Resolución 24016-2020

Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala el 26 de noviembre

de 2020, la parte recurrente interpone recurso de amparo contra el Instituto

Tecnológico de Costa Rica. Manifiesta que el Instituto Tecnológico de Costa

Rica activo un procedimiento de admisión para nuevos estudiantes que, por

sus criterios y normas, deviene en violatorio a los principios y garantías

constitucionales, en perjuicio directo de los interesados en acceder y

continuar sus estudios en la educación superior universitaria en esa Casa de

Enseñanza, y, en especial, en perjuicio de los estudiantes egresados y

graduados de los Colegios Privados que, como el suyo reciben estimulo

estatal. Sostiene que el procedimiento de admisión dispuesto pondera

elementos que no son idóneos para determinar la aptitud y el perfil requerido

para proseguir exitosamente los estudios universitarios; toda vez que, dicho

proceso, en forma totalmente arbitraria, impide a los postulantes evidenciar,

como corresponde, el mérito académico suficiente para acceder a ese nivel

educativo. Indica que para definir la admisión de los postulantes para el

curso lectivo 2021, el Instituto Tecnológico de Costa Rica, utiliza criterios

tales como "promedio de Ciclo Diversificado”, “Tipo de colegio de

procedencia”, según su modalidad, horario y financiamiento, “Lugar de

residencia" del estudiante solicitante y “cupo Institucional” en carrera

solicitada para el 2021, asignando cuotas en función de tal procedencia,

categorizándolos como: Grupo A: Colegios nocturnos, liceos rurales,

telesecundarias, colegios en zonas indígenas, educación de adultos y

programas de educación abierta; Grupo B: Colegios públicos técnicos.

Grupo C: Otros colegios públicos (excepto los mencionados en A y B, que

también incluyen humanísticos, científicos, experimentales bilingües

públicos): Grupo D: Colegios privados, subvencionados y extranjeros, de

modo que, estudiantes con mejor aptitud quedan relegados en favor de otros

por el simple hecho de su procedencia, institucionalizando un trato desigual y

violatorio al derecho a la educación, al extremo de que, solo 1 de cada 10

postulantes de los Colegios Científicos se declaró admitido, cuando

históricamente, y es de dominio público, que en las verdaderas pruebas de

admisión sus resultados, en general, fueron los mejores. Cuestiona que la

Rectoría del Instituto accionado acordara procedimientos que por su

contenido y alcances, no son los adecuados para determinar objetivamente,

la admisión de nuevos estudiantes a pesar de los riesgos y violaciones a los

derechos fundamentales de los interesados, previstos por el Comité de

Examen de Admisión, que precisamente, armonizan con los señalamientos y

violaciones que dan motivo a este recurso de amparo. Reclama que ante ese

proceso de selección que dispuso el Instituto Tecnológico de Costa Rica sus

estudiantes quedan en desventaja, por cuanto tienen pocas alternativas

objetivas y reales de admisión, situación que provoca un daño, no solo

inmediato sino a mediano y largo plazo, ya que afecta su derecho a la

educación superior y a elegir una carrera afín a sus intereses, capacidades y

condiciones individuales. Reitera que los criterios y normas dispuestos por el

Instituto Tecnológico de Costa Rica, para regular la admisión de estudiantes

para el curso lectivo 2021, violentan el principio de igualdad al tratar como

iguales realidades diferentes, y además, violenta el derecho a la educación a

todos aquellos postulantes que declara no admitidos, habiendo evidenciando

méritos y aptitudes superiores a otros que si lo fueron. Solicita se declare

con lugar el recurso y se deje sin efecto el procedimiento seguido y, en su

lugar, se disponga el idóneo para determinar, por medios apropiados, la

capacidad de cada uno de los postulantes.

Por resolución de las quince horas cuarenta y nueve minutos del

uno de diciembre de dos mil veinte, se tuvo por separado del conocimiento

del presente asunto al Magistrado Fernando Castillo Víquez, en razón de

inhibitoria presentada; siendo que en su lugar se nombró al Magistrado

Alejandro Delgado Faith.

