Resolución 11860-2014

Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala el 30 de abril de 2014, el

recurrente interpone recurso de amparo contra el MINISTERIO de EDUCACIÓN

PÚBLICA, y manifiesta que el Ministerio de Educación Pública le instruyó un

procedimiento sancionatorio administrativo, el cual, fue dividido en dos causas,

expedientes números 558-2013-MEP y 657-2013-MEP. Señala que le impusieron las

medidas cautelares de suspensión de su puesto como Director Regional de Educación

por un periodo de más de 11 meses. Esto, mediante resoluciones mal fundamentadas y

que no habían adquirido firmeza. Explica que, por resolución del Tribunal de Carrera

Docente número TCD-093-2014 del 31 de marzo de 2014, notificada personalmente el 10

de abril de 2014, se declaró con lugar los recursos de apelación que interpuso, se

dejaron sin efecto las medidas cautelares de suspensión con goce de salario que fueron

adoptadas en el expediente disciplinario número 657-2013 y se declaró la nulidad del

procedimiento que correspondía al expediente número 657-2013. Manifiesta que, en

virtud de lo anterior, asumió su puesto de Director Regional de Educación de Guápiles.

No obstante, el 25 de abril de 2014, oficiales de la Fuerza Pública, de forma altanera y

arbitraria, ingresaron a su oficina y le informaron que debía salir de las instalaciones o

sería detenido y se le notificó la resolución número 1557-14-MEP, según la cual, se le

estaba suspendiendo por un periodo de 6 meses sin goce de salario, por cuanto el

Tribunal de Carrera Docente había recomendado la adopción de esa medida en la

resolución número TCD-094-2014 –que nunca se le notificó ni insertaron en el

expediente para que fuera de su conocimiento–. Alega que se le sancionó con base en

una causa que ya había sido resuelta por la resolución número TCD-093-2014, en

detrimento de sus derechos fundamentales. Menciona que nunca fue notificado de un

tercer expediente por los mismos hechos que se le habían sancionado. Agrega que la

resolución número TCD-093-2013 consigna: “(…) continúese con el

conocimiento de

las gestiones de despido interpuestas por el director de recursos humanos contra el

servidor [Nombre 001] correspondientes a los expedientes disciplinarios 558-13- y

657-13 (…)”, pese a que ya se había dictado la nulidad

absoluta de las resoluciones del

Director de Recursos Humanos del Ministerio de Educación Pública por violaciones al

debido proceso. A su juicio, el tribunal accionado parece desconocer las resoluciones

dictadas a su favor dentro del expediente número TCD-444-2013. Aunado a lo anterior,

sostiene que únicamente se le permitió obtener copia certificada de la resolución número

TCD-093-2014 del 31 de marzo de 2014, pues no le permitieron la resolución número

TCD-094-2014, por lo que no entiende porqué el Tribunal de Carrera Docente dictó la

resolución número TCD-094-2014 que solo se notificó al Ministro y al Director de

Recursos Humanos, ambos del Ministerio de Educación Pública. firma que la resolución

administrativa número 1557-2014-MEP debió notificársele en forma personal y no como

se hizo el 25 de abril de 2014. Aduce que se omitió en la resolución número

TCD-094-2014 indicar cuál es la sanción disciplinaria a conmutar, por lo que la

Administración decide sancionarlo severamente y no aplicar una norma más favorable,

de manera que maliciosamente se le estaría aplicando un despido disfrazado con la

finalidad de dejar su puesto a alguien políticamente afín a la Administración. En virtud de

los hechos expuestos, estima lesionados sus derechos fundamentales.

Informa bajo juramento Félix Barrantes Silva, en su calidad de Presidente del

Tribunal de la Carrera Docente que en éste constan tres expedientes a nombre del

amparado [Nombre 001]. El número 444-2013 consiste en un recurso de apelación

contra la resolución número 2916-13 dictada por el Director de Recursos

Humanos del MEP a las 11:00 horas del 28 de junio de 2013, recurso de apelación contra

la resolución 9592-2013 dictada por la Dirección de Recursos Humanos del MEP a las

