Resolución 01391-2003

El Juez de Primera Instancia, en sentencia dictada a las

diez horas del veintiocho de enero del dos mil tres, resolvió: “

Inventario de hechos ciertos, que destaca la

sentencia recurrida, es fiel reflejo del material de evidencia electo. Merece,

homologarse.

El artículo 611 del Código de Comercio, adicionado

con un segundo segmento por Ley N° 7558 del 3 de noviembre de 1995, decreta:

“También tendrán el carácter de título ejecutivo las certificaciones de los

saldos de sobregiros en cuentas corrientes bancarias y de línea de crédito para

el uso de tarjetas de crédito, expedidas por un contador público autorizado.”

Tenemos, pues, que los pergaminos con robustez ejecutiva pueden ser de dos

tipos: adveración del remanente de un sobregiro en cuenta corriente bancaria, o

bien el atinente al aprovechamiento de un plástico. “Eso resulta corroborado

con la redacción que esa misma ley le ha dado al nuevo artículo del mismo

Código que lleva el número 632 bis. En el cual se da una definición de lo que

debe entenderse por sobregiro bancario o crédito en cuenta corriente, que

resulta ser un contrato por medio del cual un Banco abre crédito a un

cuentacorrentista, para sobregirarse en su cuenta por un monto mayor a sus

haberes. Seguidamente esa norma dispone en que forma se pueden hacer los giros

contra autorización, y en su parte final la posibilidad de cobrar el saldo por

medio de las garantías que las partes hayan acordado por la vía ejecutiva

simple. Esa norma con toda claridad se refiere a los saldos de sobregiros, y no

a los saldos de líneas de crédito. De manera que la relación del artículo 632

bis con el 611 es tan sólo en lo que se refiere a los sobregiros de cuentas

corrientes bancarias. En consecuencia, cuando se trata de una línea de crédito

para el uso de tarjeta de crédito basta, como es claro, que la certificación se

refiera únicamente al saldo de la línea de crédito para el uso de tarjeta.” De

esta Cámara votos números 15-M de 8:05 horas del 5 de febrero de 1997; 1078-E

de 9:30 horas del 12 de setiembre del 2001; 508-M de 7:50 horas y 512-M de 8:10

horas del 18 de junio de 1997.

Nuestro legislador, al forjar actual artículo 611

comercial, omitió reglamentar prototipos formales que debe cumplir adveración

de experto ahí designado. Luce oscuridad que, siguiendo directriz de la Sala

Constitucional – Voto N? 501-91 de 16 horas del 5 de marzo de 1991 – ha

contribuido a disipar prudencia juris del Tribunal arrancando de su Voto N°

505-R de 8:20 horas del 6 de mayo de 1998. Título que fecundiza proyecto

cobratorio de Bicsacard Sociedad Anónima reverencia hipótesis, mínimas e

indispensables para poder disfrutar de energía ejecutiva. Encierra deuda

líquida y exigible para efectos del numeral 440, párrafo 2°, del Código de

Rito. Certificación base irradiada ha podido excitar, válidamente, este juicio

sumario singular. Desmenuzándose

principales básicos pendientes, tipo de interés moratorio concertado,

monto insoluto, también data de último abono efectuado por el tarjetahabiente.

Aún cuando, según arbitró acertadamente el señor Juez, capital en moneda

nacional y extranjera es inferior al que indica el contador licenciado José A.

Tenorio Umaña. Bien o mal Solinsa Soluciones Industriales Sociedad Anónima y

garantes han quedado enterados qué metálico se les reclama, por qué concepto y

cuando se conceptúa la deudora hizo postrer desembolso. Calificados quedaron,

pues, para ejercer su defensa. A tal punto que, cuestionando certeza de “suma

real que se adeuda a la actora por concepto de capital” y “cuánto

correspondería a otros cargos y qué cargos son”, se ordenó oír voz imparcial de

un perito llamado en actas. Del libelo de oposición en concreto folio

El

contable nominado, licenciado Luis Gerardo Jiménez Salazar, escrutando

previamente información que pormenoriza en epígrafe de su dictamen (folios 96 a

concluyó aconsejando:”. Cuenta en colones: . Saldo (únicamente compras)

¢86.934.40...Cuenta en dólares U.S:. Saldo (únicamente retiros en efectivo)

$4.400.00...” Parecer que prohíja el fallo protestado. En la sola discrepancia

que mantuvo con el plácito confeccionado por su colega licenciado José A.

Tenorio Umaña emisor de certificación sustento de esta lite. Nada expresó el

conocedor investido, Jiménez Salazar, acerca de si empresa actora “está

capitalizando intereses en la certificación que presenta con esta demanda” ni

la tarjetahabiente o sus fiadores solicitaron suplir delatada omisión

aprovechando audiencia de folio

99.

