Resolución 00170-2026

Mediante sentencia número 2026000004, de las quince horas veintidós minutos del catorce de enero de dos mil veintiséis, dictada por el Juzgado Civil del I Circuito Judicial de Limón, dentro del proceso de ejecución de sentencia, se resolvió: “Con fundamento en lo expuesto y la normativa citada, se declara SIN LUGAR, en todos sus extremos la presente demanda de ejecución de sentencia, se acogen las excepciones de falta de derecho invocadas por los dos accionados, y se rechaza la falta de legitimación en su modalidad activa, también invocada por ambos demandados, se rechaza también la falta de legitimación en su modalidad pasiva, que fuese planteada por Credi Q Leasing S.A, la falta de interés actual invocada por Credi Q Leasing S.A, también ha de ser rechazada. Se resuelve el asunto sin especial condenatoria en costas.” (Sic)

Contra lo resuelto, recurre la parte actora por medio de su apoderada especial judicial la licenciada Ana Yensi Matamoros Rivera, mediante escrito incorporado al expediente electrónico del Juzgado de origen, en fecha 20 de enero del 2026, interponiendo recurso de apelación. Reclama una errónea valoración de la prueba, del fondo y falta de fundamentación. Sus agravios son los siguientes:  “AGRAVIOS.PRIMERO. FALTA DE FUNDAMENTACIÓN Y ANÁLISIS EN LA DECLARATORIA DE DENEGACIÓN DE TODOS LOS EXTREMOS PETICIONADOS. Que en el acto dispositivo, la autoridad jurisdiccional pretende desvirtuar el derecho de la parte actora para el acceso a la reclamación indemnizatoria por sobre la colisión ampliamente conocida de marras, al indicar textualmente lo siguiente: “(…) se declara SIN LUGAR, EN TODOS SUS EXTREMOS LA PRESENTE DEMANDA DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA, se acogen las excepciones de falta de derecho invocadas por los dos accionados, y se rechaza la falta de legitimación en su modalidad activa, también invocada por ambos demandados, se rechaza también la falta de legitimación en su modalidad pasiva, que fuese planteada por Credi Q Leasing S.A, la falta de interés actual invocada por Credi Q Leasing S.A, también ha de ser rechazada. Se resuelve el asunto sin especial condenatoria en costas (…)” al igual que como fue planteado en el antecedente. Es, en primera instancia, indispensable para la comprensión del agravio que el presente proceso de ejecución proviene, como consta en el apartado “a” de los hechos probados, de la sentencia condenatoria numeral 2023000459, emitida por la resolución de las catorce horas dos minutos del catorce de junio de dos mil veintitrés del JUZGADO DE TRÁNSITO DEL I CIRCUITO JUDICIAL DE LA ZONA ATLÁNTICA, por lo que es evidente, no solo para la autoridad jurisdiccional sino además con las pruebas adjuntas en el libelo, que por medio de un proceso de tránsito se reconoce el derecho de la suscrita para acudir ante el ejecutorio a exigir los extremos que se le deben y el hecho de que se haya declarado sin lugar en todos sus extremos el presente proceso, representa una agresión a los intereses legítimos de esta para obtener una compensación por los daños y PERJUICIOS ocasionados por la colisión de marras, toda vez que, como se observa en toda la transcripción del acto dispositivo, la persona juzgadora omite deliberadamente diferenciar los daños causados en la colisión y los perjuicios directamente ligados a dichos daños, que se encuentran debidamente demostrados, con documentación idónea, cuya vinculación no se presta para duda alguna, por lo que no es de recibo la declaratoria que se reprocha en tanto no fundamenta la persona juzgadora motivación suficiente para rechazar por completo un proceso ya establecido en una etapa previa y que obedece a un asunto probado, como lo es la colisión y el uso de la sana crítica racional y el sentido común que debe privar en quien administra la justicia para la consideración de la conexidad de las pruebas aportadas, que son amplias y que no fueron refutadas durante el transcurso del procedimiento, así como los integrantes y participantes de las distintas etapas del reclamo hasta terminar formulando una liquidación encontrada en los parámetros de la norma y que obedece, además, al contenido de los cardinales 35 y siguientes del Código Procesal Civil para su planteamiento y presentación. Debía, entre tanto, la persona juzgadora, justificar los rechazos y admisiones de forma diferenciada y al efecto fallar considerando todos los criterios expuestos así como el acto generador del proceso, que es la sentencia en la competencia de tránsito, mientras que en su lugar, se limitó a omitir aspectos esenciales como este último indicado y concluyó con un rechazo total, demostrando el carente escrutinio practicado sobre el material probatorio.

