Resolución 00553-2025

El licenciado Pablo Andrés Rojas Rojas, en su condición de defensor público, en representación de los intereses de la persona menor de edad [Nombre 001]., interpuso recurso de casación contra la resolución 2025-0047, de las 08:35 horas del 21 de marzo de 2025, dictada por el Tribunal de Apelación de Sentencia Penal Juvenil del Segundo Circuito Judicial de San José, que declaró sin lugar el recurso de apelación planteado por la defensa pública, y confirmó en todos sus extremos la sentencia número 27-2025, de las 11:20 horas del 22 de enero de 2025, dictada por el Juzgado Penal Juvenil del Primer Circuito Judicial de Limón, que declaró a [Nombre 001]. autor responsable de un delito de homicidio simple y un delito de tentativa de homicidio calificado y le impuso una sanción total de 15 años de internamiento en centro especializado.

Único motivo de casación. Errónea aplicación del principio de proporcionalidad de la sanción penal juvenil, conforme a lo señalado en los artículos 25 y 122 inciso d) de la Ley de Justicia Penal Juvenil. El recurrente acusa que el ad quem, al analizar la justificación del tipo y monto de la sanción impuesta, concluyó que la misma no era ínfima pero tampoco excesiva, pero no explicó cuál es el parámetro objetivo que le permitió concluir que una sanción no privativa o una por un monto menor a los 13 años sería ínfimo. Reclama que pese a que las personas juzgadoras de alzada admiten que la pena privativa de libertad debe ser el último recurso, y que se debe fijar el menor monto posible cuando se trate de personas menores de edad, no obstante justifica el tipo y monto de la sanción impuesta indicando superficialmente las condiciones de riesgo en las que está inmerso la persona menor de edad, mas no se explica cuál es el fundamento objetivo para sostener que la sanción de 13 años de internamiento es razonable  y porqué esos factores de riesgo no serían válidos para justificar una sanción no privativa o un monto menor. El recurrente arguye que, desde el plano teórico normativo, explica bien los fines de la sanción penal juvenil, pero incurre en una lectura errada de las circunstancias personales, familiares y sociales en las que está inmerso el joven acusado, y en función de las cuales lo que correspondía era imponer una sanción menos gravosa, o por lo menos, un monto menor de internamiento. A su juicio, la resolución de alzada pasa por alto la existencia de un sistema interinstitucional que debe velar por la protección integral de la persona menor de edad y que están obligadas a brindarle contención a aquellos jóvenes que son condenados y que carecen de ella, a fin de recurrir a la privación de libertad como último recurso. Estima que el tribunal, de forma contradictoria con los postulados doctrinarios y normativos propios de la justicia penal juvenil, concluye que el a quo sí realizó un análisis adecuada de la sanción, pero utiliza como sustento de su criterio la gravedad de los hechos y las condiciones de vulnerabilidad de la persona menor imputada al momento del cometer del hecho, y para rechazar la procedencia de aplicar una sanción no privativa, en el análisis acerca de la proporcionalidad de  la misma, hace mención de los factores de riesgo en la vida del joven imputado; en su criterio, esas condiciones sociales adversas no fueron valoradas a favor de la persona menor encartada para justificar un menor reproche, pese a que así debió proceder. Ello porque la conducta del joven justamente puede tener en parte explicación causal en esas condiciones de vulnerabilidad y provocada justamente por este tipo de factores de riesgo, incidiendo en su comportamiento e historia de vida; no obstante, acusa que estas circunstancias no fueron analizadas en la sentencia de apelación al aplicar el principio de proporcionalidad, a fin de adecuar la sanción a una menos gravosa o un monto menor, ya que “la exigibilidad de una conducta conforme a derecho con el historial de vida del joven imputado es menor precisamente por la vulnerabilidad en que se encuentra”.  El impugnante sostiene que el ad quem pasó por alto el fraude de etiquetas en que incurrió el a quo, al utilizar conceptos tales como "el principio de protección integral del menor", "interés superior de la persona menor de edad", "el principio de reinserción de la persona menor infractora" y "el derecho de formación", términos que sirvió de base para justificar la sanción de 13 años de internamiento, pero que no deben ser utilizados para limitar las garantías de la persona menor de edad, ni para justificar violaciones a sus derechos fundamentales. Estima que en la resolución impugnada se verifica un desbalance en la aplicación del principio de proporcionalidad, pues se sopesa sin mayor profundidad, los factores de riesgo, la gravedad de los hechos y la lesión a los bienes jurídicos, y se hace mención de las condiciones personales del joven, pero no se explica por qué esas circunstancias sociales que le afectaron no servían para justificar una sanción que pudiera cumplir en libertad o un monto menor, tal y como lo solicitó la defensa.  Acusa que los factores de riesgo solo se valoraron para justificar una sanción de mayor contención, pero no se consideraron para fijar una que fuera más acorde con el fin socioeducativo, “adecuando de esa manera el juicio de reprochabilidad a un análisis diferenciado que exige los principios rectores del Proceso Penal Juvenil”.  Así, sostiene que el monto de sanción impuesto al joven acusado es contrario a la Convención de los Derechos del Niño que establece que el internamiento en personas menores de edad debe ser impuesto por el menor tiempo posible, para una pronta resocialización y reinserción en la familia. A partir de ello, arguye que la fijación de la sanción de internamiento tiene un enfoque adultocentrista que contradice la doctrina especializada, que establece que la gravedad de la culpabilidad incide en la sanción para fijar un límite máximo, pero que conforme el principio de interés superior, permite imponer una sanción por debajo de ese grado de culpabilidad a fin de asegurar los derechos fundamentales de la persona menor de edad. El impugnante señala que la errónea aplicación del principio de proporcionalidad por parte del tribunal radica en que no se tomó en consideración en forma expresa los factores de riesgo que el mismo ad quem reconoció en la persona menor acusada, para fijar una sanción menos gravosa o un monto al establecido, a fin de mitigar justamente estas circunstancias sin necesidad de optar por la institucionalización del joven por un tiempo excesivo, en concordancia con lo indicado en el numeral 37 inciso c) de la Convención sobre los Derechos del Niño. Como agravio, apunta que el tribunal de apelación no expuso un criterio técnico jurídico que sirva de parámetro objetivo para afirmar que una sanción no privativa o una menor a 13 años de internamiento sería ínfima o desproporcional. Además, hizo una lectura errada de la gravedad de los hechos y los factores de riesgo, que ponen en situación de mayor vulnerabilidad a la persona menor encartada, al no haber considerado en su justa dimensión los factores personales, familiares y sociales en que se encuentra inmerso, y así mitigar esos riesgos, y ello en su criterio conllevó a una inobservancia del principio de proporcionalidad en cuanto al tipo y quatum de la sanción. Asegura que el agravio es esencial porque de haberse aplicado correctamente el principio de proporcionalidad, y de haberse realizado una lectura apropiada de las condiciones de vulnerabilidad del menor acusado, considerando que los hechos probados son un evento episódico, no se habría impuesto una sanción tan invasiva y gravosa como el internamiento por 13 años, que es contraria al fin socioeducativo de la sanción penal juvenil, sino que se hubiera echado mano prioritariamente al sistema interinstitucional de protección integral, para brindar apoyo al menor y facilitar que cumpliera una sanción no privativa. Solicita se declare con lugar el recurso y se ordene el reenvío para una nueva sustanciación sobre dicho extremo.

