Resolución 14531-2019

Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala a las 15:36 horas del 2 de julio del 2019, el

recurrente interpone recurso de amparo contra la DIPUTADA [Nombre 002], y manifiesta

que en su condición de ciudadano, el lunes 1° de julio de 2019, realizó varios comentarios en la

página oficial de "Facebook" de la Diputada

[Nombre 002]. Cuestiona que ese mismo día, en

horas de la tarde, la señora Acuña lo bloqueó de su página oficial, en clara violación a su

libertad de expresión y de pensamiento. Manifiesta que en

todo momento ha sido respetuoso y no existió justificación alguna para ser bloqueado. Señala

que lo que motiva la interposición de este amparo es la "mordaza"

que realiza la recurrida,

pese a su investidura y el cargo de elección popular que ostenta, pues estima que debe

escuchar al pueblo y no, únicamente, a un grupo pequeño de la nación. Sostiene que al tratarse

de una página de una diputada, debería ser accesible a los ciudadanos que deseen opinar o

comentar sobre algún tema de su interés, claro está, en el tanto se haga con respeto. Considera

que los hechos expuestos violentan sus derechos fundamentales. Solicita la intervención de este

Tribunal.

Informa bajo juramento [Nombre 002], en su condición de Diputada a la Asamblea

Legislativa, que la página a la que alude el recurrente, la cual funciona en la red social Facebook

bajo el nombre "[Nombre 002]", es de carácter privado, creada por iniciativa propia sin mediar

obligación legal alguna en razón de su actual cargo, y administrada por un equipo de

personas contratadas, cuya remuneración proviene de sus propios recursos económicos y no

de fondos públicos. Para dicha rama se emplean dispositivos propios, no de ninguna institución

del Estado. No es una página institucional ni oficial. En ella comparte tanto aspectos de sus

labores cotidianas como diputada, como notas de carácter personal, espiritual y motivacional

que nada tienen que ver con esta función. La administración de la página se rige por la

legislación vigente en nuestro país, por las normas de uso de la empresa Facebook, y por el

protocolo elaborado al efecto, el cual es visible en la página indicada. En un marco de sana

convivencia y respeto mutuo -que tiene su respaldo jurídico en el artículo 29 de la Constitución

y en los artículos del Código Penal, que castigan los abusos en ejercicio de esta libertad -se

advierte a los usuarios que sus comentarios podrán ser eliminados si su contenido incluye

"imágenes o lenguaje soez u ofensivo, cuando constituyan acoso o agresión o potenciales

delitos contra el honor", y que pueden ser bloqueados en situaciones de reincidencia o

publicaciones especialmente inapropiadas. Así las cosas, de la simple lectura del recurso de

amparo planteado, se desprende su improcedencia. El artículo 29 de la Constitución Política

-cuya lesión alega el recurrente- indica que todos "tienen derecho de comunicar sus

pensamientos de palabra o por escrito, y publicarlos sin previa censura", agregando que

"serán responsables de los abusos que cometan en el ejercicio de este derecho, en los

casos y del modo que la ley establezca". El propio recurrente manifiesta haber hecho

ejercicio de este derecho a través de "varios comentarios" hechos en su perfil personal, sin

previa censura, lo cual es contradictorio con su maligno afán de hacer creer que la suscrita

impide el ejercicio de su derecho. Por el contrario, si alguien falta a la verdad es el propio

recurrente, quien afirma falsamente que "en todo momento ha sido respetuoso". Adjunta

imagen de una de sus publicaciones, en la cual utiliza expresiones injuriosas en su contra, que

justificaron su bloqueo, lo cual no es otra cosa que el uso legítimo, por su parte, de una

herramienta tecnológica para hacer cumplir el reglamento de la página--que como ya se indicó,

tiene carácter personal y privado-, haciendo al infractor responsable de los abusos cometidos,

como bien lo establece el texto constitucional. Aún si no hubiesen mediado las expresiones de

