Resolución 11012-2017

Por escrito incorporado al expediente digital de la Sala a las 13:23 horas

del 13 de junio de 2017, el promovente interpone recurso de amparo contra el

Tribunal Administrativo de Servicio Civil y el Ministerio de Educación Pública.

Alega que, según resolución 031-2017-TASC del Tribunal Administrativo del

Servicio Civil, fue sancionado con el despido debido a una denuncia por una

aparente transgresión a la Ley Contra el Hostigamiento Sexual en el Empleo y la

Docencia. Indica que en esa resolución se le despidió sin responsabilidad para

el Estado, ello pese a que su relación laboral ya se había interrumpido el 14

octubre del 2016, momento en el que se jubiló. Acota que por ello no existe

ninguna relación estatutaria como para despedirlo. Agrega que nunca tuvo la

oportunidad de presentar sus alegatos desde la etapa preliminar del proceso, y

su caso fue elevado ante instancias administrativas superiores como el Tribunal

Administrativo del Servicio Civil, sin que existiera un debido proceso y sin

haber subsanado errores procesales que permitían vicios de nulidad que fueron señalados

enfáticamente. Arguye que, en cuanto a la prescripción de este proceso, la

denuncia fue interpuesta en noviembre de 2013, y fue suspendido en febrero

2014, de modo que desde esa fecha y hasta octubre de 2016 –año en que se

pensionó- no había existido sanción o resolución alguna sobre este proceso,

contraviniendo el artículo 5 de la ley 7476, donde establece que el

procedimiento no puede exceder de un plazo de tres meses y, en este caso, el

Tribunal Administrativo del Servicio Civil tardó aproximadamente 4 años.

Reclama que, pese a poner en conocimiento del Tribunal Administrativo su

condición de jubilado, este decidió sancionarlo con el despido sin

responsabilidad para el Estado. Adiciona que se lesionó el principio de non

bis in ídem , así como el de irretroactividad de la ley, ya que lo

procedente era que el Tribunal desistiera de esa causa desde el momento en que

tuvo conocimiento de su condición. Por otro lado, asevera que desde el inicio

del proceso -en noviembre del año 2013- no se conformó una comisión

investigadora, según lo establecido en el artículo 20 de la ley mencionada,

sumado a que el Tribunal Administrativo estaba conformado por 3 mujeres, cuando

debieron ser miembros de ambos sexos, según lo establece la Ley contra el

Hostigamiento Sexual, lesionando con ello el debido proceso y el principio de

igualdad y no discriminación. Por lo anterior, considera vulnerados sus

derechos fundamentales y solicita a la Sala dejar sin efecto la resolución

número TASC 031 -2017.

El artículo 9 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional faculta a la

Sala a rechazar de plano o por el fondo, en cualquier momento, incluso desde su

presentación, cualquier gestión que se presente a su conocimiento que resulte

ser manifiestamente improcedente, o cuando considere que existen elementos de

juicio suficientes para rechazarla, o que se trata de la simple reiteración o

reproducción de una gestión anterior igual o similar rechazada.

Redacta

el Magistrado Rueda Leal; y,

OBJETO DEL RECURSO . El recurrente alega que mediante resolución 031-2017-TASC del

Tribunal Administrativo del Servicio Civil, fue sancionado con el despido

debido a una denuncia por una aparente transgresión a la Ley Contra el

Hostigamiento Sexual en el Empleo y la Docencia. Indica que en esa resolución

se le despidió sin responsabilidad para el Estado, ello pese a que ya se

encontraba jubilado, por lo que no existía relación estatutaria como para

despedirlo. Agrega que nunca tuvo la oportunidad de exponer sus alegatos; el

caso fue elevado ante el Tribunal Administrativo del Servicio Civil, sin que

existiera un debido proceso y sin haberse subsanado errores procesales; el

procedimiento excedió el plazo de 3 meses establecidos en la ley mencionada y

tardó 4 años; se lesionó el principio de non bis in ídem , así como el de irretroactividad de la ley, ya que lo procedente era que

