Resolución 08649-2015

Por escrito recibido

en la Secretaría de la Sala a las 22:42 hrs. del 28 de mayo del 2015, el

recurrente interpone recurso de amparo contra el Juzgado de Familia de Cartago

y expresa que se encuentra privado de libertad en la Unidad de Pensiones

Alimentarias del Centro de Atención Institucional La Reforma desde el 6 de

febrero de 2015. Comenta que a principios del mes de marzo presentó una

solicitud de impugnación de paternidad ante el Juzgado recurrido. Señala que el

proceso se tramita en el expediente No. [VALOR 01]. Acota que ha

recibido notificaciones por parte del Juzgado recurrido los días 13 de

abril de 2015 y 6 de mayo de 2015, en las cuales se le da el plazo de 3 días

para autenticar los escritos por medio de un abogado. Considera que en las

resoluciones notificadas por la autoridad recurrida no se está tomando en

cuenta su condición de privado de libertad y se está pasando por alto lo

establecido en el artículo 13 de la Ley de Pensiones

Alimentarias, en el cual se estipula que

debe brindársele asistencia legal gratuita, pese a

que sabe que su situación de privación de deuda alimentaria no tiene

relación con el procedimiento que intenta plantear ante la autoridad recurrida.

Estima lesionados sus derechos fundamentales. Solicita declarar con lugar

su recurso.

Informa bajo juramento Patricia Cordero García, en su condición de jueza de

Familia de Cartago (escrito presentado a las 14:00 hrs. del 9 de junio del

2015), que el 20 de marzo del 2015 el recurrente presentó proceso de

Impugnación de Paternidad contra C.Ch.F. Menciona que el 13 de abril ese

Juzgado le previno que, de conformidad con el artículo 114 del Código Procesal

Civil, su abogado debía apersonarse a autenticar el escrito de demanda por él

presentado, pues carecía de ese requisito. Expresa que el 29 de abril del

presente año, el recurrente presenta un nuevo escrito reiterando la demanda

pero también sin autenticar. Manifiesta que por ello, el 6 de mayo del 2015 se

le indicó al actor que había vuelto a presentar una demanda sin autenticar y se

le confirieron tres días para que autenticara el escrito. Cuenta que el 11 de

mayo del 2015 presentó el recurrente un escrito reiterando su deseo de que se

tramite la impugnación de paternidad, pero, nuevamente, ese escrito está sin

autenticar. Expresa que el jueves 4 de junio se le resuelve el citado escrito

agregándolo a sus antecedentes, por no cumplir con lo autenticación que se

requiere. Expone que pese a que el actor ha presentado sus escritos por medio

de fax del centro institucional donde se encuentra privado de libertad y en

ningún momento indicó lugar para recibir notificaciones, con el fin de no

causarle indefensión, las resoluciones dictadas por ese Juzgado se le

notificaron en el fax del Centro de Atención Institucional La Reforma, Unidad

de Pensiones Alimentarias.

En los procedimientos

seguidos se han observado las prescripciones legales.

Redacta el Magistrado Castillo

Víquez; y,

Cuestión previa. Dado que lo reclamado

por el recurrente podría incidir sobre su libertad personal, de conformidad con

lo dispuesto en el artículo 16 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se

dispone tramitar este asunto como hábeas corpus y no como recurso de

amparo.

Objeto del

recurso. El

recurrente alega que a principios del mes de marzo presentó una solicitud de

impugnación de paternidad ante el Juzgado de Familia de Cartago, pero se le

está exigiendo autenticar los escritos por medio de un abogado, a pesar de que

se encuentra privado de libertad por adeudar pensión alimentaria.

Hechos probados. De importancia para la

decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes

hechos, sea porque así han sido acreditados o bien porque la autoridad

recurrida haya omitido referirse a ellos según lo prevenido en el auto inicial:

a. El 20 de marzo del

2015, el recurrente presentó proceso de Impugnación de Paternidad contra

C.Ch.F., ante el Juzgado de Familia de Cartago, si autenticar por un abogado. Asunto

que se tramita en el expediente No. [VALOR 01](informe de la autoridad

recurrida y documentación aportada).

b.

