DÉCIMO

Se rechaza por inexacto. DECIMOTERCERO. Se rechaza por inexacto. DÉCIMO

Se rechaza por inexacto. Refiere otro proceso DÉCIMO

Se rechaza por inexacto. Refiere otro proceso. DÉCIMO

Es cierto. DÉCIMO

Se rechaza por inexacto. DÉCIMO

Es cierto. DÉCIMO

Se rechaza. Refiere otro proceso. VIGÉSIMO. Se rechaza. Refiere otro proceso. VIGÉSIMO

Es cierto. VIGÉSIMO

Se rechaza. Se reitera el señor actor VICTOR HERNÁNDEZ ROJAS, a la fecha NO posee ninguna solicitud de concesión activa sobre una parcela de terreno en la zona marítin1a terrestre. VIGÉSIMO

Es cierto. VIGÉSIMO

Es cierto. VIGÉSIMO

Se rechaza por inexacto. DEFENSAS DE FONDO. 1.-Que la zona marítima terrestre es un bien demanial, patrimonio nacional, perteneciente al Estado, inalienable e imprescriptible, dividida en dos zonas, la pública la cual comprende los cincuenta metros contados desde la pleamar ordinaria y las áreas que queden al descubierto durante la marea baja y la zona restringida constituida por los ciento cincuenta metros restantes, la cual puede ser objeto de concesión municipal en beneficio de particulares siempre que se cumpla con las exigencias de la Ley 6043 y su reglamento. La posesión privada a título de dueño sobre inmuebles de dominio público, como la zona marítima terrestre, su adquisición por medio de usucapión, titulación y transmisiones privadas, son contrarias a los principios de inalienabilidad e imprescriptibilidad. 2.-La zona marítima terrestre constituye parte del patrimonio nacional del Estado su protección es obligación del Estado y de las instituciones y de todos sus habitantes. Su uso y aprovechamiento están sujetos a la ley 6043, el actor pretende derivar derechos de una simple solicitud de concesión sobre un bien demanial, que además no supero la etapa de revisión técnica, la cual en aplicación del artículo 30 del reglamento a la Ley 6043 se encuentra anulada. (Exigiendo al Ente Municipal lo pongan en posesión y que no demuela las construcciones ilegales existentes, señalándose a sí mismo como infractor, de la zona marítima terrestre al haber realizado reparaciones de infraestructura, construcciones sin contar con una concesión y la debida autorización municipal, infringiendo el artículo 12 de la ley 6043). [Transcribe artículos 12 y 13] (...) Nuestra Sala Constitucional es también partícipe del citado criterio, cuando, al resolver un recurso de amparo contra una Municipalidad por pretender desalojar al dueño de un negocio comercial en la zona marítima terrestre, dictaminó: “La recurrente pretende derivar derechos de una simple solicitud de concesión que no le ha sido resuelta por el fondo y lleva razón la Municipalidad de Puntarenas, transcribiendo la opinión de la Procuraduría General de la República, en el sentido que la simple solicitud no confiere derecho alguno a ocupar de inmediato el inmueble y si se ha hecho eso precisamente, se ha violado la ley que regula esta materia. En consecuencia, no advierte la Sala que la Municipalidad haya incurrido en la violación de derechos fundamentales como lo indica el amparo, el que resulta improcedente y debe ser declarado sin lugar, como se dispone” (Voto No. 2658-93 de 8 horas 54 minutos del 11 de junio de 1993). DEFENSAS PREVIAS. A.-LITIS CONSORCIO NECESARIA. Con fundamento en el artículo 66 del Código Procesal Contencioso Administrativo. Solicito se traiga al proceso a la Procuraduría General de la República, como contralor jurídico de la zona marítima terrestre la cual constituye patrimonio nacional y pertenece al Estado como lo establece el artículo 4 de la Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre y 5 del reglamento de la misma ley y al Instituto Costarricense de Turismo, a quien corresponde la superior y general vigilancia en todo lo referente a la zona marítima terrestre según lo indica el artículo 2 de la Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre. B.-Falta de derecho, El Ente que represento, ha actuado apegado al bloque de legalidad en apego a lo que establece la Ley sobre la Zona Marítima Terrestre y su Reglamento. Freddy Garro Arias y Marvin Mora Chinchilla. Los señores Garro Arias y Mora Chinchilla fueron declarados rebeldes mediante resolución de las catorce horas cincuenta y cuatro minutos del diez de agosto de dos mil veintidós, por lo que se tuvo por contestada afirmativamente la demanda en cuanto a los hechos, no obstante, se apersonaron al proceso en escrito presentado el 09 de setiembre de 2022, de forma que el mismo se tiene por incorporado en virtud de lo dispuesto en el artículo 65 del Código Procesal Contencioso Administrativo. A continuación se procede con la transcripción de las alegaciones de fondo realizadas.