El artículo 9 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional faculta a la

Sala a rechazar de plano o por el fondo, en cualquier momento, incluso

desde su presentación, cualquier gestión que se presente a su conocimiento

que resulte ser manifiestamente improcedente, o cuando considere que

existen elementos de juicio suficientes para rechazarla, o que se trata de la

simple reiteración o reproducción de una gestión anterior igual o similar

rechazada.

Redacta la Magistrada

Hernández López; y,

OBJETO DEL RECURSO. - La parte recurrente cuestiona el

método utilizado por el Tecnológico de Costa Rica para el cálculo del

puntaje de admisión para el 2021, basado en notas y otras variables según el

tipo de colegio y zona de procedencia, lo que, a su juicio, lesiona el principio

de igualdad.

SOBRE EL CASO CONCRETO. - Este Tribunal, en reiteradas

oportunidades, se ha referido a los parámetros utilizados por las

universidades para la admisión de estudiantes a esos centros de enseñanza

superior. Verbigracia, en la sentencia n.º 2004-00996 de las 14:33 horas del 4

de febrero de 2004 se dispuso:

“Único: La inconformidad de la recurrente es con los

parámetros utilizados por la Universidad de Costa Rica en el

examen de admisión para determinar quienes ingresan a ese centro

de educación superior, lo cual no es más que un diferendo de mera

legalidad ajeno al ámbito de competencia de esta Sala. En efecto, la

determinación de los parámetros que se evaluarán en el examen de

admisión de la Universidad de Costa Rica es una atribución

exclusiva de ésta, sin que esta Sala pueda entrar a revisar la

oportunidad y conveniencia de los criterios utilizados para evaluar a

quienes pretenden ingresar a esa universidad. De igual modo,

compete a esa universidad establecer los requisitos para ingresar a

las diferentes carreras. Si la amparada no obtuvo el puntaje

necesario para ingresar a la carrera de su interés, ese hecho no viola

sus derechos fundamentales, ni puede esta Sala entrar a revisar los

criterios de selección establecidos. Así las cosas, si la recurrente no

está de acuerdo con los parámetros de evaluación utilizados por la

Universidad de Costa Rica en el examen de admisión y considera

que debería hacerse una para las carreras de ciencias y otro para

las carreras de letras, eso es un asunto que debe discutir ante la

propia universidad recurrida. En consecuencia, el recurso es

inadmisible y así se declara”.

Por su parte, en el voto n.º 2007-001216 de las 15:40 horas del 31 de

enero de 2007, la Sala consideró:

“

UNICO: Este Tribunal no puede ni debe sustituir a las

administraciones o autoridades públicas en la resolución de los

asuntos que -por disposición expresa de nuestro ordenamiento

jurídico- son propios de su ámbito de competencia. En la especie, lo

que se pretende -en el fondo- con la interposición de este amparo, es

que este Tribunal sustituya a la autoridad recurrida en sus

funciones, a efectos de revisar -en general- la organización de su

procedimiento de admisión y matrícula, a fin de establecer su

correcta estructuración, así como la adecuada programación de las

fechas para realizar las distintas etapas que componen tal

procedimiento. Todo ello supone un conflicto de legalidad ordinaria

propio de analizarse y resolver por la autoridad recurrida. Por ello,

si la recurrente considera oportuno o conveniente modificar las

fechas previstas para el mencionado procedimiento de admisión y

matrícula, así lo deberá alegar ante la propia Universidad de Costa

Rica. En razón de lo anterior, y de conformidad a lo dispuesto en el

artículo 9 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, procede

rechazar de plano el recurso, como así se declara”.

