Resolución 01408-2025

Mediante sentencia N.º 2025-050 de las 14:50 horas del 27 de marzo del 2025, el Tribunal de Apelación de Sentencia Penal Juvenil, Segundo Circuito Judicial de San José, resolvió: “

La máster Ericka Chaves Jiménez, en su condición de representante del Ministerio Público, formuló recurso de casación (cfr. folio 44 a 67 vuelto del legajo físico creado al efecto), contra la resolución oral número 2025-050, de las 14:50 horas del 27 de marzo de 2025, dictada por el Tribunal de Apelación de Sentencia Penal Juvenil, Sección Segunda (cfr. folio 33 vuelto a 39 vuelto del legajo físico creado al efecto), en la cual se resolvió lo siguiente: “Razones dadas, artículos citados se dicta sobreseimiento definitivo por extinción de la acción penal por cumplimiento del plazo de la Suspensión del Proceso a Prueba sin que esta hubiera sido revocada a favor de [Nombre 004]. Se dispone la inmediata libertad del joven acusado si otra causa no lo impide. La literalidad de la audiencia, así como de la fundamentación que realiza el Tribunal, se encuentra debidamente respaldada en formato audiovisual DVD, adjuntando una copia al expediente y otra en los archivos del despacho” (cfr. folio 39 vuelto, se suprime el subrayado del texto original).II. Por resolución número 2025-01060, de las 10:36 horas del 24 de setiembre de 2025, esta Sala de Casación Penal declaró admisibles los dos motivos del recurso de casación formulado por el Ministerio Público.

Antecedentes de interés. En el presente asunto, mediante resolución 168-2021 del 14 de setiembre del año 2021, el Juzgado Penal Juvenil de Grecia aprobó una suspensión del proceso a prueba en favor del menor encartado [Nombre 004], por el plazo de tres años, finalizando el 14 de setiembre del año 2024. Luego, se recibió el primer informe evaluativo emitido por el Departamento de Trabajo Social y Psicología mediante el cual se informó que la persona menor de edad había iniciado el cumplimiento de las condiciones acordadas en la citada medida alterna. Esta situación continúo para el segundo informe (de fecha 16 de marzo de 2022), no obstante, al recibirse el tercer informe de fecha 14 de setiembre de 2022 se reportó que el menor no estaba cumpliendo con lo pactado, toda vez que había dejado de asistir al programa del IAFA, así como al programa ACSA del Hospital San Francisco de Asís. Posteriormente el último de los informes de fecha 30 de noviembre de 2023, reseñó que no se logró contactar con la persona menor de edad imputada y que las ausencias a los programas de IAFA y ACSA se mantenían. En este escenario, el Ministerio Público en fecha 07 de diciembre de 2023 peticionó al Juzgado Penal Juvenil de Grecia una audiencia de verificación de las condiciones propuestas en la medida alterna, siendo que dicha autoridad jurisdiccional señaló el día 06 de febrero de 2024 (fecha aún dentro del plazo de Suspensión el Proceso a Prueba) para la realización de la diligencia. Esta no pudo llevarse a cabo por cuanto la persona menor de edad no se presentó a la misma. Así en fecha 21 de febrero de 2024 se decretó la rebeldía del menor [Nombre 004] (siempre dentro del plazo de la Suspensión del Proceso a Prueba) y se ordenó su captura el 29 de abril del año 2024, la cual se hizo efectiva hasta el 06 de marzo del 2025. Al día siguiente, sea el 07 de marzo de 2025 se realizó audiencia de verificación de la suspensión del proceso a prueba, en la que se revocó dicha medida alterna y se ordenó la detención del joven [Nombre 004]. La Defensa del menor presentó recurso de apelación contra dicha decisión y el Tribunal de Apelación de Sentencia Penal Juvenil mediante la resolución oral 2025-050 de las 14:50 horas del 27 de marzo de 2025 declara con lugar la impugnación dictando un sobreseimiento definitivo en favor del menor [Nombre 004] y ordena su libertad.

