Resolución 03691-2013

Manifiesta el recurente que desde la emisión de la Ley Orgánica del Patronato Nacional de la Infancia y a hasta la fecha, el Ministerio de Hacienda ha incumplido con la normativa de asignación de dineros, pues actualmente solo asigna a esa institución menos del 1% anual del impuesto señalado en el artículo 34 inciso a) de dicha norma. Señala que en el año 2001, por medio del voto No. 2001-02078 de este Tribunal, se ordenó al Ministerio de Hacienda cumplir con lo establecido en dicho cuerpo legal. Indica que pese al conocimiento de la autoridad recurrida de las limitaciones que tiene el Patronato en materia de recurso humano, infraestructura, equipamiento, entre otras, no ha cambiado su actuación y continúa asignando menos del 1% del impuesto señalado, lo que le imposibilita atender adecuadamente el mandato establecido en la Constitución y en la Convención sobre los Derechos del Niño. Menciona que el Ministerio recurrido justifica el incumplimiento alegando que la ley ordinaria asignó destinos específicos rentas provenientes de leyes con destinos específicos, que no necesariamente deben pagarse con prioridad sobre otras obligaciones, y que debe de respetarse el principio constitucional de crear nuevos recursos cuando se establecen nuevas condiciones a cargo de Tesoro Público. Alega que el 27 de enero de 2011, el Patronato solicitó formalmente al Ministerio aumentar su presupuesto anual para el año 2012, en una suma aproximada a los cinco mil quinientos millones de colones, monto que sumado a lo que recibe el PANI de Hacienda, no alcanza ni el 2% de lo señalado en la Ley Orgánica del Patronato. Considera que la solicitud de aumento presupuestario planteada ha sido concreta y atiende a criterios de razonabilidad y proporcionalidad de manera responsable, considerando la situación de crisis que vive el país, respondiendo a criterios y a requerimientos absolutamente necesarios en materia de infraestructura, equipamiento y recurso humano, que obligadamente necesita la institución para poder hacerle frente a las obligaciones básicas de atención y protección de la niñez y la adolescencia. Indica que a la fecha en que acude en amparo, el Ministerio recurrido no ha dado respuesta a la solicitud ni ha girado nuevos recursos. Por otra parte, menciona que el día 4 de marzo de 2011, la Presidencia de la República emitió la Directriz No. 013-H, dirigida al sector público, por medio de la cual ordenó a las instituciones públicas congelar las plazas vacantes, no suscribir nuevos contratos de dedicación exclusiva, reducir mediante presupuesto extraordinario negativo un 20% de los presupuestos aprobados en las partidas de: transporte en el exterior, viáticos en el exterior, transporte dentro del país, viáticos dentro del país, equipo de transporte, servicios de gestión y apoyo, alimentos y bebidas, gastos de publicidad y propaganda e información, gastos de representación institucional y textiles y vestuario. No obstante, no se consideró al PANI dentro de las instituciones exentas de aplicar dicha directriz, lo que ha obligado a la institución a realizar múltiples gestiones ante la Autoridad Presupuestaria, a efecto de gestionar dicha excepción. Estima que la Directriz señalada ha afectado cuentas que son fundamentales para la atención y protección de las personas menores de edad. Alega que la institución logró que la Autoridad Presupuestaria autorizara la excepción a la obligación de reducir el 20% de presupuesto en determinadas partidas, no así, en cuanto al congelamiento de las plazas vacantes y la imposibilidad de aplicar el incentivo de dedicación exclusiva a nuevos funcionarios, materias que son muy sensibles debido a la escasez y el déficit de recurso humano con el que cuenta la institución. Considera que el proceso de priorización que debe realizar el PANI en la atención de denuncias, se ve afectado por las limitaciones de recursos, con el agravante de tener implicaciones fatales que atentan contra la vida de personas menores de edad, que requieren protección estatal ante situaciones de amenazas, riesgo, violencia y abandono. Estima que la situación descrita es contraria también a los compromisos establecidos en la Convención sobre los Derechos del Niño, el Código de la Niñez y la Adolescencia y la Constitución Política. Igualmente, considera que el Estado está obligado a adoptar las medidas presupuestarias necesarias para garantizar la plena eficacia de los derechos fundamentales de las personas menores de edad, particularmente del régimen de protección establecido por la Constitución Política. Señala que el Patronato ha venido haciendo frente a su cargo con fondos evidentemente insuficientes, recursos limitados y con una demanda y una problemática que crece de forma sostenida. Alega que lo limitado de los recursos y la consecuente imposibilidad de crecer de acuerdo a sus necesidades, convierten al PANI en una institución sobre demandada y concentrada en la actividad reactiva de la atención de la emergencia. Menciona que por la falta de presupuesto, la atención del cuido directo a los niños albergados en las alternativas del PANI, está siendo ejecutada por personal de muy bajo perfil y con un déficit de 249 funcionarios que serían necesarios para cumplir las jornadas legales, por lo que se ven obligados a pagar horas extra de forma ordinaria; no tiene el recurso humano ni capacidad presupuestaria para destacar personal profesional permanente en sus albergues que asuma la ejecución del modelo de atención integral de forma idónea; los 42 albergues del PANI con capacidad instalada en términos de infraestructura y modelo técnico para entre 8 y 10 personas menores de edad, se encuentran hacinados con poblaciones de entre las 15 y 20 personas menores de edad; se requiere la contratación de servicios terapéuticos que requieren de supervisión y evaluación que el PANI no tiene la capacidad de realizar; además que dada la carencia de alternativas privadas que las atiendan y la falta de intervención de algunas instituciones competentes, han tenido que asumir la protección integral de personas menores de edad con perfiles de difícil y riesgoso manejo en sus albergues; se atiende un promedio de 34.000 asuntos nuevos cada año y cuenta únicamente con 255 profesionales, que se constituyen en únicamente 85 equipos distribuidos por todo el país; además, que por la falta de presupuesto no tiene la capacidad de dar respuesta inmediata a todas las denuncias que recibe por lo cual está obligado a priorizar, entre otros. Indica que lo anterior permite ver que en la condición actual, la institución está imposibilitada de cumplir adecuadamente con sus obligaciones.

