Resolución 00562-2007

El Juez de Primera Instancia, en sentencia dictada a las trece horas quince minutos del dieciocho de diciembre del dos mil seis, resolvió: “

Por ser fiel reflejo de lo que informan los autos, se aprueba el elenco de hechos probados que contiene la sentencia recurrida.

Ejecutivo simple con base en una escritura hipotecaria inscrita, pero sin renuncia de trámite. En el escrito de demanda se reclama la suma de ¢ 3.000.000 de capital e intereses por ¢ 2.000.000 liquidados del 13 de octubre de 2003 al 13 de junio de 2005. La sociedad demandada contesta a folio 44 y, como excepciones perentorias, opone la falta de derecho, de legitimación en sus dos modalidades y la de inejecutividad. Cuestiona el privilegio del título porque se debió cobrar en un proceso hipotecario y no en un sumario. En el fallo de primera instancia, el Juzgado rechaza las citadas defensas y acoge la ejecución con todas las consecuencias legales.

De ese pronunciamiento recurre la parte demandada, cuyos agravios ante el Tribunal reiteran la tesis esgrimida al contestar. No lleva razón la recurrente y, por el contrario, se avala lo resuelto por el A-quo. El tema de las obligaciones dinerarias en escrituras públicas, entre las hipotecas, fue reconsiderado luego de la reforma al Código Procesal Civil producto de la entrada en vigencia del Código Notarial. Al respecto se dispuso: “III.- No comparte el Tribunal las razones de inconformidad del recurrente. Desde vieja fecha el Tribunal ha reiterado que la creación del título ejecutivo es reserva legal. Eso significa que no puede ser el resultado del deseo particular de las partes y menos del juez, en este último caso por vía de jurisprudencia. Al garantizar un negocio causal con un título ejecutivo, debe seleccionarse el idóneo dentro de los autorizados en forma imperativa por el legislador. Con anterioridad a la promulgación del Código Notarial, hubo debate acerca de las atribuciones de los notarios públicos para otorgarle a sus escrituras ese rango. En aquélla época el criterio generalizado fue siempre negativo; esto es, las escrituras no susceptibles de inscripción estaban excluidas del proceso sumario. El cobro debía hacerse en un monitorio, trámite dispuesto para ejecutar documentos sin fuerza ejecutiva. El único testimonio con carácter ejecutivo eran las escrituras inscribibles, ya estuviere inscrita o pendiente de inscripción. A partir de la reforma de 1998, es posible distinguir entre escrituras no inscribibles y las susceptibles de inscripción. En el primer caso, ahora si gozan de ejecutividad por existir norma expresa en el inciso 1º del artículo 438 del Código Procesal Civil. Para las segundas, las inscribibles como la hipoteca, aplica el inciso 2º cuando no tienen renuncia de trámite, pero de mediar esa cláusula se debe acudir a la ejecución pura (inciso 3º del numeral 630 de ese cuerpo de leyes). En definitiva, en la actualidad las escrituras públicas no inscribibles tienen fuerza ejecutiva, como sucede con el testimonio aportado a los autos, otorgado el 13 de julio del 2001” De este órgano jurisdiccional, voto número 708-L de las 7 horas 40 minutos del 23 de abril de 2004. En definitiva, para que una hipoteca se pueda tramitar como ejecución pura conforme a los numerales 630 inciso 3º y 660 del Código Procesal Civil, se requiere de escritura pública debidamente inscrita y que contenga la renuncia de trámites exigida por el artículo 422 del Código Civil. Son indispensables ambos requisitos. La ausencia del segundo, aun cuando el título conserva la condición de hipoteca con todos los privilegios del gravamen, se debe acudir al procedimiento sumario para obtener la sentencia estimatoria y luego proceder a su ejecución de acuerdo con lo pactado en el crédito hipotecario. En realidad no se trata de un ejecutivo simple, sino de un proceso hipotecario sin renuncia de trámites. Incluso, el procedimiento seguido no le causa perjuicio a la demandada porque tuvo mayores posibilidades de defensa - proceso de conocimiento, de ahí que resulte contradictorio que la deudora exija la ejecución hipotecaria como si ella hubiese renunciado al sumario. Sin más consideraciones por innecesario, se confirma el fallo impugnado.