Resolución 01252-2013

Intervienen

en la decisión del

recurso, el juez Omar Vargas Rojas, la co-jueza Ana Lorena Rivera Jiménez, y el

co-juez Edwin Salinas Durán. Se apersonaron en esta sede el querellado J, y el

querellante C.

Que mediante sentencia número 17-2013, de las ocho horas, del

vientiuno de enero de dos mil trece, el Tribunal Penal de Heredia, resolvió: "

RECURSO DEL

QUERELLADO.  En el

memorial de impugnación suscrito por el imputado J, alega la violación a los

principios de legalidad y seguridad jurídica, por no existir una relación clara, precisa y circunstanciada del hechos. No se valora la forma en que

acontecieron los mismos. El Tribunal reiteradamente señala que el periódico El

Florense, en la edición 141, de octubre de 2011 publicó información no

verificada, lo que resulta contradictorio pues el mismo fallo tiene por cierto

la existencia de dos expedientes por violencia doméstica ante el juzgador

correspondiente en la provincia de Heredia. De manera que el

querellado se basó en el derecho de información y libertad de prensa. La

información no partió de hechos falsos o se hizo para incrementar las ventas o

afectar el honor del

querellado. Luego de transcribir la nota periodística, aduce

que de previo se constató la existencia de los expedientes por violencia

doméstica, correspondiente a dos momentos distintos. Añade

que nunca se habló de violencia física, aunque el fallo se refiere a que el

querellado nunca "le levantó la mano a una mujer". No

puede existir difamación cuando los hechos se asientan en los propios

documentos judiciales, especialmente lo indicado en su momento por la víctima

de violencia. Pero no se trata de una sola demanda, sino de dos, por lo que

resulta especulativo aducir que la posterior retractación de la denunciante

obedeció a que la demanda fue un "brote de la

llamada chicha ". Según el apelante, el presente

caso se encuentra amparado a la exceptio veritatis, porque la imputación

es relativa al ejercicio propio de los medios de información y porque lo

informado es veraz al constatarse la existencia de de expedientes por violencia

doméstica. Así las cosas, la conducta no resulta

antijurídica. No se pondera la prueba documental que arroja el

expediente respecto a denuncias por agresiones de las señoras diputadas y

diputados a la

Asamblea Legislativa por parte del diputado V, así como

la declaración de H, persona discapacitada quien sufrió una agresión verbal por

parte del

diputado. Agrega que "...siendo la acción civil resarcitoria una

gestión dentro del

proceso penal, y no existiendo delito alguno, esa acción civil también debe ser

anulada, eliminándose todo pronunciamiento sobre daño moral y sobre costas...y

pido se anulada por el Tribunal que conoce el (sic) alzada...". Posición del querellante. La parte

querellante no se pronunció oportunamente respecto del recurso

interpuesto. Se declara con lugar el recurso. De conformidad con

los hechos acusados y probados, el querellante V es miembro de la Asamblea Legislativa

al haber sido electo como diputado en el período comprendido entre

mayo de 2010 a

mayo de 2014. Desde el año 2001 y hasta octubre de 2011 el accionante estuvo

casado con la señora K, quien se desempeñaba como Vice-Ministra de

Juventud del Ministerio de Cultura y Juventud. En la edición número 141, año

14, del Periódico "El Florense" , publicado en el mes de

octubre de 2011, aparece una fotografía del querellante con el título "Denuncia

contra diputado V" y al pie de la fotografía se anotó " Diputado

herediano agrede a su esposa, vice ministra de juventud". Para los

juzgadores, la información contenida en el periódico aludido no era veraz, no

se consultaron fuentes confiables y contenía

información falsa, lo cual se realizó con la autorización consciente y

voluntaria del

querellado. Se tuvo por cierto que la señor K  presentó

una denuncia ante el  Juzgado de Violencia Doméstica de Heredia, que dio

origen a un proceso judicial, el cual finalmente se resolvió a favor del querellante, sin que

se acreditara que el querellante en algún momento hubiera agredido a su esposa.