CONSIDERACIÓN EXTRA-PETITA DE PRUEBA PARA MEJOR RESOLVER. Como es de conocimiento de la autoridad jurisdiccional, la jurisprudencia de la Sala Primera ha establecido sobre la prueba para mejor proveer lo siguiente: “(…) La prueba para mejor resolver no es una prueba de las partes. Es prueba del juez. Resulta potestativa para éste en caso de considerarla indispensable para dictar su sentencia. Siendo potestativa no vincula al juzgador a evacuarla. En este sentido la Sala ha resuelto en muchas oportunidades que no existe la falta del vicio de indefensión ni tampoco la falta de evacuación de prueba idónea si se trata de una prueba para mejor resolver. Aun cuando [sic] se hubiere considerado la posibilidad de su evacuación ello queda a criterio del Juez quien podrá prescindir de ella sin necesidad de dictar resolución alguna. Sencillamente al no ordenarla se entiende rechazada (…)”. Para los efectos mencionados, en el folio decimosegundo del acto dispositivo recurrido la persona juzgadora indica textualmente lo siguiente: “(…) se demuestra con la prueba documental que fue solicitada como prueba para mejor resolver, esto mediante resolución de las catorce horas veintinueve minutos del veintisiete de marzo del año dos mil veinticinco, y que consta certificada de manera notarial en las imágenes 355 a la 363 del expediente electrónico, visto siempre en la manera antes dicha, prueba que al amparo de lo establecido en el artículo 45.1 del Código Procesal Civil, por ser un documento público no desvirtuado posee una presunción de autenticidad y eficacia (…)”. De lo anterior debe tomarse el extracto con referencia a la prueba documental que indica fue “solicitada” como prueba para mejor resolver, lo cual no es cierto, toda vez que en el escrito del siete de septiembre de dos mil veinticinco interpuesto por CREDI Q LEASING S.A, en ninguna parte se estableció que el finiquito de marras debiera tener la naturaleza de prueba para mejor resolver, sino que es evidente que su objeto era en realidad presentar de forma extemporánea una excepción procesal más que requerirlo al material probatorio existente, toda vez que la resolución de las catorce horas veintinueve minutos del veintisiete de marzo de dos mil veinticinco, lo que ordena específicamente como prueba para mejor proveer es COPIA CERTIFICADA DEL RECLAMO N°RC 04220010871 AMPARADO POR LA PÓLIZA N° 2000033069, el cual no fue aportado como se requirió, sino que incorporó un documento distinto. Ante ello, es claro que la persona juzgadora de forma extra-petita designa el valor de dicha carga y suprime la concentración y contradicción que son principios inviolables respecto a la prueba, arguyendo que se trata de elementos para mejor proveer cuando es obvio que no les dio debido trámite, siendo nugatorio para los derechos procesales de la actora y su fundada reclamación.

SOBRE LA FALTA DE ESCRUTINIO EN CUANTO A LAS PRUEBAS Y LA PARTICIPACIÓN DE SERVILLANTAS DALI D&L SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA. Con base al presente agravio, debe primero comprenderse que en la sentencia condenatoria numeral 2023000459, emitida por la resolución de las catorce horas dos minutos del catorce de junio de dos mil veintitrés del JUZGADO DE TRÁNSITO DEL I CIRCUITO JUDICIAL DE LA ZONA ATLÁNTICA, textualmente la autoridad jurisdiccional establece lo siguiente: “(…) Así mismo se le condena a MARIO BARR REID y solidariamente a Credi Q Leasing Sociedad Anónima, en su condición de dueño registral del vehículo placas MBR-770, al pago de los daños, perjuicios y costas ocasionados a las personas físicas o jurídicas que demuestren su legitimación en la vía correspondiente (…)”. De lo anterior debe denotarse que la condenatoria en abstracto hace especial énfasis en los reclamos ocasionados a las personas físicas o jurídicas que demuestren su legitimación en la vía correspondiente y para los efectos del reproche es indispensable conocerlo por cuanto la autoridad jurisdiccional de la actual instancia establece en múltiples ocasiones los siguientes aspectos y que se separan puntualmente para mejor comprensión del superior en alzada: “(…) Tampoco demostró la parte actora fehacientemente que el vehículo de su propiedad placas CL-296133, fuese un vehículo que en efecto se destinaba para el funcionamiento y explotación de un negocio con fines comerciales y laborales de naturaleza personal de la señora Pao Romero (…) parece ser que se ha confundido la parte actora la explotación comercial de un negocio por parte de una persona jurídica con la explotación comercial de un negocio personal de la actora, tan es así que se pretende el resarcimiento de daños y perjuicios como una sola unidad, respaldándose sin diferenciación alguna, en unas facturas y gastos que fueron asumidos por una persona jurídica ajena al proceso y otras a nombre de la actora (…) parece confundir la parte actora la explotación comercial de un negocio por parte de una persona jurídica con la explotación comercial de un negocio personal de la actora, y entre esta dicotomía de situaciones que motivan las pretensiones de daños y perjuicios que se pretenden resarcir en este proceso, no hay forma de distinguir, al menos con la prueba que se trajo a los autos, incumpliéndose con ello el principio de la carga de la prueba, la cual recae enteramente en la parte accionante, que el vehículo placas CL-296133 si era utilizado por doña Ivania, o cualquier otro de sus posibles colaboradores para la explotación comercial de la actividad por la cual se encuentra inscrita como comerciante, y no por la persona jurídica que en reiteradas oportunidades se menciona, como para poder dar un nexo causal entre el accidente acaecido