el Tribunal desistiera de esa causa desde el momento en que tuvo conocimiento

de su condición de jubilado; no se conformó una comisión investigadora; y el

Tribunal Administrativo estuvo compuesto por 3 mujeres, cuando debieron ser

miembros de ambos sexos, según lo establece la Ley contra el Hostigamiento

Sexual, lesionando con ello el debido proceso y el principio de igualdad y no

discriminación. Por lo anterior, considera vulnerados sus derechos

fundamentales y solicita a la Sala dejar sin efecto la resolución número TASC

031 -2017.

SOBRE LA POTESTAD DISCIPLINARIA CONTRA UN

FUNCIONARIO JUBILADO. En particular, respecto al ejercicio del régimen disciplinario contra un

exfuncionario, esta Sala se pronunció en sentencia N° 2005-08738 de las 15:14

horas del 5 de julio de 2005:

«Según lo expresado en el escrito de interposición, la

inconformidad del recurrente radica en la vigencia de un procedimiento

disciplinario (nº17-04) incoado en contra de la amparada, manteniéndose vivo

este procedimiento aún después de que fue despedida desde el 04 de octubre del

2004, por lo que considera violado el artículo 192 de la Constitución Política.

Al respecto, esta Sala comprueba por un lado que el proceso a que alude el

recurrente fue iniciado el 13 de setiembre del 2004, es decir, antes del

despido, por lo que cuando se inició todavía existía una relación de

subordinación; por otro lado de todas formas aunque la potestad disciplinaria

no se puede ejercer contra un ex-empleado, sí podría surgir de un procedimiento

tal las bases para exigir cualquier otro tipo de responsabilidad, como la civil

y finalmente como no corresponde a esta jurisdicción determinar o declarar

fenecido un procedimiento administrativo iniciado, ni se observa con ello una

violación de derechos constitucionales -pues a lo sumo se estaría frente a un

problema procesal o de relevancia legal- lo procedente es declarar sin lugar el

recurso planteado como en efecto se hace» (subrayado añadido).

Asimismo, por sentencia n.° 2006-07882 de las 15:35 horas

del 31 de mayo de 2006, se dispuso lo siguiente:

«Sobre el hecho de que el recurrente se haya

jubilado durante la tramitación de la investigación. Ha quedado

acreditado que el procedimiento sancionatorio contra el amparado se inició

cuando aún era funcionario judicial (informes a folios 19 y 26) y que, al

momento de dictarse el acto final mediante el cual el Tribunal de la Inspección

Judicial dispuso la sanción, el recurrente ya se había jubilado (id.). La

potestad sancionatoria no decae por el hecho de que finalice la relación

laboral » (subrayado añadido).

Consideraciones que son

aplicables al caso en estudio, pues este Tribunal no encuentra razones para

variar el criterio vertido en dicha sentencia, ni motivos que lo hagan valorar

de manera distinta la situación planteada.

En el sub lite, del

escrito de interposición se colige que, aun cuando el recurrente se haya

jubilado el 14 de octubre de 2016, lo cierto es que el procedimiento

disciplinario en su contra inició desde que tenía una relación laboral con el

Ministerio de Educación Pública, lo que incluso se acredita a través del

recurso de amparo 16-003643-0007CO, mediante el cual el promovente discutió

ante la Sala aspectos de debido proceso en dicho procedimiento disciplinario,

donde consta que el traslado de cargos se efectuó en el 2015. Consecuentemente

y como se desprende de la jurisprudencia citada, el hecho de que el amparado

haya sido despedido después de haberse jubilado, no lesiona sus derechos

fundamentales.

Ergo, se declara improcedente

este extremo.