En su primer motivo, la representante ministerial reclama la existencia de precedentes jurisprudenciales contradictorios. Explica que el ad quem resolvió la situación jurídica de la persona imputada con base en el argumento de que la rebeldía no tiene ningún efecto sobre el cómputo de la suspensión del proceso a prueba, lo cual estima difiere del criterio jurídico vertido en ciertas resoluciones del Tribunal de Apelación de Sentencia Penal Juvenil y la Sala de Casación Penal, bajo circunstancias fácticas similares. Realiza una cita del fallo recurrido, y alega que la rebeldía tiene un efecto sobre la acción penal y sobre el ejercicio de esta, por lo que también lo tiene sobre la suspensión del proceso a prueba, pues dicha medida alterna es accesoria a la acción penal y no tiene una naturaleza independiente. Señala que la persona menor de edad desdibujó el modelo de responsabilidad al apartarse del cumplimiento del proceso, lo que significó que se agotaron las vías para su localización, presentación y captura, por cuanto incluso cambió de domicilio sin informarlo al Juzgado Penal Juvenil de Grecia, y luego, el Departamento de Trabajo Social y Psicología informó su inasistencia tanto al programa ACSA como al IAFA, la deserción del lugar de estudio desde agosto de 2023 y no se contó más información sobre el trabajo. A partir de lo anterior, el órgano fiscal solicitó una audiencia de verificación, sin embargo, el encausado no se hizo presente a la audiencia señalada para el 06 de febrero de 2024, por lo cual el 21 de febrero de 2024 se dictó su rebeldía (la cual se mantuvo por un año hasta el 21 de febrero de 2025) y el 06 de marzo de 2025 se hizo efectiva su captura. De seguido, enlista las resoluciones que han mantenido un criterio similar al que propone y opuesto al de la resolución que impugna. La primera de ellas es la resolución 2025-0029, de las 16:05 horas del 11 de febrero de 2025, dictada por el Tribunal de Apelación de Sentencia Penal Juvenil, sobre esta arguye que se reconoció el efecto suspensivo que tiene la rebeldía en el cómputo del plazo de la suspensión del proceso a prueba. Luego de transcribir un extracto de dicha resolución, plantea que en este fallo el tribunal de apelación le otorga a la rebeldía el efecto de suspender el plazo de la prescripción, aunque reconoce que en este asunto la impugnación del órgano fiscal fue declarada sin lugar porque aun tomando en cuenta los períodos de rebeldía, la revocatoria de la suspensión del proceso a prueba se dictó fuera de plazo. Continúa con la resolución 2015-0019, de las 14:45 horas del 16 de enero de 2015, dictada por el Tribunal de Apelación de Sentencia Penal Juvenil, cita un fragmento y describe que bajo la misma premisa fáctica, el tribunal de apelación resolvió el asunto de manera distinta, ya que establece lo siguiente: 1) el tribunal de alzada reconoce que la declaratoria de rebeldía tiene un efecto suspensivo, 2) dicho efecto recae sobre la acción penal, 3) una vez suspendida la acción penal, suponer como independiente el cumplimiento del plazo de la suspensión del proceso a prueba implica admitir un escenario en el que el justiciable se beneficia de su propia incomparecencia y extrañamiento del proceso, y 4) si se permite que la persona menor de edad se beneficie de su incomparecencia, habría que aceptar que el imputado por su propia voluntad y realizando actos de evasión, vacíe de contenido la suspensión del proceso a prueba, volviendo ilusorios los fines de la norma. Estima que esta interpretación es la que mejor se ajusta a una interpretación armónica de las normas que regulan la declaratoria de rebeldía, por lo que debe unificarse el criterio a partir del análisis jurídico vertido en este fallo, por cuanto propone una interpretación de las normas acorde con el fin pedagógico de la Ley de Justicia Penal Juvenil y con el principio de responsabilidad que rige nuestro sistema de justicia penal para personas menores de edad, toda vez que la suspensión del proceso a prueba supone un compromiso serio de parte de la persona menor de edad, cuyo comportamiento dentro del proceso produce consecuencias, de modo tal que su cumplimiento debe conllevar a la extinción de la acción penal, y por el contrario, su incumplimiento injustificado debe acarrear que la persona juzgadora revoque el beneficio procesal y se continúe con la tramitación de la causa. Refiere que, en la resolución mencionada supra, se establece que la rebeldía tiene un efecto suspensivo de la acción penal, y mientras esta se encuentre suspendida, no podría el juzgado dictar su extinción, y menos, bajo la premisa errónea de que se venció el plazo de la suspensión del proceso a prueba, en virtud de que la medida alterna no surtió ningún efecto porque el imputado se apartó del proceso. Desde su óptica, este es el procedente que debe imperar, el cual no considera viable que la persona menor de edad pueda propiciar la extinción de la acción penal al apartarse del asunto, pues admitir lo contrario equivaldría a promover la impunidad y abandonar