Resolución 05107-2016

Tomando en

consideración los fundamentos de hecho y de derecho aquí esgrimidos, declarar

parcialmente con lugar el presente recurso de apelación(…)toda vez que el acto

administrativo que aquí se ataca, se ha girado en cumplimiento con el

ordenamiento jurídico administrativo y en concordancia con la jurisprudencia

constitucional y que la contaminación ambiental causada, es producto de no contar

en el Residencial Ana María Guardia, con un sistema adecuado de alcantarillado

sanitario, no obstante lo anterior, como bien lo estable la Ley Constitutiva

del Instituto de Alcantarillados, le corresponde a esta institución, la

construcción del Acueducto Sanitario que le brindará a los vecinos, el servicio

para la disposición final de las aguas residuales y negras en la comunidad toda

vez que al ser esta Institución la que brinda el servicio de agua potable al

aquí recurrente, le corresponde también brindarles el servicio sanitario. En

consecuencia, se instruye a la Dra. Zamady Jiménez Bonilla, Directora del Área

Rectora de Salud de Montes de Oca, para que emita la orden sanitaria al

Instituto de Acueductos y Alcantarillados, con el propósito de que se realice

la construcción del precitado alcantarillado sanitario a fin de eliminar la

contaminación ocurrida por falta de ese servicio que debe suministrar la

Institución de repetida cita…”. Agrega que el 14 de diciembre de 2015, se

notificó el acto administrativo Nº108-2015, a la presidenta ejecutiva del

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados. Argumenta que el 11 de

febrero de 2016, se trasladó mediante oficio CS-ARS-MO-257, el recurso

interpuesto por la presidenta ejecutiva del Instituto Costarricense de

Acueductos y Alcantarillados, contra la orden sanitaria nº108-2015. Manifiesta que mediante oficio

CS-ARS-495-2015, se le solicitó al funcionario Luis Castillo Conejo, que

realizará visita de inspección al lugar. Expone que mediante oficio CS-ARS-MO-LACC

107-2016, del 04 de abril de 2016, el funcionario del Área Rectora de Salud

dijo lo siguiente: “El día 01 de abril

del año en curso, me presenté en la Urbanización Ana María Guardia(…)para

realizar inspección sanitaria in situ, en donde se constató y verificó lo

siguiente: Se observa en alamedas que hay caños de aguas pluviales frente a

viviendas por donde discurren aguas, no se puede determinar la naturaleza de

las aguas hasta realizar las pruebas de colorante fluorescenia en los sistemas

de aguas negras y servidas (pila y baño) para poder determinar técnica y

legalmente infractores. Se procederá conforme a programar las pruebas técnicas

in situ (…). Se observa un deterioro

en los cordones de caño de agua pluvial por falta de mantenimiento, competencia

que corresponde a la Municipalidad de Montes de Oca, y que se procederá

notificarle mediante orden sanitaria para que realice las mejoras respectivas,

y se eliminen los desbordamientos de agua a la vía pública. También para que

reparen las parrillas de registros que están deteriorados”. Añade que en el

recorrido de inspección realizado en el residencial citado, no se logró

determinar el domicilio de la recurrente, por lo que se envió un correo

electrónico para programar la visita de inspección y verificar que no existan

problemas de inadecuada disposición de aguas al caño de aguas pluviales. Alega

que dicha autoridad sanitaria agendó la realización de las correspondientes

pruebas de coloración por fluorescencia, al sector donde reside la recurrente,

para determinar si existen conexiones ilícitas al alcantarillado sanitario que

aún no está en funcionamiento. Expone que los hechos acusados en el presente

recurso de amparo, no son competencia

exclusiva del Ministerio de Salud, ya que en cuanto al tema del recarpeteo y

asfaltado de la calle, así como la reparación de aceras y cunetas del caño, son

competencia de la Municipalidad de Montes de Oca. Destaca que la orden

sanitaria que obliga al Instituto Costarricense de Acueductos y

Alcantarillados, a construir las obras de infraestructura necesarias para

habilitar los colectores de aguas negras y servidas en dicha urbanización está

pendiente de resolución en los recursos ordinarios. Solicita se declare sin

lugar el recurso de amparo.

