Resolución 00122-2026

Antecedentes de importancia y resolución de primera instancia.1. Se homologa por este Tribunal el considerando primero de la sentencia venida en alzada, por cuanto contiene una adecuada síntesis de las pretensiones de la demanda, así como de la contestación y de las excepciones opuestas.2. El Juzgado Civil del II Circuito Judicial de Limón, por sentencia número 2026000063 de las 13:50 horas del 18 de febrero de 2026, dispuso: “Por las razones expuestas en la parte considerativa, conforme a los artículos 35.1.8; 41.1.1; 45.1; 62.1, 73.1, 106.1 último párrafo, del Código Procesal Civil; se rechaza de plano la caducidad, el artículo 106.1 del Código Procesal Civil dispone que los interdictos posesorios deben promoverse dentro del plazo de tres meses contados desde el acto perturbatorio, dentro de igual plazo desde el inicio de la obra. Este plazo constituye una condición de procedibilidad de la acción, cuyo cumplimiento debe ser afirmado y demostrado por la parte actora. En el presente caso, la parte demandada genera su tesis en el plazo de los supuestos actos pertubatorios, pero se acredita que la presente demanda se presento al mes siguiente, lo cual es improcedente por cuanto la ley es clara en el conteo del plazo. Se acoge la defensa de falta de derecho y falta de legitimación y se declara SIN LUGAR la presente demanda Sumaria Interdictal de Amparo Posesión interpuesta por JEUDDY MORGAN MULLINS; en contra AGNER GOMEZ ROJAS. De conformidad con lo que establece los articulo 73.1, deberá la parte actora cancelar a la parte demandada, las costas personales y procesales de este asunto. Se tasan los honorarios de abogado en la suma de DOS MILLONES DE COLONES (¢ 2,000,000). Lo anterior al tenor del Arancel de Honorarios por Servicios Profesionales de Abogacía y Notariado, Decreto Ejecutivo N° 41457-JP del 22 DE MAYO DEL 2019.- . (Sic).

Sobre la Admisibilidad del Recurso: A la luz de lo establecido en el artículo 67.1 del Código Procesal Civil, las sentencias en los procesos sumarios admiten recurso de apelación, siempre y cuando sea interpuesto dentro del quinto día posterior a su notificación y conforme a lo establecido en el numeral 67.1 ibidem. En el caso examinado, el pronunciamiento se notificó a todas las partes el 18 de febrero de 2026, por lo que el plazo para presentar el recurso vencía el día  26 de febrero de 2026 y el recurso se presentó el día 24 de febrero de 2026; en tiempo y forma; así que procede su conocimiento en esta sede.

En virtud del recurso de apelación interpuesto por la parte actora, conoce este Tribunal de dicha resolución.

Se dicta el fallo observando las prescripciones legales establecidas para tal efecto, y dentro del término que razonablemente permiten las labores de este Tribunal.

Sobre los hechos: Se homologan los hechos demostrados e indemostrados  del fallo por ser acordes a las pruebas allegadas al proceso.

Agravios de la parte actora. La parte actora interpone recurso de apelación contra la sentencia porque considera que tiene problemas graves de motivación, mala valoración de la prueba y violación de la sana crítica.  Como primer agravio, indica que la sentencia no explica por qué el juez le cree al demandado, a pesar de que este no aportó prueba de posesión, no llevó testigos vecinos y el reconocimiento judicial contradice su versión. Señala que hay ausencia de motivación, lo cual es causal de apelación. El segundo agravio señala que errónea valoración del reconocimiento judicial, porque ahí se estableció que no hay cultivos ni explotación agrícola, lo cual destruye lo que dijo el demandado sobre tener siembras, rancho y actividad agrícola. Sin embargo, el juez no analiza eso ni concluye que el demandado mintió. El tercer agravio reclama una mala valoración de la prueba testimonial, porque hay contradicciones. El testigo Linford Crooks  del demandado dice ser vecino de 30 años pero no reconoce al actor viviendo ahí, lo que le quita credibilidad, y el juez no explica por qué le cree. El otro testigos David Gómez Mejía sí confirma que el actor vive ahí, pero el juez no hace análisis comparativo ni explica las contradicciones. Además, se cuestiona que se le diera valor al testigo David Gómez Mejía el cual es hijo del demandado, sin analizar su interés en el resultado del proceso ni su falta de imparcialidad. El cuarto motivo señala que la persona juzgadora invierte la carga de la prueba, porque el demandado alegó posesión por 36 años pero no aportó documentos, ni vecinos, ni prueba de actos posesorios y aun así se le da valor a su versión. También se señala que hay contradicción entre lo que el mismo juez tiene por probado (que no hay cultivos ni explotación) y lo que decide, porque no cuestiona la versión del demandado. Por último, agrega un agravio sobre la condena en costas, indicando que no procede porque la parte actora litigó de buena fe, con fundamento razonable, existía controversia real y prueba que justificaba el proceso, por lo que no fue temerario. En la petitoria, solicita que se declare con lugar el recurso, se revoque la sentencia en todos sus extremos y se declare con lugar la demanda de interdicto de posesión, ordenando al demandado no perturbar la posesión y condenándolo en costas. Subsidiariamente, pide que se anule la sentencia por falta de motivación.