los fines de la Ley de Justicia Penal Juvenil. Con respecto a la resolución 2020-0490, de las 10:40 horas del 03 de abril de 2020, dictada por la Sala de Casación Penal, relata que la Sala en este fallo señala que la declaratoria de rebeldía surte un efecto sobre el proceso, y al estar suspendida la acción penal, no se requiere de otra norma que diga que también está suspendida la medida alterna, por cuanto la acción penal le da vida jurídica a la salida alterna y esta accesoria a aquella, por lo que al estar suspendida la acción penal no puede correr ningún otro plazo, razón por la cual el plazo de la suspensión del proceso a prueba también está suspendido. Transcribe un extracto y menciona que esta resolución se nutre de otros precedentes, en los cuales se concluye: 1) la acción penal se ve interrumpida por el imperio de la voluntad del rebelde, y es por esta voluntad que los fines del proceso no se alcanzan mientras el rebelde se mantenga así, por ello, la rebeldía hace nugatoria la probabilidad de lograr el resultado que persigue la norma, 2) la rebeldía es un acto voluntario que la persona rebelde que desatiende sus obligaciones, las cuales fueron asumidas voluntariamente, 3) la suspensión del cómputo de la extinción de la acción penal no es indefinida por razones de seguridad jurídica, y 4) el efecto suspensivo de la rebeldía afecta lo principal (la acción penal) y lo accesorio (la suspensión del proceso a prueba), y el proceso penal juvenil no puede pasar por alto que las acciones voluntarias del joven, al separarse del proceso y desatender su responsabilidad, no pueden beneficiarlo. Estima que la resolución que recurre analizó de manera errada el tema de los alcances de la declaratoria de rebeldía en el proceso, y al hacerlo, abrió una puerta hacia la impunidad. Sobre la resolución 2015-0661, de las 08:53 horas del 27 de mayo de 2015, dictada por la Sala de Casación Penal, señala que la Sala analizó la naturaleza procesal de la declaratoria de rebeldía de la siguiente manera: 1) no podrá declararse rebelde a quien se encuentre apegado al proceso y cumpliendo sus responsabilidades, 2) la autoridad judicial debe brindar los espacios para que el imputado pueda justificar su separación temporal del proceso, lo cual implica que la declaratoria de rebeldía no es un acto oficioso ni arbitrario, sino que opera una vez que se convoca al encartado ante el juzgado y este voluntariamente se separa del llamamiento, bien sea no presentándose a la convocatoria judicial o evadiendo el proceso abandonando su domicilio sin informarlo para evitar la citación, y 3) la rebeldía es una decisión “consciente” del justiciable, quien ha sido advertido y se le han explicado sus obligaciones procesales, siendo uno de los más importantes su deber de mantenerse fiel al llamamiento judicial, por consiguiente, cuando la persona menor de edad se ausenta del proceso está procurando su separación del asunto, lo cual impide de facto el ejercicio de la acción penal, dejando vacío de contenido el proceso y sus fines. Plantea que la Sala Tercera ha interpretado que el legislador optó por atribuir a la declaratoria de rebeldía consecuencias severas en el proceso, a saber, la suspensión de la acción penal hasta su presentación o captura (mecanismos compulsivos que aseguran traer de nuevo al proceso al rebelde a pesar de su voluntad). Describe que la decisión del legislador es clara y radica en el hecho ampliamente discutido por la Sala de Casación Penal en este precedente, de que la persona imputada no puede disponer por sí mismo de la acción penal mediante actos arbitrarios para ponerle fin al proceso. Estima que el yerro del ad quem radica “no en no encontrar la norma que le permite al juzgador suspender el cómputo de la suspensión de proceso a prueba ante la declaratoria de rebeldía. Esto a nuestro juicio no es sino una interpretación extremadamente errónea del principio de plenitud hermética de las normas. En realidad, así lo señala la Sala, el efecto de la rebeldía recae sobre la acción penal, y siendo esta el origen de los demás elementos del proceso, al suspenderse la acción penal se suspende el proceso” (cfr. folio 57 vuelto). Según su criterio, la razón por la que el juzgador no puede pronunciarse sobre la prescripción de una causa en rebeldía radica en que el efecto suspensivo de esta recae sobre la acción penal, “de ahí que no exista una equiparación entre el cómputo de la suspensión de proceso a prueba y la prescripción como parece negarse a entender el Tribunal, sino que simplemente existe un efecto suspensivo, que opera a raíz del ejercicio de la acción penal” (sic, cfr. folio 57 vuelto y 58). Arguye que el sistema de justicia penal juvenil asume una posición distinta al derecho penal de adultos, pues busca una justicia pedagógica, es decir, un proceso que amén de ser penal y por consiguiente conservar las raíces de un sistema punitivo, no busca la respuesta sancionatoria como primera opción, sino más bien una respuesta moderadora que tiene una finalidad que permea todos los