Con pesar manifestamos que nos hemos confundido con las notificaciones incorporadas en autos y la contestación hecha en tiempo y forma por la Municipalidad de Parrita, principal demandada en este asunto. Para lo cual presentamos junto con nuestro abogado, formal disculpa y aceptamos lo establecido en autos por este despacho.

En este mismo asunto, invocamos al principio de legalidad, para la resolución de este asunto, toda vez, que lo solicitado por la parte actora no es viable, porque como se dirá no está dentro del comercio de los hombres. Así entonces, no puede el aquí actor, venir a confundir a este Tribunal en algo que no es posible que se otorgue y no puede venir a tratar de confundir a este Tribunal con lo que está solicitando.

Como hemos dicho, puede verse que, lo hace la parte actora es utilizar elementos propios del derecho civil, pues el traslado de una supuesta posesión, no es propio un elemento para gestionar una concesión de la Zona Marítima Terrestre; el señor Hernández, dice que le fue trasladado un derecho de posesión, que sugiere un título traslativo de dominio, que se utiliza para la usucapión, lo cual no corresponde a un derecho como tal, para concesionar, o para que se declare como de mejor derecho por parte de la administración. Esto porque los presuntos antecesores, que el señor Hernández quiere hacer pasar como presuntos propietarios de un derecho, no lo son, puesto que no son concesionarios directos de la parcela, los que han trasladado un supuesto título traslativo de dominio de la parcela en la Zona Marítimo Terrestre que es la que hoy trata de apropiarse el señor Hernández Rojas, no lo son de pleno derecho. Pero aún y cuando tuviera ese derecho de traslación de dominio, no podría aplicarse para el caso de marras, lo solicitado por el actor, es una institución propia del Derecho Civil, porque es uno de los elementos de la Usucapión, pero no para concesionar una parcela en la Zona Marítimo Terrestre de la Municipalidad de Parrita. Concesionar una parcela mediante la aplicación del Instituto de la Concesión, está totalmente regulada por la Ley 6043 Ley de Zona Marítimo Terrestre y su Reglamento, la que tiene un procedimiento para concesionar, y que dicha concesión no nace a la vida jurídica con el solo hecho de presentar una solicitud de concesión. Grosso Modo, para que se otorgue una concesión, debe de llenarse un formulario, con el plano respectivo, tiene que aprobarse por el Concejo Municipal, el mismo que la enviará a la Comisión de Asuntos Jurídicos y luego tomar el acuerdo correspondiente y publicarlo; posteriormente debe enviarse a la Administración, para que se valore la elaboración de un contrato, con todas las formalidades del mismo; por lo que debe ir al departamento legal para que se apruebe la posibilidad de concesión, luego de que se firma dicho contrato, se envía al ICT para que aprueba dicho contrato, y dicha concesión; regresa a la Municipalidad y se comunica que el derecho de Concesión fue aprobado; este es un proceso largo, en el que se subsanan errores constantemente, y existen plazos, que de no cumplirlos, se anula el proceso, fenece la posibilidad de otorgamiento de concesión; pero nada de esto ha pasado, el señor Hernández Rojas no ha hecho absolutamente nada para continuar con dicha solicitud y por lo tanto los plazos han vencido y no se encuentra vigente la solicitud de concesión en la Municipalidad de Parrita, y mucho menos dicho señor tiene derechos sobre la mencionada parcela que ahora quiere indebidamente apropiarse. ESTE DERECHO DE CONCESIÓN NO ES TRANSMISIBLE POR EL SOLO HECHO DE TRASLADAR EL DERECHO, tiene que ser aprobado por la Municipalidad con el procedimiento de Ley, lo que no ha hecho el señor actor. Al no haber derecho otorgado por Ley, el actor no puede ahora tratar de violentar la Ley y hacer incurrir en error a este honorable Tribunal y no valerse de los Recursos del Estado, para imponer una norma que solamente este señor la propone, sin derecho alguno.

