Resolución 03232-2015

Revisados los autos;

Redacta el Magistrado Cruz Castro; y,

OBJETO DEL RECURSO. La recurrente explica que acudió al

despacho judicial recurrido con la intención de presentar una denuncia porque

en septiembre de 2014 su hijo, [Nombre 002], había sido amenazado de

muerte. Alega que no le recibieron la denuncia citada, bajo el argumento de

que su hijo era una persona mayor de edad. Señala que, posteriormente,

mataron a su hijo. Estima que la omisión de recibir la denuncia lesionó sus

derechos fundamentales.

HECHOS PROBADOS.

De importancia para la decisión de este

asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos, sea

porque así han sido acreditados o bien porque el recurrido haya omitido

referirse a ellos según lo prevenido en el auto inicial:

Que el recurrente fungía como funcionario de la Institución recurrida.

La recurrente ha interpuesto dos denuncias contravencionales en el juzgado

recurrido, una en el año 2005 y otra en el año 2011 (ver informe de la entidad

recurrida).

Que la actual Jueza Coordinadora del Juzgado recurrido entró en propiedad a

partir del mes de octubre del 2014, según consta en actas del Consejo Superior

en Intranet (ver informe de la entidad recurrida).

A partir del mes de noviembre del 2014 se implementó un registro de control

de atención a personas usuarias (ver informe de la entidad recurrida).

El 30 de enero del 2015 se realizó constancia, tras consultar el ampo de

consultas del juzgado recurrido, que indica que entre los meses de agosto y

septiembre la recurrente se apersonó al juzgado a consultar si podía poner una

denuncia a favor de su hijo por cuanto lo habían amenazado de muerte, a lo

que se le consultó si su hijo era menor de edad o tenía alguna incapacidad, a lo

que la recurrente respondió que su hijo era mayor de edad, no contaba con

ninguna incapacidad y que no tenía interés de denunciar (ver informe de la

entidad recurrida).

Se le consultó a la recurrente si ella había sufrido algún tipo de amenaza, a lo

que respondió negativamente. En el juzgado recurrido se le confirmó a la

recurrente que su hijo podía interponer la denuncia personalmente en cualquier

momento (ver informe de la entidad recurrida).

HECHOS NO PROBADOS.

No se estiman demostrados los

siguientes hechos de relevancia para esta resolución: Los hechos que quería

denunciar la recurrente que en este proceso acusa no fueron de recibo, ni los

hechos sobre el fallecimiento de su hijo.

SOBRE EL ACCESO A LA JUSTICIA. En otras oportunidades,

este Tribunal se ha referido sobre tema de acceso a la justicia, particularmente,

sobre la obligación de todas las autoridades judiciales de recibir, analizar y

resolver conforme a Derecho corresponde los requerimientos de la ciudadanía,

en sentencia No. 2011-015800 de las 2:30 hrs del 22 de noviembre del 2011, se

dispuso:

"...

SOBRE LA LESIÓN DEL DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA.

En este asunto quedó plena e idóneamente demostrado que, el 19 de octubre

de 2011, el recurrente intentó presentar ante la Defensa Pública y la Oficina

de Recepción de Documentos, ambos del Primer Circuito Judicial de

Alajuela, un memorial por medio del cual pretendía se le asignara un

defensor para un trámite judicial. Ante esto, las autoridades recurridas se

negaron a recibir el mismo, la primera dependencia, pues calificó el

requerimiento prima facie como improcedente y, el otro despacho, dado que,

la propia Defensa Pública se comunicó con la Oficina de Recepción de

Documentos para advertirles se abstuvieran de aceptar el documento - punto

que no fue rebatido en su informe por el Administrador Regional del Primer

Circuito Judicial de Alajuela-. Es importante aclarar a las autoridades

recurridas que, no se encuentran facultadas para denegar ad portas la

entrega de determinado documento. El contenido esencial del derecho de

acceso a la justicia, impone que el requerimiento sea recibido, direccionado

a la oficina correcta -en lo que respecta a la Oficina de Recepción de

Documentos- analizado y resuelto conforme a Derecho corresponde, en

estricta concordancia tanto respecto del contenido como del medio empleado

para tal. Considera esta Sala Constitucional que, las autoridades recurridas,

con su proceder, lesionaron el referido derecho fundamental...”.