Informa bajo juramento José Alberto

Moya Segura, en su condición de gerente general del Instituto Costarricense de

Acueductos y Alcantarillados, que el 30 de marzo de 2016, se realizó una

inspección a la Urbanización Ana María Guardia y se comprobó que efectivamente

existen aguas residuales, las cuales viajan por los caños y emanan por las

tapas de algunos pozos de registro. Dice que las aguas residuales se deben a

conexiones “ilegales” que han realizado varios vecinos de la urbanización a

caños pluviales municipales y a la red de alcantarillado sanitaria prevista.

Comenta que se identificó un caso donde se rompió parte del asfalto, el cordón

y el caño para conectar un tubo al tragante pluvial y así descargar las aguas

residuales en forma directa al activo municipal. Menciona que la red de

alcantarillado sanitario de la Urbanización Ana María Guardia, no se encuentra

conectada a la red de alcantarillado sanitario, por ende, los vecinos del lugar

deben disponer de las aguas residuales mediante un tanque séptico. Sostiene que

la Dirección de Recolección y Tratamiento GAM, no tenía conocimiento que se

estuviera dando la problemática en la urbanización en cuestión. Agrega que se

programó una inspección en conjunto con el Área de Salud de Montes de Oca, para

documentar el caso. Añade que para la solución a la situación que se vive en

dicha urbanización se requiere una coordinación, entre el Ministerio de Salud,

el AYA, como de la Municipalidad de Montes de Oca. Aclara que se debe apercibir

a los vecinos de la urbanización acerca de la obligatoriedad en el uso de

tanque séptico y sus respectivos drenajes. Dice que el instituto recurrido

procedería con la limpieza y sellado de los fondos de los pozos de registro de

la red alcantarillado sanitario previsto, y la Municipalidad de Montes de Oca

deberá realizar un proceso similar en lo que se refiere al alcantarillado

pluvial. Enuncia que se espera con este proceso que se eliminen los derrames de

agua residual, que se dan en la vía pública, así como la escorrentía de estas

aguas por los caños pluviales, en el entendido que los vecinos no realicen

nuevas conexiones ilícitas o destruyan los sellos que se colocan en los pozos

de registro. Manifiesta que el problema planteado por la recurrente, se debe a

conexiones ilegales que han realizado los propios vecinos. Alega que de todos problemas planteados “en el único

que el AyA tiene competencia directa, es precisamente, el del alcantarillado

sanitario, y sin embargo, en el lugar el alcantarillado no está en uso, es

previsto, cada propietario es el responsable directo por hacer un mal uso del

sistema, y de conectar irregularmente de forma ilícita a una red prevista, así

como el pluvial al sistema sanitario…”. Expone que “el alcantarillado pluvial es responsabilidad del Gobierno Local,

aparte en la zona, ni siquiera se dan condiciones mínimas como lo es contar con

aceras ni cordón de caño, menos aún con el alcantarillado pluvial, y en su

oportunidad la Municipalidad no verificó el incumplimiento a la normativa

técnica y legal vigentes en estos aspectos”. Manifiesta que la

municipalidad recurrida tiene

constitucionalmente la potestad en materia de ordenamiento territorial, en ese

sentido, no debe autorizar construcciones en zonas muy vulnerables sin un

adecuado estudio de suelos propensos a inundaciones o incluso derrumbes.

Reitera que la Municipalidad de Montes de Oca, es la obligada de velar porque

en su jurisdicción se cuente con un acueducto alcantarillado pluvial, de velar

porque las carreteras, cordón de caño, aceras, estén adecuadamente construidas

por ser un asunto de competencia de los gobiernos locales. Dice que aunque el

afectado aduce efectos sanitarios, los mismos no son propios del descuido en

materia de alcantarillado sanitario, por cuanto, el problema se presenta por

conexiones irregulares, así como la falta de mantenimiento en carreteras,

aceras y cordón de caño que son competencia de la Municipalidad de Montes de

Oca. Comenta que “el sistema de

disposiciones en el lugar de los hechos es vía tanque séptico, y al estar

dentro de la propiedad de cada interesado y no tener la potestad el AyA de

inspeccionar o ingresar a las viviendas es responsabilidad de cada interesado

al mantener los mismos en un adecuado estado, esto es un drenaje libre de

obstrucciones y con una recurrente limpieza acorde a su capacidad y uso. Para

eso inclusive podría necesitarse la intervención del Ministerio de Salud a fin

de girar una orden sanitaria para entrar en la propiedad, si no se lograse el

citado consenso entre partes”. Solicita se declare sin lugar el recurso de

amparo.