Sobre el fondo del asunto. Sobre la credibilidad de la persona juzgadora de la posesión del señor Agner Gómez Rojas. Se debe rechazar el agravio. Al respecto en el hecho probado número 5 de la sentencia la persona juzgadora señala lo siguiente: "5) Que el señor AGNER GOMEZ ROJAS ha mantenido de manera efectiva, constante y pública la posesión del terreno en disputa. Fundamentación.- Particular relevancia reviste la declaración de parte rendida por el demandado en fecha veintidós de abril del dos mil veinticinco, en la cual expuso con claridad, coherencia y precisión temporal que ha ejercido la posesión del inmueble por más de treinta y seis años, detallando los actos concretos de aprovechamiento agrícola, mantenimiento y custodia del terreno. Su relato no evidenció contradicciones sustanciales y fue consistente con el resto del material probatorio. Dicha manifestación no quedó aislada, sino que fue corroborada por la prueba testimonial, cuyo declarante afirmo conocer al demandado como poseedor del inmueble desde hace varias décadas, reconociendo que este ha realizado actos visibles y permanentes sobre el terreno, tales como siembra, limpieza y mantenimiento. Asimismo, resulta jurídicamente significativo que el demandado realizó un reconocimiento claro y preciso de los linderos del inmueble, describiendo puntos de referencia físicos, colindancias y delimitaciones históricas, lo cual evidencia un conocimiento propio de quien ejerce dominio fáctico prolongado sobre el bien. Igualmente explicó los motivos del cercamiento, señalando que este respondió a la necesidad de delimitar y proteger el terreno destinado a su actividad productiva, circunstancia compatible con el ejercicio del corpus y el animus possidendi." (Sic). De la lectura del hecho probado número 5 de la sentencia recurrida, se advierte que la persona juzgadora no se limitó a efectuar una afirmación conclusiva, sino que expuso de manera expresa, clara y razonada las bases fácticas y probatorias que la condujeron a tener por acreditada la posesión. En efecto, se detalla que dicha convicción se sustenta, en primer término, en la declaración de parte del demandado, la cual fue valorada positivamente por su coherencia interna, precisión temporal y ausencia de contradicciones sustanciales, así como por la descripción concreta de actos posesorios desplegados durante más de treinta y seis años. Asimismo, el juzgador explica que tal manifestación no quedó aislada, sino que fue corroborada por la prueba testimonial, cuyo declarante confirmó el ejercicio de actos visibles, continuos y permanentes sobre el inmueble, tales como siembra, limpieza y mantenimiento, lo cual refuerza la verosimilitud del relato. A ello se suma la valoración del reconocimiento de linderos efectuado por el propio demandado, quien describió con detalle puntos de referencia físicos, colindancias y delimitaciones históricas, aspecto que evidencia un conocimiento directo y prolongado del bien, propio de quien ejerce un dominio fáctico. Igualmente, se pondera la explicación brindada respecto al cercamiento del terreno, el cual se vincula con la necesidad de delimitar y proteger el inmueble destinado a actividades productivas, circunstancia que resulta compatible con los elementos constitutivos de la posesión, esto es, el corpus y el animus possidendi. En consecuencia, contrario a lo alegado por la parte recurrente, la sentencia sí contiene una motivación suficiente, en tanto exterioriza el razonamiento lógico y jurídico seguido por la persona juzgadora, con indicación de las pruebas valoradas y la forma en que estas conducen a la conclusión adoptada. Por ello, no se configura el vicio de falta de motivación invocado, debiendo rechazarse el agravio en este extremo.

Sobre la errónea valoración del reconocimiento judicial.  En cuanto al segundo agravio, relativo a la supuesta errónea valoración del reconocimiento judicial, el mismo debe ser rechazado. La parte recurrente sostiene que dicha diligencia acreditó la inexistencia de cultivos o explotación agrícola, lo que, a su criterio, desvirtúa la posesión alegada por el demandado. No obstante, tal planteamiento parte de una lectura parcial e incorrecta de lo consignado en la sentencia. En efecto, del hecho probado número cinco se desprende que la persona juzgadora hace referencia al reconocimiento judicial en un sentido distinto al señalado por el apelante, pues lo valora en cuanto al conocimiento que el demandado tiene sobre los linderos del inmueble, describiendo con precisión colindancias, puntos de referencia físicos y delimitaciones históricas. Este aspecto fue considerado como un elemento relevante para evidenciar el ejercicio material de la posesión prolongado sobre el bien. Así las cosas, el reconocimiento judicial no fue utilizado por el juzgador para acreditar la existencia de siembras o cultivos, como erróneamente lo afirma la parte recurrente, sino como un indicio del conocimiento material y directo del inmueble por parte del demandado, lo cual resulta compatible con el ejercicio de la posesión. En consecuencia, no se advierte la omisión ni el error en la valoración probatoria alegado, sino una discrepancia del recurrente con la forma en que el juzgador ponderó la prueba, lo cual no constituye por sí mismo un vicio que cause nulidad. Por ello, el agravio debe ser desestimado.