La publicación realizada por "El Florense" se basó en una

publicación de Diario Extra, de fecha 23 de setiembre de 2011, sin embargo, en

la nueva publicación se omitió indicar las manifestaciones de la señora K quien

al ser entrevistada señaló que "lo hice sin pensar y es falso lo que dice la

denuncia, estaba muy estresada". Para los juzgadores, existió un desbalance entre lo publicado y la realidad de los

hechos, realizado con el único afán y propósito de desprestigiar y afectar la

imagen y reputación del

querellante, lo que efectivamente ocurrió.  Según dispone - en lo que

interesa -  el artículo 149 del Código Penal: “... El

autor de injuria o difamación no es punible, si la imputación consiste en una

afirmación verdadera y esta no ha sido hecha por puro deseo de ofender o por

espíritu de maledicencia. Sin embargo, el acusado solo podrá probar la

verdad de la imputación:

Si la imputación se hallare vinculada con la

defensa de un interés público actual; y...”.

Ello nos conoce a una primera precisión. Establecer si

el contenido de la publicación cuestionada reviste o no un

carácter público vinculado con la defensa de un interés público actual. Sobre el particular debe reseñarse los principales aspectos de la

nota. Por un lado el título, el cual señala " Denuncia

contra diputado V". Luego en letras de mayor tamaño

se indica. " Diputado Herediano

agrede a su esposa, vice ministra de juventud". En lo que al contenido

se refiere, se inicia  señalando que al existir

antecedentes, el juzgado trasladó el caso a la fiscalía. Luego relata que el 23

de setiembre el pueblo herediano se vio "sacudido y avergonzado"

tras la publicación de un diario de circulación nacional donde se hacía público

lo que era conocido respecto a que la "vice ministra denunció a su

esposo por agresor ". Finalmente, se hace una referencia al expediente

judicial, específicamente lo denunciado por la afectada y la existencia de un caso previo. Planteado lo anterior, se debe determinar si

el tema de la violencia doméstica es un asunto privado

o revestido de un interés público actual. Sobre el particular debe recordarse

que hasta los años sesenta se manejaba el mito de la no intervención del Estado en la

familia, pues se consideraba como

una cuestión privada. Sin embargo, en la actualidad, "la mayoría de la

gente está de acuerdo en que a veces es necesario la intervención del Estado en la privacidad de la familia. Ya no se cree que

las doctrinas sobre la privacidad de ésta justifiquen la desatención de la

sociedad a las esposas golpeadas o a la niñez abusada" (Olses  Frances E.  El mito de la intervención del Estado en la

familia EN  Género y Derecho. Colección

contraseña. Estudios de Géneros. Serie Casandra. 1999.

p. 413). El desarrollo histórico de los derechos humanos ha permitido la

creación de diversos instrumentos internacionales de protección de los derechos

de la mujer, ubicando como

mecanismos de reconocimiento de la pluralidad  en

la representación de lo humano y tratando, al mismo tiempo, de paliar la

condición de vulnerabilidad producida socialmente, producto de la

discriminación por género. Hoy en día, existe consenso en que la violencia de

género es una flagrante violación a los principios consagrados en la Declaración Universal

de Derechos Humanos. Concretamente, al derecho a la vida, a la libertad, a la seguridad,

a no ser sometida a torturas ni tratos crueles, inhumanos o degradantes o al

derecho a circular libremente. Como atentado a la integridad física y mental,

la violencia afecta el disfrute de muchos otros derechos humanos consagrados en

diversos instrumentos internacionales, por lo que "...nos encontramos

ante un caso de deber de protección y prevención por parte de los Estados, los

cuales deberán poner en marcha acciones tendentes a modificar los patrones

socioculturales que perpetúan la violencia, así como garantizar la articulación

de todas las medidas legales y sociales pertinentes para prevenir, sancionar y

erradicar la violencia de género". (Entrena Vázquez, Luz. Violencia de

Género. El papel del Estado desde el marco

internacional de protección de los derechos humanos en la penalización de la

violencia contra las mujeres. Antología. Universidad de Costa Rica. Facultad de Derecho. Programa de Educación Continua. Curso de

sensibilización sobre la penalización de la violencia contra las mujeres.