También he manifestado que, el hecho de que, a una señora, que también está tratando de buscar la concesión de la misma parcela, la vía jurisdiccional correspondiente no le concediera ni la medida cautelar de posesión, ni el derecho de concesión, esa condición, no le otorga derecho al señor Hernández Rojas de creer que tiene mejor derecho y que es poseedor de un derecho, no le asiste derecho por exclusión. Además en un acto administrativo de la Alcaldía, que es el oficio número DAM-RAD-107-2018 en el que se dispuso que el señor Hernández Rojas tuviera una posesión por un plazo de un año, es un acto administrativo que tuvo fines salomónicos, pero siempre en dicho acto se expresó que esta parcela por un plazo de un año, que es lo que omite maliciosamente el gestionante, se le otorgó un plazo perentorio, el cual también feneció, y es lo que podría considerarse un acto administrativo ineficaz puesto que ya no tiene vigencia, como bien puede verse en la prueba que presento de forma adjunta y que puede verse en el expediente principal a folio 00054 del expediente administrativo, el que también ha sido aportado al expediente principal y por supuesto que no lo ha dicho el señor Hernández Rojas. Asimismo, el señor aquí firmante Marvin Mora Chinchilla, tuvo el cuidado de volver a preguntar a Alcaldía sobre la vigencia de esta situación y evidentemente feneció, pues no se le concedió más plazo al aquí actor para que tuviera una posesión temporal. Por supuesto que todo ello hace que no tenga derecho el gestionante de solicitar la medida cautelar, por todo ello en este acto presento formal oposición. (...)