En los procedimientos seguidos se

han observado las prescripciones legales.

Redacta

la Magistrada Pacheco Salazar; y,

I.

Objeto del recurso. La recurrente reclama violación a sus derechos fundamentales, pues acusa

que la calle de la Urbanización Ana María Guardia en Cedros de Montes de Oca se

encuentra en muy mal estado, asimismo, existe una fuga de aguas que corren por

el alcantarillado.

II.

Hechos probados.

De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como

debidamente demostrados los siguientes hechos, sea porque así han sido

acreditados o bien porque el recurrido haya omitido referirse a ellos según lo

prevenido en el auto inicial:

Con respecto a

la calle de la Urbanización Ana María Guardia en Cedros de Montes de Oca:

a. La calle de la Urbanización Ana

María Guardia, es una ruta cantonal a cargo de la Municipalidad de Montes de

Oca, que “tiene huecos, superficie

desgastada y las losas fracturadas” (véase

informe del alcalde de Montes de Oca).

b. El 19 de agosto de 2015, la Junta

Vial Cantonal de la Municipalidad de Montes de Oca mediante la Sesión

Extraordinaria 2/2015, se aprobó el arreglo de las calles en el Residencial Ana

María Guardia, en donde se acordó: “1.- Reconstrucción de los cordones de caño en las alamedas ubicadas del

lado este de dicho residencial, por un monto de 11.700.000,00;

Reconstrucción de los sectores

deteriorados de superficie de ruedo de las alamedas ubicadas del lado este del

Residencial Ana María Guardia por un monto de 38. 410.000;

Reconstrucción de los sectores deteriorados de superficie de

ruedo en la calle principal del Residencial Ana María Guardia por un monto de

24.353.003,40 (véase informe del

alcalde de Montes de Oca).

c. La Municipalidad de Montes de Oca

realizó mediante el Sistema Merlink la licitación nº 2015LA-000023-0003400001,

de “Mantenimiento Red Vial Cantonal- Ana María Guardia” y sólo una empresa

ofertó por la reparación de dichas calles (véase

informe de la autoridad recurrida).

d. El 14 de diciembre de 2015, el

Concejo de Montes de Oca en la Sesión Ordinaria Nº 295-2015, artículo nº6,

punto nº3, declaró desierta la licitación pública debido a que la única empresa

que ofertó fue por un monto superior al contenido presupuestario disponible (véase informe del alcalde de la

Municipalidad de Montes de Oca).

e. La Municipalidad de Montes de Oca se

encuentra sin presupuesto para el mantenimiento de la Calle de la Urbanización

Ana María Guardia (véase informe de la

autoridad recurrida).

Sobre la fuga de aguas presentes en la

Urbanización Ana María Guardia en Cedros de Montes de Oca:

a. El 07 de septiembre de 2012, el

presidente de la Junta Directiva de la Asociación Pro Mejoras Residencial Ana

María Guardia, solicitaron al Área de Salud de Montes de Oca un estudio en el

residencial citado, con la finalidad de determinar la casa que se encuentra

depositando las aguas negras en la red cloaca del residencial (véase informe del director a.i. del Área

Rectora de Salud de Montes de Oca).

b. El 19 de septiembre de 2012, un

funcionario del Área Rectora de Salud de

Montes de Oca realizaron un recorrido en el área interna de la Urbanización Ana

María Guardia, en donde se observó que se disponían aguas servidas al cordón de

caño de aguas pluviales (véase informe

del director a.i. del Área Rectora de Salud de Montes de Oca).

c. A partir del año 2013, el Área

Rectora de Salud de la Municipalidad de Montes de Oca realizaron pruebas de

colorante fluorescencia en las viviendas de la Urbanización Ana María Guardia,

donde posteriormente se empezaron a dictar órdenes sanitarias (véase informe del director a.i. del Área

Rectora de Salud de Montes de Oca).

d. El 16 de abril de 2015, el Área

Rectora de Salud de Montes de Oca trasladaron a la Dirección Regional de la

Rectoría de Salud Central recursos de apelación contra las órdenes sanitarias

planteadas contra los vecinos de la urbanización mencionada (véase informe rendido).