Se admite el reclamo. De conformidad con los ordinales 467, 468 y 469 del Código Procesal Penal, en consonancia con lo estipulado en los numerales 116 a 117 de la Ley de Justicia Penal Juvenil, esta Sala de Casación Penal verifica en primer término, que concurren en la especie los presupuestos subjetivos y objetivos para la admisión de este tipo de impugnaciones extraordinarias ante esta sede. Se aprecia que el recurso fue interpuesto por quien válidamente se encuentra facultado para hacerlo, en este caso, la representación letrada que ejerce la defensa de la persona menor de edad encartada. Asimismo, está dirigido contra la sentencia del Tribunal de Apelación de Sentencia Penal Juvenil del Segundo Circuito Judicial de San José que resolvió en definitiva la situación jurídica de la persona menor de edad acusada, y fue interpuesto dentro del plazo de los quince días, a partir de la notificación de la resolución impugnada, conforme lo señala el numeral 469 de la normativa procesal penal (ver folios 72 y 75 expediente principal). Además, el recurrente expone las disposiciones legales que estima erróneamente aplicadas, explica con suficiencia las razones por las que considera que se ha dado una aplicación errónea de la normativa en cuestión e indica el agravio existente y su pretensión. El numeral 468 del Código Procesal Penal establece que el recurso de casación resulta procedente: “…b) Cuando la sentencia inobserve o aplique erróneamente un precepto legal sustantivo o procesal..”, enmarcándose el reclamo planteado en el caso concreto, dentro de dicho presupuesto, bajo la premisa de una errónea aplicación de los artículos 22 y 125 inciso b) de la Ley de Justicia Penal Juvenil, de modo tal que el estudio de fondo se centrara en determinar si el tribunal de apelación de sentencia aplicó de forma correcta el principio de proporcionalidad de la sanción penal juvenil al analizar y confirmar la fijación hecha en juicio y si procedió con una adecuada apreciación de las condiciones de vulnerabilidad que presentó la persona menor de edad acusada a fin de determinar si resultaba adecuada la fijación del tipo y quantum de sanción impuesto y descartar la posibilidad de disponer una menos gravosa o de menor monto.  En consecuencia, se concluye que el motivo de casación interpuesto cumple con las exigencias procesales para su interposición, siendo procedente admitirlo para su estudio de fondo y reservar su examen para un pronunciamiento posterior, en el que se profundizará sobre la eventual existencia de la causal invocada, así como la procedencia o no de las pretensiones del recurrente.