odio del recurrente, los actos que éste atribuye a la suscrita, no se diferencian en nada de las

decisiones que toman los medios de comunicación escritos, respecto a cuáles artículos u

opiniones publicar y cuáles no. aspecto que nunca se ha estimado como una "lesión a la

libertad de expresión". Ni en la legislación ni en la jurisprudencia costarricense existe

precedente al uno que establezca la obligación de una persona o medio de carácter privado a

publicar la opinión de un tercero, y menos aún si esta se rebaja al ámbito de las injurias. Por el

contrario, la protección constitucional y legal está de su parte, al haber incurrido el recurrente en

un delito contra su honor que me reservo el derecho de llevar a las instancias pertinentes. Lo

que establece la Constitución en el artículo 29 es un límite al poder del Estado, que queda

impedido para coartar el ejercicio crítico de este derecho en los espacios gubernamentales

oficiales, caso que no es el de la página en cuestión. Y aún si lo fuese, ha dicho esta misma Sala

en la Sentencia N° 2015-001988, lo siguiente: “…las redes sociales como Facebook, no solo

proveen información sino que, además. son un canal para expresarse. Por ello es que no

puede una autoridad pública válidamente bloquear de Facebook a un usuario, sin que

exista una razón que lo justifique” (énfasis añadido). Es decir, la Sala ha indicado que la

medida de bloquear a un usuario es razonable en determinadas circunstancias, incluso

tratándose de páginas institucionales u oficiales. Es decir, aún si se apreciara erróneamente que

su página tuviese otro carácter distinto del privado, no estaría impedida de bloquear a un

usuario por infringir las normas de uso de la página. En todo caso, es obvio que el artículo 29

de la Constitución no tutela la injuria, la calumnia, la difamación, el acoso, la agresión ni otras

conductas abusivas, a las que remite el reglamento de la página como justificaciones razonables

para el bloqueo. El acoso político ha sido definido por la legislación boliviana -única de su tipo

en América Latina- como todo "acto o conjunto de actos de presión, persecución,

hostigamiento o amenazas, cometidos por una persona o grupo de personas,

directamente o a través de terceros, en contra de mujeres candidatas, electas, designadas

o en ejercicio de la función político-pública o en contra de sus familias con el propósito de

acortar, suspender, impedir o restringir las funciones inherentes a su cargo, para

inducirla u obligarla a que realice, en contra de su voluntad una acción o incurra en una

omisión, en el cumplimiento de sus funciones o en el ejercicio de sus derechos" (Ley N°

243 del 8 de mayo de 2012 del Estado Plurinacional de Bolivia). Por su parte, la jurisprudencia

mexicana la ha descrito como "...aquellas acciones u omisiones de personas, servidoras o

servidores públicos que se dirigen a una mujer por ser mujer (en razón de género), tienen

un impacto diferenciado en ellas o les afectan desproporcionadamente, con el objeto o

resultado de menoscabar o anular sus derechos político-electorales, incluyendo el

ejercicio del cargo" (Jurisprudencia 48-2016 del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la

Federación). El hecho de su actual posición como mujer y Diputada ante la Asamblea

Legislativa, no le impone ninguna obligación de soportar o tolerar el hostigamiento cibernético

o. en general, ninguna forma de acoso político en razón de mi cargo. Este tipo de actitudes

también deben constituir una razón suficiente para justificar el bloqueo de usuarios en las redes,

aún si se tratara de páginas de carácter institucional y público. Con mucho menos razón deba

admitirlas en sus redes privadas, al tratarse de una instancia evidente de acoso político. Por otra

parte, la simple noción de que la suscrita pueda privar al recurrente de su libertad de expresión

o ponerle una especie de "mordaza", es completamente ridícula. No tiene ningún medio, de

hecho o de derecho, para autorizar o impedir al recurrente el ejercicio de una libertad