p. 278). La preocupación por dicha temática ha generado un

amplio abordaje internacional, traducido en las últimas décadas, en la creación

de múltiples tratados internacionales. Así, en 1979, la Asamblea General

de las Naciones Unidas aprobó la

Convención sobre la eliminación de todas la formas de

discriminación contra la mujeres. En la década de los noventa  se

desarrollan diversas declaraciones y plataformas de acción internacional, tales

como la Declaración

sobre la Eliminación

de la Violencia

contra la Mujer

(1993), Convención Americana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (convención de Belém

do Pará). A nivel interno, ello se ha reflejado en la creación de diversos

cuerpos normativos, iniciando con la

Ley 7142, denominada como Ley de Promoción de Igual Social de

la Mujer, Ley

7586, ley contra la violencia doméstica, ley 8589, Ley de Penalización

de la Violencia

Contra las Mujeres. Esta última expresamente establece dentro

de sus fines se encuentra "proteger los derechos de las víctimas de

violencia y sancionar las formas de violencia física, psicológica, sexual y

patrimonial contra las mujeres mayores de edad, como práctica discriminatoria

por razón de género, específicamente en una relación de matrimonio, en unión de

hecho declarada o no, en cumplimiento de las obligaciones contraídas por el

Estado en la Convención

para la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer...".

De lo antes expuesto, este Tribunal llega a la

conclusión de que efectivamente existe un interés público de por medio, no sólo

porque el hecho se refiere a dos altos funcionarios públicos, sino además, por

la naturaleza propia de la violencia doméstica, de allí que resulta procedente

la exceptio veritatis. Establecido lo anterior,

resulta necesario establecer si la información suministrada por "El

Florense" es o no veraz. Para el Tribunal

sentenciador no cabe dude de que la información es falsa. Según

sostiene, se hace una afirmación categórica de que el querellante agrede a su

esposa (folio 304, línea 11), aspecto que, según el fallo, "...el

querellado no solo no verificó la veracidad de la información publicada sino

que además bien sabía que la información suministrada no era verdadera"

(folio 307, líneas 2 y 39). De acuerdo con el fallo impugnado la única fuente

legítima para confirmar los hechos era la declaración de la propia ofendida,

señora K, quien a ese momento se había retractado de

la denuncia, por lo que al publicar una información que afectaba la dignidad y

decoro de una persona, sin la demostración del mismo, debe responder penalmente. Se

argumenta también, que si bien el querellado se basó en una información del Diario Extra, en dicho

matutino se indicaba expresamente que la ofendida se había retractado de lo

denunciado, lo que no fue consignado en la nueva publicación, lo que, según el

fallo, demuestra el propósito de desprestigiar el honor del ofendido. Se reprocha también la frase

contenida en la publicación respecto a que "era un asunto  que se estaba dando desde hacía tiempo atrás y que

ello era conocido por la ciudad.." (folio 309

vuelto, líneas 16 y 17). De conformidad con la amplitud, flexibilidad y

revisión integral que dispone la

Ley de Apelación de Sentencia 8837, del 9 de junio de

2010, este Tribunal llega a una distinta determinación de los hechos. En primer lugar, no puede realizarse una lectura

descontextualizada, sino integral de la información. En este caso la información refiere la existencia de una

denuncia contra el diputado V respecto a una agresión denunciada por su esposa.

De la relación de ambos títulos se deriva la intención de informar sobre la

existencia de una denuncia por agresión, formulada por la entonces vice

ministra de juventud en contra de su esposo, el diputado

En segundo orden,

no es correcta la tesis del Tribunal de instancia cuando considera que  la única fuente válida para confirmar la información

era la propia ofendida. Al respecto debe acotarse que no puede ni debe exigirsele al periodista que realice un juicio sobre