en fecha 05 de agosto del año 2022 (…). Lo de supra obedece al hecho siguiente: como se adjunta en el acto impugnatorio actual, la suscrita actora es representante judicial y extrajudicial en conjunto con su esposo, el señor PLACIDO DAVID SANABRIA DELGADO, de SERVILLANTAS DALI D&L SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, cédula jurídica 3-102-854300 y es por medio de dicha persona jurídica que se practican las actividades comerciales de los mismos, siendo esta la que responde ante los acreedores así como de donde provienen los ingresos de ambas partes tanto para el manejo del negocio en sí como para lo pertinente a su condición de personas físicas y si bien es cierto el vehículo colisionado se encuentra en propiedad de la accionante, es evidente y claro que existe una conexidad que vincula estrechamente a PAO ROMERO con la persona jurídica, por lo que lo argüido por la juzgadora al buscar desvirtuar el derecho de reclamación por sobre los daños y perjuicios, indicando que “confunde” como una sola unidad, respaldándose sin diferenciación alguna, es en realidad un yerro proveniente del carente análisis de la misma para el material probatorio, toda vez que funcionalmente ambas partes son la misma persona, ejerciendo la accionante el comercio por medio de la persona jurídica que integra y representa y motivo por el cual figura en algunas de las facturaciones que son conocidas en la carpeta judicial, no porque sea un tercero que hubiera confeccionado dichos comprobantes, sino porque la accionante actúa por medio de su esposo como de la persona jurídica, manteniendo una unidad funcional, entre su integración como representante y como propietaria tanto del vehículo como de la persona jurídica en cuestión, evidenciando entre tanto el uso comercial que poseía el automóvil por los movimientos que se conocen, siendo que incluso, omitido por la autoridad jurisdiccional, en el primer folio del nexo probatorio adjunto al libelo, se suscribe un contrato entre la accionante y JEISON ANTHONY RICKETTS DUARTE, con el fin de ofrecer servicios de transporte, iniciando del 27 de agosto de 2022 y hasta el 27 de octubre del mismo año, evaluándose esto último a fin entender que la juzgadora pretende desligar el uso comercial del vehículo colisionado al indicar que “no existen pruebas que demuestren el nexo causal” respecto a la utilización del automóvil y la persona jurídica que figura en diversas pruebas, cuando en todo el material probatorio incorporado en el libelo denota la suscrita PAO ROMERO el giro comercial, el empleo de su mueble y la gestión general que la obliga a tomar medidas para resarcir los daños que extrapolan su esfera personal, afectando también el ámbito laboral y económico, por lo que se reclama la falta de motivación, de fundamentación y de análisis respecto al contenido probatorio reprochado.

SOBRE EL RECLAMO AL RESARCIMIENTO DEL PATROCINIO LETRADO. Que, con respecto a este aspecto, la autoridad jurisdiccional establece textualmente lo siguiente en el acto dispositivo: “(…) e) Por último, tampoco se demostró que la factura electrónica 00100001010000000072 emitida por Elite Solutions Community SRL de fecha 23 de setiembre del año 2023, sea una factura por servicios legales efectivamente prestados, para los expedientes 22-000685-0498-TR o para el caso civil de ejecución de sentencia bajo estudio, no hay forma de determinar que se trate de servicios prestados por profesionales en derecho debidamente acreditados para el ejercicio de la profesión Nótese que esta es una factura cuyo detalle al inicio del cuerpo de la factura indica “asesoramiento empresarial” y pese a que como detalle adicional se indica “ASESORÍA MATERIA TRANSITO Y CIVIL, REPRESENTACIÓN”(sic), de la certificación del expediente 22-000685-0498-CI, que fue prueba admitida en autos, y que consta de la imagen 278 a la 345 ibídem, específicamente de la imagen 303 a la 305, consta que la señora Ivania Pao Romero si se apersonó al proceso de tránsito como propietaria del vehículo y otorgó poder especial judicial a la licenciada Tamara García Hernández, quien a imagen 324 consta solicitó se admitiese en el proceso de tránsito al licenciado Isidro Monge Meza para el acto exclusivo de representación de los intereses de sus apoderados el día de la audiencia, sin embargo el día de la audiencia, la señora Pao Romero no se presentó a la misma, ni sus abogados tampoco, al respecto puede consultarse el encabezado de la sentencia Número 2023000459, de las 14:02 hrs del 14 de junio del año 2023, dictada por el Juzgado de Tránsito del I Circuito Judicial de la Zona Atlántica, sentencia que ahora se ejecuta, en cuanto de manera textual indica: “Dentro del término legal compareció Placido Sanabria Delgado para rendir declaración indagatoria, no así el co-infractor Mario Barr Reid y a la audiencia de conciliación y oral y pública convocadas, se hizo presente el conductor Placido Sanabria Delgado, no así las demás partes, ni testigo alguno que evacuar”, así las cosas de existir alguna factura por costos de representación del proceso de tránsito, esta debería estar expedida por parte de la licenciada Tamara García Hernández, quien fue la única profesional en derecho que participó activamente en representación de la aquí actora, de igual manera tampoco puede cobrarse de manera anticipada las costas de este proceso cuando aún no ha concluido el mismo, amén de que quienes han intervenido de momento en este proceso en el patrocinio letrado de la actora han sido al inicio el licenciado Isidro Monge Meza y recientemente como Apoderada Especial Judicial la licenciada Ana Yensi Matamoros Rivera (…) tránsito; evidentemente la función de