Manifiesta Carlos Ricardo Benavides Jiménez en su condición de Ministro de la Presidencia y Fernando Herrera Acosta, en su condición de Ministro de Hacienda, que: el Poder Legislativo ha emitido una serie de leyes que incluyen normas que establecen la obligatoriedad de girar determinados recursos económicos a ciertos destinos específicos, pero sin crear la respectiva fuente de financiamiento, por lo que la norma en mención, establece la obligación, pero no crea la fuente real de financiamiento para poder sustentarla. Indica que el establecimiento y modificación de una partida presupuestaria están siempre sujetos al control de la Asamblea Legislativa, no obstante a lo anterior, la práctica común del legislador ha sido aumentar o establecer asignaciones específicas sin atender lo dispuesto en el artículo 179 constitucional, en otras palabras ha creado destinos específicos sin crear la nueva fuente de financiamiento y por lo general acudiendo a fuentes de financiamiento que ya están siendo utilizadas por el Poder Ejecutivo, por lo que dicha situación produce desequilibrios en el presupuesto y coloca al Poder Ejecutivo ante la problemática de no poder cumplir con sus obligaciones. Señala que el Ministerio de Hacienda actuando de conformidad con lo expuesto anteriormente ha venido actuando de manera responsable, asignando al Patronato Nacional de la Infancia los recursos correspondientes a esas asignaciones especificas, en el monto que fue presupuestado para el año 2011 por parte del Ministerio de Hacienda no existe un rebajo presupuestario para dicha institución, sino por el contrario los recursos asignados en los últimos años se han ido incrementando con base en las posibilidades fiscales, adicionalmente para el año 2012 se presupuestó un monto en millones de colones de 8,050.9 por concepto de Subvención Ordinaria según ley No. 7648, un monto de 793,7 por la partida de Niños en Riesgo Social según Ley No. 7972 y un monto de 391.5 por partida Fondo de la Niñez y Adolescencia, por lo que dadas la limitaciones financieras existentes y la no existencia de una fuente real de financiamiento el Poder Ejecutivo ha venido cumpliendo con la presupuestación y giro de los recursos en forma oportuna para el Patronato Nacional de la Infancia. En cuanto a la solicitud de aumento de presupuesto alegada por el amparado, según los archivos de la Dirección General de Presupuesto Nacional y la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria, a la fecha no se ha encontrado solicitud alguna. En cuanto a la Directriz No. 013-H, dirigida al sector público por parte de la Presidenta de la Republica fue emitida precisamente como una de las herramientas del Plan Nacional de Sostenibilidad Fiscal, que busca la racionalización y contención del gasto publico, aunado a lo anterior se debe considerar que no fue una medida de carácter particular dirigida únicamente al PANI sino que fue dirigida al Sector Publico en general, cabe aclarar que las plazas vacantes no quedan congeladas pues existe la posibilidad de que la Autoridad Presupuestaria las conozca y de existir una necesidad autorice su uso. En el caso del PANI en el contexto de una reunión que se realizó en la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria se le manifestó a los funcionarios del Patronato que hicieran una solicitud general para ocupar todas las plazas que quedaron vacantes dada la importancia del uso de las mismas para la Institución, no obstante a la fecha no han enviado solicitud alguna pese a recordatorio que se les hizo mediante oficio STAP-1570-2011. Solicita se declare sin lugar el recurso.

