Resolución 14251-2015

Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala a las 7:38 horas de 8

de setiembre de 2015, el recurrente interpone recurso de amparo contra el

Hospital de Alajuela. Manifiesta que en el 2013 era funcionario del hospital

recurrido, en donde laboró como enfermero profesional. Indica que en ese

año se le acusó de hostigamiento sexual en contra de una usuaria (expediente

CIPA-103-13). Indica que la Ley contra el Hostigamiento Sexual no

contempla en ninguno de sus artículos una conducta como la que se le

imputa (funcionario contra usuaria). Asevera que planteó una excepción de

falta de competencia, indicando que las supuestas conductas que había

realizado estaban tipificadas en el artículo 385, incisos 3, 4 y 5 del Código

Penal, ya que en este último, ante la duda, hay un in dubio pro reo, y no pro

víctima, como se aplica en la Ley contra el Hostigamiento Sexual; no

obstante, le fue rechazada por extemporánea (ver prueba aportada). Arguye

que, el 4 de setiembre de 2015 recibió resolución por parte de la recurrida en

la cual se le señaló que la sanción era un despido sin responsabilidad

patronal, a pesar de que desde hace 2 años fue despedido de la institución, y

en la actualidad, no es funcionario del recurrido. Sostiene que tal resolución

afecta su posibilidad de conseguir trabajo en otra institución.

El artículo 9 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional faculta a la

Sala a rechazar de plano o por el fondo, en cualquier momento, incluso

desde su presentación, cualquier gestión que se presente a su conocimiento

que resulte ser manifiestamente improcedente, o cuando considere que

existen elementos de juicio suficientes para rechazarla, o que se trata de la

simple reiteración o reproducción de una gestión anterior igual o similar

rechazada.

Redacta el Magistrado Rueda Leal; y,

OBJETO DEL RECURSO. Reclama el recurrente que en el año

2013 laboraba para la autoridad recurrida , y debido a una supuesta conducta

efectuada contra una usuaria, se le abrió un procedimiento de hostigamiento

sexual en el empleo y la docencia, cuando lo pertinente debió ser aplicar el

Código Penal, por ser una conducta entre funcionario y usuario. Indica que

pese a lo anterior, se ordenó su despido sin responsabilidad patronal.

SOBRE EL CASO CONCRETO: La Sala Constitucional no es

un contralor de la legalidad de las actuaciones o resoluciones de la autoridad

recurrida y tampoco puede reemplazar a la Administración activa en la

gestión de sus competencias, de modo que no le corresponde hacer las

veces de alzada en la materia y revisar si la conducta analizada y sancionada

se ajusta o no a la Ley contra el Hostigamiento o Acoso Sexual en el Empleo

y la Docencia, o por el contrario, al Código Penal; pues todos estos son

aspectos de legalidad ordinaria que deben dirimirse en la vía común,

administrativa o jurisdiccional. Por ello, deberá la parte recurrente plantear

sus inconformidades o reclamos ante las autoridades recurridas o en la vía

jurisdiccional competente, sedes en las cuales podrá, en forma amplia,

discutir el fondo del asunto y hacer valer sus pretensiones. En consecuencia,

el recurso deviene en inadmisible y así se declara.

DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE.

Debe

prevenir esta Sala a la parte recurrente que de haber aportado algún

documento, ya sea en papel, así como objetos o pruebas respaldadas por

medio de cualquier dispositivo adicional, o por medio de soporte

electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por

nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados del despacho, en un plazo de

30 días hábiles, después de recibida la notificación de esta sentencia, de lo

contrario todo ello será destruido de conformidad con lo establecido en el

“Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial”, aprobado

por la Corte Plena en sesión N° 27-11 del 22 de agosto de 2011, artículo

XXVI y publicado en Boletín Judicial número 19 del 26 de enero de 2012,

así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder

Judicial, en la sesión N° 43-12 celebrada el 3 de mayo de 2012, artículo

LXXXI.