Resolución 01538-2015

“ III.- […] En razón de lo anterior, se considera que es el Patronato Nacional de la Infancia quien debe asumir los deberes legalmente otorgados por el legislador y determinar la procedencia o no de las medidas contempladas en el artículo 135 del Código de la Niñez y la Adolescencia, cuando la persona adolescente esté en una situación de conflicto con la ley penal y presente una disminución o ausencia de culpabilidad, evitando de esta forma una aplicación supletoria de ley penal de adultos que vulnera los derechos, las garantías, los principios y los fines que informan el derecho penal juvenil. Precisamente, con respecto a los fines para los cuales se estipularon las medidas de seguridad en el Código Penal, hay que hacer énfasis en los criterios de peligrosidad y reincidencia que les da sustento, según lo dispuesto en el numeral 97 del Código Penal, ambos absolutamente inconciliables con los criterios que consolidan el proceso penal juvenil.[…]”