aspectos del proceso, esto es, la reconstrucción del sistema de valores de la persona menor de edad. Menciona que el tribunal de apelación comete un error cuando parte de la premisa de que el encausado tiene libre disposición del proceso y puede apartarse del mismo sin que ese acto tenga un efecto directo en el proceso mismo, por cuanto esto conlleva a un abandono de los fines del proceso de justicia penal juvenil. Añade que el precedente que debe prevalecer es el de la Sala de Casación Penal, toda vez que es el que mejor define los alcances de un modelo de justicia pedagógica, el cual no soporta como viable la posibilidad de que la persona menor de edad al apartarse del proceso pueda propiciar la extinción de la acción penal. Resolución 2015-01050, de las 10:50 horas del 07 de agosto de 2015, de la Sala de Casación Penal. Explica que, en este pronunciamiento, el cual retoma el criterio vertido en la resolución 2015-0661, de las 08:53 horas del 27 de mayo de 2015, la Sala mantiene la misma línea de pensamiento en cuanto al efecto suspensivo que la rebeldía impone en la acción penal y por consiguiente, en el proceso. Cita un extracto de la resolución, y esboza que en este fallo se estableció que el plazo de la suspensión del proceso a prueba se ve afectado por el dictado de la rebeldía, lo cual no constituye una inercia procesal. Además, se estableció que el dictado del sobreseimiento definitivo resulta procedente cuando, en ocasión de la “inopia procesal o institucional”, transcurra el plazo de la suspensión sin que se reactive el proceso. Menciona también la resolución 2018-00197, de las 11 horas del 06 de abril de 2018, de la Sala de Casación Penal. Expone que en este voto la Cámara de Casación analiza la exigencia de la realización de la audiencia de verificación dentro del plazo de cumplimiento de la suspensión del proceso a prueba, arribando a la conclusión de que dicha discusión bien podría darse luego del vencimiento del plazo de la medida alterna cuando la persona menor de edad ha sido declarada rebelde, en la medida en que la rebeldía tiene un efecto suspensivo en la acción penal. Transcribe un fragmento del fallo indicado supra, y relata que la prescripción es una sanción ante la inactividad de las partes, por ello, este instituto procesal no tiene vida jurídica propia, ya que es accesoria a la acción penal como tal, y es la acción penal la que da vida jurídica al resto de las figuras accesorias, lo cual hace, según su criterio, que el cómputo del plazo de dichas figuras accesorias no pueda seguirse contabilizando mientras la acción penal está suspendida. Resolución 2021-0653, de las 10:21 horas del 25 de junio de 2021, de la Sala de Casación Penal. Narra que, a partir de un marco fáctico similar, en este pronunciamiento la Sala arribó a la conclusión de que cuando la persona menor de edad ha sido declarada rebelde hay un efecto suspensivo de la acción penal, el cual también opera en el plazo de la suspensión del proceso a prueba. Plantea que el tribunal de alzada resolvió de manera distinta el conflicto, por cuanto dictó un sobreseimiento definitivo bajo el razonamiento de que debe existir una norma que expresamente establezca que el efecto suspensivo de la rebeldía afecta el plazo de la suspensión del proceso a prueba, lo cual reprocha como una errónea aplicación del derecho, toda vez que estima que no es necesario que se requiera de una declaratoria expresa en la norma si se comprende que la acción penal es la que está suspendida. Como agravio describe que el ad quem resolvió el caso concreto bajo la construcción de una premisa que contraviene precedentes jurisprudenciales del Tribunal de Apelación de Sentencia Penal Juvenil y la Sala de Casación Penal, los cuales se refieren a la correcta aplicación de los institutos procesales que regula la rebeldía y el cumplimiento de la suspensión del proceso a prueba, lo cual conllevó a una vulneración del principio de igualdad garantizado constitucionalmente al proponer una solución distinta a una misma premisa fáctica, esto es, el efecto que tiene la declaratoria de rebeldía en el cómputo del plazo de la suspensión del proceso a prueba. Como pretensión solicita que, en razón de lo expuesto y bajo las circunstancias del caso concreto, se aplique el criterio vertido en las resoluciones 2015-0019, de las 14:45 horas del 16 de enero de 2015, 2025-029, de las 16:05 horas del 11 de febrero de 2025, ambas del Tribunal de Apelación de Sentencia Penal Juvenil, así como los precedentes citados de la Sala de Casación Penal, y se resuelva conforme a derecho la situación planteada, por cuanto, desde su óptica, el criterio jurídico expuesto en la resolución recurrida resulta erróneo y abiertamente contrario a los precedentes jurisprudenciales, debido a que la causa penal no se encuentra extinta, por lo que pide se ordene el reenvío del asunto para celebrar el debate oral y privado a la mayor brevedad posible, sobre todo tomando en cuenta que se trata de un delito sexual cometido en perjuicio de personas menores de edad.