14:30 horas del 31 de octubre de 2013, recurso de apelación contra la resolución

10329-2013, dictada por la Dirección de Recursos Humanos del MEP a las 12:00 horas

del 09 de diciembre de 2013, recurso de apelación e incidente de nulidad absoluta contra

los expedientes 657-2013 y 558-2013, así como excepción de prescripción y adición de

prueba para mejor resolver, todos interpuestos por [Nombre 001]. Añade que el

expediente número 537-2013 consiste en una solicitud de despido contra el

amparado con el cual la Dirección de Recursos Humanos remitió al Tribunal el

expediente disciplinario número 558-2013. El expediente número 542-2013 consiste en

una solicitud de despido contra el amparado con el cual la Dirección de Recursos

Humanos remitió al tribunal el expediente disciplinario número 657-2013. Dice que es

cierto que el procedimiento administrativo disciplinario contra el recurrente [Nombre

001] fue dividido por la Dirección de Recursos Humanos del MEP en dos expedientes:

558-2013 y 657-2013, los cuales fueron remitidos al Tribunal de la Carrera Docente con

la solicitud de despido sin responsabilidad para el Estado. La Dirección de Recursos

Humanos del MEP es quien orden la aplicación de medidas cautelares. Mediante

resolución TCD-093-2014 de las 18:31 horas del 31 de marzo de 2014, el Tribunal de la

Carrera Docente acordó en el expediente número 444-2013 “1-Declarar parcialmente con

lugar el incidente de nulidad absoluta invocado por [Nombre 001], de calidades dichas,

solamente con respeto al hecho de que la Dirección de Recursos

Humanos no resolvió el recuso de revocatoria interpuesto por el servidor contra la

resolución 2430-2013 de las 09:45 horas del 07 de junio de 2013, adoptada durante la

investigación preliminar.

Declarar con lugar los recursos de apelación interpuesto por

el servidor [Nombre 001] contra la resolución 2916-13 dictada por el Director de

Recursos Humanos a las 11:00 horas del 28 de junio de 2013, contra la resolución

9591-2013 dictada por la Dirección de Recursos Humanos a loas 14:30 horas del 31 de

octubre de 2013 y contra la resolución 10329-2013 dictada por la Dirección de Recursos

Humanos a las 12:00 horas del 09 de diciembre de 2013, por lo que se dejan sin efecto

las medidas cautelares de suspensión que fueron adoptadas en el expediente disciplinario

657-2013 sobre supuesto acoso sexual y dado que con el dictado de las mismas se ha

violentado el debido proceso y, por ende el derecho de defensa del servidor [Nombre

001], se declara la nulidad del procedimiento disciplinario sobre acoso sexual

correspondiente al expediente disciplinario 657-2013. 3 Se declara sin lugar el recurso de

apelación interpuesto contra los expedientes 657-2013 y 558-2013, ya que no caben

dichos recursos contra un expediente, sino contra resoluciones de la Administración.

4.

Se declara sin lugar la excepción de prescripción por cuanto no se evidencia períodos de

inactividad procedimental superiores a un mes entre cada acto con capacidad de

interrumpir la prescripción.

Rechazar de plano el escrito presentado por el servidor

[Nombre 001] y sometido a nuestra consideración el día 11 de marzo de 2014 y

denominado “recurso de adición como prueba par mejor resolver”, ya que

consiste en una fotocopia y por tanto, no en un documento original.

Archívese el

expediente 444-2013 de este Tribunal

Continúese con el conocimiento de las gestiones

de despido interpuestas por el Director de Recursos Humanos contra el servidor

[Nombre 001] correspondiente a los expedientes disciplinarios 558-13 y 657-2013.

Indica que por resolución TCD 094-2014 de las 18:40 horas del 31 de marzo de 2014, el

Tribunal de la carrera Docente acordó en el expediente 537-2013: “1.Recomendar al

Señor Ministro conmutar la sanción a una suspensión sin goce de sueldo de acuerdo a lo

estipulado en el artículo 62 del Estatuto de Servicio Civil a [Nombre 001], de calidades

dichas. 2 Notifíquese y remítanse copia certificada del expediente número

537-2013 de este tribunal y original del expediente 558-13 del Departamento de gestión

disciplinaria, al Despacho del señor Ministro de Educación Pública para los efectos del

artículo 75 del Estatuto de Servicio Civil. Mediante resolución TCD 095-2014 de las

18:59 horas del 31 de marzo de 2014 el Tribunal de la Carrera Docente acordó en el

expediente 542-2013: “1. Rechazar la solicitud de despido promovida contra [Nombre

001], de calidades dichas.