Ítem mas. El licenciado José Leonardo Céspedes Ruiz,

vocero judicial de los accionados, debate en esta instancia: “... El artículo

611 del Código de Comercio no dice que esa certificación del CPA sea un título

que pueda valerse por si mismo. La certificación del CPA debe limitarse al

saldo de esa cuenta corriente, a nada más. No es cierto que el mencionado

artículo autorice al CPA a certificar, con carácter de título ejecutivo, quién

es el deudor ni quién es el fiador de una obligación, ni cuál es el tipo de

interés ni el plazo pactados. Lo único que puede certificar con carácter de

título ejecutivo es el saldo de esa obligación...” Folios 129 a 131.

Reproche inatendible. Ha discernido este Tribunal, precedente ahora aplicable,

lo siguiente: “

En el caso que nos ocupa, la sociedad accionante aporta el

contrato de apertura de cuenta corriente y emisión de tarjeta de crédito y,

como título ejecutivo, certificación emitida por Contador Público Autorizado.

De conformidad. De conformidad con lo establecido en el artículo 611 del Código

de Comercio, las certificaciones emitidas por Contador Público Autorizado,

sobre saldos pendientes de pago a cargo de los tarjetahabientes, constituyen

documentos con fuerza ejecutiva, puesto que la citada disposición hace

referencia al rango ejecutivo que poseen, por un lado, las certificaciones de

estos contadores, que emitan en cuanto a saldos de sobregiros en cuentas

corrientes bancarias y, por otro,  las

certificaciones libradas por dichos funcionarios, en cuanto a los saldos

resultantes en “líneas de créditos para el uso de tarjetas de crédito”, lo que

se interpreta, esto último, como los saldos pendientes de cancelación, que

resulten de la operación de la tarjeta de crédito, según la correspondiente

línea crediticia que se ha otorgado al tarjetahabiente.

En definitiva,

esta certificación es la que constituye el documento base, apoto para despachar

ejecución en contra de las personas que allí consigna como obligadas, en cuenta

K. y N., ambas de apellidos B.J. Dicho título se basta a si mismo y no requiere

de otra documentación que refuerce o determine su naturaleza ejecutiva para

cursar la demanda en contra de quienes establezca como obligadas.” Voto N°

324-E de 8:10 horas del 18 de marzo de 1998. El contador  “como emitente y responsable del contenido

de la certificación, debe verificar la exactitud y veracidad de la información.

Para ello debe contar con los documentos necesarios que justifiquen lo

certificado mediante la prueba respectiva. No obstante, lo que es innegable es

que todos los firmamentes del contrato; esto es, deudor o deudores y los

fiadores o avalistas, responden solidariamente por el saldo adeudado por

concepto del uso de la tarjeta de crédito. El criterio tiene asidero en la

misma reforma al artículo 611 del Código de Comercio...Se podría creer que un

contrato para el uso de tarjeta de crédito no puede contener fiadores o

avalistas (ésta última figura utilizada en forma genérica pero con la

aclaración que es una institución propia de la letra de cambio), pero asumir

esa posición es desconocer el derecho de obligarse mediante cualquier documento

sin importar que por disposición de ley goce o no de fuerza ejecutiva. La firma

del fiador conlleva su voluntad libre de responder conjuntamente con el petente

de la tarjeta, manifestación que no puede ser ignorada en el caso de que el

titular de la tarjeta entre en mora al no cancelar el saldo pendiente. Si bien

lo dispuesto en el artículo 611 del Código Mercantil no es del todo claro al

respecto, la laguna legislativa se integra con los principios generales del

derecho, en este asunto del derecho civil de obligaciones. No se trata de

justificar certificaciones sin respaldo alguno que puedan generar cobros contra

personas ajenas a los saldos no pagados, sino de mantener la responsabilidad

solidaria entre el dueño de la tarjeta (deudor) y la persona que se compromete

en el mismo contrato a cubrir en las mismas condiciones cualquier monto no

cancelado. Esto es lo que sucede en autos, pues en autos se carece de prueba

que desvirtúe lo certificado, en especial que el apelante no haya firmado el

contrato como fiador. Ese extremo ni siquiera fue alegado de manera expresa,

por lo que se entiende que admite haberlo suscrito en su oportunidad. Por todo

lo expuesto, el motivo de inconformidad no es de recibo...” Voto N° 1063-L de

8:55 horas del 19 de julio del 2000. Elocuente que el contador público

autorizado emitente asevera, que Solinsa Soluciones Industriales Sociedad

Anónima es tarjetahabiente deudora de Bicsacard Sociedad Anónima

garantizada con fianza de Arturo Céspedes Ruiz y Ronny Rodríguez

Villalobos. Folios 6 a

Imputación que no desvirtuaron incumpliendo onus

probandi como carga que impone el artículo 317, inciso 2°, del enjuiciamiento

civil. Recoge aforismo procesal del derecho romano “reus in exceptionibus

reputatibur.” O sea que para el fin de probar la excepción se reputa actor al

demandado. Así como se siente regla de que la prueba incumbe a aquel que

afirma, no al que niega, en este caso, el que excepciona debe probar excepción

formulada. Riguroso, entonces, confirmar veredicto recurrido en lo

apelado.