En el segundo reclamo la impugnante reprocha una errónea aplicación de las reglas procesales que regulan la rebeldía y la extinción de la acción penal por cumplimiento de la suspensión del proceso a prueba. Como fundamento jurídico enuncia los artículos 32, 89 al 92 de la Ley de Justicia Penal Juvenil y 30 de la Ley de Ejecución de las Sanciones Penales Juveniles. Explica que, en el caso de marras, el ad quem dictó un sobreseimiento definitivo por cumplimiento del plazo de la suspensión del proceso a prueba, sin embargo, reclama que el artículo 92 de la Ley de Justicia Penal Juvenil establece que el sobreseimiento procede una vez que las obligaciones impuestas han sido cumplidas. Arguye que el tribunal de apelación basó su criterio en la resolución 2013-0727, de las 10:38 horas del 14 de junio de 2013, dictada por la Sala de Casación Penal, no obstante, estima que este fallo analizó el tema a partir de circunstancias que difieren en un factor sustancial con el presupuesto fáctico del caso concreto, por cuanto en este pronunciamiento la Sala no tuvo como premisa que la persona imputada estuviera rebelde, de modo que los alcances de la rebeldía no se valoraron en dicha resolución. Refiere que la Sala Tercera en la resolución indicada supra estableció que, si el incumplimiento de la medida alterna se verifica dentro del plazo, pero no se acredita en audiencia frente a la persona juzgadora dentro del plazo de cumplimiento, la acción penal se extingue debido a la inactividad del Ministerio Público de no solicitar audiencia de verificación antes del vencimiento del plazo de la suspensión del proceso a prueba. Empero, reitera que, en el caso bajo estudio, hay un factor que no fue analizado por la Sala de Casación Penal, a saber, lo que establecen los numerales 32 de la Ley de Justicia Penal Juvenil y 30 de la Ley de Ejecución de las Sanciones Penales Juveniles. Por ello, considera que el ad quem yerra en la apreciación que hizo de los efectos de la rebeldía en la acción penal, al pretender que la suspensión del proceso a prueba tiene una identidad autónoma y, por consiguiente, una vida jurídica independiente de la acción penal. Es decir, señala que, si la acción penal está suspendida por la declaratoria de rebeldía, entonces, el plazo de la medida alterna también se suspende porque esta no tiene una entidad separada de la acción penal, sino que es la acción penal la que define la identidad y la vida jurídica de los institutos procesales. Aqueja que, si la rebeldía suspende el cómputo de la prescripción, también tiene un efecto suspensivo en el plazo de la suspensión del proceso a prueba, dado que lo que se está suspendiendo es la acción penal misma, y la suspensión del proceso a prueba como instituto procesal solo tiene sentido y vida jurídica en la medida en que exista una acción penal. Acusa que lo dispuesto por el tribunal de apelación implica que la persona encausada puede disponer del proceso a través de su decisión de abandonar sus obligaciones y así provocar la extinción de la acción penal, lo cual indica resulta contradictorio con la estructura interna de las normas que regulan la suspensión del proceso a prueba en materia penal juvenil, toda vez que supone “un derecho a la impunidad, generado en la misma acción del encartado” (cfr. folio 66 vuelto), por lo que resulta un contrasentido que el ad quem haya resuelto que la rebeldía solo genera la suspensión del plazo de prescripción, pero no la suspensión del plazo de la medida alterna. Advierte que el órgano fiscal no pretende que la suspensión del plazo sea indefinida, por cuanto el mismo precepto procesal consagra que el plazo de rebeldía no puede superar un año. Estima que el tribunal de alzada debió ahondar en el análisis de las reglas procesales que regulan la rebeldía y la extinción de la acción penal por cumplimiento de la suspensión del proceso a prueba para determinar, si en efecto, correspondía el dictado del sobreseimiento definitivo por extinción de la acción penal, dado que debió considerar el efecto suspensivo de la rebeldía en el cómputo del plazo de la suspensión del proceso a prueba, de lo contrario, habría un abandono flagrante de los fines del proceso y el reconocimiento de que el justiciable puede vaciar de contenido el plan reparador con el simple hecho de ausentarse del proceso, lo cual produce impunidad y un abandono de los fines socioeducativos del proceso penal juvenil. Como agravio describe que la aplicación errada de las normas que regulan la rebeldía y la extinción de la acción penal por cumplimiento del plazo de la suspensión del proceso a prueba generó que el ad quem dictara un sobreseimiento definitivo en una causa penal en la cual la persona menor de edad se mantuvo rebelde durante más de un año, pero sin que se tomara en cuenta que el efecto suspensivo de la rebeldía también afecta el cómputo de dicha medida alterna, lo que limitó la capacidad del Ministerio Público para ejercer la acción penal y perseguir los fines del proceso, sobre todo en un asunto donde no se logró cumplir con la solución alterna al conflicto. Como pretensión solicita se declare con lugar su motivo de casación y se decrete la ineficacia del fallo recurrido para que se establezca que la causa penal aún no se encuentra extinta y se ordene continuar con los procedimientos.