Mediante resolución de las 13:35 hrs. del 13 de abril del

2015, el Juzgado recurrido resolvió: “De conformidad con el

artículo 114 del Código Procesal Civil, se le previene a la parte actora

presentar dentro del plazo de TRES DlAS, un profesional en derecho con

el fin de que autentique el escrito inicial, bajo apercibimiento de no atender

la demanda.- NOTlFlQUESE.-” (informe de la autoridad recurrida y

documentación aportada).

c. El 29 de abril del

presente año, el recurrente presentó un nuevo escrito reiterando la demanda,

pero también sin autenticar por un abogado (informe de la autoridad recurrida y

documentación aportada).

d.

Mediante resolución de las 14:19 hrs. del 6 de mayo del

2015, el Juzgado recurrido resolvió: “Siendo que el actor presenta

nuevamente vía fax un nuevo escrito de demanda el cual no tiene autenticado, se

le concede por última vez el plazo de tres días para que presente un

profesional en derecho con el fin de que autentique ambos escritos, ya que de

no hacerlo, no se atenderán los mismos. Lo anterior de conformidad con el

artículo 114 del Código Procesal Civil.- NOTlFlQUESE” (informe de la autoridad recurrida y documentación aportada).

e. El 11 de mayo del 2015,

el recurrente presentó un escrito reiterando su deseo de que se tramíte la

impugnación de paternidad, pero, nuevamente, sin autenticar por un abogado

(informe de la autoridad recurrida y documentación aportada).

f.

Mediante resolución de las 8:42 hrs. del 4 de junio del

2015, el Juzgado recurrido resolvió: “No habiendo cumplido el

actor con lo prevenido en autos y siendo que el memorial que antecede viene en

las mismas condiciones, agréguese a sus antecedentes el mismo, archivando el

expediente en su oportunidad.-NOTIFIQUESE” (informe de la autoridad

recurrida y documentación aportada).

g. A pesar de que el

recurrente no indicó lugar para recibir notificaciones, el Juzgado accionado le

ha notificado las resoluciones dictadas al fax de la Unidad de Pensiones

Alimentarias del Centro de Atención Institucional La Reforma (informe de la

autoridad recurrida y documentación aportada).

Sobre el derecho de

acceso a la justicia por parte de personas privadas de libertad. Esta Sala

ha señalado que “… las leyes en general están orientadas a procurar la

tutela de lo que a cada uno corresponde o pertenece, tanto en el sentido de

regular los derechos individuales como el de establecer el mecanismo formal e

idóneo para que las personas tengan acceso a los Tribunales, por consiguiente,

para demandar el cumplimiento de todos esos principios legales, el Juez no

puede actuar al arbitrio, porque debe respetar el patrón impuesto por las

mismas leyes, que tiene origen en una ley suprema que es la Constitución

Política. De esta forma, las leyes deben orientarse a procurar la tutela de los

derechos quebrantados, y eso en un doble sentido, es decir, mediante normas

que, por una parte regulen o amparen el derecho de cada uno, y por otra,

establezcan los instrumentos procesales adecuados para que las personas tengan

acceso a la justicia y los Tribunales la otorguen si resultare comprobado el agravio.

En consecuencia, el artículo 41 de la Constitución puede resultar quebrantado,

en su segunda regla, por los jueces o por el legislador, por los primeros

cuando deniegan en el fallo, sin motivo, una petición que debió concederse, y

por el legislador si estableciera obstáculos procesales, fuera de toda razón,

que prácticamente impidan el acceso a la justicia, toda vez que un excesivo

formalismo puede conducir, de hecho, a una denegación de justicia…” (sentencia No. 2006-00001 de las 9:00 hrs. del 6 de enero del

2006).

Igualmente, en atención

a un caso donde se le exigía a una persona detenida la autenticación por un

abogado de la demanda del Proceso de Régimen de Visitas que presentó, se

resolvió: “…

En el caso concreto, es criterio de la Sala

que el hecho de que mediante resolución de las diez horas treinta y ocho

minutos del 28 de febrero del 2007, dictada por el Juzgado de Familia del

Segundo Circuito Judicial de San José en el Proceso de Régimen de Visitas No. [VALOR