Por todo lo anterior es inadmisible que se le acepten las pretensiones al actor. No puede ponerse a disposición del actor la parcela en cuestión, pues no puede ser adjudicada de forma anormal, sin el procedimiento establecido por Ley. Tampoco el posesionamiento (sic), de la misma parcela, porque lo actuado no le da derecho alguno. Si no tiene derecho el aquí actor a el otorgamiento por esta vía judicial de la parcela que reclama, y la posesión de la misma, tampoco puede haber daño moral subjetivo, que el actor confunde y lo reclama 2 veces, con tanto ahínco, y sin tener derecho, lo que rechazamos el argumento esbozado. Tampoco puede el actor sin prueba alguna, más que su decir, que nosotros como funcionarios debemos de pagarle suma alguna, lo que hemos hecho es apegarnos a la Ley y con ello actuar adecuadamente en todo este proceso. El actor quiere aprovecharse de toda circunstancia de acción administrativa para reclamar derechos que no tiene, puede notar este despacho, que ni siquiera se refiere a la Ley 6043 Ley de Zona Marítimo Terrestre, que es la que establece el trámite para concesionar inmuebles en la Zona Marítimo terrestre. Instituto Costarricense de Turismo. FUNDAMENTACIÓN DE DERECHO. El Estado es soberano sobre los recursos que la Constitución, los tratados internacionales y las leyes le otorgan. Por ello, puede permitir a un ente público menor administrarlos, sin que dejen de formar parte de su patrimonio o aquéllos estén exentos del poder público regulador y de la tutela administrativa del primero, lo cual no contraría el principio de autonomía municipal (artículos 6, 7, 121 inciso 14) de la Constitución Política; Sala Constitucional, sentencia No. 8928-04, considerando VII; dictamen C-323-2004). Ello es así porque las entidades autónomas son parte de un todo y "en ningún caso el principio de autonomía puede oponerse al de unidad" (Tribunal Constitucional Español, resolución del 2 de febrero de 1981, citado en la opinión jurídica OJ-262-2003). En ese orden, el artículo 1° de la Ley 6043 establece que la zona marítimo terrestre es propiedad inalienable e imprescriptible del Estado, su protección y la de sus recursos naturales es obligación del Estado, sus instituciones y todos los habitantes del país, agregando además que su uso y aprovechamiento están sujetos a las disposiciones de la ley. Por ello, al otorgarse una concesión se respeta su derecho salvo mientras existe plazo; luego ese bien demanial puede volver a la Administración del Estado. Al ser la zona costera un bien nacional dominical, los aspectos de autonomía municipal están circunscritos a las previsiones del artículo 3 de la Ley 6043 (dictamen C-381-2008), que encarga a las municipalidades velar directamente por el cumplimiento de la normativa para la tutela, aprovechamiento y uso legítimo de la sometida a su jurisdicción, excluida la perteneciente al Patrimonio Natural del Estado (Sala Constitucional, sentencia No. 16975-2008), la puesta bajo otro régimen especial, y la reducida legítimamente a dominio privado, de carácter excepcional y de necesaria comprobación por el particular, a quien incumbe demostrar la titularidad invocada, con ajuste a derecho, de no hacerlo se reputará pública por ministerio de ley (Ley 6043, artículos 6 y 35 párrafo primero; dictámenes C-138-91, C-102-93 y C-128-99). Ahora bien, en vista de que la zona costera es un recurso de frágil equilibrio, cuyo carácter ambiental impide la aplicación del silencio positivo, los repartos administrativos que ejerce la Administración activa han de ejercer sus competencias singulares en forma coordinada para la mejor satisfacción del interés público (Ley 6043, artículos 2, 3 y 36; dictamen C-381-2008). Sobre la necesaria coordinación de los órganos del Estado para la tutela de los recursos naturales, véase de la Sala Constitucional la sentencia No. 17552 de 12:22 hrs. de 30 de noviembre de 2007. En este punto, ha de observarse que los planes reguladores a elaborar y aprobar por parte del ICT y el INVU en los términos de los artículos 38, 57; inciso a), Transitorio VII, párrafo segundo, de la Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre, no deben confundirse con los planos de desarrollos a que refieren los numerales 31 y 33 de la citada Ley 6043, pues como bien se indicó en los pronunciamientos C-421-2008 y OJ-096-2005, éstos últimos conciernen a los planos constructivos que realizan los interesados para hacer los proyectos urbanos o turísticos sobre terrenos donde ya se cuenta con una concesión otorgada (Reglamento a la Ley 6043, artículo 54; decreto No. 29307 de 26 de enero de 2001, artículos 1, 4, 8 y 9; decreto No. 32303 de 2 de marzo de 2005, artículos 20 y 21). Posición coincidente con la de la Contraloría General de la República (informe No. DFOE-ED-7-2008 de 31 de marzo de 2008). Entonces, los planes reguladores han adoptarse previamente al otorgamiento de concesiones, y al modificarse implican que luego de cumplir el plazo, deben vincularse a la nueva planificación, sujetándose a las disposiciones de ese instrumento de planificación costera (artículos 57 inciso a) de la Ley 6043, y 19 de su Reglamento). En adición, no se encuentra elemento fáctico alguno ligado al ICT, ni pretensión contra esta Institución; siendo que, además, no ha realizado acto alguno en cuanto a lo que se señala en la presente acción. Véase que por oficio DPD-P-024-2023 del 07 de marzo de 2023, emitido por la Dirección de Planeamiento y Desarrollo del ICT, se establece claramente que: “La Dirección de Planeamiento y Desarrollo, en atención a su oficio AL-0261-2023 donde solicita información sobre trámite de concesión o prórroga a nombre del señor Víctor Hugo Hernández Rojas, cédula 1-556-0012, que tramitara ante la Municipalidad de Parrita, provincia de Puntarenas, nos permitimos indicar que de conformidad con los archivos y registros al que ésta Dirección tiene acceso en procesos de revisión de concesiones, no consta trámite alguno a nombre del señor Víctor Hugo Hernández Rojas por lo que no nos referiremos a los hechos”. DEFENSAS DE FONDO. Con fundamento en lo anterior, presento las siguientes defensas:

FALTA DE LEGITIMACIÓN AD CAUSAM ACTIVA Y PASIVA. La empresa demandante no es concesionaria, lo que implica la no legitimación activa conllevando a la imposibilidad de demandar a esta administración, convirtiéndola, además, en defensa de falta de legitimación pasiva. Véase que por oficio DPD-P-024-2023 del 07 de marzo de 2023, emitido por la Dirección de Planeamiento y Desarrollo del ICT.