representación de un profesional en derecho en cualquier proceso judicial contempla la asesoría legal necesaria para enfrentar el proceso, y buscar en otros profesionales en derecho o en otro tipo de compañía de asesoría empresarial no se configura en un gasto indispensable para la defensa de un proceso, que pueda ser resarcido como parte de las costas, sino más bien obedece a una cuestión facultativa a elección de la persona interesada. (…)”. De lo anterior, debe en primera instancia comprenderse que el análisis del nexo probatorio se debe a la sana crítica racional que debe tener la persona juzgadora en el escrutinio de aquel material que se ponga bajo su juzgamiento. Víctor Manuel Obando, en lo indicado en “La Sana Crítica y las Sentencias de Juicios ante el Contralor de Casación, publicado en la Revista Judicial numeral nueve de 1978, ya indicaba que dicho criterio obedece a que las sentencias deben ser motivadas para que canalicen la sana crítica y no herir la aplicación de la ley sustantiva en el cuadro fáctico subsumible de la norma, sin la cual no existiría relevancia jurídica y motivación en la base del acto dispositivo. Adicionalmente, la define como las “reglas del correcto entendimiento humano”, contingentes y variables con relación a la experiencia del tiempo y del lugar, pero estables y permanentes en cuanto a los principios lógicos en que debe apoyarse la sentencia. Por su parte, la Sala Tercera, por medio de la resolución numeral 481-1992, comparte este criterio al indicar que la persona juzgadora está sujeta al control del proceso lógico en su razonamiento, siendo un examen sobre la aplicación del sistema probatorio establecido en la ley a fin de custodiar la aplicación de las reglas de la sana crítica en la fundamentación de la sentencia, verificando si en su fundamentación se hanobservado las reglas fundamentales de la lógica, la psicología y la experiencia. Es, entonces, aunado a lo anterior, que no resulta coherente, por carecer de análisis y de un enfoque lógico y racional por parte de la autoridad jurisdiccional motivar la participación o no en audiencias previas al presente proceso de ejecución para la reclamación de extremos de honorarios, así como extrapola la juzgadora su criterio al evaluar el reproche a letrados que no intervienen en la carpeta que nos compete en cuestión, toda vez que la misma pretende erróneamente definir la exigencia de las costas personales en un contexto de acción “prematura”, afirmando con ello que la accionante “tampoco puede cobrar de manera anticipada las costas de este proceso cuando aún no ha concluido el mismo”. En lo consecuente, entiéndase el marco doctrinario y normativo de supra a sabiendas de que es de conocimiento lógico y evidente de la juzgadora que la LICDA. ANA YENSI MATAMOROS es la abogada de la suscrita accionante como su apoderada especial judicial y que incluso en los escritos presentados a lo largo del tiempo se ha contemplado que pertenece a la firma ELITE SOLUTIONS COMMUNITY SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, motivo por el cual se le expide a PAO ROMERO una factura originada por dicha firma, demostrando con lo mencionado su participación activa y de hecho obligatoria para la gestión de la ejecución, y no como lo hace ver la autoridad jurisdiccional, al excluir como prueba fehaciente el coste de dichos servicios por parte de la accionante para ejercer su derecho a ser resarcida por los daños y perjuicios ocasionados a su persona. En segundo lugar, la juzgadora arguye que la representación de un profesional en derecho en cualquier asunto judicial contempla la asesoría legal necesaria para enfrentar el proceso y califica el “gasto” como facultativo a elección de la persona interesada, lo cual no es sino un criterio extremadamente ajeno a la realidad, toda vez que, si bien es cierto, en la factura incorporada en el libelo por parte de ELITE SOLUTIONS COMMUNITY SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, establece “asesoramiento empresarial”, encasillar herméticamente dicho título como una mera asesoría, desvirtúa el hecho de que la suscrita accionada se ha hecho acompañar por un patrocinio letrado perteneciente a la mencionada firma ya desde el proceso de tránsito y en la etapa actual, para la cual, como establece el cardinal 20 y siguientes del Código Procesal Civil, resulta OBLIGATORIA la asistencia de un abogado, así para el acompañamiento a las audiencias como para los documentos y gestiones que deberán ir siempre autenticados, por lo que es obvio que debe descartarse la concepción errónea de la autoridad jurisdiccional al calificar como “facultativo”, algo que de hecho es INDISPENSABLE para la tramitación de la causa, como lo es la participación de un versado en derecho debidamente incorporado para ejercer la defensa. Por otra parte, no es cierto que se trate de una liquidación “anticipada” de las costas personales, como lo hace ver la juzgadora, toda vez que como es claro y evidente no se trata de un incidente de reclamo de honorarios, como lo indica el cardinal 76.3 del Código Procesal Civil, sino, por el contrario, el derecho que posee la accionante para verse resarcida ante la inversión que se vio obligada a efectuar para hacerse representar por un abogado para exigir los extremos ejecutorios que le corresponden, toda vez que, como se demuestra sobradamente desde la sentencia de tránsito de marras, de no haber ocurrido la colisión, no se hubiera visto en la necesidad de asesorarse legalmente y requerir la participación de un patrocinio letrado para incoar un proceso de ejecución, encontrándose lo anterior estrechamente vinculado como uno mismo, existiendo un nexo causal visible.