Sobre la valoración de la prueba testimonial. Se ha de rechazar el agravio.  En primer término, debe destacarse que, tal y como lo reconoce el propio recurrente, obra en autos la declaración del testigo David Gómez Mejía, quien ubica al demandado en modo, tiempo y lugar ejerciendo actos posesorios sobre el inmueble, lo que constituye un elemento probatorio relevante para acreditar la posesión alegada. En cuanto al cuestionamiento relativo a que dicho testigo es hijo del demandado, ello no incide, por sí solo, en la credibilidad de su declaración ni en su conocimiento de los hechos, máxime cuando su testimonio aporta información concreta sobre actos materiales de posesión, sin que se evidencien contradicciones sustanciales que permitan desvirtuarlo. La relación de parentesco es un aspecto a ponderar, pero no determina automáticamente la falta de valor probatorio de la declaración. Por otra parte, en lo que respecta al testigo Linford Crooks Crooks, la propia sentencia recurrida es clara al indicar que “no resulta de interés para este fallo su declaración”, lo cual evidencia que la persona juzgadora no fundamentó su decisión en dicho testimonio, descartándolo como elemento determinante para la resolución del caso, por lo que no resulta cierto que la persona juzgadora le haya dado credibilidad en sentido alguno. En consecuencia, no se advierte una indebida valoración de la prueba testimonial, sino una ponderación razonada por parte del juzgador, quien valoró los elementos que estimó pertinentes y prescindió de aquellos que consideró irrelevantes para la decisión. Por ello, el agravio debe ser rechazado.

En relación con el cuarto agravio, se advierte que el mismo constituye una reiteración de los argumentos desarrollados en los agravios primero y segundo, ya analizados y resueltos por este Tribunal. En efecto, la inconformidad planteada gira en torno a aspectos ya examinados, tales como la supuesta falta de motivación y la alegada errónea valoración probatoria, sin que se introduzcan elementos nuevos que ameriten un análisis adicional. Por lo tanto,  al haber sido debidamente atendidos dichos extremos en los apartados precedentes, resulta innecesario emitir un pronunciamiento reiterativo sobre el mismo, razón por la cual se tiene por desestimado el agravio en este punto. Décimo

Sobre la condena en costas. No lleva razón el recurrente. Al respecto se debe de tener presente que el artículo 73.1. del Código Procesal Civil establece lo siguiente: “Condenatoria en costas. En toda resolución que le ponga fin al proceso, de oficio, se condenará al vencido al pago de costas. Se considerarán costas los honorarios de abogado, la indemnización del tiempo invertido por la parte en asistir a los actos del procedimiento en que fuera necesaria su presencia y los demás gastos indispensables del proceso.” En el presente asunto, fueron declaradas sin lugar todas las pretensiones de la parte actora, por ende, al ser parte vencida, debe ser condenada al pago de las costas del proceso. Es importante señalar que la condena en costas en la regla y la exención del articulo 73.2 es la excepción, no se considera que la parte actora haya litigado de buena fe ya que la parte no explica en que consiste la buena fe empleada  y se reitera la misma resultó parte vencida, por lo cual debe asumir los costos del proceso. Corolario de lo expuesto, se rechaza el recurso de apelación formulado por la parte actora y se confirma el fallo en lo que ha sido objeto del recurso. PARTE DISPOSITIVA            Se rechaza el recurso de apelación formulado por la parte actora y se confirma el fallo en lo que ha sido objeto del recurso.  Juezas y Juez del Tribunal. Maricruz Barrantes Córdoba Brenda Celina Calvo de la O        Luis Esteban Araya Ugalde   RA43NM9DKBTG61MARICRUZ BARRANTES CORDOBA - JUEZ/A DECISOR/A PFRHAB5HJQU61BRENDA CELINA CALVO DE LA O - JUEZ/A DECISOR/A JFHUVYZBWMY61LUIS ESTEBAN ARAYA UGALDE - JUEZ/A DECISOR/A EXP: 22-000279-0930-CII Circuito Judicial de Limón, Limón centro, Edificio de los tribunales, Tercer piso Teléfonos: 2799-1389 ó 2799-1510. Fax: 2799-1329. Correo electrónico: limtribapel@poder-judicial.go.cr