FALTA DE DERECHO. No existe ningún acto u omisión del ICT, ni pretensión contra esta representación, por lo que no existe posibilidad de determinar que las conductas son contra Ley. Por ello, se interpone la falta de derecho. Estado. FUNDAMENTO JURÍDICO: Las pretensiones materiales deducidas en la presente demanda consisten en lo siguiente: (…) Falta de derecho y de legitimación ad causam pasiva del Estado respecto a todas las pretensiones materiales de esta demanda: inalienabilidad, imprescriptibilidad y naturaleza demanial de la zona marítimo terrestre. La Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre (no. 6043 de 2 de marzo de 1977) dispone en sus artículos 1° y 3° que la zona marítimo terrestre es un bien demanial del Estado, cuya administración está en manos de las Municipalidades costeras, que deberán velar por el cumplimiento de las normas sobre el dominio, desarrollo, aprovechamiento y uso. En lo que respecta al aprovechamiento privativo de ese bien de dominio público, la ley prevé que las Municipalidades pueden otorgar concesiones, de conformidad con las reglas allí establecidas y con base en el plan regulador costero emitido para el sector correspondiente. Excepcionalmente, como señala el dictamen C-100-1995, los Municipios pueden otorgar permisos de uso sobre la zona marítimo terrestre, sin haberse adoptado un plan regulador costero, para el desarrollo de actividades o construcciones fácilmente movibles y que no vayan a obstaculizar la implementación de un plan regulador costero que establezca un uso distinto o incompatible con lo ya construido. Ello con fundamento en el artículo 154 de la Ley General de la Administración Pública. Fuera de esos supuestos, según los artículos 12 y 13 de la ley, la ocupación y levantamiento de edificaciones en la zona marítimo terrestre son prohibidas e ilegales, y las Municipalidades y las autoridades judiciales que correspondan deben ordenar el desalojo de los infractores y la demolición de las construcciones. Interesa referir que la ley prevé la figura de ocupante y poblador, pero como se sabe, no son propietarios de acuerdo con los artículos 44, 70 y transitorio VII de la Ley 6043, ni tienen la posibilidad de inscribir el bien o de traspasarlo como dueño. Ocupante y poblador es una condición propia de quienes ocupan con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 6043, según sus requerimientos, pero no puede ser objeto de cesión o traspaso (Sala Primera, sentencias 317-2008 considerando XXI, y 616-F-S1-2010; Tribunal Contencioso Administrativo, votos 307-98-II, 277-2008-II y 2569-09-IV; Tribunal de Guanacaste, 17-04, pronunciamientos C-100-95, C-157-95, C-77-2001, C-191-2002, C-155-2003 y OJ-17-2001). Además, a esas personas les corresponden cancelar el canon previsto en el Transitorio VII de la Ley 6043 (Reglamento a la Ley 6043, artículo 52). Ante los principios de inalienabilidad e imprescriptibilidad que caracterizan a los bienes demaniales y la publicidad legal del demanio, quien los enajene transmite el vicio en la causa de adquisición: La razón es obvia, "nadie puede cambiar por sí mismo, ni por el transcurso del tiempo, la causa de su posesión. Tampoco se puede cambiar por la propia voluntad, ni por el transcurso del tiempo las cualidades ni los vicios de la posesión, tal como ella comenzó, tal continúa siempre" (Ramírez Gronda, Juan. Diccionario Jurídico. Buenos Aires, Editorial Claridad, 7ª ed., 1974, p. 227). Los pobladores y ocupantes requieren, entre otras condiciones, de una solicitud expresa en ese sentido y de un acto administrativo que así los reconozca (doctrina de la Ley 6043, artículo 70 y Transitorio VII; y su Reglamento, artículos 52 y 75; Tribunal Contencioso Administrativo, sentencia 321-2003-III; pronunciamientos OJ-72-2003, OJ-112-2007, OJ-88-2008 y C-131-2009). La autorización prevista en el Transitorio VII no produce derecho alguno en lo que a una concesión se refiere y esa situación provisional cesa con la vigencia el plan de desarrollo respectivo (Tribunal Contencioso Administrativo, sentencias 277-2008-II y 439-2016-III). Tampoco cabe reconocer la condición de poblador a quienes hubiesen nacido con posterioridad a 1949, pues al entrar a regir la Ley 6043 esas personas no sólo debían tener una ocupación superior a la decenal, sino, además, contar para entonces con la mayoría de edad para ejercerla. El uso de la zona restringida por parte de los ocupantes también debe ser anterior a la Ley 6043 y como sujetos mayores