e. El 08 de mayo de 2015, mediante

resolución DR-CS-1749-2015, se declaró

parcialmente con lugar el recurso de revocatoria y se concedió una prórroga “de seis meses contados a partir de la

notificación de la presente resolución, para que procedan a disponer las aguas

servidas adecuada y sanitariamente dentro de los límites de la propiedad” (véase informe del director a.i. del Área

Rectora de Salud de Montes de Oca).

f. El 10 de julio de 2015, el ministro

de salud emitió la resolución DM-A-4226-15, referente a un recurso de apelación

contra la orden sanitaria nº 041-2015 dictó: “que la contaminación ambiental causada, es producto de no contar en el

Residencial Ana María Guardia, con un sistema adecuado de alcantarillado

sanitario, no obstante lo anterior, como bien lo establece la Ley Constitutiva

del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, le corresponde a

esta institución, la construcción del Acueducto Sanitario que le brindará a los

vecinos, el servicio para la disposición final de las aguas residuales y negras

en la comunidad toda vez que al ser esa Institución la que brinda el servicio

de alcantarillado sanitario (véase

informe del director a.i. del Área Rectora de Salud de Montes de Oca).

g. El 14 de diciembre de 2015, la

presidenta ejecutiva del Instituto Costarricense de Acueductos y

Alcantarillados fue notificada el acto administrativo nº 108-2015, que

consistía en una orden sanitaria para que construya el alcantarillado sanitario

en el Residencial Ana María Guardia (véase

informe del director a.i. del Área Rectora de Salud de Montes de Oca).

h. El 11 de febrero de 2016, mediante

oficio CS-ARS-MO-257-2016, se trasladó el recurso de apelación a la Dirección

Regional de Rectoría de la Salud Sur, interpuesto por la presidenta ejecutiva

del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados

i. El 30 de marzo de 2016, el Instituto

Costarricense de Acueductos y Alcantarillados realizó una inspección en la

Urbanización Ana María Guardia y se comprobó: “1) que efectivamente existe aguas residuales las cuales se viajan por

los caños y emanan por las tapas de algunos pozos de registro;

Estas aguas

residuales se deben a conexiones ilegales que han realizado varios vecinos de

la urbanización a los caños pluviales municipales y a la red de alcantarillado

sanitario prevista;(…)

La red de alcantarillado sanitario de la Urbanización

Ana María Guardia, es prevista, no se encuentra conectada a la red de

alcantarillado sanitario metropolitano, y por ende los vecinos del lugar deben

disponer de las aguas residuales mediante un tanque séptico con drenaje…” (véase informe del gerente general del

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados).

Hechos no probados. Ninguno de relevancia para la resolución

de este asunto.

Sobre la calle de la Urbanización Ana María Guardia en Cedros de

Montes de Oca. Una vez analizados los informes de las autoridades recurridas, así

como las pruebas aportadas, este Tribunal Constitucional constata la violación al artículo 169 constitucional, en

perjuicio de la amparada, así como a la comunidad de la Urbanización Ana María

Guardia, por las razones que a continuación se expondrán. Lo anterior, porque se confirma que la calle tiene huecos, superficie desgastada y las

losas fracturadas (véase informe del alcalde de la Municipalidad de Montes

de Oca), donde se verificó que las malas condiciones de la calle son producto

de una deficiencia presupuestaria. La deficiencia presupuestaria de la

Municipalidad de Montes de Oca se reafirma, pues dicho ente municipal realizó

una licitación pública, la cual no se pudo llevar a cabo por razones

presupuestarias. Este Tribunal

Constitucional tiene por constatado que la municipalidad recurrida en ningún

momento niega la necesidad de reparar la calle citada, sino que únicamente se

remite a una imposibilidad de carácter presupuestario (véase en ese sentido

voto 2012-8285), situación que no es justificable para esta Sala

Constitucional. Sobre este extremo petitorio, deberá la Municipalidad de Montes

de Oca solucionar la problemática de la calle en la Urbanización Ana María

Guardia en Cedros de Montes de Oca, donde en el plazo de

dieciocho meses, quien deberá planificar y tomar las previsiones

presupuestarias para solucionar la problemática a la recurrente y a los(as)

vecinos(as) de la urbanización citada.

