Resolución 00286-2002

Se narra en el memorial de demanda que en el Juzgado Quinto Civil de San José -se sabe que es el de Mayor Cuantía-, se tramita un proceso ordinario de la aquí demandante contra la sucesión de [Nombre4] , SILPA S. A., [Nombre5] y [Nombre6] y [Nombre2] . . Que con dicho proceso se pretende, entre otras cosas, decretar la nulidad de los traspasos efectuados por el causante [Nombre4] a SILPA S. A., así como la nulidad del traspaso de ésta última a [Nombre2] S. A. referente al inmueble del Partido de San José, inscrito al folio real, matrícula [Placa1]. Esto es así por considerar la aquí actora, que lo es también en dicho proceso, que dicho traspaso a favor de [Nombre2] fue simulado. Añade dicho escrito que esa finca fue adquirida por el señor [Nombre6] durante su matrimonio con la actora -[Nombre1]-, que ella tiene derecho a gananciales sobre él, que ese fue su domicilio conyugal, que es donde reside actualmente y que [Nombre2] presentó un desahucio en su contra pero se declaró sin lugar. Se reitera que [Nombre2] conoce el fraude y la simulación con que adquirió, porque ninguno de sus personeros conoce el inmueble, no ejerce su posesión y es falso que haya pagado un monto de cuatro millones para adquirirlo, pues su capital social es tan solo de dos mil colones. Añade que, aparte de lo anterior, media hora después de la supuesta compra [Nombre2] constituye una hipoteca de cédulas por valor de veinte millones de colones sobre el inmueble aludido con vencimiento 10 días después de su constitución. Agrega que el interés de constituir esa hipoteca de cédulas es gravar el inmueble con un crédito millonario y posteriormente ejecutar el crédito para, de esa manera, privarla -a la accionante- de su derecho de gananciales y así lanzarla a la calle. Dice también que el 28 de setiembre de 1995 [Nombre2] endosa a favor de [Nombre7] la cédula hipotecaria que había sido emitida el 26 de dicho mes. Que [Nombre3] plantea ejecución hipotecaria contra [Nombre2], la que es simulada, porque en la realidad dicho señor solo presta su nombre para el endoso de la cédula y posterior ejecución, cuando lo cierto es que [Nombre2] nada debe a [Nombre3]. En la parte petitoria de esta demanda se pide declarar que por carecer de capacidad [Nombre2] . . para hipotecar, ya que no es dueña por ser nulo el acto mediante el cual adquiere -aquí hace alusión a la simulación que se alegó en el proceso que se tramitó ante el Juzgado Quinto de Mayor Cuantía de San José-, es nula también por simulada la hipoteca de cédulas por la suma de veinte millones de colones constituida sobre la finca del Partido de San José, folio real, matrícula [Placa1]. Que como consecuencia de lo anterior debe cancelarse el asiento hipotecario que pesa sobre la finca dicha. Que se declare la nulidad de cualquier acto o inscripción sobre la finca mencionada que se relaciones u origine en ese asiento hipotecario, partiendo del remate celebrado a las 8 horas del 18 de diciembre de 1995 en el Juzgado Cuarto Civil de San José. Que se condene a los codemandados al pago de daños y perjuicios causados con la constitución y la ejecución de la hipoteca de cédulas y que se les condene al pago de ambas costas.

De lo expuesto se concluye que existe una estrecha vinculación entre este proceso y el que se tramitó ante el Juzgado Quinto de Mayor Cuantía de San José. Por cierto que ese Juzgado dictó sentencia favorable, en lo medular, a la aquí actora, la que fue confirmada por el Tribunal de Familia, según voto número 601-02 de 10 horas 30 minutos del 6 de mayo de 2002 que fue objeto de recurso de casación, todo según se observa a folios 995 a 1018 y constancia de folio 1030. A tal punto es la relación de este asunto con el citado, que en el primer extremo de la parte petitoria de este se pide declarar que [Nombre2] carece de capacidad para hipotecar al no ser dueña, por ser nulo el acto mediante el cual adquirió, y por eso es nula también, por simulada, la hipoteca de cédulas que constituyó sobre el inmueble del Partido de San José, folio real matrícula CED1. Es decir, según la tesis de la actora, es nula la constitución de la hipoteca de cédulas por ser nula la adquisición del inmueble de parte de [Nombre2] y, precisamente, esa nulidad es la que ha sido objeto de debate en el proceso del Juzgado Quinto Civil de Mayor Cuantía de San José. Incluso por esa íntima relación entre un proceso y otro, se pidió en su momento la acumulación de ambos. Razones procesales impidieron esa acumulación -folios 247, 278 y 279-, que hubiere sido la mejor solución al problema que ahora se presenta, que es el de la posibilidad de que se produzcan sentencias contradictorias. En efecto, si se mantiene incólume o es modificado el fallo dictado por el Juzgado Quinto Civil de Mayor Cuantía de San José, esa sentencia introduciría aspectos de indudable relevancia para la decisión de este asunto. Es decir, resulta sumamente claro que existe una dependencia evidente entre un proceso y otro.

