Resolución 00587-2017

Órganos judiciales

competentes. Sobre los hechos ilícitos cometidos por menores, decidirán,

en primera instancia, los Juzgados Penales Juveniles y en segunda instancia,

los Tribunales Penales Juveniles además, el Tribunal Superior de Casación Penal

será competente para conocer de los recursos que por esta ley le corresponden y

el Juez de Ejecución de la

Sanción Penal Juvenil tendrá competencia para la fase de

cumplimiento.” (La negrita es suplida). En consecuencia la competencia

sobre el caso bajo examen no corresponde a la materia penal. En cuanto a las

consecuencias civiles que pudieren derivar de los daños culposos, los mismos

deben resolverse conforme a las regulaciones que define la Ley de Tránsito en los

artículos 197 y siguientes sobre responsabilidad civil. Ahora bien, en lo que

respecta a las multas, en las que eventualmente el menor infractor pudiese ser

sancionado, la Ley

de Tránsito número 9078, en su artículo 2 inciso 74, define claramente que la “multa

” es una “sanción administrativa por infracción a esta ley”, en

consecuencia los hechos así sancionados tampoco constituirían delito o una

contravención. Por lo que al estar en presencia de un accidente de tránsito, en

el cual no media delito o contravención alguna, sino sólo la eventual multa de

tránsito, así como los posibles daños culposos ocasionados del mismo accidente,

es que la jurisdicción competente para conocer de la presente sumaria lo es el

Juzgado de Tránsito de la localidad de Desamparados.  Cabe agregar, en lo

que respecta a la eventual sanción de multa a imponer a la persona menor de

edad, que la misma debe de ser adecuada según lo preceptuado por la propia Ley

de Tránsito, que señala en el numeral 177, el procedimiento administrativo

especial para personas menores de edad, en el cual se aborda adecuadamente la

variación en la naturaleza de la sanción de tránsito a imponer, por una medida

acorde con el desarrollo progresivo de la persona menor de edad, aspecto que si

bien es desarrollado cuando se está ante supuestos conocidos en sede

administrativa, debe de ser tomado en consideración en la vía jurisdiccional al

momento de ponderar la sanción pertinente; al establecer dicho tenor literal lo

siguiente: “Artículo 177.- Procedimiento especial para personas menores de

edad. Cuando la multa impuesta por el oficial actuante a una persona menor de

edad no sea apelada, la Unidad

de Impugnaciones deberá modificarla, imponiendo una medida administrativa de

asistencia a charlas atinentes a las infracciones involucradas, o bien, la

prestación de servicios a la comunidad, por un plazo no menor de quince horas y

no mayor de un mes, sin acumulación de puntos. […].” (el subrayado es suplido). Como una segunda valoración

por parte de esta Cámara, la

Ley de Justicia Penal Juvenil contiene como principio rector

la protección integral de la persona menor de edad, el Estado, con base en las

condiciones especiales distintivas en que se encuentra este grupo etáreo, está obligado a crear un régimen diferenciado en su