Devolver a la Dirección de Recursos Humanos el

expediente disciplinario 657-2013 que fuera remitido por dicha Dirección y

Se ordena el archivo del expediente 542-2013 de este Tribunal. Comenta que no es

cierto que la resolución TCD 094-2014 de las 18:42 horas del 31 de marzo del 2014 no

estuviera inserta en su correspondiente expediente. A saber, el número 537-2013, como

así lo puede corroborar la Sala en la copia certificada que se adjunta. Con respecto al

hecho de que no se le notificó la resolución dice que el Tribunal de la Carrera Docente,

en materia disciplinaria, se rige según lo dispuesto en el articulo 25 inciso d) del

Reglamento de la Carrera Docente que transcribe. Añade que en el Tribunal no hay un

despido en el estricto sentido de la palabra, sino una autorización –no vinculante- en

donde el Ministro de Educación Pública decidirá si presenta o no la gestión de despido

ante el Tribunal de Servicio Civil. En el Tribunal de la Carrera Docente no se habla de

despido, el acto de autorización es interno para el Ministerio y no hace más que

establecer la posibilidad de iniciar un procedimiento administrativo formal que pretenda

averiguar la verdad real de los hechos. Al ser la solicitud de autorización de gestión de

despido un acto interno, no susceptible de desarrollo de debido proceso. La resolución

que emite este Tribunal no se notifica al docente ni se constituye el tribunal como

instancia para el accionado u otras personas que ejerzan algún tipo de defensa o

solicitud. Se reitera que el tribunal no decide sobre despidos, sino tan solo autoriza –en

caso que así lo decida- al Ministro para que presente la gestión de despido, por lo que

determina de la investigación preliminar efectuada, si existe necesidad de que se

desarrolle un procedimiento formal de investigación, sin que sea jurídicamente necesario

ni procedente, otorgar ningún debido proceso en esa fase previa procedimental. Tal tesis

ha sido confirmada por la Sección Octava del Tribunal Contencioso Administrativo y

Civil de Hacienda, Segundo Circuito Judicial de Goicoechea mediante la resolución

129-2011 de las 07:35 horas del 23 de junio de 2011 que cita. Insiste en que tal actuación

es interna, ya que lo que realiza el Tribunal de Carrera Docente es una resolución o

recomendación, indicando que existe mérito por los hechos expuestos y las pruebas

recabadas para despedir al funcionario, y en tal razón autoriza al Ministro para que éste

realice el trámite de despido o gestión de despido ante el Servicio Civil y por tanto dicha

conducta no es determinativa, ni se constituye con el acto final formal, en donde se le

endilga la responsabilidad al infractor, sino más bien, un acto previo que impulsa al

Ministro para solucionar el despido del actor, de ahí que considera este tribunal, que la

no notificación de los actos de trámite no constituyen una violación al debido proceso,

por cuanto el presunto infractor, conforme al procedimiento establecido, le es

comunicado todo lo dispuesto en la gestión de despido, precisamente para que sea ante

el Tribunal del Servicio Civil, que ejerza (en una segunda ocasión) su derecho de

defensa. Por ello, tal actuación no deviene nula y menos aún constituye indefensión

alguna. Añade que desconoce a cual tercer expediente se refiere el amparado que no le

fue notificado y por los mismos hechos que se le había sancionado. Es cierto que en la

resolución TCD 093-2013 se acordó continuar con el conocimiento de los dos

expedientes disciplinarios con solicitud de despido puesto que primero conocieron los

recursos de apelación que él presentó, acordándose anular las medidas cautelares

ordenadas por la Dirección de Recursos Humanos del MEP en el expediente disciplinario

657-2013 (532-2013 de ese Tribunal) y lo que procedía seguidamente, era resolver las

gestiones de despido. No es cierto que no se le haya permitido obtener copia de la

resolución TCD 093-2014. Todas las ocasiones en que se presentó al tribunal, tuvo

acceso a los expedientes que él pidió consultar y tuvo la oportunidad de obtener copia

de la documentación. Hace énfasis en que de la prueba aportada se infiere que el

amparado revisó y fotocopió los expedientes a a su nombre. La resolución TCD

094-2014 solo se le notificó al Ministro de Educación Pública y a la Dirección de