constitucional, como él lo plantea en su histriónico alegato. Nadie impide al recurrente seguir

ejerciendo el derecho de expresarse libremente sin previa censura. ya sea en sus propias redes

sociales, o por cualesquiera otros medios que tenga a bien utilizar. Nadie, tampoco, puede

eximirlo del imperativo constitucional que le impone responsabilidad por los abusos que cometa

en el ejercicio de dicho derecho, existiendo en nuestro ordenamiento jurídico, los medios

legales para exigirla. Por el contrario, es público y notorio que elementos afines al partido del

gobierno actual -del cual el recurrente es entusiasta seguidor- se encuentran en una campaña

mediática precisamente en redes sociales, para acosar a diputados de oposición, incluida su

persona, por el simple hecho de sus posiciones políticas e incluso de mi credo religioso, a fin de

lograr nuestra salida. A pesar de los indudables tintes totalitarios y antidemocráticos de esta

odiosa y repugnante campaña, esta se ha desarrollado sin ningún impedimento, lo que es la

mejor demostración de que tanto la suscrita como los demás representantes electos, no han

ejercido -ni tenemos los medios ni el interés de ejercer- acciones para limitar, suprimir o

“amordazar” la libertad de expresión, como intenta hacerlo creer el recurrente para justificar

cínicamente su actitud cobarde. Por las razones expuestas solicita respetuosamente declarar sin

lugar este recurso y condenar al recurrente por temeridad procesal, toda vez que acude a este

alto Tribunal para que éste lo proteja de las consecuencias de un delito de su misma autoría.

Solicita que se desestime el recurso planteado.

En los procedimientos seguidos se ha observado las prescripciones legales.

Redacta el Magistrado Salazar Alvarado; y,

Objeto del recurso. El recurrente manifiesta que en su condición de ciudadano, el lunes 1°

de julio de 2019, realizó varios comentarios en la página oficial de la red social "Facebook"

de

la Diputada [Nombre 002]. Asegura que ese mismo día, en horas de la tarde, la señora Acuña

lo bloqueó de su página oficial, en clara violación a su libertad de expresión y de

pensamiento. Manifiesta que en todo momento ha sido respetuoso y no existió justificación

alguna para ser bloqueado. Señala que lo que motiva la interposición de este amparo es la

"mordaza" que realiza la recurrida, pese a su investidura y el cargo de elección popular que

ostenta, pues estima que debe escuchar al pueblo y no, únicamente, a un grupo pequeño de la

nación. Sostiene que al tratarse de una página de una diputada, debería ser accesible a los

ciudadanos que deseen opinar o comentar sobre algún tema de su interés, claro está, en el tanto

se haga con respeto.

Hechos probados. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman

como debidamente demostrados los siguientes hechos, sea porque así han sido acreditados o

bien porque el recurrido haya omitido referirse a ellos según lo prevenido en el auto inicial:

a)

En la red social Facebook, se encuentra activo un perfil bajo el nombre "

[Nombre

002]", que es de carácter privado, creado por iniciativa propia, sin mediar

obligación legal alguna en razón de su actual cargo de Diputada a la

Asamblea Legislativa (ver informe rendido bajo juramento).

b)

El recurrente publicó el siguiente comentario en el perfil de Facebook bajo el

nombre "[Nombre 002]": “Oportunista, care barro y burra…” (ver informe

rendido bajo juramento y prueba adjunta).

c)

Como consecuencia del comentario indicado anteriormente, el recurrente fue

bloqueado del perfil bajo el nombre "[Nombre 002]", utilizando una herramienta

que la red social Facebook facilita a sus usuarios (ver informe rendido

bajo juramento y prueba adjunta).