Sobre el problema de fuga de aguas residuales que corren por el

alcantarillado. Esta Sala Constitucional, en el voto 2015-9940 de las nueve horas veinte

minutos del tres de julio de dos mil quince conoció un caso muy similar al

planteado por la recurrente:

I.-

Objeto del recurso. La recurrente alega que en el

Residencial Santa Rosa de Lima, sito en Santo Domingo de Heredia, no se cuenta

con el servicio de alcantarillado para la disposición de aguas residuales

(negras), sino que cada vecino debe construir un tanque séptico para la recolección

y disposición de los desechos. Dice que, sin embargo; varios vecinos depositan

sus desechos fecales en la prevista construida para un futuro servicio, y al no

estar en funcionamiento aún, dichos desechos se van acumulando en el

alcantarillado generando una gran contaminación. Señala que lo anterior es de

pleno conocimiento de las autoridades recurridas, quienes no les han brindado

solución alguna.

Sobre el fondo. Corresponde a las municipalidades la administración de los intereses y

servicios locales en cada cantón, de conformidad a lo dispuesto por el citado

artículo 169 de la Constitución Política. De lo que deriva la competencia de

las municipalidades para planificar y vigilar el desarrollo urbano de su

localidad, lo que incluye el deber de establecer una política integral de

planeamiento urbano, que garantice un desarrollo urbano en congruencia con el

funcionamiento eficiente de un sistema de provisión de agua potable y de

recolección, tratamiento y disposición final de las aguas residuales, así como

la obligación de adoptar las medidas requeridas para proveer al cantón de un

adecuado sistema de alcantarillado sanitario y pluvial, a fin de garantizar a

sus habitantes el derecho a la salud y a un ambiente libre de contaminación

(véanse, al efecto, sentencias No. 2009-000908 de las 13:34 hrs. del 23 de

enero del 2009 y No. 2009-003368 de las 12:40 hrs. del 27 de febrero del 2009,

entre otras). De este modo, concluye esta Sala que a pesar de la obligación

legal, la Municipalidad accionada no ha cumplido con su deber de fiscalización

de la construcción de la Urbanización Santa Rosa de Lima, de ahí que haya

problemática no solo en cuanto a las aguas pluviales, sino también respecto de

las negras o servidas. Sobre el caso del Ministerio de Salud, se comprueba que

si bien el Área Rectora de Salud de Santo Domingo de Heredia ha atendido,

tramitado y resuelto las denuncias que desde el año 2008 han sido presentadas

por los vecinos afectados, no ha sido determinante en procurar la solución a

una situación que se acepta aún persiste y que no ha sido solucionada, ni

tampoco en exigirle al ayuntamiento su cuota de responsabilidad en los hechos

que son de su pleno conocimiento desde hace varios años. Precisamente, este

Tribunal ha reconocido que uno de los principios rectores de la organización

administrativa lo constituye la coordinación que debe mediar entre todos los

entes y órganos públicos al ejercer sus competencias y prestar los servicios

que el ordenamiento jurídico les ha asignado. La coordinación, en cuanto

asegura la eficiencia y eficacia administrativas, es un principio

constitucional virtual o implícito que permea el entero ordenamiento jurídico

administrativo y obliga a todos los entes públicos. La coordinación puede ser

interorgánica -entre los diversos órganos que conforman un ente público no

sujetos a una relación de jerarquía- o intersubjetiva -esto es, entre los entes

públicos, cada uno con personalidad jurídica, presupuesto propio, autonomía y

competencias específicas-. La coordinación administrativa tiene por propósito

evitar las duplicidades y omisiones en el ejercicio de las funciones

administrativas de cada ente público, esto es, que sean desempeñadas de forma

racional y ordenada (véase, al efecto, la sentencia No. 2007-015218 de las

12:00 hrs. del 19 de octubre del 2007, entre otras). De esta manera, este

Tribunal concluye que sí existen problemas de aguas pluviales y servidas en el

Residencial Santa Rosa de Lima, razón por la que tanto la Municipalidad

accionada como el Ministerio de Salud, deberán coordinar entre sí y ejercer las

acciones necesarias para darle una solución efectiva a dicha problemática. En

todo caso, los dueños de las propiedades en el Residencial citado, incluyendo

la recurrente, deben cumplir las órdenes sanitarias giradas por el Ministerio

de Salud.