Recursos Humanos por tratarse de un asunto interno. En cuanto a que se omitió indicar

cual es la sanción disciplinaria a conmutar y por eso se le sancionó más severamente dice

que la norma que se aplica en tal caso es la del artículo 62 Estatuto Servicio Civil que

transcribe. Aclara que la norma no establece que el Tribunal deba señalar el plazo de la

suspensión sin goce de salario, por lo que será el Ministro quien decida si conmuta la

sanción recomendada o procede con el despido, porque la recomendación del tribunal

no es vinculante para el jerarca ministerial, que tiene la potestad de despedir. Solicita se

declare sin lugar el presente recurso de amparo.

Informa bajo juramento, Sonia Marta Mora Escalante, en su calidad de Ministra

del Ministerio de Educación Pública que la resolución N°1557-14 de las 09:00 horas del

22 de abril del 2014, mediante la cual se conmuta la gestión de despido -sin

responsabilidad para el Estado- por una sanción disciplinaria correspondiente a seis

meses sin goce de salario, con un rige del 25 de abril del 2014 al 24 de octubre el 2014,

referida al proceso disciplinario contra el funcionario [Nombre 001], fue debidamente

notificada vía fax al siguiente medio; Fax N° [Valor 002] el día 25 de abril a las 12:22,

comunicando un total de 10 páginas.(Adjunta copia de la resolución

N°1557-14, correspondiente al expediente disciplinario N° 558-13, y copia del acta de

notificación del Departamento de Gestión Disciplinaria de la Dirección de Recursos

Humanos).

Por escrito presentado el 03 de junio de 2014 el recurrente se refiere a los

informes dados por las autoridades recurridas y pide se declare con lugar el recurso en

todos sus extremos.

En los procedimientos seguidos se ha observado las prescripciones legales.

Redacta el Magistrado

Cruz Castro; y,

Objeto del recurso. El recurrente acusa la violación del principio de debido

proceso en tres procedimientos disciplinarios seguidos en su contra, en razón de que

pese haber sido anuladas las medidas cautelares que le suspendieron con goce de salario

–por la resolución TCD-093-2014- y haber asumido nuevamente el puesto el 21 de abril

de 2014, el 25 de ese mismo se le suspendió por el plazo de seis meses sin goce de

salario pese a que la resolución en la que se fija la sanción no le fue notificada. Reclama

además que la autoridad recurrida no le permite obtener copia certificada del oficio

TCD-093-2014 ni le da acceso a la resolución TCD-094-2014. Cuestiona que en ésta

última se omitió indicar cuál es la sanción disciplinaria a conmutar, por lo que la

Administración decide sancionarlo severamente y no aplicar una norma más favorable,

de manera que maliciosamente se le estaría aplicando un despido disfrazado con la

finalidad de dejar su puesto.

Hechos probados. De importancia para la resolución de este asunto se tienen

por probados los siguientes hechos:

a. Contra el amparado

[Nombre 001], funcionario del MEP, se siguen dos

procedimientos administrativos disciplinarios del MEP (Informe de

Presidente del Tribunal de la Carrera Docente).

b. En el expediente número 537-2013 se conoce una solicitud de despido sin

responsabilidad contra el amparado, que la Dirección de Recursos Humanos

remitió al Tribunal de Carrera Docente bajo el expediente disciplinario número

558-2013 (Informe de Presidente del Tribunal de la Carrera Docente).

c. En el expediente número 542-2013 se conoce una solicitud de despido sin

responsabilidad patronal contra el amparado, que la Dirección de Recursos

Humanos remitió al Tribunal de Carrera Docente bajo el expediente

disciplinario número 657-2013 (Informe de Presidente del Tribunal de la

Carrera Docente).

