Resolución 00128-2021

I.-

La actora expresó en la demanda que mantuvo una relación

de hecho con el señor [Nombre 006], quien falleció el 16 de julio del 2017. Afirmó que la

relación fue pública, notoria, exclusiva y estable, durante aproximadamente cuarenta

años. Señaló que contrajo matrimonio con el de cujus, pero se separaron en el año 2002; sin

embargo, de manera posterior decidieron regresar a convivir como pareja a partir de mayo del

2007. Indicó que el causante solventaba sus necesidades básicas. Asimismo, refirió que el

último domicilio de ambos fue en Lomas del Río, a pesar de que en el 2014, sufrieron una

pérdida de su casa de habitación debido a un incendio, lo cual los obligó a convivir en casa de

sus hijos mientras se construía la nueva vivienda. Aseveró que, antes de su fallecimiento, el

señor [Nombre 006] tuvo que ser internado en el Hospital San Juan de Dios; y, posterior a ello

no regresó a la casa de ambos, pues se fue a vivir con la señora [Nombre 008]

. Relató que

solicitó la pensión por muerte ante la Caja Costarricense de Seguro Social, pero

esta le fue rechazada. En virtud de lo anterior, solicitó que se condene a la accionada en

sentencia a lo siguiente:

Otorgar una pensión por muerte a su favor

Reconocer los

intereses y la indexación, a partir de que debió ser cancelada cada mensualidad y hasta el

efectivo pago.

Pagar ambas costas de la acción (véase imágenes 11-14 del expediente digital

completo del Juzgado de Trabajo). El apoderado general judicial de la Caja Costarricense de

Seguro Social -en adelante C.C.S.S.- contestó la demanda e interpuso la excepción de falta de

derecho. Asimismo, indicó que el señor [Nombre 006] estaba divorciado desde el año 2002,

por lo que no es cierto que mantuviera una relación con la actora de cuarenta años. Explicó, si

bien la promovente habitaba en la misma propiedad del causante, no convivía con este, pues

incluso habitaban en plantas separadas, dado que, el cujus tenía una relación con otra persona.

Mencionó que, al momento del deceso del señor [Nombre 006], este no contaba con ingresos

económicos por motivo de su enfermedad. Aseguró que entre la gestionante y el

causante no existía una relación de pareja. Afirmó que, de acuerdo con los elementos

probatorios evacuados en la sede administrativa, al momento de la muerte del señor [Nombre

006], la actora no convivió con este por al menos tres años de manera notoria, única, estable,

continua y en el mismo hogar (véase imágenes 22-29 del expediente digital completo

del Juzgado de Trabajo). El Juzgado de Seguridad Social, mediante la sentencia número

2019-3153 de las 15 horas y 5 minutos del 10 diciembre del 2019, declaró sin lugar la

demanda. Resolvió sin especial condenatoria en costas (véase imágenes 206-217 del

expediente digital completo del Juzgado de Trabajo).

AGRAVIOS: La actora presenta recurso de casación, en el cual expresa los

siguientes reproches. Alega indebida valoración de la prueba. Cita los ordinales 3 y 14 inciso f)

de la Ley Constitutiva de la C.C.S.S. A su juicio, en este caso no se valoró el hecho de que, en

la sede administrativa, no hizo una verdadera investigación relativa a la situación de la actora y

el cujus. Menciona que, la trabajadora social se basó en prueba documental, sea anotaciones,

de las cuales se ignora el contexto y el fin en el cual fueron recibidas en su momento, dejando

de lado una fuente muy importante la cual consiste en las entrevistas a terceras personas de

forma directa, sin intermediarios. Indica, si bien es cierto la promovente y el causante se

divorciaron, posteriormente retomaron la relación, tan es así que desde el año 2006 al 2016

vivieron juntos. Afirmó, se separaron por el hecho de que la casa de habitación de ambos se