FALTA DE FUNDAMENTACIÓN, MOTIVACIÓN Y ANÁLISIS SOBRE LOS DAÑOS NO CUBIERTOS POR EL FINIQUITO CONSIDERADO POR LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL. Que la persona juzgadora establece lo siguiente en el acto dispositivo: “(…) sin embargo esta prueba tan si quiera fue ofrecida en el elenco de prueba documental presentado por la parte actora, por lo tanto no fue prueba válidamente admitida, y aún en el supuesto de que se hubiese admitido, por si sola NO posee la suficiente fuerza probatoria para demostrar que esos daños al sistema de cluth del vehículo placas CL-296133, no fueron incluidos en la reparación que si cubrió la póliza, pues no consta la respuesta de la aseguradora al pedimento del perito, tampoco consta que estos daños en efectos fueran producidos por el accidente en cuestión. Por lo anterior, se puede afirmar que la parte actora no demostró haber pagado ella de manera personal por los repuestos y mano de obra descritos en las tres facturas de previa cita, ni que estos daños fuesen daños producto del accidente en cuestión, ni tampoco que fueran daños no cubiertos por la aseguradora a la hora de reparar el vehículo (…) Otro factor de suma importancia que no logró ser demostrado por la parte actora es hubiesen daños al vehículo que no fueran cubiertos por la póliza que se utilizó para la reparación del vehículo (…) año 2022, suscribió un finiquito de responsabilidad civil de bienes en el que consta se da por satisfecha con la reparación efectuada por el Taller Hermanos Carranza, la totalidad de los daños materiales (…). Para los efectos del análisis previo, debe comprenderse que condena en este caso a la accionante, la autoridad jurisdiccional, tomando una evidente y sesgada postura por sobre los intereses de los accionados, al indicar erróneamente que se dio por satisfecha en la TOTALIDAD DE LOS DAÑOS MATERIALES, trayendo a colación el documento admitido la autoridad como prueba para mejor resolver, irrespetando los principios de contradicción y concentración, el cual indica textualmente: “(…) hago constar que me doy por satisfecho (a) con la reparación efectuada por el taller Hermanos Carranza correspondiente a los daños causados al vehículo: Placa: CL-296133 Marca: NISSAN Modelo FRONTIER Año 1999 (…)”. Como es observable, la autoridad jurisdiccional no solo incluye en la resolución exposiciones no definidas en el proceso, como indicar que se dio por satisfecha en “LA TOTALIDAD DE LOS DAÑOS MATERIALES”, lo cual no es cierto, sino que desplaza la responsabilidad probatoria sobre un aspecto del que de hecho es omiso el accionado, ya que en la documentación adjunta se limita a indicar que se efectuó la reparación, no sobre lo que se le reparó, contradiciendo la accionante ante el hecho de que hicieron falta todavía otras reparaciones que exige su resarcimiento por esta vía y que la juzgadora rechaza a pesar de que existe prueba fehaciente incorporada en autos que liga el agravio con lo reprochado en contraparte a lo manifestado por los accionados.