En resolución de las catorce horas cuarenta y dos minutos del diecisiete de setiembre de dos mil doce, se solicitó prueba para mejor resolver este recurso de amparo.

El Ministro de Hacienda informó en prueba para mejor resolver que a pesar de las limitaciones financieras existentes, la no existencia de una fuente real de financiamiento y la imposibilidad material que se genera a raíz de ello, el Poder Ejecutivo ha venido cumpliendo con sus deberes en la materia de su competencia, incluyendo dentro de ellos la presupuestación y giro de los recurso en forma oportuna para el Patronato Nacional de la Infancia, que si bien no alcanzan el 7% de lo recaudado por concepto de impuesto sobre la renta, sea asignan recursos de acuerdo a las posibilidades fiscales.

La Defensora de los Habitantes manifestó que según la Gerente de Administración del Patronato Nacional de la Infancia desde la promulgación de la Ley Orgánica del Patronato Nacional de la Infancia no se ha cumplido a cabalidad con lo dispuesto en el artículo 34 de ese cuerpo normativo; que el incumplimiento del Ministerio de Hacienda al giro presupuestario para asegurar las fuentes de financiamiento según lo términos dispuestos por el legislador hacia el Pani se mantiene tal cual es, y no tiene la Defensoría evidencia de que la situación hubiera variado positivamente; que la Defensoría de los Habitantes en sus informes anuales de labores ha dado de la actuación del Patronato Nacional de la Infancia en la protección de los menores, así como de su responsabilidad en el proceso especial de protección, competencias que no puede atender debidamente por la carencia de recursos.

En los procedimientos se han observado los términos y prescripciones de ley.

Redacta el Magistrado Cruz Castro; y,

Objeto del recurso. El recurrente alega que el Ministerio de Hacienda ha incumplido con la dotación de dineros al Patronato Nacional de la Infancia, ya que en la actualidad le asigna menos del 1% anual del impuesto señalado en el artículo 34 inciso a) de la Ley Orgánica del Patronato Nacional de la Infancia, todo esto, pese a que anteriormente se le ha ordenado cumplir con lo establecido en dicha normativa. Indica que el 27 de enero de 2011 el Patronato solicitó al Ministerio recurrido aumentar su presupuesto anual para el año 2012, petición que a la fecha no ha sido resuelta. Manifiesta que la Directriz No. 013-H, dirigida al sector público, por medio de la cual se ordenó a las instituciones públicas congelar las plazas vacantes entre otros, no consideró al PANI dentro de las instituciones exentas de aplicar dicha directriz, lo que ha obligado a la institución a realizar múltiples gestiones ante la Autoridad Presupuestaria.