Sobre el fondo. Con sustento en el informe rendido a la Sala por la Diputada

[Nombre

002] -el cual le fue solicitado en su condición de Diputada, y por tanto se ha tenido como

brindado bajo la fe del juramento-, así como también valorando la prueba que ha sido

aportada al expediente electrónico, la Sala llega a la conclusión de que, en el caso bajo estudio,

no se ha dado ninguna vulneración de derechos fundamentales del recurrente que merezca la

tutela constitucional. Por el contrario, más bien considera este Tribunal que, de haberse dado

alguna situación contraria al ordenamiento jurídico, sería propia de legalidad y debería de ser

dirimida en la vía ordinaria correspondiente, como podría ser en la instancia penal, en donde se

podrían analizar, entre otros, eventuales delitos de injurias, calumnias o difamación. En

anteriores ocasiones, esta Sala ha señalado que las publicaciones de comentarios indebidos en

páginas o perfiles de redes sociales, faculta a sus titulares -independientemente de que sean

sujetos de derecho privado o parte de la Administración- a bloquear temporal o

permanentemente al usuario, sin que esta medida pueda de forma alguna considerarse lesiva de

sus derechos fundamentales. Al respecto, en lo que interesa, se ha señalado:

“(…) Ese es el caso de la recurrente, quien a pesar de haber sido previamente

advertida, continúo haciendo publicaciones indebidas, lo que acarreó como consecuencia

el bloqueo de su usuario, sin que esta medida pueda de forma alguna considerarse lesiva

de sus derechos fundamentales. Por el contrario el uso y la participación de los usuarios

en los medios tecnológicos de las instituciones públicas, tienen como fin, entre otros, el

informar a la población de manera transparente y buscar una participación real de la

misma en las cuestiones diarias del desempeño de la institución, siempre bajo el marco

del respeto mutuo. Si el accionar de un usuario perjudica a los demás, entonces bien hace

el administrador en bloquearlo. Esta medida no significa una lesión a los derechos

fundamentales de la accionante, a quien incluso se le indicó que cualquier duda –previo

al cierre de la cuenta- podía tramitarla vía inbox, y no lo hizo. De lo indicado en autos,

no se trata de una censura a la naturaleza o el contenido por no tratarse de opiniones o

comentarios, sino de archivos con propaganda comercial y de gran peso para la red

institucional. Tampoco ha acudido a las instancias administrativas competentes, sea la

Caja Costarricense de Seguro Social, para que se su situación se normalice. Es por ello,

que esta Sala concluye que en la especie la autoridad recurrida no lesionó ningún derecho

fundamental de la amparada al bloquearle el acceso al Facebook institucional, razón por

la cual el recurso debe ser desestimado en cuanto este aspecto se refiere (ver en ese sentido

las Sentencias N° 2012-011766 de las 11:31 horas del 24 de agosto del 2012, N°

2012-16882 de las 14:30 horas del 4 de diciembre de 2012, y N° 2015-001988 de las nueve

horas cinco minutos del trece de febrero de dos mil quince, entre otras). Ahora bien, en el caso

que nos ocupa, se tiene por acreditado que la página a la que se refiere el recurrente (en la red

social Facebook), donde se publicó el comentario indicado, corresponde a una cuenta o perfil

que pertenece, a título personal a la recurrida. Asimismo, para la Sala ha quedado debidamente

acreditado que dicha cuenta de la accionada, no está referida a una entidad pública que utilizara

tal medio de comunicación para divulgar algún tipo de información o interactuar de alguna forma

con los administrados. No obstante, en el caso que nos ocupa, resulta pertinente realizar

algunas precisiones que se indican a continuación. En lo que respecta a la libertad de expresión,

resulta importante indicar que el artículo 28, de la Constitución Política, determina la siguiente

regla:

"Artículo

28.-

Nadie puede ser inquietado ni perseguido por la manifestación de sus opiniones ni

por acto alguno que no infrinja la ley.

Las acciones privadas que no dañen la moral o el orden público, o que no perjudiquen a

tercero, están fuera de la acción de la ley (…)".