Se declara sin lugar el recurso de casación: Por encontrarse íntimamente relacionados los dos motivos de casación formulados se resuelven de manera conjunta. Se argumenta por parte de la recurrente, que existen precedentes contradictorios entre la resolución 2025-00050, de las 14:50 horas del 27 de marzo de 2025 del Tribunal de Apelación de Sentencia Penal Juvenil que aquí impugna, y las sentencias: 2015-0019 de las 14:45 horas del 16 de enero de 2015 y la  2025-0029 de las 16:05 horas del 11 de febrero de 2025 ambas del Tribunal de Apelación de Sentencia Penal Juvenil, así como la 2020-000490 de las 10: 40 horas del 03 de abril del 2020, 2015-000661 de las 08:53 horas del 27 de mayo de 2015, 2015-01050 de las 10:50 del 07 de agosto de 2015, 2018-00197 de las 11:00 horas del 06 de abril de 2018 y 2021-0653 de las 10:21 horas del 25 de junio de 2021 todas de esta Sala de Casación Penal. Expone además que, existe una errónea aplicación de los numerales 32, 89, 90, 91 y 92 de la Ley de Justicia Penal Juvenil en relación con el artículo 30 de la Ley de Ejecución de las Sanciones Penales Juveniles, que regulan el instituto de la rebeldía, así como la medida alterna de suspensión del proceso a prueba. Tal y como lo apunta el Ministerio Público, esta Sala de Casación Penal, desde vieja data, se ha pronunciado reiteradamente sobre el tema en discusión, fijando como criterio preponderante que, del mismo modo que la declaratoria de rebeldía de un menor imputado dentro del proceso penal tiene un efecto suspensivo sobre el plazo de la prescripción de la acción penal, cuando dicha rebeldía se dicta habiéndose aprobado en favor de la persona menor de edad infractora una suspensión del proceso a prueba, el plazo de esta se suspende también. De manera que, en asuntos como el de marras, el plazo de la medida alterna debió suspenderse durante el tiempo que estuvo rebelde el menor, prolongándose la fecha de vencimiento y el momento en que procedía el dictado del sobreseimiento definitivo. Esto obedecía a que, en principio, admitir una interpretación contraria, permitiría que la persona menor infractora se beneficiase no solo del incumplimiento de las condiciones pactadas en la resolución que acuerda en la suspensión del proceso a prueba, sino también de la obligación de mantener un domicilio fijo y acudir al llamamiento judicial, lo que resultaría contrario al modelo de responsabilidad del proceso penal juvenil que reconoce al menor de edad como centro de imputación de obligaciones. Por eso, el hecho de que existan preceptos que dispongan sanciones procesales frente a la resistencia de la persona menor de edad de someterse al proceso, se estimaba, no implicaba un quebranto ni desmejora en sus derechos, pues sujeción al proceso forma parte de sus responsabilidades, esto sumado a que no existe ninguna razón de orden legal ni constitucional para que el juez desaplique las reglas especiales atinentes a la suspensión de la prescripción de la acción penal frente a la declaratoria de rebeldía. Siendo esta posición la que defiende el Ministerio Público y la que se aprecia en las resoluciones que cita como precedentes dentro de su recurso. Ahora bien, ante el replanteamiento del tema que ha sido de frecuente aparición y que, como se aprecia, ha generado diferentes pronunciamientos técnicos jurídicos entre el Tribunal de Apelación de Sentencia Penal Juvenil y esta Sala de Casación; se reconsidera, a partir del examen de las situaciones fácticas y jurídicas que han sido presentadas, la posición jurisprudencial que se ha sostenido, con base en las razones que a continuación se plasman. Lo primero que debe traerse a colación es que el análisis de los preceptos procesales que regulan tanto la rebeldía como la suspensión del proceso a prueba dentro del proceso penal juvenil debe partir de la premisa de que nuestro sistema procesal penal, se encuentra enmarcado por los principios que informan un Estado democrático y constitucional de Derecho, consecuentemente las disposiciones legales que restrinjan la libertad o limiten el ejercicio de un poder o derecho conferido a las partes del proceso, deben ser interpretadas de forma restrictiva. Siendo justamente ello lo que recoge el Código Procesal Penal en su segundo artículo cuando indica: “Deberán interpretarse restrictivamente las disposiciones legales que coarten la libertad personal o limiten el ejercicio de un poder o derecho conferido a los sujetos del proceso. En esta materia, se prohíben la interpretación extensiva y la analogía mientras no favorezcan la libertad del imputado ni el ejercicio de una facultad conferida a quienes intervienen en el procedimiento”. La Ley de Justicia Penal en su artículo 32 regula los supuestos en que procede decretar la rebeldía, indicando expresamente lo siguiente: "Serán declarados rebeldes los menores de edad que, sin grave y legítimo impedimento, no comparezcan a la citación judicial, se fuguen del establecimiento o lugar donde están detenidos o se