Estamos, sin duda, ante un supuesto de prejudicialidad. ...surge un fenómeno de prejudicialidad siempre que en un proceso una cuestión debe ser decidida lógicamente antes que la cuestión principal objeto del mismo. También en sentido amplio surge un fenómeno de prejudicialidad cuando ese antecedente lógico de la cuestión principal objeto del proceso ha sido ya previamente resuelto en otro proceso terminado por sentencia con fuerza de cosa juzgada... En un sentido más estricto, se habla de prejudicialidad, o se dice que en un proceso existe una cuestión prejudicial, cuando la decisión de la cuestión de fondo principal que constituye el objeto del mismo exige, o tiene como antecedente lógico, resolver previamente otra cuestión sustantiva (no procesal), que, en hipótesis, podría haber dado lugar -o podría dar lugar en el futuro- a otro proceso (en el que la cuestión ahora prejudicial sería la cuestión principal)... (Cfr. Andrés de la Oliva Santos e Ignacio Díez-Picazo Giménez. Derecho Procesal Civil. El Proceso de Declaración. Conforme a la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil. Editorial Centro de Estudios Ramón Areces, S. A., año 2000. Madrid, página 543). Los referido autores señalan, además, lo siguiente:

...La prejudicialidad o las cuestiones prejudiciales pueden ser clasificadas con arreglo, fundamentalmente, a dos criterios.

A) En función del contenido o naturaleza jurídicos de la cuestión prejudicial, cabe hablar de cuestiones prejudiciales de la misma naturaleza que la cuestión principal y de cuestiones prejudiciales de distinta naturaleza que la cuestión principal. En el ámbito del proceso civil, las primeras se dan cuando son también civiles -léase civiles o mercantiles, es decir, propias del orden jurisdiccional civil. Se habla, en este caso, de prejudicialidad civil en el proceso civil. Las segundas son penales, administrativas, sociales, constitucionales o comunitarias.

B) En función del tribunal que puede conocer de ellas, las cuestiones prejudiciales pueden ser no devolutivas o devolutivas. La prejudicialidad no devolutiva se da cuando el conocimiento de la cuestión se atribuye al mismo tribunal que conoce de la cuestión principal. Por el contrario, la prejudicialidad devolutiva se da cuando la decisión de la cuestión prejudicial corresponde a un tribunal distinto del que está conociendo de la cuestión principal... (Ibídem, pp. 543 y 544).

En la legislación procesal civil española está regulada, de manera expresa, la prejudicialidad civil en el proceso civil. El artículo 43 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, señala: Prejudicialidad civil.-Cuando para resolver sobre el objeto del litigio sea necesario decidir acerca de alguna cuestión que, a su vez, constituya el objeto principal de otro proceso pendiente ante el mismo o distinto tribunal civil, si no fuere posible la acumulación de autos, el tribunal, a petición de ambas partes o de una de ellas, oída la contraria, podrá mediante auto decretar la suspensión del curso de las actuaciones, en el estado en que se hallen, hasta que finalice el proceso que tenga por objeto la cuestión prejudicial... (Cfr. Actualidad Civil. Número

Número Monográfico. Referencia

Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil. Suplemento Semanal de Legislación Estatal, Autonómica y Comunitaria. Director Xavier O’Callaghan Muñoz. Edita La Ley. Madrid, página 44).

En el caso bajo examen se configura un supuesto de prejudicialidad civil en el que no fue posible, como se indicó supra, la acumulación de autos. Cierto que, a diferencia de la legislación procesal civil española, carecemos de una regulación concreta sobre el punto. No obstante, para evitar sentencias contradictorias es factible, por principios generales y por guardar similitud, todo de conformidad con lo dispuesto por los artículos 4 del Código Procesal Civil y 5 párrafos 2° y 3° de la Ley Orgánica del Poder Judicial, aplicar el precepto 202 inciso 2 del Código Procesal Civil, matizándolo en el sentido de que la suspensión será hasta que recaiga sentencia firme en el proceso tramitado ante el Juzgado Quinto Civil de Mayor Cuantía de San José, que según constancia de folio 1030 está pendiente de que se resuelva el recurso de casación que se planteó contra el fallo de segunda instancia.