d. El expediente número 444-2013 consiste en un recurso de apelación contra: a)

la resolución número 2916-13 dictada por el Director de Recursos Humanos

del MEP de las 11:00 horas del 28 de junio de 2013, b) la resolución

9591-2013 dictada por la Dirección de Recursos Humanos del MEP de las

14:30 horas del 31 de octubre de 2013, c) la resolución 10329-2013, dictada

por la Dirección de Recursos Humanos del MEP a las 12:00 horas del 09 de

diciembre de 2013, dictadas en el expediente 657-2013. Se dejan sin efecto las

medidas cautelares de suspensión que fueron adoptadas en el expediente

disciplinario 657-2013 sobre supuesto acoso sexual y dado que con el dictado

de las mismas se ha violentado el debido proceso y, por ende el derecho de

defensa del servidor [Nombre 001], se declara la nulidad del procedimiento

disciplinario sobre acoso sexual correspondiente al expediente disciplinario

657-2013. (542-2013).

e. Los recursos interpuestos por

[Nombre 001] contra los expediente 657-2013 y

558-2013, fueron declarados sin lugar por el Tribunal

de Carrera Docente, porque no existe tal recurso contra un expediente. La

excepción de prescripción planteada contra ambos procedimientos fue

desestimada y el escrito de adición de prueba para mejor resolver fue

rechazado de plano (Informe de Presidente del Tribunal de la Carrera

Docente).

f. Por la resolución TCD 093-2013 se acordó continuar con el conocimiento de

los dos expedientes disciplinarios con solicitud de despido 537-2013 y

542-2013, puesto que ya habían sido resueltos los recursos de apelación que

él presentó en expediente 444-2013 (referente a expedientes 657 y 558),

acordándose en el número 657-2013 anular las medidas cautelares ordenadas

por la Dirección de Recursos Humanos del MEP y lo que procedía

seguidamente, era resolver las gestiones de despido (Informe de Presidente del

Tribunal de la Carrera Docente).

g. Se dispone el archivo del expediente 444-2013 del Tribunal y se ordena

continuar con el conocimiento de las gestiones de despido interpuestas por el

Director de Recursos Humanos contra el servidor [Nombre 001]

correspondiente a los expedientes disciplinarios 558-13 y 657-2013 (Informe

de Presidente del Tribunal de la Carrera Docente).

h. En relación con el expediente 558-2013 (537-2013), que es solicitud de

despido, por resolución TCD 094-2014 de las 18:40 horas del 31 de marzo de

2014, el Tribunal de la Carrera Docente acordó: “1.Recomendar al Señor

Ministro conmutar la sanción a una suspensión sin goce de sueldo de acuerdo

a lo estipulado en el artículo 62 del Estatuto de Servicio Civil a [Nombre 001],

de calidades dichas. 2 Notifíquese y remítanse copia certificada del expediente

número 537-2013 de este tribunal y original del

expediente 558-13 del Departamento de Gestión Disciplinaria, al Despacho del

señor Ministro de Educación Pública para los efectos del artículo 75 del

Estatuto de Servicio Civil (Informe de Presidente del Tribunal de la Carrera

Docente).

i. Mediante la resolución N°1557-14, de las 09:00 horas del 22 de abril del 2014

la Ministra de Educación conmuta la gestión de despido -sin responsabilidad

para el Estado- por una sanción disciplinaria Expediente 558-2013)

correspondiente a seis meses sin goce de salario, con un rige del 25 de abril

del 2014 al 24 de octubre el 2014, referida al proceso disciplinario contra el

funcionario [Nombre 001], fue debidamente notificada vía fax al siguiente

medio; Fax N° [Valor 002] el día 25 de abril a las 12:22, comunicando un

total de 10 páginas (Informe Ministra de Educación)

j. En relación con el expediente 542-13 que es solicitud de despido, por

resolución TCD 095-2014 de las 18:59 horas del 31 de marzo de 2014 el

Tribunal de la Carrera Docente acordó : “1. Rechazar la solicitud de despido

promovida contra [NOMBRE 001], de calidades dichas.

Devolver a la

Dirección de Recursos Humanos el expediente disciplinario 657-2013 que

fuera remitido por dicha Dirección y

Se ordena el archivo del expediente

542-2013 de este Tribunal (Informe de Presidente del Tribunal de la Carrera

Docente).

k. Al amparado se le ha garantizado el derecho a obtener copia de la resolución

TCD 093-2014 así como el acceso a los expedientes que él pidió consultar y

tuvo la oportunidad de obtener copia de la documentación.