ausenten del lugar asignado para su residencia…". Por su parte el artículo 30 de la Ley de Ejecución de las Sanciones Penales Juveniles, establece los efectos jurídicos que surgen a partir de la declaratoria de la rebeldía: "…En los delitos de acción pública y de acción pública a instancia privada, la declaratoria de rebeldía suspende el plazo de prescripción de la acción penal por un período que en ningún caso será superior a un año. Vencido ese período, la prescripción seguirá corriendo, aunque el estado de rebeldía se mantenga…". De lo anterior se extrae con facilidad, que la normativa penal juvenil regula en forma expresa la rebeldía y sus efectos, de manera que no se requiere de una aplicación supletoria el Código Procesal Penal. De igual forma las normas transcritas evidencian que, el legislador le otorgó a la declaratoria de rebeldía únicamente la facultad de suspender el plazo de prescripción de la acción penal, no así el plazo de la suspensión del proceso a prueba. Una interpretación distinta equivaldría a realizar una interpretación extensiva de la normativa que, claramente, resulta perjudicial a la persona menor de edad imputada, a la cual se le ampliaría el plazo de la salida alterna por un periodo superior al dispuesto por la autoridad judicial, lo cual, en un sistema de derecho democrático, es improcedente y contrario al principio de legalidad. Una interpretación restrictiva del artículo 32 de la Ley de Justicia Penal Juvenil, que es la que corresponde en este caso, implica que la declaratoria de rebeldía dentro del proceso penal juvenil no tiene ninguna incidencia en el plazo de la suspensión del proceso a prueba, el cual seguirá su curso normal hasta su fenecimiento, salvo este se agote. La posición que se venía manteniendo por esta Sala, equiparaba la rebeldía con la prescripción, las cuales, pese a que coinciden en ser ambas causales de extinción de la acción penal, tienen presupuestos normativos y fácticos diversos, y empleaba para ello argumentos propios de política criminal que, obviaban los límites del principio de legalidad, pues no existe norma que ampare tal interpretación. Así, si el legislador expresamente al momento de sancionar la normativa penal juvenil estableció que el dictado de la rebeldía solo tenía efectos sobre el plazo de la prescripción de la acción penal, no resulta legítimo sostener que la ley positiva establece algo distinto. Si dicha regulación se estima insuficiente, pues no preceptúa directamente los efectos de la rebeldía cuando se encuentra vigente una medida alterna, debe procurarse la reforma legal correspondiente, pero no realizar interpretaciones alejadas del contenido expreso de la ley. Ahora bien, no puede negarse que el dictado de una rebeldía evidencia la no sujeción al proceso por parte de la persona menor imputada, por desatender su deber de someterse a la persecución penal y acudir a los llamados judiciales cuando se requiera, así como que también, la interpretación que ahora se plantea puede implicar que, en algunos casos, la persona menor de edad se vea beneficiada de su renuencia a participar del proceso, ya que podría alejarse e incumplir las condiciones del plan reparador de la suspensión del proceso a prueba, mientras el plazo continúa corriendo hasta finalizar y que entonces deba dictarse un sobreseimiento definitivo en su favor. Sin embargo en aras de evitar escenarios como estos, se torna de vital importancia que el Ministerio Público se encuentre vigilante del cumplimiento de las condiciones a las que se comprometió la persona menor de edad y en caso de verificar faltas, solicitar la audiencia correspondiente para hacer comparecer al menor dentro del plazo de la medida alterna y, si ello no ocurre, siguiendo lo previsto en el ordinal 88 de la Ley de Justicia Penal Juvenil, cumpliéndose el plazo dispuesto para la salida alterna con independencia de si la persona menor de edad compareció o cumplió con el plan reparador correspondiente, lo que corresponde es dictar el sobreseimiento definitivo, ya que como se indicó la suspensión del cómputo de la prescripción asociada con la declaratoria de rebeldía no afecta los plazos pactados para el cumplimiento de la suspensión del proceso a prueba. En la resolución recurrida, el Tribunal de Apelación de Sentencia Penal Juvenil, determinó, de forma acertada que, para el momento en que se llevó a cabo la audiencia de verificación que concluyó con la revocatoria de la medida alterna y la imposición de medidas cautelares en contra del joven [Nombre 004], el día 07 de marzo de 2025, el plazo de la suspensión del proceso a prueba estaba sobradamente vencido (finalizó el día 14 de setiembre de 2024, como se indicó previamente en los antecedentes), de modo que, según lo establecido por el artículo 30 inciso f) del Código Procesal Penal, el cual es aplicable de manera supletoria en materia penal juvenil, la acción penal ya estaba extinta por haber vencido el plazo. Como fundamento de dicha decisión los jueces