incendió, pero no implicó que no continuara la relación de hecho. Considera que en el presente

asunto se da una inadecuada aplicación de la normativa, por cuanto la a quo declaró sin lugar la

demanda alegando que no se demostró la convivencia pública y notoria, sin valorar lo indicado

por la accionante en el sentido de que la separación que se dio en el año 2016 fue a raíz de que

se quemó la casa de habitación de ambos y no por otra situación. Afirma que, cuando regreso a

convivir con el cujus, este sufragó todos sus gastos. Señala, los testigos aportados por la parte

gestonante indicaron que tanto ella como el causante convivían juntos, y pese al divorcio,

volvieron a encontrarse como pareja. Asegura, quedó demostrada la convivencia. Refiere, los

declarantes ofrecidos por la actora mencionaron que ella lo iba a visitar al hospital. Asimismo,

que se acreditó que el núcleo familiar está constituido por la actora, con base a la prueba para

mejor resolver la cual fue aportada en su oportunidad al expediente, la cual no fue objetada por

el Estado (véase imágenes 221-224 del expediente digital completo del Juzgado de Trabajo).

SOBRE EL CASO CONCRETO: La actora solicitó una pensión por viudez del

Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte que administra la demandada, el 14 de setiembre del

2017, en virtud del fallecimiento del causante el 16 de julio del 2017. La norma que ha sido

aplicada al caso, sea el artículo 9) del Reglamento de Invalidez, Vejez y Muerte establece quién

tiene derecho a una pensión por viudez y en lo que interesa reza: “Artículo 9º- Requisitos para

acogerse a la pensión en calidad de pareja supérstite.

Tendrá este derecho:

El cónyuge

sobreviviente del causante asegurado según las siguientes condiciones: a) El cónyuge

sobreviviente que, al momento del fallecimiento, se encontraba conviviendo con el

causante en el mismo hogar, o que por motivos de conveniencia o de salud de alguno de

los cónyuges, vivía en una residencia distinta, de conformidad con la comprobación de los

hechos que hará la Caja. b) En casos de separación de hecho o separación judicial, el

cónyuge sobreviviente que demuestre que el causante le brindaba efectivamente una

ayuda económica o en especie voluntaria mensual, o bien una pensión alimentaria

otorgada por sentencia firme.

La compañera o el compañero del asegurado fallecido

que al momento del deceso haya convivido al menos tres años con él, de forma pública,

notoria, única, estable, continua y en el mismo hogar, según la calificación y

comprobación de los hechos que hará la Caja, y haya dependido económicamente del

causante, indistintamente de que se trate de una relación entre personas de igual o

distinto sexo. En estos casos, la dependencia económica se determinará mediante la

verificación de que haya existido cooperación y mutuo auxilio de parte de los

convivientes para atender los gastos del hogar (…)” (énfasis no es del original)

. Como se

puede apreciar, para que sea procedente la asignación del beneficio proveniente de la seguridad

social que solicita la actora, es necesario el cumplimiento de los requisitos de dependencia

económica y convivencia. Ahora bien, el 14 de marzo del 2018, la gestión de la señora

[Nombre 001] fue declarada sin lugar por la Gerencia de Pensiones, resolución que fue

confirmada por la Comisión de Apelaciones del Régimen del I.V.M de la C.C.S.S., bajo la

premisa de que

no reunía los requerimientos del canon citado, ya que esta no convivía con el causante ni

dependía económicamente de éste. Dichos argumentos son los esgrimidos por la impugnante en

su recurso ante esta Sala para acusar una errónea valoración del elenco probatorio. En el

informe social rendido en sede administrativa y que la accionante invoca en su escrito, se

indicó: “La investigación realizada permitió constatar que la solicitante no mantenía

relación marital con el causante, evidenciándose la falta de red de apoyo familiar y el

egreso del asegurado con la señora [Nombre 008]

con domicilio en Goicoechea según

consta en el acta de defunción y en situación social descrita en el párrafo anterior, quien

además

asumió los gastos del fallecido y figuró como principal cuidadora. Con relación a los

ingresos el causante siempre se desempeñó como constructor, sin embargo al momento

del deceso no contaba con ingresos por motivo de su enfermedad, que se agravó

finalizando la reconstrucción de la vivienda en Diciembre 2016, siendo sus hijos los que

colaboraban en pago de servicios públicos y alimentación. Por tanto, se verificó que el