02], interpuesto por [NOMBRE 01]contra [NOMBRE 02], se le previniera al

recurrente, presentar un profesional en derecho que autenticara el escrito de

demanda, no significa que se le negara el acceso a la justicia. En casos

anteriores, como el que cita el amparado, se han tutelado situaciones como las

descritas por él pero cuando se tratan de asuntos en sede judicial que tienen

que ver con su libertad como por ejemplo, de pensión alimentaria, pero no para

cualquier proceso jurisdiccional, como un proceso de divorcio, en cuyo caso se

deben observar los procedimientos propios de cada asunto, dependiendo la sede. En

todo caso, puede recurrir, si ha bien lo tiene, a los asesores jurídicos del

centro penitenciario donde se encuentra recluido. En razón de ello, se

considera que la situación de desventaja en que eventualmente estaría el

amparado, por su condición de privado de libertad, no es tutelable, ya que la

prevención realizada no significa una amenaza o restricción a su libertad. En

consecuencia, se estima que no se ha producido violación constitución alguna,

por lo cual se declara sin lugar el recurso…” (sentencia

No. 2007-005198 de las 15:31 hrs. del 18 de abril del 2007).

Caso concreto. En autos, acontece que

el recurrente objeta que en la demanda de impugnación de paternidad que

presentó ante el Juzgado de Familia de Cartago, se le exija que ésta, así como

los escritos posteriores, sean autenticados por un abogado, lo que alega no

puede cumplirlo por encontrarse privado de libertad en la Unidad de Pensiones

Alimentarias del Centro de Atención Institucional La Reforma por adeudar

pensión alimentaria. Situación que, según el informe rendido por la jueza de

Familia de Cartago, así como la documentación que aportó, efectivamente, es

así. Al respecto, y en concordancia con los antecedentes expuestos, se

considera que lo prevenido por la autoridad judicial sí constituye una

infracción al derecho de acceso a la justicia, tutelado en el artículo 41

Constitucional, pues si bien pareciera, en principio, que tal asunto no tiene

relación alguna con su libertad, es lo cierto que sí tiene que ver. Lo anterior

en razón, de que en ese proceso el recurrente cuestiona su paternidad de las

personas menores de edad a favor de quienes paga pensión alimentaria y cuyo incumplimiento

es lo que lo tiene privado de libertad. Entonces, no hay duda, que dicho asunto

sí tiene relación con su situación actual de reclusión y lo que eventualmente

se resuelva en éste podría tener incidencia directa en su condición actual. El

amparado se encuentra en una situación de desventaja, pues está privado de

libertad por adeudar cuotas alimentarias, lo que evidencia además su dificultad

para sufragar los honorarios de un profesional en derecho. Por ello, a juicio

de este Tribunal, la autoridad judicial debió ejercer las amplias atribuciones

que en su condición de Jueza de la República le confieren la Constitución y las

Leyes, con el objeto de remover el obstáculo que impide el ejercicio efectivo

de ese derecho al recurrente.

Conclusión. Por ello, al haberse

constatado la infracción del derecho de acceso a la justicia del amparado, pues

lo que se resuelva por el fondo en la demanda que se le está exigiendo la

autenticación de un abogado, podría incidir en su libertad personal, el recurso

resulta procedente, debiendo proceder el Juzgado recurrido a dar trámite a la

demanda de referencia.

Por

tanto:

Se declara con lugar el

recurso. Se ordena a Patricia

Cordero García, en su condición de jueza de Familia de Cartago, darle curso al

proceso de Impugnación de Paternidad que presentó el recurrente el 20 de

marzo del 2015 y que se tramita en el expediente No. [VALOR 01]. Lo anterior

bajo el apercibimiento que, con base en lo establecido en el artículo 71 de la

Ley de la Jurisdicción Constitucional, se impondrá prisión de tres meses a dos

años, o de veinte a sesenta días multa a quien recibiere una orden que deba

cumplir o hacer cumplir, dictada en un recurso de amparo o hábeas corpus y no

la cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más

gravemente penado. Se condena al Estado al pago de los daños y perjuicios

causados con los hechos que sirven de fundamento a esta declaratoria, los que

se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo. Notifíquese

esta resolución a Patricia Cordero

García, en su condición de jueza de Familia de Cartago, o a quien en su lugar

ejerza el cargo, en forma personal.

Gilbert Armijo S.

Presidente

Ernesto Jinesta L.

Fernando Cruz C.

Fernando Castillo

V.

Rosa María Abdelnour G.

Carlos Estrada N.

Alicia Salas T.