Sobre la fuga de aguas residuales en la Urbanización Ana María

Guardia en Montes de Oca. Visto lo anterior, considera este Tribunal que el precedente citado es

aplicable al presente caso, pues en la inspección realizada el 30 de marzo de

2016 se conprobó que en la Urbanización Ana María Guardia efectivamente existe aguas residuales. Además, esta Sala

Constitucional tiene por comprobado la presencia de problemas por aguas

residuales en la Urbanización Ana María Guardia en Cedros de Montes de Oca, ya

que según el informe de campo realizado por el Área Rectora de Salud se

constata la presencia de aguas residuales (sin determinar su procedencia);

igualmente se tiene por comprobado la emisión de ordenes sanitarias tanto a los

vecinos por conexiones ilegales e inclusive una orden sanitaria (que se

encuentra en apelación) ordenando al Instituto Costarricense de Acueductos y

Alcantarillados a la construcción del alcantarillado sanitario. Ahora bien,

según el antecedente constitucional mencionado en el VI considerando de esta

sentencia, la Sala ha reconocido el principio de coordinación administrativa,

que para el caso concreto le corresponderá a la Municipalidad de Montes de Oca,

así como para el Área Rectora de Salud de Montes de Oca coordinar entre sí y

ejercer las acciones necesarias para darle una solución efectiva a la

problemática acusada por la recurrente. Por lo expuesto, este Tribunal constata

la descoordinación entre los distintos entes para la solución de los problemas

de aguas en la Urbanización Ana María Guardia en Montes de Oca. En todo caso,

los dueños de las propiedades en la Urbanización citada, deberán cumplir las

órdenes sanitarias giradas por el Área Rectora de Salud de Montes de Oca.

En cuanto a las actuaciones del Instituto Costarricense de

Acueductos y Alcantarillados. En el informe rendido por la directora

a.i. del Área Rectora de Salud de Montes de Oca se expone sobre la existencia

de la orden sanitaria Nº108-2015 que ordena al Instituto Costarricense de Acueductos

y Alcantarillados la construcción del alcantarillado sanitario. Sin embargo, a

pesar de lo mencionado, este Tribunal considera que el recurso de amparo sería

prematuro con respecto al Instituto Costarricense de Acueductos y

Alcantarillados, dado que la orden sanitaria Nº108-2015 que se encuentra en apelación ante el Ministerio

de Salud. Por consiguiente, hasta que no se resuelva el recurso de apelación,

este Tribunal no puede tener como responsable al instituto recurrido. Por ende,

si el Ministerio de Salud revierte la orden sanitaria, esta Sala no encontraría

responsabilidad alguna sobre este Instituto. Caso contrario, si la orden

sanitaria se mantiene, sí se establecería una responsabilidad y omisión por

parte de esta autoridad recurrida, siendo que ante esta situación el Instituto

Costarricense de Acueductos y Alcantarillados también debería coordinar con las

otras dos autoridades recurridas para solucionar el problema.

NOTA DEL MAGISTRADO SALAZAR ALVARADO. Con base en las

mismas consideraciones que en asuntos similares ha redactado el Magistrado

Jinesta Lobo, y que he suscrito con él, en relación con temas ambientales, aclaro que si bien los asuntos ambientales,

cuando hay intervención administrativa de cualquier índole, los remito a la

jurisdicción contencioso administrativa, es lo cierto que tratándose de

denuncias por contaminación por desbordamiento de aguas negras que afecta la

propiedad y bienes de las personas, no lo haré así, por cuanto, están en juego

otros derechos de los vecinos de la fuente contaminante, tales como la salud y

gozar de un nivel digno de calidad de vida, máxime si, como en el sub lite, se

trata de una urbanización, en la cual, los vecinos se pueden ver afectados por

las circunstancias indicadas. Por otra parte, también he coincidido con la

posición sustentada por el Magistrado Jinesta Lobo, en relación con la falta de

obras de infraestructura, pues considero, en tesis de principio, que los casos

relacionados con la inactividad de la Administración Pública en la reparación,

construcción, modificación o demolición de cualquier obra de infraestructura,

deben ser desestimados, por constituir, esa omisión, un tema de legalidad, cuya

discusión corresponde a la jurisdicción ordinaria, ante la cual la persona

interesada puede debatir, con mayor amplitud, sus disconformidades. Sin

embargo, cuando de aquella conducta administrativa omisiva se derive alguna

violación a otros derechos fundamentales tutelados en esta jurisdicción

constitucional, o se afecten grupos considerados vulnerables, sí entro a

conocer el fondo del asunto, por constituir esta situación una excepción a mi

posición en esta materia, tal y como sucede en este amparo, en que se acusa el

mal estado de una calle en la Urbanización Ana María Guardia, lo que afecta a las personas que transitan