FALTA DE ANÁLISIS Y FUNDAMENTACIÓN EN LA PROBANZA DE LOS DAÑOS Y LOS PERJUICIOS. Que la autoridad jurisdiccional estableció lo siguiente, valorando como insuficientes las pruebas aportadas por la parte accionante: “(…) comerciante, aún y cuando cuatro de las facturas presentadas por concepto de alquiler de vehículo si están a nombre de la actora, se reitera esta documental que si ha sido admitida, así como el hecho de que la señora Pao Romero si se encuentre inscrita de manera formal ante el Ministerio de Hacienda como contribuyente por una actividad afín, no implica “per sé” que cualquier vehículo inscrito a su nombre se utilice para la explotación de su negocio personal, no se ofreció prueba testimonial al respecto que viniese a reforzar la tesis de que el vehículo siniestrado, en efecto se utilizaba para una actividad comercial o laboral personal de la actora. Por las razones expuestas, incumplió la parte actora con el deber de demostrar su dicho (...) d) Tampoco se demostró en el proceso que la señora Ivania Pao Romero de manera personal sufragara el costo de la factura del servicio de grúa, que pretende incorporar como un perjuicio a indemnizar, pues de los documentos que obran en autos, específicamente de la factura que resulta visible a imagen 40 de la carpeta electrónica, se extrae claramente que la factura está a nombre de una persona jurídica (…) reparado) con los daños y perjuicios que se reclaman, se reitera no hay forma de distinguir que este tiempo sin poder explotar el vehículo, perjudicara a doña Ivania de manera personal o a la persona jurídica que consta sufragó muchos de los gastos, y que la ausencia del vehículo les obligue a alquilar otro automotor o incluso pagar fletes a terceros para cumplir con los compromisos del negocio, negocio que no se sabe a ciencia cierta quién explota, y al no estar claro esto, tampoco puede asegurarse quién era el perjudicado con no poder utilizar el vehículo mientras éste era reparado, situación que imposibilita a esta juzgadora de reconocer los montos descritos como gastos personales a raíz de los daños del vehículo (descrita como pretensión principal) (…) por lo tanto no pueden ser prueba de que doña Ivania Pao incurrió en el gasto, esto sin tomar en cuenta que no se logró demostrar que el vehículo siniestrado placas CL-296133, fuese una herramienta indispensable de trabajo utilizada doña Ivania Pao Romero para su negocio personal, como para justificar la imperiosa necesidad de recurrir a contratar a un tercero que realice los fletes que el vehículo accidentado no podía hacer mientras permanecía en reparación (…)”. En virtud de lo mencionado, que son extractos del acto dispositivo, como se promovió en los agravios anteriores, a fin de mostrar con mayor claridad y facilidad de lectura en dónde se encuentran los yerros de la autoridad jurisdiccional, puede observarse que se desvirtúan las pruebas documentales aportadas, destacando, aunque no limitando a, el contrato de servicio de transporte del folio primero de los nexos, las facturas aunadas a dicho contrato, de los folios cuatro al ocho, documentación de solicitud sobre el cambio del clutch emitido por Hermanos Carranza, del folio dieciséis, la cotización de Hermanos Carranza sobre piezas necesarias para la inclusión al vehículo y su óptimo funcionamiento, del folio diecisiete, la grúa de remolque por la avería solicitada que coincide con el periodo de la colisión, del folio treinta y siete, la constancia de inscripción de la suscrita accionante ante el Ministerio de Hacienda, desempeñando la actividad comercial de SERVICIOS DE ALINEADO Y REPARACIÓN DE LLANTAS, del folio treinta y ocho, o las facturaciones por el arrendamiento de vehículos de los folios cincuenta y siete al sesenta y seis. En ese sentido, la autoridad jurisdiccional considera que dicha prueba documental es insuficiente, a pesar de que es evidente el giro comercial en el cual se desenvuelve PAO ROMERO, que es el mencionado alineado y reparación de llantas, por lo que existe un vínculo entre el vehículo en cuestión, que es uno de carga liviana, como lo menciona su placa, apropiado para desempeñar la clase de actividades como las descritas, así como ser la accionante dueña y representante judicial y extrajudicial de la sociedad de marras, dedicada también a dicha actividad comercial, por lo que en cuanto a la lógica y el sentido común, la juzgadora debió haber considerado, por medio de un criterio directamente orientado a la sana crítica racional y la experiencia, que la accionante utilizaba su vehículo en el desempeño de un giro comercial, a sabiendas de que las facturaciones con las que se reclaman los extremos debidos por los accionados tienen el nombre tanto de ella, como de su esposo y de su sociedad, ejerciendo la misma labor como unidad y no como personas independientes. Ante ello, es claro que la juzgadora no hace una reconstrucción de los hechos expuestos, no analiza la prueba incorporada cuando la misma es eficaz y no fue refutada en parte alguna del proceso y por esa razón es incapaz de externar un criterio objetivo apegado a la norma tanto como a la aplicación de la interpretación e integración de dicha norma. Es preocupante incluso traer a colación que cuestiona la juzgadora la grúa con la cual se movilizó el vehículo cuando concurrió la colisión, cual si se tratara de elementos ajenos a la causa por cuanto no comprende su contexto y se limita a favorecer indebidamente a los accionados a pesar de que existe además una sentencia previa que ordena el resarcimiento. Por otra parte, excluye la autoridad jurisdiccional el reclamo de los perjuicios. Durante el acto dispositivo tuvo un enfoque orientado únicamente en los daños ocasionados al vehículo de PAO ROMERO, no obstante, obvió la concepción de los perjuicios para los cuales la misma tiene derecho. Es de recordar que los daños, como lo indica la doctrina, consisten en aquella desventaja que experimenta un bien jurídico, tales como el patrimonio, la integridad, la vida, la salud, el honor, el crédito, el trabajo, entre otros; es, en resumidas cuentas, la pérdida que alguien a consecuencia de un determinado acontecimiento experimenta. Por otra parte, los perjuicios