SOBRE LA ACUSADA LESIÓN AL DEBIDO PROCESO. En la especie, el recurrente también acusa que no tuvo

oportunidad de presentar sus alegatos desde la etapa preliminar del proceso, y

fue elevado ante instancias administrativas superiores como el Tribunal

Administrativo del Servicio Civil, sin que existiera un debido proceso y sin

haber subsanado errores procesales; además, asevera que desde el inicio del

proceso -en noviembre del año 2013- no se conformó una comisión investigadora,

según lo establecido en el artículo 20 de la ley mencionada.

Ahora bien, anteriormente, el amparado ya había acudido a

esta Sala a reclamar una lesión al debido proceso en el procedimiento

disciplinario aquí en cuestión. En dicha ocasión, mediante sentencia

2016-005110 de las 12:03 horas del 15 de abril de 2016, se dispuso lo siguiente:

“II.- Objeto del recurso. El recurrente sostiene que al amparado se le sigue procedimiento

administrativo en el Ministerio de Educación Pública. Al respecto, se estima

lesionado el derecho al debido proceso, ya que el escrito de defensa no se

atendió, la prueba no se produjo y no se convocó ni se desarrolló la audiencia

oral y privada. Sostiene que en lugar de convocar a audiencia oral y privada,

la Directora de Recursos Humanos del Ministerio recurrido solicitó al Tribunal

de Carrera Docente autorización para formular el despido sin responsabilidad

patronal del amparado. Lo anterior, lesionó el derecho al debido proceso al

impedirle ejercer su derecho de defensa. Aduce que por resolución No.

TCD-2575-2015 de las 18:21 hrs. de 15 de diciembre de 2015, el Tribunal de

Carrera Docente acogió la gestión y autorizó a la Ministra para proceder a

efectuar el despido del tutelado.

Sobre el fondo. Por medio de la sentencia número 2012-002722 de las

14:30 horas del 29 de febrero de 2012, en un caso similar al presente, esta

Sala estableció lo siguiente:

“III.- Esta Sala respecto a hechos similares a los que aquí se impugnan, en

sentencia número 2005-014493, de las 11:38 horas del 21 de octubre de 2005,

dispuso en lo que interesa:

“II.- Objeto del recurso. La recurrente estima violentada en su perjuicio

el debido proceso, por cuanto acusa que el Tribunal de Carrera Docente autorizó

su despido sin valorar la prueba y darle la audiencia correspondiente.

Sobre el fondo. Esta Sala en reiteradas ocasiones ha señalado que en

casos como el de la recurrente, el debido proceso se deberá constatar ante la

Dirección de Servicio Civil y no requiere de la instrucción de un proceso

formal ante el Ministerio de Educación Pública o ante el Tribunal de la Carrera

Docente como lo pretende la recurrente. Al respecto, este

Tribunal ha considerado:

"«en cuanto a lo alegado por la recurrente en relación con

el supuesto agravio ocasionado por la investigación

preliminar que culminara con la emisión de un informe y la posterior gestión de

despido solicitada por el Ministro a la Dirección General de Servicio Civil,

órgano en donde se iniciará el procedimiento disciplinario sancionatorio

en su contra, no observa este Tribunal motivo alguno para aceptar la tramitación

del presente recurso motivado en dichos argumentos, toda vez que la

jurisprudencia constitucional ha sido conteste con que las

investigaciones preliminares - circunstancia que sucede en este caso - se

encuentran fuera de los alcances del debido proceso por no

constituirse dicha actividad en un procedimiento

sancionatorio, propiamente dicho. Tómese en cuenta que las actuaciones

que se impugnan responden a la conformidad del artículo 43 del Estatuto

de Servicio Civil, el cual no solo dispone la potestad del Ministro para

gestionar el despido del trabajador, sino además el traslado de cargos por

parte de la Dirección General de Servicio Civil al servidor perjudicado con tal

decisión. Será, entonces, dentro del procedimiento administrativo, donde

podrá ejercer todas las garantías procesales que la constitución y las leyes le

confieren al efecto, procedimiento que -dicho sea de paso- según se desprende

de la prueba aportada, fue debidamente notificado a la amparada y

cumple en todo con los requisitos necesarios para su validez y

eficacia como acto inicial del procedimiento, otorgándosele un plazo de diez

para que se oponga al despido y ofrecer las pruebas de descargo«"(1902-99)