En igual sentido, por medio de la sentencia n.º 2013-017407 de las 9:30

horas del 30 de diciembre de 2013, la Sala expuso:

En relación con los alegatos y pretensiones expuestas por el

recurrente en el Resultando primero, se advierte que esta Sala no es

un contralor de la legalidad de las actuaciones o resoluciones de la

Administración, de modo que no le compete revisar los resultados y el

trámite a seguir de los exámenes de admisión realizados por el

amparado en la Universidad Nacional en los períodos de dos mil

doce y dos mil trece, y menos aún, le corresponde a este Tribunal

revisar si lo resuelto por las autoridades accionadas referente a su

ingreso en la Universidad, se ajusta o no a la normativa legal o

reglamentaria vigente, pues ello es competencia de la autoridad

recurrida. En el presente asunto, debe tener presente el gestionante,

que este Tribunal no es una instancia más de impugnación ni un

contralor de legalidad, de modo que no le corresponde revisar lo

resuelto por la oficina de Registro de la Universidad accionada, en

relación con las pruebas de admisión y su validez. Ante tales

circunstancias, y si a bien lo tiene el recurrente, deberá plantear su

inconformidad o reclamo respecto al resultado de las notas del

amparado, el congelamiento y su admisión en esa Universidad, ante

la autoridad recurrida o en la vía jurisdiccional competente, vías en

las cuales podrá, en forma amplia, discutir el fondo del asunto y

hacer valer sus pretensiones. Ello debido a que no le corresponde a

este Tribunal revisar los criterios y requisitos con base en los cuales

la Universidad Nacional determina los mecanismos a seguir para el

ingreso de sus estudiantes”.

Incluso, recientemente, en la sentencia n.º 2020-020533 de las 09:20

horas del 23 de octubre de 2020, al conocer un alegato similar al expuesto

por la parte recurrente en el este asunto, la Sala resolvió lo siguiente:

"La pretensión expuesta por los recurrentes es un tema que ha

sido entendido por la Sala como una cuestión de legalidad en el

tanto se trata de la manera en que la autoridad actúa y aplica sus

potestades constitucionales, legales y reglamentarias que le han sido

otorgadas; de tal modo, por lo que no corresponde a la Sala

determinar si los tutelados tienen derecho a ser admitidos o no en el

Instituto Tecnológico de Costa Rica, el cual es un tema de legalidad

ordinaria que debe dirimirse en la vía común, administrativa o

jurisdiccional. Por otra parte, en cuanto al principio de igualdad, no

le corresponde a la Sala analizar las cargas académicas ni las

diferencias señaladas por los amparados entre los diferentes centros

educativos. Por consiguiente, deberá la parte accionante acudir ante

la vía de legalidad respectiva, a fin de plantear allí las gestiones que

estime pertinentes para que se resuelva lo que en derecho

corresponda".

Como se desprende de las sentencias transcritas, este Tribunal ha sido

consistente en señalar que los requisitos de ingreso a las universidades

estatales es materia que le compete a estas. En adición, la Sala ha reiterada

que la controversia acerca del método y contenido de una prueba de

admisión universitaria corresponde dirimirse en la vía de la legalidad, toda

vez que se trata de una cuestión de gran especificidad técnica, cuya revisión

obliga a un profundo diligenciamiento de prueba técnica, lo que resulta ajeno

a la naturaleza sumaria del amparo.

De manera consecuente con la jurisprudencia constitucional citada, en

el sub lite, esta Sala estima que lo reclamado por la parte recurrente obedece

a un conflicto de legalidad ordinaria, cuya solución excede el ámbito de

competencia de esta jurisdicción. Se reitera que, por la condición sumaria del

proceso de amparo, no es posible que la Sala entre a juzgar en detalle (con

medios probatorios) la validez y los efectos de los criterios con base en los

cuales la universidad definió la metodología de ingreso; si debió o no

sustituir el examen de admisión por una ponderación de notas y si las

variables utilizadas fueron las más adecuadas; si el logaritmo utilizado está

bien o mal confeccionado. Tales cuestiones revisten una complejidad técnica

impropia de ser analizada en la vía del amparo. No le corresponde a la Sala

dirimir cuáles son las mejores opciones, o aquellas que más le convengan a la

parte recurrente, para el ingreso a la Universidad. Si la parte recurrente estima

que el cálculo de su nota de admisión a la universidad adolece de

inconsistencias o errores, o si considera que la metodología aplicada no es la

más adecuada, deberá, si a bien lo tiene, alegar tales agravios ante las

instancias universitarias competentes o ante la jurisdicción ordinaria. En

consecuencia, visto el objeto de este proceso y con base en el criterio

reiterado de este Tribunal, con relación a los extremos descritos lo

procedente es declarar el recurso inadmisible y, por ende, rechazarlo de

plano.