Lo anterior es reforzado por el numeral 29, Constitucional, cuando dispone:

"Artículo

29.-

Todos pueden comunicar sus pensamientos de palabra o por escrito, y publicarlos

sin previa censura; pero serán responsables de los abusos que cometan en el ejercicio de

este derecho, en los casos y del modo que la ley establezca".

Como claramente se extrae de los textos constitucionales transcritos, el Constituyente

reconoció un derecho a la libre difusión de las ideas de manera muy amplia, permitiendo que

cada individuo exprese su pensamiento sin censura previa, y sin temer represalias por el simple

ejercicio de tal prerrogativa, en especial cuando los comentarios se dirijan a calificar una

determinada actividad pública. Una persona solamente puede ser responsabilizada, debido a la

manifestación de sus ideas, cuando como consecuencia de dichos actos, hayan sido lesionados

los derechos de otros, ya sea en sus derechos tangibles o en su honra. No obstante, es

importante tomar en cuenta, que no todas las expresiones pueden tener el mismo valor ni gozar,

en consecuencia, de la misma protección constitucional. La libertad de expresión, como el

ejercicio de cualquier otra libertad, puede ser limitada, conforme lo permite el artículo 28, de la

Constitución Política, para la protección de derechos de terceros, la moral o el orden público.

Así, por ejemplo, carecen de protección constitucional, los insultos o los juicios de valor

formalmente injuriosos e innecesarios para la expresión de una idea, pensamiento u opinión, de

modo que, en el sublite, la Sala no encuentra que, el bloqueo aplicado al recurrente, en la red

social “Facebook” lesione su libertad de expresión; al contrario, dicho bloqueo está

plenamente justificado, toda vez que el comentario del tutelado, no fue respetuoso -como se

alega en el escrito de interposición del amparo, tratando de inducir a error a esta Sala-, sino

que claramente es un insulto, y por tanto, a la luz de Derecho de la Constitución, no califica

como ejercicio de la libertad de expresión -según lo entiende el recurrente-, por lo que no

puede ser objeto de tutela por parte de este Tribunal. Adicionalmente, debe tenerse presente

que “Facebook” es una empresa privada que ofrece servicios de redes sociales a nivel

mundial, con origen en los Estados Unidos de América, desde un sitio en

Internet https://www.facebook.com/, en el que opera el principio de la autonomía de la

voluntad, los derechos de la personalidad, el derecho a la privacidad -dependiendo el grado de

protección que se elija- y la libertad de expresión; derechos fundamentales que, evidentemente,

no son absolutos, sino que están sujetos a límites y limitaciones. Desde esta perspectiva,

independientemente de si se trata de un particular o de un funcionario público, o de si este

último utiliza su perfil o página personal para divulgar asuntos personales o laborales, al ser un

sitio privado en una red social, le asiste el derecho de borrar comentarios que no comparte, de

bloquear a otras personas e, incluso, eliminarlas, pues esas acciones son un ejercicio legítimo de

sus derechos fundamentales. Incluso, la propia empresa que opera la red social brinda las

herramientas para proceder de ese modo, cuando el usuario así lo desee, en el ejercicio de la

autonomía de la voluntad. En tales casos, no se está afectando la libertad de expresión del otro

sujeto, en el tanto éste puede publicar los comentarios que estime pertinentes sobre la labor del

funcionario público, en su propio perfil o página de la misma red social, en la página o perfil

institucional o en otro medio de difusión o comunicación. Resulta carente de toda lógica, y sería

irracional, obligar a una persona -por el hecho de ser funcionario público-, a que en su página o

perfil privado de “Facebook” o cualquier otra red social, mantenga una ofensa en su

contra, para que todas las personas cercanas o lejanas que son usuarios de la red social, tengan

conocimiento de ésta, como una suerte de linchamiento público, existiendo otros medios igual o

más eficaces para que el criticante ponga en conocimiento de las otras personas su opinión

negativa sobre la labor del funcionario público. En este caso, el término soportar o tolerar no

