Resolución 01159-2014

1.

Mediante sentencia N° 2014-0078, dictada a las quince horas y quince

minutos del catorce de febrero del dos mil catorce, el Tribunal de Apelación de

Sentencia Penal Juvenil del Segundo Circuito Judicial de San José, resolvió:

“

I.

Mediante la resolución 2014-740, de las 9:45 horas, del 25 de abril de

2014, esta Sala admitió para estudio de fondo el recurso de casación interpuesto

por el licenciado José Campos Vargas, defensor de la persona menor imputada

[Nombre 001]., contra la resolución del Tribunal de Apelación de Sentencia Penal

Juvenil número 2014-78, de las 15:15 horas, del 14 de febrero de 2014, que

declaró sin

lugar el recurso de la defensa.

II.

En el primer motivo, por precedentes contradictorios reclama que

habiéndose dictado sentencia fuera del plazo legal, el Tribunal de Apelación

desestimara el reclamo de la defensa, fundamentando que si al dictar la parte

dispositiva del fallo se difiere la redacción del mismo, debe entenderse para todos

los efectos legales, que la sentencia ya se dictó, y según dicho criterio, en el

presente caso la sentencia se emitió en el segundo día hábil después de cerrada

la audiencia de debate. Como otro elemento señala que el a quo modificó la fecha

de creación de la sentencia en el sistema de gestión, sin que ello fuera valorado

negativamente por el Tribunal de Apelación de Sentencia, criterio opuesto al

sostenido en otras conformaciones del mismo Tribunal, que ante una situación

similar dispusieron la remisión a la Inspección Judicial por considerarlo un error

grave del juzgador. Cita varios votos del Tribunal de Casación Penal del Segundo

Circuito Judicial de San José (235, 463, 577, 123, 1048, ambos del 2009, 265,

968 del 2010, 216, 921 y 1192 del 2011) en los cuales se ha interpretado los

artículos 106 y 108 de la Ley de Justicia Penal Juvenil, entendiendo que el dictado

de la sentencia y su notificación, debe darse dentro del plazo perentorio de tres

días. Del Tribunal de  Apelación de la Sentencia Penal Juvenil refiere los votos

247, 306, 1243 y 1648, todos del 2012, en los que se desarrolla ampliamente el

tema del plazo para el dictado de la sentencia en materia penal juvenil de acuerdo

a la normativa especializada. También hace referencia a votos de la Sala Tercera,

en los que se ha decretado la nulidad del fallo dictado fuera del plazo de cinco

días, máximo establecido por el Código Procesal Penal, entre el dictado de la

parte dispositiva y la lectura integral de la sentencia. Por último cita un voto del

Tribunal de Apelación de Sentencia de Cartago, en el que se declara un vicio

absoluto por incumplimiento del plazo para el dictado de la sentencia. En el

segundo motivo, invoca errónea aplicación de los artículos 105 a 108 de la Ley

de Justicia Penal Juvenil, por violación a las reglas de la sana crítica,

concretamente el principio de derivación lógica, al analizar las actuaciones de la

Jueza Penal Juvenil en lo relativo al plazo en que se dictó la sentencia. Señala

que según el fallo impugnado, la sentencia de primera instancia fue dictada el 30

de marzo de 2012, segundo día hábil después de cerrada la audiencia oral del

debate, sea dentro del plazo señalado por el artículo 106 de la Ley de Justicia

Penal Juvenil.  Sin embargo, el informe del Departamento de Tecnología de la

Información, señala que la sentencia fue creada el 9 de abril del 2012, aunque en

el contenido de la resolución esté fechada 30 de marzo de 2012, pues dicha fecha

es producto de una modificación, además de que su estado es de “borrador

público”, y para que pueda ser notificada debe estar en “terminado”.  Agrega que

según el informe con el mismo número, existe otra sentencia que fue creada el 28

de marzo del 2012 a las 16:50 horas, que consta de dos páginas cuyo estado es

borrador público. Derivado de lo anterior, cuestiona el razonamiento por medio del

cual se concluye que la sentencia fue redactada, firmada, agregada a los autos y

notificada dentro de los tres días.  Protesta que el reclamo de la defensa en fase