SOBRE EL PRINCIPIO DE IGUALDAD. - En lo atinente a la

alegada discriminación que la parte recurrente alega sufrir, este Tribunal ha

insistido en que:

“(…) esta Sala ha señalado que en aquellos casos en que se

acuse vulneración al numeral 33 de la Constitución Política, no

basta con que la parte recurrente afirme que se ha producido un

trato distinto entre dos sujetos para tener por demostrado el

quebranto a la norma constitucional, toda vez que quien alega la

violación a este principio está obligado a aportar ab initio elementos

suficientes que sugieran -con un grado de probabilidad razonable-

que de modo injustificado se ha dado un trato diferenciado a

situaciones iguales” (Sentencia No. 2017-004560, de las 9:15 horas

del 24 de marzo de 2017. En el mismo sentido, entre muchas otras,

sentencias No. 2018-008711, de las 9:15 horas del 1 de junio de

2018; No. 2018-021671, de las 9:20 horas del 21 de diciembre de

2018; No. 2019-010050 de las 09:20 horas de 31 de mayo de 2019;

No. 2019-010938, de las 9:20 horas del 14 de junio de 2019; No.

2019-022958, de las 10:05 horas del 19 de noviembre de 2019; No.

2020-020765, de las 9:45 horas del 27 de octubre de 2020; o No.

2020-019094, de las 9:15 horas del 2 de octubre de 2020).

Partiendo de lo expuesto y revisado el escrito de interposición, así

como la prueba aportada, este Tribunal concluye que en el sub lite no se

infieren elementos suficientes -ni siquiera indiciarios- que permitan denotar

una posible lesión al principio de igualdad, toda vez que el promovente, si

bien alega una lesión al derecho a la igualdad, no expone parámetros

concretos con base en los cuales su pudiera valorar si la pretendida

discriminación deviene inconstitucional o no.

Justamente, en un caso en que la parte recurrente alegó que pese a

tener la nota requerida para ingresar a la carrera, no lo pudo hacer por cuanto

la universidad recurrida les dio preferencia a los estudiantes de una

determinada zona geográfica sobre otras, situación similar al agravio de la

parte recurrente, esta Sala, reiterando el criterio vertido en el considerando

anterior, señaló en un asunto atinente al mismo recurrido del sub iudice

:

“I.- El recurrente expone que vive en Puntarenas, y aplicó el

examen de admisión en el Instituto Tecnológico de Costa Rica, con

sede en San Carlos, para primer ingreso en el presente año. Señala

que le interesa mucho las tecnologías y la computación, y esa es la

universidad que mejor prepara a los estudiantes para el mercado

laboral. Indica que obtuvo un puntaje de 622.34 puntos, y el corte

de ingeniería en computación fue de 513,27 puntos; sin embargo, a

pesar que quedó elegible, no fue admitido, porque se da prioridad a

los estudiantes de San Carlos sobre otras zonas del país. Al respecto,

debe indicarse que a esta Sala no le compete revisar la procedencia

de lo dispuesto a nivel técnico o legal en relación a (sic)