por el lugar, entre los que figuran personas menores de edad, adultas mayores y

con discapacidad, situación que pone en peligro sus vidas y seguridad.

DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE. Se previene a las partes que de haber

aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en

algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético,

óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, éstos deberán ser

retirados del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir

de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo

aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en

el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial",

aprobado por la Corte Plena en sesión Nº

27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín

Judicial número 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado

por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión Nº 43-12 celebrada el

3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.

Por Tanto.

Se declara CON LUGAR el recurso de amparo únicamente contra la Municipalidad

de Montes de Oca y el Área Rectora de Salud de Montes de Oca. Se ordena a Fernando Trejos Ballestero, en su

condición de alcalde de Montes de Oca, o a quien en su lugar ejerza ese cargo,

que en el plazo improrrogable de

DIECIOCHO MESES, contado a partir de la notificación de esta sentencia ejecute

las acciones necesarias para solucionar el problema del camino público de la

ruta cantonal ubicada en la Urbanización

Ana María Guardia en Cedros de Montes de Oca. Asimismo, se ordena a Fernando

Trejos Ballestero, en su condición de alcalde de Montes de Oca y a Ana Ligia

Ugalde Trigueros, en su condición de directora

del Área Rectora de Salud de Montes de Oca, o a quienes en su lugar

ejerzan ese cargo, a realizar de forma coordinada las acciones que se

encuentren dentro del ámbito de sus competencias para darle una solución

definitiva al problemas de aguas en la Urbanización Ana María Guardia en Cedros

de Montes de Oca, en el improrrogable plazo de DOCE MESES, contado a partir de

la notificación de esta sentencia. Se advierte a los recurridos que, de

conformidad con lo establecido en el artículo 71 de la Ley de la Jurisdicción

Constitucional, se impondrá prisión de tres meses a dos años, o de veinte a

sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer

cumplir, dictada en un recurso de amparo y no la cumpliere o no la hiciere

cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado. Se condena al

Estado y a la Municipalidad de Montes de Oca,

al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que

sirven de fundamento a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de

sentencia de lo contencioso administrativo. Tome nota José Alberto Moya Segura, en su condición de

gerente general del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, o

a quien ocupe su cargo sobre el considerando VII de la presente sentencia.

Notifíquese en forma personal a

Fernando Trejos Ballestero, en su condición de alcalde de Montes de Oca, Ana

Ligia Ugalde Trigueros, en su condición de directora del Área Rectora de Salud

de Montes de Oca y a José Alberto Moya Segura, en su condición de gerente

general del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, o a

quienes en su lugar ejerzan ese cargo. El Magistrado Salazar Alvarado pone

nota. La Magistrada Hernández López y el Magistrado Hernández Gutiérrez salvan

el voto y declaran sin lugar el recurso.

Fernando Cruz C.

Presidente a.i

Paul Rueda L. Nancy Hernández L.

Luis

Fdo. Salazar A. Aracelly Pacheco S.

Enrique Ulate C. José Paulino Hernández G.

Exp. 2016-02441

VOTO SALVADO DEL MAGISTRADO HERNÁNDEZ GUTIÉREZ. El Magistrado Hernández Gutiérrez salva