III.-

Sobre el fondo. En esta sede se ha desarrollado en múltiples ocasiones los

alcances y matices del derecho consagrado en los artículos 39 y 41 de la Constitución

Política. Particularmente ilustrativa es la argumentación de la sentencia #15-90 de las

16:45 horas de 5 de enero de 1990:

“... el derecho de defensa garantizado por el artículo 39 de la Constitución

Política y por consiguiente el principio del debido proceso, contenido en el

artículo 41 de nuestra Carta Fundamental, o como suele llamársele en

doctrina, principio de 'bilateralidad de la audiencia' del 'debido proceso

legal' o 'principio de contradicción' (...) se ha sintetizado así: a) Notificación

al interesado del carácter y fines del procedimiento; b) derecho de ser oído, y

oportunidad del interesado para presentar los argumentos y producir las

pruebas que entienda pertinentes; c) oportunidad para el administrado de

preparar su alegación, lo que incluye necesariamente el acceso a la

información y a los antecedentes administrativos, vinculados con la cuestión

de que se trate; ch) derecho del administrado de hacerse representar y

asesorar por abogados, técnicos y otras personas calificadas; d) notificación

adecuada de la decisión que dicta la administración y de los motivos en que

ella se funde y e) derecho del interesado de recurrir la decisión dictada." "...

el derecho de defensa resguardado en el artículo 39 ibídem, no sólo rige

para los procedimientos jurisdiccionales, sino también para cualquier

procedimiento administrativo llevado a cabo por la administración pública;

y que necesariamente debe dársele al accionante si a bien lo tiene, el

derecho de ser asistido por un abogado, con el fin de que ejercite su

defensa...´

Y también se ha indicado lo siguiente:

“Esta Sala ha señalado los elementos del derecho al debido proceso legal,

(ver especialmente la opinión consultiva nº1739-92), aplicables a cualquier

procedimiento sancionatorio o que pueda tener por resultado la pérdida de

derechos subjetivos. La Administración debe, en atención al derecho de

defensa del administrado: a) Hacer traslado de cargos al afectado, lo cual

implica comunicar en forma individualizada, concreta y oportuna, los

hechos que se imputan; b) Permitirle el acceso irrestricto al expediente

administrativo; c) Concederle un plazo razonable para la preparación de su

defensa; d) Concederle la audiencia y permitirle aportar toda prueba que

considere oportuna para respaldar su defensa; e) Fundamentar las

resoluciones que pongan fin al procedimiento; f) Reconocer su derecho a

recurrir contra la resolución sancionatoria.´(sentencia #5469-95 de las

18:03 horas del 4 de octubre de 1995).

Lo anterior no debe entenderse, sin embargo, en el sentido que toda

violación que surja en el trámite de un procedimiento administrativo es

amparable en esta Jurisdicción, pues solamente son tutelables en esta vía

aquellas vulneraciones sustanciales que colocan en indefensión a la parte

afectada, según se detalló en la sentencia #2001-10198 de las 10:29 horas

de 10 de octubre de 2001:

“IV.- Debido proceso administrativo y acción de amparo:

La jurisprudencia transcrita permite diferenciar claramente entre las

infracciones al proceso legal ±o violaciones ³in procedendo´- que pueden ser

corregidas a través del curso del procedimiento administrativo o ante la

jurisdicción ordinaria, y las infracciones sustanciales a ese procedimiento,

que inclusive pueden ir más allá del contenido de las normas procesales y

cuyo irrespeto provoca una indefensión de entidad, desde el punto de vista

sustancial, -no meramente formal- que debe ser analizada por la Sala

Constitucional a través del recurso de amparo.

Los procesos sancionatorios: («) En la búsqueda de la inalización

normal del procedimiento administrativo debe hacerse de forma ajustada al

“in procedendo“ de legalidad (revisable en sede ordinaria); pero debe, ante

todo y desde la perspectiva que examina esta Sala, respetar el derecho de

defensa y de intervención del investigado, y la afectación grave, burda,

clara, al derecho de defensa es, en tesis de principio, revisable en la

jurisdicción constitucional; precisamente por ello, la administración debe

siempre tomar las medidas necesarias para garantizar al investigado su

efectiva defensa, en particular su participación en la recepción de prueba,

de lo que debe dejar las constancias correspondientes en el expediente

administrativo.