pueden ser sinónimos de mantener, ni mucho menos de promocionar o divulgar una crítica o un

comentario negativo u ofensivo contra sí mismo. No obstante lo señalado en líneas anteriores,

en el caso que nos ocupa, el comentario que motivó el bloqueo del recurrente, no constituye la

expresión de una idea, pensamiento u opinión, sino que se trata de un insulto ("oportunista,

carebarro y burra"), por lo que no califica como el ejercicio de la libertad de expresión, de

manera que está excluido de la tutela constitucional, según se indicó anteriormente. Por las

razones expuestas, y dado que no se acredita lesión alguna a los derechos fundamentales del

amparado, lo procedente es ordenar la desestimación del presente recurso, como en efecto se

dispone.

RAZONES DIFERENTES DE LA MAGISTRADA ESQUIVEL RODRÍGUEZ.

Si bien coincido con la mayoría de esta Sala, en cuanto a la desestimación del recurso, lo cierto

es que lo hago por razones diferentes. En el caso concreto, el recurrente acusa que en su

condición de ciudadano, el lunes 1° de julio de 2019, realizó varios comentarios en la página

oficial de "Facebook" de la Diputada [Nombre 002]. Cuestiona que ese mismo día, en horas de

la tarde, la señora Acuña lo bloqueó de su página oficial, en clara violación a su

libertad de expresión y de pensamiento. Ahora bien, del elenco de los hechos probados, se

verificó que en efecto, el recurrente fue bloqueado de la página de la Diputada [Nombre 002]

,

puesto que le señaló que era “Oportunista, care barro y burra…”. Así las cosas, debo dejar

claro que coincido en que no existe un derecho constitucional a la ofensa ni a denigrar a

las personas, pese a que no se comparta la misma ideología política, convicciones, entre otros.

En una verdadera sociedad democrática y en un país como el nuestro, que ha señalado ser

pacífico, debe imperar el diálogo, el respeto y la tolerancia. La utilización de este tipo de frases

aumentan la violencia, la intolerancia, el irrespeto, que creo son contrarios a la tradición

costarricense. Máxime cuando en nuestro país, se lucha por buscar mayor acceso a los cargos

en igualdad de condiciones y este tipo de comentarios –como por ejemplo, “burra”- denigra a

la persona y aumenta la violencia contra la mujer, lo cual reprocho en todos sus extremos. Sin

embargo, sí estimo que si bien la señora Diputada [Nombre 002], afirma que su Facebook es

de “carácter privado”, lo cierto es que de sus mismas manifestaciones señala que en la misma

difunde “aspectos de sus labores cotidianas como diputada”. Así las cosas, véase que según la

cuenta de Facebook –donde se alega el bloqueo- es una página donde cualquier persona

puede “seguir” a la Diputada –donde tiene más de 57.600 seguidores-, es decir, no es el

Facebook personal, donde la persona debe “Agregar como Amigo(a)”. En el Facebook de la

señora Diputada [Nombre 002], se verifica que la misma dice “político”, pone un número

telefónico –en apariencia de su despacho-, un correo electrónico

“[Nombre 002]@asamblea.go.cr”. Adicionalmente, en su información consigna “Diputada de la

República comprometida con la familia y los valores que hacen grande a Costa Rica”. De ahí

que con el debido respeto, estimo que el criterio que debe imperar al menos en funcionarios de

elección popular, como lo son los señores Diputados y señoras Diputadas, Presidentes, entre

otros puestos, Ministros, Ministras, es la finalidad y los elementos que permitan identificar si ese

es un medio donde se externa, informa, sobre sus funciones en esos máximos cargos. En la

actualidad, la política ha cambiado, es decir, el uso de la tecnología se ha potenciado para

hacer campañas, para difundir ideas políticas y las redes sociales, se han convertido en campos

de intercambio de ideas, donde en ocasiones se ha acude a la violencia, lo cual es

absolutamente reprochable. Además, es importante señalar que la Constitución Política

establece un deber de rendición de cuentas y máxime cuando se está ante cargos tan

importantes como una Diputación. Las redes sociales son esos mecanismos, donde le permiten

al ciudadanía saber cómo está ejerciendo un funcionario público de elección popular sus

funciones. Por ende, estimo que para el caso concreto, la página de Facebook donde se

impugna el bloqueo sí debe tener un tratamiento diferente, en el tanto se hace para difundir los