se vinculan a la lesión sufrida bajo una expectativa patrimonial, siendo un menoscabo económico representado el daño que se pesa, siendo, en conclusión, la diferencia entre la circunstancia actual y la futura que no ocurrió por haber concurrido la afectación. En esta misma línea de pensamiento y practicando analogía sobre el presente asunto, comprendemos que el daño concurre cuando BARR REID colisiona el vehículo de PAO ROMERO y a partir de ahí devengan los perjuicios, toda vez que la señora tuvo un menoscabo económico que no hubiera ocurrido de no ser por el incidente, al tener que invertir en una grúa que trasladara su automóvil colisionado, contratar servicios externos que pudieran cumplir con las obligaciones comerciales que efectuaba con dicho vehículo a fin de no perder a sus clientes, los gastos de desplazamiento que hubiera tenido que costear a falta del mueble, la asesoría y representación legal que en la instancia civil especialmente es OBLIGATORIA, entre otros, que se han mencionado sobradamente en el libelo, por lo que no es de recibo que la autoridad jurisdiccional pretenda tomar el nexo probatorio como insuficiente, al carecer su valoración de fundamento y análisis, cuando es claro que reconstruyen perfectamente la situación originaria que provocó el daño y las consecuencias posteriores cuya sumatoria pecuniaria responde al perjuicio. SÉPTIMO. FALTA DE FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN SOBRE EL RECHAZO DE LOS DAÑOS MORALES RECLAMADOS. Como último agravio, la autoridad jurisdiccional establece lo siguiente: “(…) no hay prueba alguna que ratifique de que la señora Pao Romero sufriera los padecimientos de desánimo, tristeza y ansiedad, en los cuales fundó su pedimento de resarcimiento de daño moral, ni se demostró alguna clase de nexo causal entre el accidente acaecido el 05 de agosto del año 2022 y los presuntos padecimientos anímicos que menciona (…) o por el simple hecho de que un vehículo de su propiedad sufriera daños en un accidente, ella de manera personal hubiese sufrido alguna clase de daño moral. Este hecho se encuentra ayuno de prueba, en este caso en particular, en donde se ignora si la señora Pao Romero viajaba en el vehículo al momento del accidente, tampoco hubo claridad en a qué persona física o jurídica servía el vehículo en particular como herramienta de trabajo, el hecho de que la señora actora sea paciente tratada por el servicio de Cirugía (…) Por lo que el simple hecho de que el vehículo placas CL-296133 propiedad de la actora sufriera daños materiales, no es motivo suficiente para tener por acredito la existencia de daño moral, éste no se demostró, lo que imposibilita acceder a esta pretensión (…). En primera instancia, recordemos que la doctrina establece sobre el daño moral que tutela los derechos de la personalidad, no habiendo en sí mismouna lesión en la esfera extrapatrimonial al comprender el concepto de “moral” como abstracto o intangible, sino que dicho daño global repercute en el estado anímico del ofendido. Se produce, por tanto, una perturbación injusta de las condiciones anímicas del individuo. Por su parte, la jurisprudencia de la Sala Primera en la resolución 010392013, categoriza la probanza del daño moral de la siguiente forma: “(…) En lo referente a la prueba del daño moral el principio es el siguiente: debe acreditarse su existencia y gravedad, carga que le corresponde a la víctima, sin embargo se ha admitido que tal prueba se puede lograr a través de presunciones de hombre inferidas de los indicios, ya que, el hecho generador antijurídico pone de manifiesto el daño moral, pues cuando se daña la psiquis, la salud, la integridad física, el honor, la intimidad, etc. es fácil inferir el daño, por ello se dice que la prueba del daño moral existe "in re ipsa" (…) En el misma resolución, para la evaluación del daño moral, la persona juzgadora obedece a: “(…) La presunción humana es un juicio lógico del juez, en virtud del cual se considera probable un hecho, con fundamento en las máximas generales de la experiencia, que indican cuál es el modo normal como suceden las cosas y los hechos…” (sentencia no. 878-F-2007 de las 8 horas 15 minutos del 14 de diciembre de 2007) (…)”. Entonces, con respecto a lo de supra, es claro que la autoridad jurisdiccional descarta la posibilidad de reclamo de los daños morales por parte de la accionada SIN FUNDAMENTAR EL MOTIVO, considerando como insuficiente las prueba que ya de por sí demuestran con amplitud de donde proviene el daño. Como la persona juzgadora no reconstruye el contexto ni aplica la lógica en el nexo probatorio, descarta que la suscrita accionante se encontraba en un proceso oncológico, ya de por sí difícil para quien lo padece y que no hizo sino agravarse su condición tras la colisión, implicando para ella el estrés y la ansiedad de ver como dejaba de percibir clientes a causa de la reparación de su vehículo y de las dificultades en las que se vio obligada a incurrir para cubrir los numerosos gastos que provinieron, la angustia que generan los procesos judiciales y de cobro, entre otros, que tienen un nexo causal con el accidente que la sentencia de tránsito ratifica. Es, en resumidas cuentas, responsabilidad de la colisión lo posterior, ya que si la misma no hubiera ocurrido, PAO ROMERO no hubiera tenido que invertir las sumas reclamadas, ni asesoría legal, ni se hubiera desmejorado su psique o su esfera personal, siendo dicho incidente el que origina el contexto que se plantea, sin embargo, la autoridad jurisdiccional no aplica las normas más esenciales para la interpretación y el análisis probatorio y rechaza un derecho contemplado incluso constitucionalmente cual si la misma hubiera ocasionado los daños que por esta vía se reprochan. (...) PRETENSIÓN. En vista de los agravios expuestos, de los fundamentos de derecho y las pruebas aportadas, solicito respetuosamente a su autoridad superior en jerarquía:

Que se reconozca el derecho de la señora PAO ROMERO y se declare con lugar el presente RECURSO DE REVOCATORIA CON APELACIÓN SUBSIDIARIA, considerando el orden de aplicación en subsidio, admitiendo la apelación cuando no sea procedente o sea rechazada la revocatoria.