Principios procesales de los procesos sancionatorios: En el

procedimiento administrativo encuentra un importante espacio el principio

de trascendencia expresado en la máxima francesa “pas de nullité sans

grief, es decir, no hay nulidad ±y por ende retroceso del procedimiento- sin

verdadero perjuicio; atrás debe quedar la degeneración de los

procedimientos que son consecuencia de la sublevación del formulismo y que

conspira contra el principio constitucional de celeridad. Por otra parte, el

saneamiento del acto, ±cuando la naturaleza del defecto lo exija-, debe ser

útil a las partes; la invalidez del acto no debe ser declarada si el acto

defectuoso consiguió el fin propuesto en relación con los interesados y no

afectó de manera sustancial los derechos y las facultades de los

intervinientes. Tampoco es posible conseguir una justicia administrativa

célere si se desconoce el principio de convalidación por preclusión procesal,

lo que exige a la parte interesada hacer oportuna protesta, la que permitirá

la evaluación posterior de la afectación en caso de que exista; en este sentido

es preciso afirmar que la inercia del interesado permite la convalidación del

acto. En efecto, salvo que se produzcan defectos absolutos ±supuestos de

grosera y clara indefensión o de otros principios concretos de debido proceso,

-como, a manera de ejemplo, la integración legal del órgano de decisión-,

toda actividad procesal defectuosa puede ser subsanada. Los defectos no

absolutos pueden ser corregidos por renovación del acto, rectificación del

error o cumplimiento del acto omitido, sea de oficio o a petición de parte; de

esta manera se busca evitar que el proceso se retrotraiga a periodos ya

precluidos. Para reclamar la nulidad ±defecto absoluto- del acto viciado, el

reclamante debe señalar el interés para reclamarlo y el perjuicio efectivo

(manifestación que podrá prevenirse en caso de omisión) y esta Sala

examinará como infranqueable la lesión sustancial al derecho de defensa o

al debido proceso constitucional. A la par de las afirmaciones anteriores es

preciso señalar también que, por principio, los defectos absolutos no son

saneables, pero su invalidez solo será declarable si se acredita el interés del

reclamante y el correlativo perjuicio a sus intereses. La declaratoria de

invalidez se circunscribe al acto concreto salvo que se trate de actos

independientes en que deba considerarse el efecto ³cascada´, pues los actos

se concatenan unos con otros, al punto de que no es posible su

individualización total (doctrina del artículo 164 de la Ley General de la

Administración Pública). El acto inválido, desde la perspectiva

constitucional ±no así de legalidad- es el que lesiona de manera grosera al

derecho de defensa, y para establecer el interés en la declaratoria de su

invalidez en esta sede, la Sala acudirá a los principios de la lógica

aplicando el principio de eliminación hipotética de tal suerte que, no

declarara invalidez alguna si luego de hacer el análisis del caso encuentra

que las conclusiones finales de la administración se mantienen inalterables.´

IV.-De los procedimientos disciplinarios N° 537-2013

y 657-2013. El

recurrente reclama la infracción del principio del debido proceso porque, según afirma,

pese haber sido anuladas –por la resolución TCD-093-2014- las medidas cautelares

dictadas en dos procedimientos disciplinarios de despido en su contra, (537-2013 y

542-2013) que le habían suspendido con goce de salario; el 25 de abril de 2014 se le

suspendió por el plazo de seis meses sin goce de salario pese a que no le fue notificada

la resolución TCD-094-2014 que dispone dicha sanción. De los hechos que se tienen por

debidamente demostrados en este asunto, en relación con los informe rendido bajo la

gravedad de juramento por parte del Presidente del Tribunal de Carrera Docente

recurrido se desprende que éste declaró con lugar los recursos de apelación interpuestos

por el amparado contra las resoluciones: 2916-13 de las 11:00 horas del 28 de junio de

2013, 9591-2013 de 14:30 horas del 31 de octubre de 2013 y 10329-2013 de las 12:00

horas del 09 de diciembre de 2013, todas de la Dirección de Recursos Humanos y dejó

sin efecto las medidas cautelares de suspensión que fueran adoptadas en el expediente

disciplinario 657-2013 (las apelaciones se conocen en expediente número 444-2013 del