la existencia o no de un hecho relacionado con un acontecimiento de interés

público. Basta la existencia de elementos razonables que establezcan la

existencia del

mismo. Pudiendo para ello acudir a diversas fuentes,

con el único requisito de que las mismas revistan el carácter de confiables. En

este caso, se acudió a las denuncias por violencia

doméstica planteadas por la entonces esposa del señor

Aspecto sobre el cual no

existe duda,  por cuanto las copias de las mismas

rolan en el presente proceso.  Así las cosas, la tesis del

Tribunal no resulta aceptable, porque efectivamente en contra del querellante existieron denuncias por

violencia doméstica. Es cierto, que lo ideal hubiese sido que se entrevistara  a las partes involucradas y se consignara la versión

de cada una de ellas, pero el no hacerlo no implica que la información carezca

de sustento, sobre todo cuando tiene como

antecedente las propias denuncias planteadas por la ofendida. El fallo también

saca de contexto la frase "...era un asunto  que

se estaba dando desde hacía tiempo atrás y que ello era conocido por la

ciudad...", pues  contrario a lo que interpreta el Tribunal, con

ello no se afirma que el señor V  estuviera agrediendo a su cónyuge, sino

más bien que lo era un secreto a voces en la ciudad de Heredia era la

existencia de la denuncia judicial. Así se colige de la lectura integral del párrafo, el cual

literalmente señala " El pasado viernes 23 de setiembre el pueblo

herediano fue sacudido y avergonzado tras la publicación de un diario

circulación nacional donde se hacía público lo que hasta ese momento era un

secreto a voces en la ciudad "vice ministra denunció a su  esposo por agresor". El otro tema, al cual

se le otorga gran relevancia, es el hecho de que la denunciante había

comparecido a estrados judiciales a "quitar la

denuncia" en contra de su marido. Por un lado, el hecho de que la

señora K acudiera al órgano jurisdiccional manifestando su interés en retirar

la denuncia, no enerva la existencia de la misma, ni siquiera constituye prueba

suficiente respecto a la inexistencia del hecho, pues contrario a ello la

doctrina en esta materia es  prolija en señalar como parte del ciclo de

violencia la frecuente práctica de las personas víctimas de violencia doméstica

de acudir a los órganos jurisdiccionales para retirar las denuncias (Al

respecto Cfr: Larrauri, Elena. ¿Por qué retiran la mujeres

maltratadas las denuncias? EN  La

penalización de la violencia contra las mujeres. Antología.

Universidad de Costa Rica. Facultad de Derecho. Programa de Educación Continua. Curso de

sensibilización sobre la penalización de la violencia contra las mujeres.

p. 321). En igual sentido,  Armero, S. (2000). Diligencias de prueba. Retractación de las

víctimas. La protección de la víctimas en el curso del proceso EN:  Violencia física y

psíquica en el ámbito familiar (1 reunión de fiscales encartados del Servicios de

Violencia Familiar). Madrid,

Ministerio de Justicia). De conformidad con lo expuesto tenemos que la

información difundida revestía un interés público,

además de que no resultó contraria a la verdad. Sobre la exceptio veritatis,

este Tribunal  se ha pronunciado  desde

vieja data y en forma reiterada. Así, cuando se denominaba Tribunal  de Casación Penal, en el voto número 410-F-96, de

14:00 horas del

17 de julio de 1996, estableció que: “... El dolo y la excepción de la

verdad, son dos cosas diferentes, el primero simplemente implica tener

conocimiento de la acción que se realiza, y voluntad de actuar conforme a ello,

y la excepción de la verdad, es demostrar que lo que se afirmó, y es ofensivo,

es cierto...”. Para la doctrina mayoritaria, la excepción de verdad  contenida en el supuesto 1) del

artículo 149 del

Código Penal, constituye una especial forma de excluir la antijuridicidad de la

conducta. En ese sentido, el autor argentino Carlos Creus, sostiene que: “...

es patente que la ley ha otorgado  prevalencia a

la defensa  o garantía del interés

público respecto de la preservación del

honor individual, permitiendo el ataque de éste para proteger aquél. Estamos,

pues, en presencia de un caso de justificación (...) que ahuyenta la

antijuridicidad del hecho, con lo que ni siquiera el ofendido tendrá a su

disposición la vía de la reparación indemnizatoria ...” [Creus,

Carlos:  Derecho Penal. Parte Especial , Tomo I,

3ª edición, 2ª reimpresión, Astrea,

Argentina, pág.