"III. Como bien lo cita la parte recurrida, la Sala ha señalado en su

jurisprudencia que en los casos en que debe aplicarse la normativa

antes indicada, es innecesario que el órgano estatal realice un

procedimiento interno, por cuanto el Estatuto de Servicio Civil es el que

regula la materia, sin contemplar ese paso, como se aprecia en el siguiente

precedente:

"I. Se alega una violación al debido proceso por parte del Ministerio

recurrido. La Sala encuentra que en esa sede se llevó a cabo el procedimiento

ordinario que establece la Ley General de Administración Pública, que no era

necesario, toda vez que precisamente el Estatuto del

Servicio Civil tiene un procedimiento, el que también fue

observado por el Ministerio y Tribunal recurridos. Es decir, el debido proceso

se observó doblemente, lo que no era

necesario, porque, cómo se consideraría normal y no

ilegítimo, en sí mismo, que se pudiera haber acudido directamente al

Tribunal de Servicio Civil, sin necesidad de agotar al procedimiento

ordinario previamente, toda vez que ésta no sería determinante, al tenerse que

acudir a aquél. Si los hechos demuestran que el Ministerio

recurrido fue meticuloso y realizó un procedimiento previo antes de ir al

Tribunal, no encuentra la Sala propio acusar violación al debido proceso. Por

el contrario, hubo exceso de garantía para la aquí recurrente." (Sentencia

número 0499 de las diez horas seis minutos del veintinueve de enero de

mil novecientos noventa y tres)”

En el sub examine, de los autos y del informe rendido bajo juramento

por la autoridad recurrida se tiene como debidamente acreditado, que ante la

imposibilidad material de notificar el traslado de cargos al amparado, sobre

las denuncias interpuestas por docentes en su contra por actuaciones de acoso

sexual, el Ministerio de Educación Pública solicitó, para dar continuidad a las

diligencias correspondientes, al Tribunal de Carrera Docente autorización para

que la Ministra de Educación Pública plantease gestión de despido para ante

Tribunal de Servicio Civil. Así, el Tribunal de Carrera Docente, por resolución

No. TCD-2575-2015 de las 18:21 hrs. de 15 de diciembre de 2015, como indica el

propio recurrente, dio la anuencia correspondiente, por lo que la Ministra de

Educación Pública planteó la gestión pertinente ante el Tribunal de Servicio

Civil. Dicho Tribunal ordenó a la Dirección General de Servicio Civil iniciar

el procedimiento de instrucción correspondiente, según lo establece la ley.

Luego, mediante resolución N° AJD-RES-115-2016 de las 10:30 horas del 14 de

marzo de 2016, la Dirección efectuó el traslado de cargos correspondiente y le

otorgó al afectado oportunidad de ejercer el derecho de defensa en el

procedimiento. De este modo, ha quedado acreditado que el Ministerio de

Educación Pública ya inició la correspondiente gestión de despido ante la

Dirección General de Servicio Civil, respecto de lo cual no se constata ninguna

violación al debido proceso en perjuicio del amparado, habida cuenta de que no

es sino a partir de ese momento, que comienza propiamente el

procedimiento de despido incoado en su contra, en el que contará con

todas las garantías propias del debido proceso y del derecho de defensa

que al efecto se contempla el Estatuto de Servicio Civil y su Reglamento (ver

sentencia No. 2000-3682).