Sr. [Nombre 006] y la Sra. [Nombre 001] no se encontraban en convivencia, de forma

pública, notoria, única, estable y continua en el mismo hogar.

V- Recomendación De acuerdo a los hechos demostrados en lo que respecta a la

normativa correspondiente, la situación de la señora [Nombre 001]

, cédula identidad:

[Valor 001], NO SE AJUSTA, a lo normado en el artículo 9 numeral 2 del Reglamento

de Invalidez, Vejez y Muerte” (sic) (véase imágenes 154-157 del expediente digital

completo). Sin embargo, es palpable que la pericia no resulta exhaustiva y más bien carece de

una descripción minuciosa de las circunstancias que rodean el caso. En ese sentido, al

entrevistar a la actora, ésta declaró que se casó con el señor [Nombre 006]

el 29 de julio de

1976 y se divorciaron el 15 de febrero del 2002. Afirmó que sufrió de agresiones tanto

físicas como verbales por parte del cujus. Explicó que, para el año 2006, el señor [Nombre

006] volvió a vivir con ella en la casa de la Lomas, hasta que se enfermó. Indicó, el 14 de

setiembre del 2016, se les incendió la casa de habitación, por lo que tanto ella como el causante

se trasladorn a vivir con su hijo [Nombre 011], mientras se realizaban los arreglos de la

vivienda; y, cuando se reconstruyó se fueron a habitar nuevamente en esta. Mencionó que,

posteriormente,

el señor [Nombre 006] enfermó y se le diagnosticó un cáncer gástrico. Además, refirió que

mientras se reconstruía la vivienda, el cujus no laboró, pues era él quien se estaba encargando

de los arreglos del inmueble. Asimismo, afirmó que ella no trabaja desde el año 2012. Señaló

que sus hijos les han colaborado en el pago de los recibos y la alimentación. Por su parte, la

señora [Nombre 012], hija de la actora y el cujus, indicó en la declaración rendida en la sede

administrativa que su madre sufrió violencia doméstica por parte de su padre, motivo

por le cual se divorciaron. Añadió que su papá mantuvo una relación con la señora [Nombre

008], quien se llevó a su padre a su casa de habitación, dos días antes de morir (véase imagen

132 del expediente digital completo del Juzgado de Trabajo). [Nombre 013], hijo [Nombre

008], yerno de la accionante, manifestó en la sede administrativa que la señora

[Nombre 001] y

el causante se divorciaron en el año 2002; sin embargo, años

después, el señor [Nombre 006] regresó a la casa de la actora. Afirmó que su mamá no volvió

a tener relación de pareja con el cujus. Además, que en setiembre del 2016, a la

promovente y el causante se les incendió la casa de habitación, por lo que se fueron a vivir unos

días en la casa de él y su esposa y otros en la de su cuñado [Nombre 011]

, pero siempre se les

dijo a los vecinos y a las vecinas que el señor [Nombre 006] dormía ahí para evitar algún robo,

ya

que la habitación se encontraba al aire libre. Aseguró que el cujus falleció en la casa de su

mamá, la señora [Nombre 008] (véase imágenes 134-135 del expediente digital completo del