favor, a fin de defender su dignidad humana. El principio del interés superior

del niño y niña, se enfoca en lograr su reinserción social, al establecer las

características y necesidades propias de la persona menor de edad, con el fin

de que tanto los actos procesales, como la pena se valoren y ajusten a su

personalidad, minimizando así los efectos perjudiciales del proceso penal, e

incluso evitando acudir a esta vía, en consonancia con el principio de mínima

intervención. El respeto a sus derechos, representa la observación de las

garantías esenciales y derechos fundamentales, expresadas en las leyes

supletorias, en la

Constitución Política, en los Tratados e Instrumentos

Internacionales de la niñez y la adolescencia. El principio de formación

integral y reinserción del menor de edad en su familia y la sociedad, busca la

existencia de una vigilancia constante de las diferentes fases del proceso para

evitar la agudización de la situación adversa del adolescente y facilitarle una

vida futura sin reincidencia. El análisis normativo, establecido en la primera

consideración de la presente resolución, se encuentra en completa armonía con

los principios rectores que informan la jurisdicción especializada penal

juvenil. Al inferirse que ante procesos donde el reproche que se le imputa al

menor infractor, versan únicamente en la eventual sanción de una multa

administrativa establecida en la

Ley de Tránsito, y al derivarse de los mismos hechos la

comisión de un daño culposo, la intervención Estatal y el abordaje que se le

debe dar al menor infractor, tiene que ser acorde con los principios antes

expuestos de protección integral, interés superior de la persona menor de edad

y el de mínima intervención. La remisión de los autos, en causas donde no medie

delito o contravención alguna, a la vía penal, resulta incongruente con los

mismos principios rectores de la materia especializada Penal Juvenil. En lo que

respecta al interés superior de la persona menor de edad, el artículo 3.1 de la Convención sobre los

Derechos del Niño, establece un límite a la discrecionalidad de las autoridades

al momento de tomar su decisiones, basado en las medidas menos lesivas y

gravosas para los intereses de las personas menores de edad, al establecerse

que: “En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las

instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las

autoridades administrativas o los órganos legislativos una consideración

primordial a la que se atenderá será el interés superior del niño".

Someter a una persona menor de edad, ante la jurisdicción penal juvenil,

resulta innecesario y hasta contraproducente con su interés superior, al no

estar en presencia de comportamientos delictivos o contravencionales.

El artículo 5 del Código de la

Niñez y Adolescencia indica: “Toda acción pública o

privada concerniente a una persona menor de dieciocho años, deberá considerar

su interés superior, el cual le garantiza el respeto de sus derechos en

ambiente físico y mental sano, en procura de su pleno desarrollo personal.” Resulta

más conciliador con estos principios especializados, la realización de un

abordaje jurisdiccional desde una vía menos estigmatizante.

Remitir a la vía del procedimiento penal, cuando se está ante meras

infracciones administrativas, va en contra de la naturaleza de la materia

especializada juvenil, la cual limita al mínimo indispensable la intervención

de la justicia penal. Al respecto la doctrinaria refiere: “Uno de los

principios más modernos del derecho penal y que tiene una importancia

fundamental en nuestra época es la intervención mínima, y que en la justicia

juvenil debería de ser re-mínima. Esto significa que el control formal penal

debe de aplicarse únicamente para los casos y las conductas graves que así lo

ameriten, para mantener el equilibrio social que procura el sistema de

justicia penal.” (cit. Tiffer Soto Mayor Carlos, Llobet

Rodríguez Javier y Dünkel Frieder.

Derecho Penal Juvenil, segunda edición, Editorial Jurídica Continental, pagina

135, el subrayado es suplido). Bajo esta tesitura, se plantea la conveniencia

de que el conocimiento de las multas que devienen de una infracción a la Ley de Tránsito, no deben de

tener un abordaje estatal desde la jurisdicción penal juvenil, considera esta

Sala que el tema debe ser tratado en la misma sede de Tránsito, como una falta

administrativa, al definirse claramente que la “multa” es una “ sanción

administrativa por infracción a esta ley” (Artículo 2 inciso 73, Ley de

Tránsito), por lo que los hechos sancionados como multas, no constituyen delito

o contravención. En razón de lo expuesto, se concluye que los Juzgados de

Tránsito, tienen plena competencia para conocer de las causas donde medie como

sujeto infractor una persona menor de edad, siempre y cuando el accionar

reprochado no constituya la comisión de un delito o una contravención. Estos

juzgados conocerán únicamente la sanción administrativa establecida por una

infracción a la Ley

de Tránsito. Se resuelve el conflicto de competencia planteado y tiene esta

Sala por establecido que el órgano jurisdiccional competente para el

conocimiento del presente proceso, lo es el Juzgado de Tránsito del III Circuito Judicial de San José, sede Desamparados, al

tratarse de un proceso donde media como sujeto infractor un menor de edad; a la

vez que no se está ante la posible comisión de un delito o una contravención.

Comuníquese lo resuelto a los Juzgados en conflicto.”