el voto y declara sin lugar el recurso, por las siguientes razones: El

recurrente demandó la tutela de su derecho a disfrutar de un ambiente sano y

ecológicamente equilibrado, pues, según afirma, la calle de la Urbanización Ana

María Guardia, se encuentra en muy mal estado, con el agravante que las aguas

residuales corren por el alcantarillado pluvial (memorial de interposición). En

lo que respecta a esa vía, es menester señalar que si bien es cierto, el

Alcalde Municipal de Montes de Oca apuntó que tiene huecos, superficie

desgastada y losas fracturadas, no existe elemento de convicción alguno que

permita acreditar que su estado, incide, negativamente, en la salud de las

personas o de los grupos vulnerables

señalados por el recurrente. Recuérdese que conforme ha sostenido este Tribunal

no basta con la sola indicación del perjuicio, sino que es necesario demostrar

un nexo de causalidad entre el estado de

la infraestructura y la

salud o calidad de vida de los

tutelados. Desde luego que no hay ningún

elemento de juicio en este sentido y el Ministerio de Salud tampoco pone de

relieve la existencia de un perjuicio de esa índole. En lo que atañe al

problema ambiental reclamado, no consta idónea y fehacientemente acreditado que

los recurrentes hayan presentado denuncia alguna ante el Ministerio de Salud,

el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados o el Municipio, lo

que incluso niegan las autoridades recurridas en los informes que rindieron. En

cuanto a este último, es menester señalar que se demostró que se han adoptado

medidas para corregir ese problema aunque éstas han sido insuficientes, lo que

obliga a continuar actuando, para resolver un problema de fondo que no se

atendió oportunamente y que no es susceptible de resolver –en esas

circunstancias-, en esta vía.

José Paulino Hernández G.

Expediente

número 16-02441

VOTO SALVADO DE LA MAGISTRADA HERNÁNDEZ LOPEZ

En este caso salvo en lo que se refiere a los reclamos relacionados con

el arreglo de vías públicas, con fundamento en las siguientes consideraciones:

La Constitución Política establece distintas formas de tutelar los

derechos de las personas, para lo cual ha creado distintas instancias y niveles

de protección. Entre ellos, creó la Jurisdicción Constitucional en su

artículo 10, como una instancia especializada, cuyo objeto está definido en su

ley regulatoria, para “garantizar la supremacía de las normas y principios

constitucionales y del Derecho Internacional o Comunitario vigente en la

República, su uniforme interpretación y aplicación, así como los derechos y

libertades fundamentales consagrados en la Constitución o en los instrumentos

internacionales de derechos humanos vigentes en Costa Rica”, (artículo 1 LJC).

Por otra parte, ya había creado anteriormente la jurisdicción ordinaria

(artículo 153), la jurisdicción laboral (artículo 70) y estableció igualmente,

en su artículo 49, la existencia de una jurisdicción contencioso

administrativa a la que definió con particular claridad su objeto de , “de

garantizar la legalidad de la función administrativa del Estado, de sus

instituciones y de toda otra entidad de derecho público.”

Prácticamente desde su creación, ha

sido un tema prioritario para esta Sala, la determinación de criterios que

permitan distribuir de manera apropiada los distintos tipos de reclamos, dando

por hecho que el principio de supremacía constitucional no conlleva

necesariamente reconocer una competencia omnímoda al órgano designado para

protegerla.- Por el contrario un reparto apropiado de labores, que se apegue al

texto constitucional apunta a entender que la jurisdicción constitucional debe

conocer -según el propósito de su creación-, aquellos aspectos que violen

por acción u omisión derechos fundamentales y de la supremacía constitucional,

que sean susceptibles de ser conocidos en un proceso muy sumario y de especial

naturaleza y urgencia como es el amparo como instituto procesal.

La inactividad de la administración,

como patología capaz de afectar los derechos de las personas, dependiendo de

sus efectos y circunstancias, podrá ser discutida en una u otra sede, según su

grado de afectación directa a los derechos fundamentales regulados en la

Constitución Política o a los tratados internacionales de derechos humanos

vigentes y la jurisdicción constitucional no puede, ni debe constituirse en una

instancia única que demerite las otras formas de tutela judicial creadas por el

constituyente y el legislador. De allí que no toda omisión o inactividad del

Estado per se, deba ser tutelada en sede constitucional.

En este caso, de los hechos probados

se concluye que las omisiones del Estado en la construcción de infraestructura

vial, aceras, no han repercutido de forma especialmente intensa y grave en

grupos de personas pertenecientes a poblaciones vulnerables, por lo que estimo

que la competencia y tutela de los derechos de los administrados le corresponde

a la jurisdicción contencioso administrativa y por ello la pretensión contenida

en este amparo debe ser reclamado en la jurisdicción contencioso

administrativa. En consecuencia, el recurso debe rechazarse de plano.

Nancy Hernández L.

Magistrada