Juzgado de Trabajo). El señor [Nombre 014], conocido de la actora, indicó en la sede

administrativa que el señor [Nombre 006] y la accionante se separaron, pues él se fue a vivir

con otra mujer. Relató que el cujus volvió con la demandante; y, que se les incendió

la casa de habitación, por lo que el señor [Nombre 006] se encargó de construirla nuevamente,

en lo que duró tres meses, siendo que de manera posterior ambos volvieron a vivir

en dicha habitación. Expresó que la demandante no laboraba (véase imagen 136 del expediente

digital completo del Juzgado de Trabajo). En el mismo orden de ideas, la señora [Nombre

016], refirió ante las autoridades administrativas que la señora [Nombre 001]

y el causante se

casaron y posteriormente se divorciaron. Añadió que, en el año 2016, se les incendió la

vivienda, por lo que ambos -la promovente y el cujus- se fueron a vivir con su hijo [Nombre

011]. Indicó que el causante murió en la casa de la señora [Nombre 008]

(véase imagen 138

del expediente digital completo del Juzgado de Trabajo). La señora [Nombre 017] manifestó

que la actora y el cujus se separaron y luego él regresó a la casa de habitación de

forma ocasional. Afirmó que la promovente nunca laboró (véase imagen 140 del expediente

digital completo del Juzgado de Trabajo). Además de dichas declaraciones, las cuales fueron

rendidas en la sede administrativa, se cuenta con el dicho de la señora [Nombre 037]

, quien

refirió en la sede judicial que es vecina de la accionante desde hace 25 años. Añadió que

la promovente convivía con el esposo y los seis hijos. Además, que el causante siempre le

colaboraba económicamente a la señora [Nombre 001], con los recibos y la alimentación.

Señaló que la relación de la accionante y el cujus fue pública y se desarrolló como un

matrimonio normal. Relató que la vivienda de la actora y el señor [Nombre 006]

sufrió un

percance, pues se incendió, por lo que se fueron a vivir con los hijos de ambos y después

regresaron a la vivienda juntos. Afirmó que el causante siempre se hizo cargo de la casa porque

la actora no ha laborado. Ahora bien, el señor [Nombre 038], nieto de la demandante y el

causante, refirió en la audiencia que sus abuelos se divorciaron en el 2002,

después el señor [Nombre 006] llegó a vivir con su mamá en Lomas del Río. Señaló que, en el

año 2005, sus papás adquirieron una casa de habitación en Pavas, por lo que su abuelo –el

causante- se quedó viviendo solo en la casa de Lomas; y, luego llegó la actora a vivir en la

parte de debajo de dicha vivienda. Narró que, el año 2007, se enteró que la accionante y el

cujus volvieron a mantener una relación como esposos. Además, indicó que la gestionante dejó

de trabajar en el año 2012, por lo que su abuelo suplía todas las necesidades de ella –comida,

ropa y demás-. Afirmó que sus abuelos dormían juntos y le consta pues, él y sus hermanos se

quedaban a dormir en la casa de la actora y el causante. Añadió que, cuando se les incendió la

casa, la actora y el señor [Nombre 006], continuaron viviendo juntos, primero en la casa de su

tío [Nombre 011] y luego en la vivienda de sus papás. Asimismo, que cuando se reconstruyó la

casa de habitación, la demandante y el cujus se fueron a vivir nuevamente en esta (audiencia de

recepción de prueba incorporada al escritorio virtual del Juzgado a las 15:15:51 del

26/10/2019). En el mismo orden de ideas, es importante indicar que, según la referencia social

del Hospital San Juan de Dios de fecha 19 de diciembre del 2017, la señora [Nombre 008]

,

fue quien realizó el egreso del señor [Nombre 006] del centro, el 14 de julio del 2017, siendo

que este murió el 16 de julio del mismo año. Dado lo cual, el causante estuvo viviendo

en la casa de habitación de la señora [Nombre 008] dos días antes de su fallecimiento (véase

imágenes 150-151 del expediente digital completo del Juzgado de Trabajo). De la

prueba que consta en autos se deriva que, la actora y el señor [Nombre 006] se casaron en el