de edad. Es impropio reconocer la figura de ocupantes a quienes hubiesen nacido después de 1959 (OJ-88-2008; Sala Tercera, sentencia 1617-2014). La Sala Constitucional ha indicado que la zona marítimo terrestre es un bien de dominio público por disposición legal y constitucional y, por tanto, no puede ser objeto de posesión o propiedad privada: “En múltiples ocasiones este Tribunal Constitucional ha tenido la oportunidad de referirse a la naturaleza jurídica de la zona marítimo terrestre y a su protección constitucional, al formar parte del patrimonio nacional como un bien de dominio público. (…) De suerte que debe tenerse a la zona marítimo terrestre como un bien demanial de la Nación, tanto por disposición constitucional, con sustento en el artículo 6; como por mandato legal, de conformidad con las normas transcritas. (…) De este somero estudio sobre la legislación acerca de la zona marítimo terrestre, es fácil llegar a la conclusión de que la franja de 200 metros a partir de la pleamar ordinaria a lo largo de ambas costas definida como parte de la zona marítimo terrestre por el artículo 9 de la actual Ley sobre la Zona marítimo terrestre, ha sido de dominio público –y los terrenos en ella comprendidos, bienes demaniales– desde 1828, por lo menos. Las variaciones que la legislación del siglo pasado y del presente han introducido sobre la materia nunca han desafectado en forma generalizada estos 200 metros, siendo más bien que la legislación anterior a 1942 y 1943, establecía una franja mayor en extensión –la llamada milla marítima– pero nunca menor." (Sentencia número 007-93, de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, supra citada.) En la actualidad, la zona marítimo-terrestre, o zona costera es regulada mediante Ley número 6043, de dos de marzo de mil novecientos setenta y siete, y por su Reglamento, Decreto Ejecutivo, número 7841-P, de dieciséis de diciembre del mismo año, y es la primera que lo hace en forma específica. Sobre esta normativa, en sentencia número 0477-91, de las quince horas con treinta minutos del día veintiuno de febrero de mil novecientos noventa y uno, este Tribunal Constitucional "acoge la tesis de que en efecto, la zona marítimo terrestre es un bien de dominio público, en los términos del artículo 261 del Código Civil" (…) En conclusión, en este sentido es claro que la zona marítimo terrestre, bien de dominio público por disposición constitucional y legal, no puede ser objeto de posesión o propiedad privada, y la normativa infraconstitucional que así lo establezca resulta evidentemente inconstitucional.” (Sentencia 3113-2009 de las 14 horas 59 minutos de 25 de febrero de 2009). Aunado a lo dicho anteriormente, se añade que en este asunto resulta evidente y manifiesto que la parte accionante de ninguna forma acredita la existencia de un daño ni de un nexo causal con mi representado. Todo lo contrario. Nótese que ni por asomo se configuran los tres presupuestos que deben concurrir para determinar la existencia de una eventual responsabilidad patrimonial de la Administración, sea: -la existencia de una acción u omisión por parte de un ente público, -la producción de un daño, que el sujeto perjudicado no tiene el deber de soportar y que tiene como características ser efectivo, real, evaluable económicamente e individualizado, y -la existencia de una relación directa de causa a efecto entre la acción u omisión administrativa y el supuesto daño sufrido. En este caso, no hay conductas de mi representado que generaran daño en la esfera patrimonial o extrapatrimonial de la parte actora. Mi representado no emite conducta administrativa alguna, ni del contenido de los actos o del procedimiento, se desprende su injerencia, por lo que resulta evidente y manifiesta la falta de legitimación ad causam pasiva del Estado. De ningún modo es posible desprender que mi representado ha emitido conducta que pueda tenerse como objeto del proceso. Por tanto, no existe motivo alguno para vincularle con los efectos jurídicos y materiales de las pretensiones deducidas. Y así pido que se declare en sentencia. DERECHO Y ACCIÓN: Con fundamento en los argumentos de derecho expuestos, solicito que se acojan las excepciones de falta de derecho y falta de legitimación ad causam pasiva del Estado, y que se rechace en todos sus extremos la demanda respecto a mi representado. Asimismo, pido que se condene a la parte actora al pago de ambas costas y a los intereses que se generen hasta su efectivo pago.