Sobre los hechos. De importancia para la resolución de este asunto, se tienen los siguientes hechos: a) Que el recurrente es Presidente de la Asociación de Abogados del Patronato Nacional de la Infancia (ver expe electrónico); b) Que el Ministerio de Hacienda ha asignando al Patronato Nacional de la Infancia recursos correspondientes a las asignaciones especificas durante los años 2010 a 2012, que no alcanzan el 7% de lo recaudado por concepto de impuestos sobre las renta, sino de acuerdo a las posibilidades fiscales (Informe del Ministro de Hacienda, expediente electrónico); c) Que el Ministerio de Hacienda no ha reconocido al Patronato Nacional de la Infancia el monto establecido en el artículo 34 de la Ley Orgánica No 7648 del Patronato Nacional de la Infancia, y que le otorgó un 7% de lo recaudado por el Impuesto sobre la renta, con el fin de atender a la niñez y otros sectores, debido a que lo recaudado por el impuesto de renta son recursos que estaban comprometidos por el Poder Ejecutivo para cumplir con sus obligaciones, no señalándose una fuente real de financiamiento (ver informe recurridos); d) Que para el año 2012 se presupuestó un monto en millones de colones de 8,050.9 por concepto de Subvención Ordinaria según ley No. 7648, un monto de 793,7 por la partida de Niños en Riesgo Social según Ley No. 7972 y un monto de 391.5 por partida Fondo de la Niñez y Adolescencia. (Informe del Ministro de Hacienda, expediente electrónico); e) Que según los archivos de la Dirección General de Presupuesto Nacional y la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria, a la fecha no se ha encontrado solicitud alguna por parte del Patronato Nacional de la Infancia en relación al aumento del presupuesto asignado. (Informe del Ministro de Hacienda, expediente electrónico); f) que en cuanto a la Directriz No. 013-H, dirigida al sector público por parte de la Presidenta de la Republica, esta no fue una medida de carácter particular dirigida únicamente al PANI sino que fue dirigida al Sector Publico en general. (Informe del Ministro de Hacienda, expediente electrónico); h) Que las plazas vacantes no quedan congeladas dado que existe la posibilidad de que la Autoridad Presupuestaria las conozca y de existir una necesidad se autorice su uso. (Informe del Ministro de Hacienda, expediente electrónico); i) Que según oficio STAP-1570-2011, mediante el cual se les recordó a los funcionarios del PANI plantearan una solicitud general para ocupar todas las plazas que quedaron vacantes, a la fecha de interposición del presente recurso dicha solicitud no ha sido realizada. (Informe del Ministro de Hacienda, expediente electrónico).

Sobre los destinos específicos. Respecto a este principio presupuestario de la no afectación de los recursos, el cual sólo tiene cobertura constitucional, en nuestro medio, en su expresión contable (artículo 185 Constitución Política), la Sala Constitucional ha sostenido varios criterios, aunque en las últimas resoluciones asume la postura de que el legislador presupuestario se encuentra vinculado al legislador ordinario. Originalmente, había sentado el criterio que, independientemente, de que el legislador no presupuestario hubiera establecido destinos para los ingresos del Estado y de la validez de tales pretensiones, era al legislador presupuestario a quien le correspondía la materia del gasto y su destino (véase el voto No. 1994-005754 de las 14:54 hrs del 4 de octubre de 1994). Por su parte, en las resoluciones números 1995-000513 y 1995-000514, había indicado que la autorización presupuestaria no llevaba aparejada la obligación de ejecutar el gasto total aprobado por el Parlamento. Al respecto expresó lo siguiente:

“La Sala estima que interpretar, como lo hace el recurso, que se deba obligar al Poder Ejecutivo a realizar un pago que no se encuentra en los supuestos que prevé el artículo 122 constitucional, esto es, que se deban pagar todas las transferencias que aparecen en el presupuesto, sin permitirle hacer valoraciones generales de oportunidad y conveniencia del gasto para la Hacienda Pública, implicaría desconocer la función de administración que constitucionalmente le es atribuida como propia.

IV).- El concepto de "autorización presupuestaria", presupone la obligación de la Administración de recaudar los ingresos, mientras que no es forzoso utilizar íntegramente los montos de los gastos. Además, por la misma naturaleza de la Ley de Presupuesto, la Sala no puede admitir que la simple previsión en ella de una partida específica para un determinado gasto o beneficiario, según sea el caso, transforme al objeto en una ineludible obligación de hacer o haga al beneficiario acreedor de un derecho subjetivo y que el Poder Ejecutivo, como consecuencia y sin causa alguna reconocida, esté automáticamente obligado a desembolsar el monto destinado. Como bien lo indica la Contraloría General de la República en su informe a la Sala, la autorización legislativa del límite del gasto no conlleva que la previsión presupuestaria tenga que agotarse íntegramente y la administración, de acuerdo con sus prioridades, comprometerá los recursos económicos con que efectivamente cuente, durante todo el proceso de ejecución del presupuesto”.

Hasta el año de 1995 la postura de la Sala Constitucional se podía resumir de la siguiente manera:

1.-En materia de gasto (límites y destino), la ley presupuestaria podía modificar el derecho objetivo precedente.

2.-Las autorizaciones de los gastos contenidas en una ley de presupuesto no conllevaba la obligación para el Poder Ejecutivo de ejecutar el total autorizado. Dentro del marco de sus potestades de administración, correspondía al Poder Ejecutivo decidir el monto de los recursos económicos que comprometería de conformidad con sus prioridades y la situación económica del país.