“aspectos de sus labores cotidianas como diputada”. En esa línea, las personas que se dedican

a la política, deben saber recibir cuestionamientos, opiniones negativas, críticas, pues

precisamente de eso se trata una democracia. Por ende, la sola emisión de una crítica negativa,

un cuestionamiento respetuoso, no da autorización para que una persona que ejerce algún cargo

de elección popular, bloquee a las personas de una red social, donde hace explícitamente

alusión a su condición de política, diputada de la República y hace referencia a un teléfono y un

correo institucional de la Asamblea Legislativa. Considero atinente señalar algunos estándares

interamericanos en cuanto a la libertad de expresión y su relación con funcionarios públicos.

Veamos:

En el asunto Caso Ricardo Canese Vs. Paraguay (2004), la Corte Interamericana resolvió:

“103. Es así que tratándose de funcionarios públicos, de personas que ejercen funciones

de una naturaleza pública y de políticos, se debe aplicar un umbral diferente de

protección, el cual no se asienta en la calidad del sujeto, sino en el carácter de interés

público que conllevan las actividades o actuaciones de una persona determinada.

Aquellas personas que influyen en cuestiones de interés público se han expuesto

voluntariamente a un escrutinio público más exigente y, consecuentemente, en ese ámbito

se ven sometidos a un mayor riesgo de sufrir críticas, ya que sus actividades salen del

dominio de la esfera privada para insertarse en la esfera del debate público[134]. En

este sentido, en el marco del debate público, el margen de aceptación y tolerancia a las

críticas por parte del propio Estado, de los funcionarios públicos, de los políticos e

inclusive de los particulares que desarrollan actividades sometidas al escrutinio público

debe ser mucho mayor que el de los particulares. En esta hipótesis se encuentran los

directivos de la empresa CONEMPA, consorcio al cual le fue encargada la ejecución de

gran parte de las obras de construcción de la central hidroeléctrica de Itaipú”.

En el caso Palamara Iribarne Vs. Chile (2005), la Corte Interamericana de Derechos Humanos

resolvió:

“79. La Corte considera importante reiterar que el derecho a la libertad de expresión no

es un derecho absoluto y que el artículo 13.2 de la Convención prevé la posibilidad de

establecer restricciones a la libertad de pensamiento y de expresión a través de la

aplicación de responsabilidades ulteriores por el ejercicio abusivo de este derecho. Las

causales de responsabilidad ulterior deben estar expresa, taxativa y previamente fijadas

por la ley, ser necesarias para asegurar "el respeto a los derechos o a la reputación de los

demás" o "la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral

públicas", y no deben de modo alguno limitar, más allá de lo estrictamente necesario, el

alcance pleno de la libertad de expresión y convertirse en un mecanismo directo o

indirecto de censura previa178. Asimismo, la Corte ha señalado anteriormente que el

Derecho Penal es el medio más restrictivo y severo para establecer responsabilidades

respecto de una conducta ilícita179”.