29 de julio de 1976 y se divorciaron el 15 de febrero del 2002. Posteriormente, el causante

tuvo una relación sentimental con la señora [Nombre 008]; sin embargo, en el año 2007, la

gestionante y el cujus se reconciliaron e iniciaron a vivir nuevamente como pareja, lo cual fue

comprobado con el dicho del yerno, el nieto y vecinos de la accionante. Comprobándose la

existencia de una relación pública, estable, única por más de tres años antes del fallecimiento del

señor [Nombre 006]. Cabe destacar que, si bien el cujus mantuvo una relación con la señora

[Nombre 008], esta finalizó antes de que el causante regresa nuevamente a convivir con la

actora como pareja en el año 2007. Respecto a la dependencia económica, considera este

Despacho que, con la prueba testimonial antes referida, se acreditó que el señor [Nombre 006]

era quien suplía las necesidades de la actora, a saber, alimentos y vestido, pues la señora

[Nombre 001] no laboraba desde el año 2012. Además, cabe indicar que el cujus se dedicó a

realizar labores de construcción y con los montos que percibía se encargaba de suplir

las necesidades de ambos. Ahora, si bien el actor dejó de laborar en setiembre del 2016 para

realizar la construcción de la vivienda que se incendió; y, posteriormente su condición de salud

se agravó, por lo que no podía laborar, esta fue una situación excepcional; sin embargo, desde

que la promovente dejó de trabajar fue el causante quien se encargó de suplir las necesidades

de la actora. Así las cosas, analizadas la prueba que consta en los autos, considera esta Sala, se

tuvo por acreditado que la actora cumple los requisitos necesarios para ser acreedora de una

pensión por viudez bajo el Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte.

IV.-

COSTAS: El canon 562 del Código de Trabajo

, en lo que resulta de interés,

estipula: “En toda sentencia, incluidas las anticipadas, y las resoluciones que provoquen el

perecimiento del proceso por litispendencia, incompetencia por razones del territorio

nacional, satisfacción extraprocesal o deserción, se condenará al vencido, a quien ha

satisfecho el derecho o a la parte sancionada con la finalización del asunto, al pago de las

costas personales y procesales causadas" (...). De conformidad con lo dispuesto en ese

ordinal, procede condenar a la demandada vencida al pago de ambas costas de la acción. Y,

por tratarse de un asunto de cuantía inestimable, las personales se deben establecer de manera

prudencial en la suma de ¢300.000,00

.

CONSIDERACIONES FINALES: Por las razones expuestas, lo procedente es

declarar con lugar el recurso interpuesto por la parte actora. Anular la sentencia recurrida.

Rechazar la excepción de falta de derecho, declarar con lugar la demanda y obligar a la Caja

Costarricense de Seguro Social a otorgar a la promovente, una pensión por viudez, a partir de

la fecha de fallecimiento del causante, el 16 de julio del 2017. Además, debe cancelarle

los intereses, sobre las rentas vencidas (pensiones), a partir de la exigibilidad de cada suma y

hasta el efectivo pago, al tipo establecido en el artículo cuatrocientos noventa y siete del Código

de Comercio. También se le debe obligar a indexar las rentas no pagadas (vencidas),

computables entre el mes anterior a la presentación de esta demanda, a saber el 14 de febrero

del 2019, y el precedente a aquel en que realice el pago, actualizando los montos en el mismo

porcentaje en que haya variado el índice de precios al consumidor para el Área Metropolitana.

Lo anterior, según lo señalado en el artículo 565 del Código de Trabajo. Los cálculos de lo

otorgado se harán en ejecución de sentencia, pudiendo la C.C.S.S. hacer éste en sede

administrativa y pagar en esa misma vía; sin perjuicio de hacerlo en vía judicial, ante el Juzgado,

si hubiese inconformidad de la parte interesada. Se impone a la demandada a cancelar ambas

costas de la acción, fijándo las personales en la suma prudencial de ¢300.000,

00.