158]. En el mismo orden de ideas, Giussepe Maggiore señala, que en el supuesto

de comentario la excepción de la verdad funciona como una causa

justificante de la conducta: “... Es efecto jurídico de la prueba

liberatoria que, si los hechos atribuidos resultan verdaderos, la conducta del

difamador se justifica, y por consiguiente, es declarado impunible. Si, por el

contrario, la prueba falla, el hecho del agente es ilegítimo y la condena es

inevitable, a menos que deba ser absuelto por motivos distintos de la

antijuridicidad específica del hecho....” [Maggiore, Guisseppe: Derecho

penal. Parte Especial, Temis, Bogotá, 1.989, págs.  427, 428 y 443]. Con el mismo rumbo, en nuestro medio se ha

indicado al respecto, que: “... cuando media la defensa de un interés

público opera como

una causa de justificación. Ello tiene  importantes

consecuencias prácticas en orden a la responsabilidad civil.  En efecto,

sostener que la exceptio veritatis tiene en todo caso el carácter de una

condición objetiva de punibilidad, conduce al absurdo de estimar que aquél, que

precisamente ha actuado en defensa de un interés público, debe hacer frente a

la indemnización del daño que haya causado al honor ajeno Téngase

presente que las condiciones objetivas de punibilidad afectan tan sólo el

carácter punible del hecho, el cual sigue siendo típico antijurídico y

culpable, e idóneo, en tesis de principio, para fundar la responsabilidad civil

...” [Llobet Rodríguez, Javier y Rivero, Juan Marcos: Comentarios al

Código Penal (Análisis de la tutela de los valores de la personalidad) ,

Juritexto, San José, 1.989, pág. 182]. Por último, de especial relevancia para

el caso que ha sido juzgado, a propósito de la Exposición de Motivos

de una reforma legislativa introducida al Código Penal Argentino, el tratadista

Carlos Fontán Balestra, comenta que:“... La vida privada y las condiciones

morales de los funcionarios o de los hombres públicos tienen suficiente

relación con el interés de la sociedad, especialmente en los países que aspiran

a regirse por instituciones libres, que reclaman mayor honradez en los que han

de practicarlas, para que pueda amurallarse la moralidad del individuo...”

(Fontán Balestra, Carlos: Derecho penal. Parte Especial, décimoquinta

edición actualizada por Guillermo A.C. Ledezma, Abeledo Perrot, Argentina,

1.998, págs. 174 y 175).  De lo

anterior resulta claro que en el presente asunto no existe responsabilidad

penal, todo vez que el justiciable actuó amparado al ordenamiento jurídico.

Lo propio ocurre en cuanto a la acción civil resarcitoria pues no se ha podido

acreditar la existencia de una acción antijurídica. Sobre el particular

conviene traer a colación el voto de esta Sala número 201-F-94, de 10:00 horas del

3 de junio de 1.994, mediante el cual se estableció lo siguiente: “... Así,

pues, desde el punto de vista penal la legítima defensa ejercida por el

encartado excluye la antijuridicidad de su conducta (y por ende el injusto

penal) y, desde el punto de vista civil, esa misma ausencia de antijuridicidad

excluye la responsabilidad civil, por tratarse de un elemento constitutivo

necesario del ilícito civil extracontractual en los casos de responsabilidad subjetiva,

como el presente (al respecto véase PEREZ VARGAS, Víctor: Principios de

Responsabilidad Civil Extracontractual, San José, 1ª ed., I.N.S., 1984,

págs. 61 a

66)...”. En razón de lo anterior, se declara con lugar el

recurso de apelación interpuesto por el sentenciado. Se

revoca el fallo impugnado y se absuelve al querelllado J del delito de

publicación de ofensas que se le ha venido atribuyendo. Se declara sin lugar la acción civil resarcitoria interpuesta

contra el demandado J. Se resuelve sin especial condenatoria en costas. En lo demás el fallo permanece incólume.