En virtud de lo

expuesto y conforme a la sentencia de esta Sala 2012-002722, no se estima que

se haya producido violación constitucional alguna,

pues como fue señalado en el antecedente de cita, será ante

la Dirección de Servicio Civil, donde el recurrente tendrá la oportunidad

de ejercer su derecho de defensa. El Tribunal de Carrera Docente lo único que

hace es verificar requisitos formales para autorizar si procede que el Jerarca

gestione el despido, pero no valora el fondo del asunto, pues compete al

Tribunal de Servicio Civil. De manera que

lo resuelto por el Tribunal recurrido no

lesiona el derecho del debido proceso del

recurrente, y será en aquella instancia, donde ejercerá su derecho de defensa.

En consecuencia, se desestima el recurso interpuesto.”

Por ende, en relación con la acusada lesión al debido

proceso (oportunidad de presentar alegatos desde la etapa preliminar del

proceso, elevación del asunto al Tribunal Administrativo del Servicio Civil sin

que aparentemente se hubiesen subsanado errores procesales, y conformación de

la comisión investigadora –hecho que, de ser el caso, se dio con anterioridad

al dictado de la sentencia transcrita-), deberá el recurrente estarse a lo

resuelto en la sentencia 2016-005110 de las 12:03 horas del 15 de abril de 2016.

RESPECTO A LA CONFORMACIÓN DEL TRIBUNAL DEL SERVICIO

CIVIL. El

recurrente alega que dicho Tribunal estuvo conformado por 3 mujeres, cuando

debieron ser miembros de ambos sexos, según lo establece la Ley contra el

Hostigamiento Sexual en el Empleo y la Docencia, lesionando con ello el debido

proceso y el principio de igualdad y no discriminación.

No obstante, en relación con el numeral 33 de la

Constitución Política, reiteradamente, la Sala ha dicho que quien alega la

violación a este principio está obligado a aportar ab initio elementos suficientes que sugieran -con un grado de probabilidad razonable-

que de modo injustificado se ha dado algún tipo de discriminación.

Partiendo de lo expuesto, y luego de revisado el escrito de interposición así

como la prueba aportada, este Tribunal estima que en el sub lite, el

recurrente no explica ni aporta elementos–siquiera indiciarios- que permitan

denotar que el Tribunal accionado incurrió en alguna una posible lesión al

principio de igualdad a raíz de su conformación.

Por otro lado, en relación con la acusada lesión al

debido proceso, se advierte que este principio busca salvaguardar las

violaciones groseras al derecho de defensa y no las cuestiones que por su

naturaleza son propias de discutirse en la vía de la legalidad. Por

consiguiente, no le corresponde a este Tribunal analizar si la conformación del

Tribunal se ajustó o no a la normativa infraconstitucional que rige la materia.

Y, en virtud de que el reclamante no justifica de qué modo tal conformación afectó

algún otro derecho fundamental que permita la admisión a estudio de fondo este

asunto, se declara improcedente. En este sentido, tome nota el petente, que si

consideraba que el Tribunal no estaba conformado a derecho, debió discutirlo

dentro del propio procedimiento, o bien, podrá hacerlo en la vía judicial

correspondiente.

ATINENTE A LA PRESCRIPCIÓN RECLAMADA. Igualmente, el aquí amparado ya había discutido este mismo alegato ante la

Sala y, por sentencia 2015-009610 de las 9:05 horas del 27 de junio de 2015, se

dispuso lo siguiente:

“I.- Objeto del recurso. El recurrente reclama

que en contra de su persona se sigue un procedimiento administrativo por

supuesto acoso sexual, mismo que se tramita en el Ministerio de Educación

Pública, bajo el número 843-2014. La denuncia en su contra se interpuso el día

14 de diciembre de 2014 y según la ley contra Hostigamiento o Acoso Sexual en

el Empleo y la Docencia, Ley número 7476, se establece que este tipo de

procedimiento, se deben tramitar en un plazo máximo de tres meses, pese a lo

cual, a la fecha en la que se interpone este recurso no se ha resuelto. Por

otra parte, según el artículo 38 de la Ley 7476 dicho procedimiento se

encuentra prescrito, pues el plazo para interponer la denuncia es de dos años y

se computará a partir del último hecho consecuencia del hostigamiento sexual o

a partir de que cesó la causa justificada que le impidió denunciar, lo cual no

se cumplió en su caso. Considera que se ha violentado el principio de legalidad

y sus derechos fundamentales.