lo resuelto

por parte de la universidad recurrida, y menos aún verificar, si la

pretensión requerida por el accionante es procedente, o si se ajusta o

no, a la normativa legal o reglamentaria vigente, labor propia de la

vía común, administrativa o jurisdiccional. Debe indicarse que el

proceso de admisión en las universidades, también se basa en el

cumplimiento de requisitos, lo cual, constituye un tema de legalidad

ordinaria y entraña una discusión probatoria y técnica cuya

resolución no es propia del carácter eminentemente sumario del

recurso de amparo, proceso en el cual no es material ni

razonablemente posible entrar en un complicado sistema probatorio

o en la práctica de diligencias probatorias lentas y complejas. Por

ello, deberá el gestionante plantear sus inconformidades o reclamos

ante la autoridad recurrida o en la vía jurisdiccional competente,

vías en las cuales podrá, en forma amplia, discutir el fondo del

asunto y hacer valer sus pretensiones. Dadas las consideraciones

dichas, el recurso es inadmisible y procede su rechazo de plano, de

conformidad con lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley de la

Jurisdicción Constitucional.-” (Ver la sentencia n.º 2016-001638 de

las 14:30 horas del 2 de febrero de 2016; igual sentido se advierte en la

sentencia n.º 2016-001475 de las 9:30 horas del 29 de enero de 2016).

De este modo, atendiendo a lo expuesto y revisado el escrito de

interposición, este Tribunal estima que en el sub judice no se infieren

elementos suficientes que permitan denotar una posible lesión al principio de

igualdad. Por lo anterior, el recurso también debe ser desestimado en cuanto

a este aspecto.

NOTA DE LAS MAGISTRADAS HERNÁNDEZ LÓPEZ Y

GARRO VARGAS CON REDACCIÓN DE LA SEGUNDA.

El recurso de amparo es un proceso sumario por naturaleza y, a tenor

del artículo 48 de la Constitución Política, está diseñado para proteger los

derechos constitucionales (con excepción de la libertad e integridad

personal) y los de carácter fundamental establecidos en instrumentos

internacionales de derechos humanos aplicables a la República. Por ende, un

asunto es susceptible de ser conocido mediante un recurso de amparo

cuando se invoca la presunta de lesión de alguno de esos derechos. Pero eso

no es suficiente. Es preciso que el objeto en discusión pueda ser conocido

adecuadamente en un proceso sumario: es decir, en un trámite sencillo sin

necesidad de una fase probatoria compleja. Además, el carácter sumario

debe manifestarse no sólo en la fase de conocimiento sino también en su fase

de ejecución. Sobre la base de lo anterior, las suscritas magistradas

estimamos que el presente asunto no corresponde ser conocido en la Sala

Constitucional mediante el recurso de amparo, pues, aunque podrían estar

involucrados derechos fundamentales, para analizarlo debidamente se

requiere producir prueba técnica proveniente de diversas disciplinas, con el

fin de examinar los diversos elementos que entran en juego en su resolución.

EL MAGISTRADO SALAZAR ALVARADO PONE NOTA.

Considero, que independientemente de la autonomía universitaria garantizada

al Tecnológico de Costa Rica, a nivel constitucional, en el ejercicio de sus

facultades, debe atender al respeto indefectible de los derechos

fundamentales, verdadero marco de legitimidad; y, ante todo, de justicia, de

la actuación del poder público. En otras palabras, aunque su autonomía esté

expresamente consagrada por la Constitución Política, el ente recurrido no

está exceptuado de respetar, en todas sus decisiones, los derechos

fundamentales de los estudiantes, funcionarios y demás individuos que

demanden su atención. –

VOTO SALVADO MAGISTRADO HERNANDEZ

GUTIERREZ

Concuerdo en que uno de los límites fundamentales de la discrecionalidad

del poder público, y que autorizan su control negativo, son los derechos

fundamentales, además de los hechos determinantes. En este sentido el

recurso luce razonablemente fundamentado, y debe ser cursado para hacer

acopio de mayores elementos de juicio que permitan entender por el fondo

los agravios deducidos relativos a la discriminación, desigualdad y libertad

de elección. Por tanto dispongo cursarlo.

DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE

. - Se

previene a las partes que, de haber aportado algún documento en papel, así

como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de

carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido

por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados del despacho en un

plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta

sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea

retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el "Reglamento sobre

Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", aprobado por la Corte Plena

en sesión n.º 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en

el Boletín Judicial número 19 del 26 de enero del 2012, así como en el

acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión

n.º 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.