En el asunto de Usón Ramírez Vs. Venezuela (2009), el Alto Tribunal Interamericano resolvió:

“83. Al respecto, en el examen de proporcionalidad se debe tener en cuenta que las

expresiones concernientes al ejercicio de funciones de las instituciones del Estado gozan

de una mayor protección, de manera tal que se propicie el debate democrático en la

sociedad65.Ello es así porque se asume que en una sociedad democrática las instituciones

o entidades del Estado66 como tales están expuestas al escrutinio y la crítica del público,

y sus actividades se insertan en la esfera del debate público67. Este umbral no se asienta

en la calidad del sujeto, sino en el interés público de las actividades que realiza68. De ahí

la mayor tolerancia frente a afirmaciones y apreciaciones vertidas por los ciudadanos en

ejercicio de dicho control democrático69. Tales son las demandas del pluralismo propio

de una sociedad democrática70, que requiere la mayor circulación de informes y

opiniones sobre asuntos de interés público”.

En el Caso Fontevecchia y D`Amico Vs. Argentina (2011) –reiterando criterios también

vertidos en el Caso Kimel vs. Argentina (2008)-, la Corte Interamericana de Derechos

Humanos sostuvo que:

“47. Asimismo, el Tribunal recuerda que las expresiones concernientes a la idoneidad de

una persona para el desempeño de un cargo público o a los actos realizados por

funcionarios públicos en el desempeño de sus labores, entre otras, gozan de mayor

protección, de manera tal que se propicie el debate democrático. La Corte ha señalado

que en una sociedad democrática los funcionarios públicos están más expuestos al

escrutinio y a la crítica del público. Este diferente umbral de protección se explica porque

se han expuesto voluntariamente a un escrutinio más exigente. Sus actividades salen del

dominio de la esfera privada para insertarse en la esfera del debate público. Este umbral

no solo se asienta en la calidad del sujeto, sino en el interés público de las actividades que

realiza[40]”.

“59. El Tribunal considera que los estándares que ha utilizado respecto a la protección de

la libertad de expresión en los casos de los derechos a la honra y a la reputación son

aplicables, en lo pertinente, a casos como el presente. Ambos derechos están protegidos

en el mismo artículo bajo una fórmula común e involucran principios similares

vinculados con el funcionamiento de una sociedad democrática. De tal modo, dos

criterios relevantes, tratándose de la difusión de información sobre eventuales aspectos

de la vida privada, son: a) el diferente umbral de protección de los funcionarios públicos,

más aún de aquellos que son elegidos popularmente, respecto de las figuras públicas y de

los particulares, y b) el interés público de las acciones que aquellos realizan”.

“60. El diferente umbral de protección del funcionario público se explica porque se

expone voluntariamente al escrutinio de la sociedad, lo cual lo puede llevar a un mayor

riesgo de sufrir afectaciones a su derecho a la vida privada. En el presente caso se

trataba del funcionario público que ostentaba el más alto cargo electivo de su país,

Presidente de la Nación y, por ello, estaba sujeto al mayor escrutinio social, no solo sobre

sus actividades oficiales o el ejercicio de sus funciones sino también sobre aspectos que,

en principio, podrían estar vinculados a su vida privada pero que revelan asuntos de

interés público”.

En otro orden de ideas, es menester indicar que la propia plataforma digital Facebook,

establece un conjunto de “normas comunitarias” que delimitan el contenido que puede ser

posteado por sus usuarios. Al respecto, establece como contenido cuestionable el discurso de

odio o incitación al odio, la violencia, el contenido gráfico, los desnudos, la actividad sexual de

adultos, los servicios sexuales y el contenido cruel e insensible. De ahí que si bien es cierto,

existe una libertad de expresión y un derecho a conocer cómo se está ejerciendo las funciones

de la Diputada, según las reglas de la red social, en sus normas comunitarias, establece el

contenido que delimita la red social, sea la violencia, como en este caso, al señalar frases

degradantes a una mujer que ejerce un cargo público.

DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE. Se previene a las partes que

de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún

dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o

producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados del despacho en un plazo

máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo

contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo

dispuesto en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", aprobado

por la Corte Plena en sesión N° 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado

en el Boletín Judicial número 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado

por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión N° 43-12 celebrada el 3 de mayo del

2012, artículo LXXXI.