de alzada indicaron “…lo que si resulta vinculante desde todo punto de vista. en virtud del principio de legalidad es lo que dispone el texto normativo y. en nuestro caso, la Ley de Justicia Penal Juvenil, que sería el marco de decisión. El tema precisamente pasa por la controversia en cuanto a la interpretación que se hace de lo que dispone la Ley de Justicia Penal Juvenil. Esta sección, partiendo de la premisa de que el Derecho Positivo es, en primer lugar, el marco dentro del cual se debe desarrollar la decisión ha sostenido el criterio de que los efectos jurídicos de la rebeldía de acuerdo con la literalidad de las normas jurídicas de esta materia en particular no tienen como efecto jurídico, porque así no está señalado expresamente, el de tener alguna incidencia en cuanto al plazo de la suspensión del proceso a prueba cuando la propia Ley de Justicia Penal Juvenil señala que, vencido el plazo, y si aquella no ha sido revocada antes de esa fecha, la consecuencia jurídica es la de tener por extinguida la acción penal. La Sala de Casación Penal, dicho con todo el respeto que corresponde, se aparta de la literalidad de la norma y establece una interpretación jurídica que, diga lo que se diga, tiene como consecuencia jurídica extender el ejercicio del Ius Puniendi, lo que ha sido en algún momento justificado -si mi memoria no me falla- como algo favorable para la persona sometida a proceso penal. Dicha afirmación se rechaza de manera categórica por ser tanto jurídica como axiológicamente incorrecta, porque da a entender de que una persona menor de edad sometida a un proceso penal, donde sus derechos y eventualmente su libertad se van a ver restringidos, es algo que le beneficia a quien se encuentra en tal situación. Eso no es cierto y, si lo fuera, más bien, habría que entender que todas las normas limitativas del ejercicio del Estado para reprimir cierto tipo de conductas son normas que deben ser interpretadas de manera restrictiva, en la medida de lo posible, de forma que no tengan ninguna vigencia, y aquellas normas que más bien le otorgan el Estado Ia posibilidad de reprimir cualquier conducta sometida a proceso debería ser objeto de una interpretación extensiva. Esto evidentemente va en total contradicción con el artículo 9 de la Ley de Justicia Penal Juvenil y también con el propio Código Procesal Penal, que señala que todas las normas restrictivas de Derechos Fundamentales son siempre y necesariamente de interpretación restrictiva…” (cfr. f. 33vto a 34 del legajo físico creado al efecto). De lo expuesto se verifica que, la resolución emitida por el ad quem no contiene ningún defecto en la aplicación de los preceptos procesales que regulan la rebeldía y la extinción de la acción penal por incumplimiento de la suspensión del proceso a prueba, y que lo resuelto es acorde al principio de legalidad penal, pues al resolver se limitan a aplicar las normas en su literalidad sin dar un efecto extensivo a las mismas que violente los principios que informan el proceso penal juvenil. Por último, adviértase que, como bien lo plasmó en su resolución el ad quem y se ha corroborado, a partir de los autos, que el primer momento en el que se tuvo conocimiento de que el joven no estaba cumpliendo con las condiciones, fue el día 14 se setiembre del año 2022, con el segundo informe proporcionado por el Departamento de Trabajo Social y Psicología, como incluso lo menciona la fiscal en su recurso, de manera que para ese  se contaba con las herramientas y el tiempo suficiente para solicitar la correspondiente audiencia de verificación, sin embargo no es sino hasta el 07 de diciembre del año 2023 que la fiscalía acude al Juzgado Penal Juvenil de Grecia para solicitar se cite a las partes a fin de celebrar la audiencia de verificación, es decir habiendo transcurrido más de un año desde que se tuvo noticia del incumplimiento. De manera que hubo una inercia por parte del Ministerio Público que contribuyó al desenlace de esta causa, que no puede subsanarse otorgándole a las normas previstas por los artículos 32, 89 a 92 de la Ley de Justicia Penal Juvenil y el 30 de la Ley de Ejecución de las Sanciones Penales Juveniles un alcance más allá del previsto por su contenido, como lo pretende la impugnante. Por el contrario, se insta al Ministerio Público a mantenerse vigilante del cumplimiento de las medidas alternas y a hacer uso de las herramientas procesales necesarias para ello. Con base en todo lo anterior, esta Cámara estima que lo procedente en esta causa es declarar sin lugar el recurso de casación interpuesto por el Ministerio Público y confirmar la resolución recurrida. Se varía, frente a la revaloración del tema, el criterio expuesto en los precedentes citados que esta Sala ha tenido ocasión de analizar, se unifica la jurisprudencia, determinándose que el dictado de la rebeldía de la persona menor encausada mientras se encuentra vigente la medida alterna de suspensión del proceso a prueba no suspende el plazo de esta.