Hechos probados. Para determinar los hechos probados de la presenta causa, se realizó la revisión de la documentación que se detalló en el punto 1 del Considerando I; de forma que, de interés para la resolución del presente asunto, con base en los elementos de prueba admitidos y valorados, se tienen por acreditados los siguientes hechos:

Los señores Ninfa Cerdas Sánchez, Rafael Ángel Velásquez Guevara y Víctor Hernández Rojas, suscriben el dos de enero del año dos mil dieciocho, un contrato de cesión de derechos de terreno en Zona Marítimo Terrestre bajo las siguientes disposiciones: “PRIMERO: Que los dos primeros, son los poseedores desde hace más de treinta años de un terreno por partes iguales, con una medida de mil trece metros con cuarenta decímetros cuadrados, situado en Esterillos Oeste de Parrita, provincia de Puntarenas, linderos, al Norte: MARIA (sic) EUGENIA MENA MURILLO, MARIA (sic) ESTHER OBREGON (sic) CARRILLO, LUIS ANGEL (sic) MENA MURILLO, JESUS (sic) ROBERTO OBREGÓN CARRILLO; al Sur: CALLE PÚBLICA CON FRENTE DE TREINTA Y CINCO METROS CON CUARENTA Y OCHO DECÍMETROS CUADRADOS; al Este: ISABEL DEL ROSARIO MURILLO SEGURA; al OESTE: ANA JIMENEZ (sic) AVILA (sic); el terreno es un lote para construir, ubicado en la zona marítimo terrestre propiedad de la Municipalidad de Parrita, con plano número P -nueve cinco cero nueve cinco dos -mil novecientos noventa y seis.

Que por acuerdo de Cesión de Derechos de Terreno de la Milla Marítima de Parrita, con fecha del día veintidós de octubre del año dos mil quince, suscrito en la ciudad de Esterillos Oeste de Parrita, provincia de Puntarenas, entre los aquí comparecientes, los dos primeros cedieron la totalidad de sus respectivos derechos al

TERCERO: En este acto, los señores NINFA CERDAS SANCHEZ (sic) y RAFAEL ANGEL (sic) VELAZQUEZ (sic) GUEVARA, ratifican la respectiva cesión de todos los derechos de dicho terreno al señor VICTOR HERNANDEZ (sic) ROJAS; quien presente acepta.

La cesión de dicho terreno comprende todos los derechos de uso, disfrute y posesión. El compareciente HERNANDEZ (sic) ROJAS, manifiesta que es conocedor de la ley sobre la zona marítimo terrestre, así como de su reglamento por lo que se compromete a cumplir todo lo indicado en la ley y el reglamento. Además, ocupará el terreno única y exclusivamente para los efectos que establece la ley; respetando los lineamientos y los permisos Municipales.