Esa posición jurisprudencial, elaborada durante años, fue cambiada por la Sala Constitucional en el voto No. 1999-009317 de las 10:15 hrs del 26 de noviembre del 1999, (opinión consultiva), con el voto salvado del Magistrado Arguedas Ramírez, al disponer que el legislador presupuestario no puede variar el destino de los fondos a los que el legislador ordinario señaló uno previamente. Y con base en el principio de caja única (expresión contable del principio de la no afectación de los recursos), que se desprende del artículo 185 de la Constitución Política, tales recursos deben ser incluidos en el presupuesto ordinario de la República. Según puede observarse, en esta nueva postura, se modifican las reglas que estuvieron vigentes en esta materia hasta el 26 de noviembre de 1999. Se fija un nuevo criterio, diametralmente opuesto al anterior, que tiene serias implicaciones no solo de naturaleza jurídica sino económica. Para el año 2002, en una votación dividida –cuatro de mayoría y tres de minoría -, mantiene la tesis de la constitucionalidad de los impuestos con destino específico para ingresos de naturaleza fiscal, sin embargo, vuelve a la tesis original al establecer “(…) que la simple previsión en ella de una partida específica para un determinado beneficiario haga a éste acreedor de un derecho subjetivo y que el Poder Ejecutivo, sin causa alguna reconocida, esté automáticamente obligado a presupuestar y desembolsar el monto destinado; que la autorización legislativa de un gasto no conlleva que la previsión presupuestaria tenga que agotarse íntegramente y que la administración, de acuerdo con sus prioridades comprometerá únicamente los recursos con que efectivamente cuente. Lo que implica una visión más allá del deber por parte del Poder Ejecutivo de presupuestar los destinos específicos no estrictamente en el cuantum establecido por ley, sino ajustándolo a la realidad nacional actual y buscando una buena gobernabilidad” (véase el voto No. 2002-004884 de las 14:59 hrs del 22 de mayo del 2002). En este caso introdujo un matiz, al aclarar que cuando se trata de los programas sociales que ya han sido gestados, debían continuar funcionando de acuerdo con las prioridades del Estado y al razonable uso de los recursos públicos. En resumen, aceptó la tesis de que el legislador presupuestario no estaba vinculado por el ordinario, salvo en los casos de fondos “atados” constitucionalmente y aquellos que se destinan a los programas sociales. En sentencia Nº2003-8471 de las 14:38 hrs. de 13 de agosto de 2003– dijo que en los casos en que los destinos específicos contemplados en la Ley ordinaria se encuentren ligados al disfrute de los derechos fundamentales, la omisión de asignar en la Ley de Presupuesto de la República la partida correspondiente o de girar los montos previstos en ella, debe ser conocida por este Tribunal Constitucional, con el fin de tutelar el goce efectivo de los derechos reconocidos en la Constitución Política y en los Instrumentos Internacionales en materia de Derechos Humanos vigentes en la República. Posteriormente, vuelve a la tesis de que el legislador presupuestario queda sujeto a lo dispuesto por el legislador ordinario, por lo que no puede variar el destino asignado por éste a los recursos (véase el voto No. 2004-011165 de las 9:56 hrs del 8 de octubre del 2004). Finalmente, en la resolución No. 2004-014247 de las 14:10 hrs del 15 de diciembre del 2004 (opinión consultiva), el Tribunal ha seguido esta postura, adicionando la tesis de la licitud constitucional de los destinos específicos vinculados al desarrollo progresivo de los derechos fundamentales. “Bajo esta inteligencia, en la medida que los destinos tributarios específicos estén orientados a desarrollar, fortalecer y actuar los derechos fundamentales, sobre todo los de prestación, resultan sustancialmente conformes con el Derecho de la Constitución”. Dicho lo anterior, y bajo una mejor ponderación, la postura del Tribunal es que el legislador presupuestario no está vinculado por el ordinario, salvo en los casos de fondos “atados” constitucionalmente y aquellos que se destinan a financiar los programas sociales. En relación con los primeros, por imperativo constitucional. En cuanto a los segundos, porque el constituyente originario optó por un Estado social de Derecho, lo que conlleva una vinculación de los poderes públicos a esta realidad jurídica y social. Ergo, en este último caso, el Poder Ejecutivo, en la medida que los ingresos así lo permitan, tiene la obligación de financiar los programas sociales para mantener y profundizar el Estado social de Derecho. Nótese que tanto en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales como en el Protocolo de San Salvador, que adiciona los derechos económicos, sociales y culturales a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, se condicionan estos derechos a la disponibilidad de los recursos, a fin de lograr progresivamente, y de conformidad con la legislación interna, su plena efectividad. Esta tesis se ha mantenido inalterable, puesto que aún en el voto 2011-015760 se declaró sin lugar, porque se consideró que los fondos del impuesto de ventas destinados al IFAM para financiar los gobiernos locales, no eran fondos “atados” constitucionalmente, ni tampoco tenían un destino social. Esta no es la situación de los fondos destinados al Patronato Nacional de la Infancia, según se expondrá.