Así mismo, la sentencia número 2002-10368 de las 8:36 hrs. del 1 de

noviembre de 2002, trató el tema sobre el acceso a la justicia y en ese sentido

señaló que:

“Sobre el acceso a la justicia. El derecho general a la justicia -al igual que

el derecho general a la legalidad-, es condición general previa e

indispensable del debido proceso. Dentro de la concepción más amplia de la

administración de justicia en un estado democrático de derecho, su ausencia

o violación debe sancionarse como vulneración de aquel, pues ello implica

necesariamente la imposibilidad misma del debido proceso. Según expresó

este Tribunal en la Sentencia 1739-92, de las once horas cuarenta y cinco

minutos del primero de julio de mil novecientos noventa y dos, “el derecho

fundamental a la justicia, debe ser entendido como la existencia y

disponibilidad de un sistema de administración de la justicia, valga decir,

de un conjunto de mecanismos idóneos para el ejercicio de la función

jurisdiccional del Estado -declarar el derecho controvertido o restablecer el

violado, interpretándolo y aplicándolo imparcialmente en los casos

concretos-; lo cual comprende, a su vez, un conjunto de órganos judiciales

independientes especializados en ese ejercicio, la disponibilidad de ese

aparato para resolver los conflictos y corregir los entuertos que origina la

vida social, en forma civilizada y eficaz, y el acceso garantizado a esa

justicia para todas las personas, en condiciones de igualdad y sin

discriminación”. Desde la perspectiva del derecho general a la justicia, el

debido proceso exige la existencia, suficiencia y eficacia de un sistema

judicial y procesal idóneo para garantizar precisamente el ejercicio del

derecho fundamental y el derecho de acceso a la justicia.”

CASO CONCRETO

. In limine litis

, la recurrente acude en amparo

para acusar la negativa del despacho jurisdiccional accionado en recibir una

denuncia relacionada con amenazas de muerte inferidas a su hijo.

Posteriormente, señala que lo mataron, por lo que estima la conducta del

despacho como violatoria de sus derechos fundamentales. Al efecto, la

autoridad representante del despacho accionado, aceptó que la recurrente

acudió entre los meses de agosto y setiembre para consultar si podía poner una

denuncia a favor de su hijo por cuanto lo habían amenazado de muerte. En ese

despacho, se le consultó a la denunciante si su hijo era menor de edad o tenía

alguna incapacidad y la recurrente respondió que su hijo era mayor de edad, no

contaba con ninguna incapacidad y que él no tenía interés de denunciar. La

denuncia no fue recibida con la indicación de que el ofendido era el único que

podía interponer la denuncia. Así las cosas, en el presente juzgamiento, se

constata la violación alegada por la recurrente, en cuanto no le fue recibida la

denuncia, situación que estima, este Tribunal, contraria al derecho de acceso a

la justicia, contemplado en el artículo 41 de la Constitución Política. Si bien el

Código Procesal Penal, en el artículo 278, señala la legitimación para

denunciar, con especial referencia a los delitos de acción pública ya sean

perseguibles a instancia privada o pública, lo correcto es que la denuncia debe

ser recibida para que sea analizada y resuelta conforme en derecho

corresponda, por lo cual no debería ser, en ningún caso, rechazada

ad portas,

tal y como ocurrió en el caso concreto. La valoración jurídica de los hechos

denunciados constituye un elemento esencial para determinar, si corresponde o

no la tutela judicial efectiva. Respecto al particular, al no recibirse la denuncia

de la interesada, no se pudo constatar si los hechos que denunciaba se podían

tipificar como delito de amenazas u algún otro perseguible a instancia pública

como amenaza con arma o amenazas agravadas, denuncia que puede

interponer otra persona diferente al ofendido. Como se indicó, la ausencia de

esta valoración, impidió a la interesada el ejercicio de los mecanismos para

activar la función jurisdiccional para resolver la situación presentada. En

tratándose de materia penal, incluida la materia contravencional, la regla es la

actuación oficiosa y sólo por excepción se definen los ilícitos que requieren una

querella o acusación particular; la denuncia de un ilícito penal exige una

actuación más amplia y no tan restrictiva como la que realizó la autoridad

recurrida. En este caso, un rechazo de la denuncia, sin mayores matices y sin

una valoracion, supone una lesión al acceso a la justicia, tal como se expuso.

El derecho de acceso a la justicia, tiene un matiz meramente instrumental que

luego se traduce en la función social puesto que se refiere al mecanismo de

solución de conflictos para evitar la autotutela o justicia de propia mano. Por lo

anterior, debe entenderse, que toda persona tiene derecho a un proceso de

denuncia acorde a los principios rectores del debido proceso, lo que constituye

no solo una garantía para las víctimas, sino también para los demandados e

imputados. Debe recordarse que los juzgadores tienen el deber de administrar

la justicia conforme a los estándares del debido proceso, con respeto a los

derechos convencionales y constitucionales que asisten a los administrados,

quienes cuentan con el derecho de recibir justicia y la posibilidad de encontrar

una solución a sus conflictos. En mérito de lo expuesto, corresponde la

estimatoria del presente recurso, con la advertencia para la autoridad

jurisdiccional accionada, de abstenerse de incurrir, nuevamente, en la omisión

objeto del presente recurso.