Que se deje sin efecto en todos sus extremos la resolución numeral 2026000004, de lasquince horas, veintidós minutos del catorce de enero de dos mil veintiséis, emitida por el JUZGADO CIVIL DEL I CIRCUITO JUDICIAL DE LIMÓN.III. Que se devuelva la resolución al JUZGADO CIVH. DELI CIRCUITO JUDICIAL DE LIMÓN a fin de que confeccione integramente una sentencia que se ajuste a la legalidad, analizando de forma completa la prueba aportada, los fundamentos expuestos y la reclamación, según las reglas de la experiencia y la sana crítica racional, comprendiendo el modo normal como suceden las cosas y los hechos, al carecer la juzgadora actual de fundamentación apropiada y análisis probatorio." (Sic)

De conformidad con el artículo 65.5 del Código Procesal Civil, se procederá a conocer los agravios en la forma que fueron planteados, sin extender el análisis a otros puntos que pudieran ser relevantes en situaciones como la presente, pero que no se objetaron en la apelación.

Sobre los hechos probados e indemostrados. Por las forma en que se resuelve sew omite pronunciamiento sobre este particular.

Criterio del Tribunal: Revisado que ha sido la totalidad del expediente, este Tribunal arriba a la conclusión de que procede anular el fallo venido en alzada, al estimarse con lugar el primer agravio.   En efecto, del análisis integral de la prueba documental incorporada al proceso, se constata que existen facturas que consignan que corresponden a la reparación del vehículo placas CL-296133, lo cual permite establecer su vinculación con los daños derivados del accidente de tránsito cuya sentencia se ejecuta.  En ese sentido, se advierte que la persona juzgadora de primera instancia incurrió en preterición de prueba relevante, al afirmar que ninguna de las facturas podía relacionarse con el accidente, conclusión que no resulta acorde con el contenido del expediente. En particular, de la revisión de las prueba documental se observa que en la sentencia impugnada no se detalla la prueba que descarta para arribar a las conclusiones que sirvieron de base para establecer los hechos probados y no probados, por lo que la falta de valoración de dicha prueba podría incidir en la determinación del nexo causal y eventualmente variar el resultado del proceso.  La omisión en la valoración de esa prueba constituye un vicio sustancial en la motivación de la sentencia, que no puede ser convalidado. Asimismo, dicha falta de valoración no puede ser subsanada en esta instancia, pues implicaría sustituir a la persona juzgadora en el examen integral de la prueba y resolver aspectos que no fueron debidamente analizados, lo cual generaría indefensión para las partes y vulneraría el debido proceso.  En virtud de acogerse el primer agravio y resultar suficiente para disponer la nulidad del fallo, se omite pronunciamiento respecto de los restantes agravios por carecer de interés, al quedar sin efecto la resolución recurrida.                 Por tanto Se declara con lugar el recurso de apelación. En consecuencia, se anula la sentencia venida en alzada. Por innecesario, se omite pronunciamiento sobre los restantes agravios. Brenda Celina Calvo De la O  Luis Esteban Araya Ugalde                                                         Eric Manuel Campos Camacho.  BCALVOD   9RFGZEO1OWQ61BRENDA CELINA CALVO DE LA O - JUEZ/A DECISOR/A E2UO3VYFWGC61ERIC MANUEL CAMPOS CAMACHO - JUEZ/A DECISOR/A FK2VKJ43FK0E61LUIS ESTEBAN ARAYA UGALDE - JUEZ/A DECISOR/A EXP: 23-000276-0678-CII Circuito Judicial de Limón, Limón centro, Edificio de los tribunales, Tercer piso Teléfonos: 2799-1389 ó 2799-1510. Fax: 2799-1329. Correo electrónico: limtribapel@poder-judicial.go.cr