Sobre el caso concreto. En la especie, la inactividad reclamada sin duda repercute sobre los intereses y los derechos fundamentales de los menores y las madres, protegidos por el Patronato Nacional de la Infancia, según dispone el artículo 55 de la Constitución Política. Se trata de fondos que tienen un destino social prioritario, pues se destinan a la protección de determinados riesgos y contingencias de las personas menores de edad y la familia, propio de un Estado de Bienestar. Bajo este supuesto son aplicables los precedentes citados en el apartado anterior. En este asunto es evidente que la omisión del Ministerio de Hacienda de girar las sumas contempladas en la Ley No. la Ley Orgánica No 7648 del Patronato Nacional de la Infancia, vulnera los derechos fundamentales de los menores de edad y las madres, ya que el mandato constitucional establece que es la institución llamada a su protección, quienes son los destinatarios finales de tales recursos, pues ello imposibilita cumplir sus fines y desarrollar programas de manera optima al no contar con los dineros que el legislador le proveyó en su ley orgánica, artículo

Cabe mencionar, que tratándose de los “recursos captados por impuestos con destino específico, no se aplican los principios de universalidad y no afectación y demás principios presupuestarios que rigen los ingresos percibidos para la satisfacción de necesidades generales", como lo pretende el Ministro de Hacienda. Ahora bien, el Ministro de Hacienda en su informe destaca que “ debido a que lo recaudado por el impuesto de renta son recursos que estaban comprometidos por el Poder Ejecutivo para cumplir con sus obligaciones, no señalándose una fuente real de financiamiento”. Ello no es excusa válida para dispensar del porcentaje del 7% de lo recaudado en el año fiscal anterior por concepto de impuesto sobre la renta que se debe girar al Patronato Nacional de la Infancia en el mes de enero de cada año, pues el mandado legal es claro en que se deben girar estos dineros para los fines constitucionales (ver artículo 55). Al respecto, esta Sala ha señalado en la sentencia No. 2004-011165 de las nueve horas cincuenta y seis minutos del 8 de octubre del 2004, que si los compromisos económicos del Estado son múltiples mientras que los ingresos son bastante limitados, en caso de que se estime conveniente, deben promoverse las reformas legales necesarias a fin de ajustar la distribución de los ingresos a las posibilidades reales de la economía nacional. En virtud que lo que se acusa en este amparo son actos ya consumados pues hacen referencia a ejercicios económicos pasados, lo que procede es declarar con lugar el amparo y prevenir a la autoridad recurrida para que no incurra en la omisión de incluir en el presupuesto nacional la partida equivalente al 7% de lo recaudado en el año fiscal anterior por concepto de impuesto sobre la renta al Patronato Nacional de la Infancia en el mes de enero de cada, como lo manda la norma 34 de la Ley Orgánica del Patronato Nacional de la Infancia número 7648 (véase en ese sentido, la sentencia No. 2005-02119 de las 13:47 hrs. del 25 de febrero de 2005). En cuanto a los demás reclamos, con base en el informe rendido por las autoridades recurridas bajo la solemnidad del juramento, con oportuno apercibimiento de las consecuencias, incluso penales, previstas en el artículo 44 de la Ley de la Jurisdicción en caso de cualquier inexactitud o falsedad y la prueba allegada a los autos, se tiene por acreditado que el recurrente no ha gestionado ante el Ministerio de Hacienda una solicitud de aumento del presupuesto asignado al Patronato Nacional de la Infancia. En cuanto a la Directriz No. 013-H, dirigida al sector público por parte de la Presidenta de la Republica, esta no fue una medida de carácter particular dirigida únicamente al PANI sino que fue dirigida al Sector Publico en general y en todo caso las plazas vacantes no quedan congeladas dado que existe la posibilidad que la Autoridad Presupuestaria las conozca y de existir una necesidad, se autorice su uso.