Sobre la prescripción del

procedimiento administrativo seguido en contra del recurrente. El amparado alega que el

procedimiento que se interpuso en su contra el día 14 de diciembre de 2014, se

encuentra prescrito, según lo establece el artículo 38 de la Ley 7476 de la Ley

contra el Hostigamiento o Acoso Sexual en el Empleo y la Docencia. Al respecto

de manera reiterada esta Sala ha establecido en cuanto a ese extremo, que se

trata de un tema que no se relaciona directamente con los derechos fundamentales

y, por ende, no puede ser materia de conocimiento en el recurso de amparo. Así,

en sentencia #3124-2001 de las 9:02 horas del 25 de abril del 2001 se dijo:

“Como lo que procura en el fondo

el recurrente, según lo indica expresamente en su escrito de interposición, es

que esta Sala declare prescrita la acción de la Administración para sancionarlo

disciplinariamente (…). Sobre dicho tema, ya este Tribunal ha expresado en

otras oportunidades que la declaratoria de la prescripción o caducidad en casos

de corrección disciplinaria no corresponde ser dilucidado en esta sede, toda

vez que debe hacerse el cómputo de términos y otras valoraciones ajenas a la

jurisdicción constitucional (ver en este sentido sentencias número 2000-09410

de las quince horas veintinueve minutos del veinticuatro de octubre del dos mil

y número 01-373 de las catorce horas treinta y dos minutos del dieciséis de

enero del dos mil uno).

En consecuencia, si el recurrente

estima que se ha configurado la citada prescripción, ello deberá alegarlo en la

propia sede administrativa, o bien, en la vía jurisdiccional correspondiente.

Por lo expuesto, el amparo resulta inadmisible y así debe declararse.”

En consecuencia, respecto a este extremo, deberá el promovente

estarse a lo resuelto en dicha sentencia.

VI.-

DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE . Se

previene a las partes que de haber aportado algún documento en papel, así como

objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter

electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas

tecnologías, éstos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de 30

días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo

contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de

este plazo, según lo dispuesto en el "Reglamento sobre Expediente

Electrónico ante el Poder Judicial", aprobado por la Corte Plena en sesión

N° 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín

Judicial número 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado

por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión N° 43-12 celebrada el

3 de mayo del 2012, artículo LXXXI .

Por

tanto:

Estése el recurrente a lo resuelto en las sentencias

2015-009610 de las 9:05 horas del 27 de junio de 2015 y 2016-005110 de las

12:03 horas del 15 de abril de 2016, en cuanto a los hechos expuestos en el

considerando III y V de esta resolución. En lo demás, se rechaza por el fondo

el recurso.

Fernando

Cruz C.

Presidente

a.i

Fernando

Castillo

V.

Paul

Rueda L.

Nancy

Hernández L.

Luis

Fdo. Salazar A.

Aracelly

Pacheco S.

Jose

Paulino Hernández G.

Documento Firmado Digitalmente

-- Código verificador --

*LQBGMDG2OUS61*

LQBGMDG2OUS61

EXPEDIENTE N° 17-009143-0007-CO

Teléfonos: 2549-1500 / 800-SALA-4TA (800-7252-482). Fax: 2295-3712 /

2549-1633. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional.

Dirección: (Sabana Sur, Calle Morenos, 100 mts.Sur de la iglesia del Perpetuo

Socorro). Recepción de documentos: Edificio Corte Suprema de Justicia, San

José, Distrito Catedral, Barrio González Lahmann, calles 19 y 21, avenidas 8 y

6