TCD) sobre supuesto acoso sexual -y además declaró la nulidad del procedimiento

disciplinario correspondiente a ese expediente disciplinario 657-2013 citado-; lo cierto es

que la medida de suspensión de seis meses impuesta, no es una medida cautelar como lo

pretende el recurrente sino que es la sanción que fue impuesta en la otra causa

disciplinaria seguida contra el amparado en el expediente 558-2013 (537-2013), que era

solicitud de despido; mas, en atención a lo resuelto por el Tribunal de Carrera Docente

(resolución TCD 094-2014 de las 18:40 horas del 31 de marzo de 2014), se conmutó la

sanción a una suspensión sin goce de sueldo de acuerdo a lo estipulado en el artículo 62

del Estatuto de Servicio Civil a [Nombre 001], recomendación que fue acogida por la

Ministra de Educación por la resolución N°1557-14, de las 09:00 horas

del 22 de abril del 2014 en la que conmuta la gestión de despido -sin responsabilidad

para el Estado- por una sanción disciplinaria Expediente 558-2013 correspondiente a seis

meses sin goce de salario, con un rige del 25 de abril del 2014 al 24 de octubre el 2014.

Tal resolución está referida al proceso disciplinario contra el funcionario [Nombre 001]

y

fue debidamente notificada vía fax señalado. Del cuadro fáctico descrito se desprende

con claridad que la medida de suspensión sin goce de salario que cuestiona

en esta vía de amparo, no es una medida cautelar como pretende el recurrente sino que

es una sanción disciplinaria dispuesta en uno de los dos procedimientos administrativos

disciplinarios seguidos en su contra (558-2013). En ese procedimiento, la sanción

impuesta al recurrente fue debidamente comunicada al accionante, por la resolución

N°1557-14, de las 09:00 horas del 22 de abril del 2014. En el otro procedimiento

disciplinario que se sigue contra el amparado -funcionario del Ministerio de Educación

Pública- y que se conoció en el expediente N° 657-2013; por la resolución TCD

095-2014 de las 18:59 horas del 31 de marzo de 2014 el Tribunal de la Carrera Docente

acordó : “1. Rechazar la solicitud de despido promovida contra [Nombre 001], de

calidades dichas.

Devolver a la Dirección de Recursos Humanos el expediente

disciplinario 657-2013 que fuera remitido por dicha Dirección y

Se ordena

el archivo del expediente 542-2013 de este Tribunal (Informe de Presidente del Tribunal

de la Carrera Docente), lo que fue comunicado al Ministro de Educación para que éste

sea quien disponga y comunique lo que corresponda dentro del procedimiento

disciplinario contra el recurrente y garantice el principio del debido proceso, por lo que

no se observa que fuera colocado en indefensión.

De la falta de notificación por parte del Tribunal de la Carrera

Docente, de la resolución que recomienda conmutar la sanción a una suspensión

sin goce de sueldo En cuanto a la acusada falta de notificación de la resolución TCD

094-2014 de las 18:40 horas del 31 de marzo de 2014, en que el Tribunal de la Carrera

Docente acordó recomendar al Señor Ministro conmutar la sanción a una suspensión sin

goce de sueldo que acusa el recurrente, el recurrente no logra desvirtuar el informe

dado bajo la gravedad de juramento por parte del Presidente del Tribunal de Carrera

Docente recurrido, a esta Sala, según el cual la resolución TCD 094-2014, que es una

recomendación, solo se notificó al Ministro de Educación Pública y a la Dirección de

Recursos Humanos de ese Ministerio, por tratarse de una recomendación en los casos

sometidos a su conocimiento, lo que es un asunto interno. Asimismo dice que el

amparado revisó y fotocopió los expedientes a su nombre, en múltiples ocasiones (en el

mes de marzo de 2014: los días 11, 13, 14, 18, 19, 20, 21, 24, 26, 28 y 31 en el mes de

abril de 2014: los días 7, 8, 23 y 25, registro de atención mensual folios 1 y 2 aportado al

expediente) y consta que la única sanción impuesta al accionante por la resolución

N°1557-14 de las 09:00 horas del 22 de abril del 2014 por la Ministra de Educación fue

notificada al accionante dándole la oportunidad de recurrir la misma.

Conclusión.

Con base en lo anteriormente expuesto no se observan las

violaciones al debido proceso acusadas, y procede declarar sin lugar el recurso lo que en

efecto se dispone.