Las partes se encuentran autorizadas para comparecer ante un Notario Público, si ellos lo consideran necesario, conjuntamente o separadamente, para incorporar el presente acuerdo al protocolo del notario, con el objetivo de establecer una fecha cierta y para elevar la categoría del presente documento a escritura pública”. (imagen 143 del expediente judicial)

Mediante escrito presentado ante la Municipalidad de Parrita el 07 de febrero de 2018, el señor Víctor Hernández Rojas realizó la siguiente manifestación: “De manera atenta me dirijo a usted para saludarle muy respetuosamente y a la vez interponer formal incidente de Desalojo de los invasores que se han introducido en mi propiedad ubicada en el Cantón de Parrita, distrito Esterillos Oeste y según linderos: Norte María Eugenia Mena Murillo, María Esther Obregón Carillo, Luis Ángel Mena Murillo, Jesús Roberto Obregón Carillo, AL SUR Calle Publica (sic) con frente de treinta y cinco metros con cuarenta y ocho decímetros cuadrados, AL ESTE Isabel Rosario Murillo Segura, AL OESTE Ana Jiménez Ávila”. (Imagen 146 del expediente judicial)

Mediante resolución GDUS-DZMT-0082-2018 del 28 de febrero de 2018, el Departamento de Zona Marítimo Terrestre resolvió la solicitud formulada en el punto anterior, en los siguientes términos: “Con fundamento a la presente resolución, Dictámenes de la Procuraduría General de la Republica citados, así como las resoluciones de la Sala Constitucional indicadas dispone: /

Se acoge la solicitud de desalojo presentada por el señor Víctor Hernández Rojas, Cédula de identidad número 1-556-012, en contra de los infractores que ocupan la parcela descrita en el Plano de catastro P-950952-96.

Para tal efectos (sic) deberá este departamento levantar la información necesaria de conformidad con lo indicado en el artículo 13 de la Ley 6043. /

Que dentro del proceso deberá (sic) de observarse el respeto al debido proceso. /

Que la aceptación de la solicitud de desalojo, no podrá tomarse como acto, autorización o reconocimiento alguno de la parcela hacia el señor Hernández Rojas. /

Que una vez realizado el desalojo y demolición de las construcciones que se constaten en campo, NO podrá el señor Hernández Rojas realizar ocupación de la parcela en cuestión, conforme fue señalado en la presente resolución.” (imagen 161 del expediente judicial)

En escrito presentado el 06 de marzo de 2018, el señor Hernández Rojas, interpuso recurso de revocatoria y apelación contra la resolución GDUS-DZMT-0082-2018 citada. (imagen 171 del expediente judicial)

Mediante resolución administrativa DAM-RAD-107-2018 de las catorce horas del 30 de abril de 2018, la Alcaldía Municipal de Parrita, conociendo del recurso de apelación interpuesto, en el considerando quinto señala: “QUINTO: Esta administración ha valorado también en conceder al recurrente en una acción de buena fe basado en el artículo 154 de la ley de administración Pública /sic) que reza. / Artículo 154.- Los permisos de uso del dominio público, y los demás actos que reconozcan a un administrado un derecho expresa y válidamente a título precario, podrán ser revocados por razones de oportunidad o conveniencia sin responsabilidad de la Administración; pero la revocación no deberá ser intempestiva ni arbitraria y deberá darse en todos los casos un plazo prudencial para el cumplimiento del acto de revocación. / un (sic) permiso de uso de suelo sobre el dominio público, esta acción viene a reforzar la tesis de la medida cautelar en este sentido observemos la jurisprudencia de la sala constitucional (sic) en su voto No. 2306-91 de 14 horas 24 minutos del 6 de noviembre de 1991. / “Como están fuera del comercio, estos bienes no pueden ser objeto de posesión, aunque se puede adquirir un derecho al aprovechamiento, aunque no un derecho a la propiedad. El permiso de uso es un acto jurídico unilateral que lo dicta la Administración, en el uso de sus funciones y lo que se pone en manos del particular, es el dominio útil del bien, reservándose siempre el Estado, el dominio directo sobre la cosa." (...) Es por este motivo que esta admiración (sic) y reitera en una acción de buena fe otorga al recurrente este beneficio por un lapso de un año a partir de la notificación de esta resolución, en el entendido que es un permiso de suelo precario y podrá la administración revocar el mismo en cualquier momento según las razones, necesidad, interés, así lo requieran”, y posteriormente, en la parte dispositiva