de apelación no fue ese, sino el incumplimiento del plazo de ley al extenderse

ilegítimamente el dictado definitivo de la sentencia documento, ello ante la falta de

certeza de que fuese redactada dentro de los tres días, y que, como consecuencia

de ello se violentaron los principios de deliberación, redacción y concentración,

por el tiempo transcurrido entre el dictado de la parte dispositiva y la notificación

de la sentencia definitiva. Lo anterior considerando que, según el acta de folio

127, la audiencia del debate se cerró el 28 de marzo de 2012, y se señaló las 8:00

horas del 29 de marzo para la lectura de la parte dispositiva. Agrega el recurrente

que a folio 147 se encuentra la parte dispositiva de la sentencia, en la que se

difiere el dictado integral de la sentencia de conformidad con los artículos 106 de

la Ley de Justicia Penal Juvenil y 360 del  Código Procesal Penal.  En la

constancia de folio 148, se indica que se dio lectura a la parte dispositiva de la

sentencia en presencia del menor acusado, sin que conste firma del funcionario

que confeccionó el documento, a lo que se agrega que los archivos de audio y

video se dañaron y no existen copias, por lo que no es posible revisarlos. El plazo

de tres días para el dictado de la sentencia se cumplía el día 10 de abril de 2012,

pero el Tribunal de Apelación sostiene que la sentencia fue redactada y notificada

dentro del quinto día hábil después de cerrado el debate. De los elementos

aportados por el informe de Tecnología de la Información no es posible inferir que

la sentencia fuese creada el 9 de abril de 2012 y modificada para fecharla 30 de

marzo, sino que se hizo el 12 de abril cuando ya había vencido el plazo. Reprocha

que según los jueces de segunda instancia no se generó agravio a la defensa

pues en un tiempo razonable se tuvo acceso al contenido del fallo, dejando de

lado que el incumplimiento del plazo para el dictado de la sentencia afecta la

legalidad procesal misma y comporta violaciones a los principios de

concentración, inmediación y oralidad, que son parte del debido proceso y pueden

ser declarados de oficio.

En cuanto a los precedentes contradictorios en materia penal

juvenil. El cuestionamiento gira en torno a si el fallo de primera instancia fue

dictado en tiempo o no, de acuerdo a los criterios jurisprudenciales existentes.

Sobre la contrariedad de precedentes en la materia penal juvenil, se sostiene el

criterio ya expresado en el voto 2013-00924, de las 11:44 horas, del 12 de julio de

2013, en el que se dijo: “Es conocido que la justicia penal ordinaria y la materia

penal juvenil, comparten un extenso bagaje jurídico integrado por principios y

garantías ampliamente desarrollados a nivel legal, doctrinario y jurisprudencial. Tal

comunidad, no significa que se puede aplicar mecánicamente en la justicia de

personas menores de edad, criterios desarrollados para ser aplicados a adultos.

Las diferencias existentes entre una persona mayor de edad y una menor de

edad, originadas entre otras condiciones en el grado de desarrollo maduracional y

experiencia de vida, deben ser consideradas y respetadas en todas las etapas del

proceso penal juvenil, a los efectos de no hacer nugatorio el ejercicio de los

derechos y garantías que se reconoce desde la Constitución Política, los distintos

instrumentos internacionales de derechos humanos y la ley, a las personas

menores de edad en conflicto con la ley penal.

…contraviene los principios que

integran la materia penal juvenil, la recepción de criterios jurisprudenciales

provenientes de la justicia ordinaria. Si no se puede aplicar criterios de una

materia a la otra, tampoco podría declararse contrariedad entre precedentes, en

atención a que según se dijo, existe una diferencia sustancial en los presupuestos

de hecho, referida a la condición etárea de los sujetos activos, que obliga para el

caso de la materia penal juvenil, a considerar sus necesidades básicas, el nivel de

desarrollo maduracional del encartado, las opciones de reincorporación a nivel

familiar y social, y otros aspectos que o no se presentan o lo hacen de manera

más atenuada cuando se trata de personas mayores de edad.”  En concordancia

con lo citado, interpretando el artículo 468 inciso a) a la luz del principio de

especialidad, se determina que no procede dicha causal cuando la contradicción

alegada se presenta entre votos emitidos por un Tribunal de adultos y otro

especializado en materia penal juvenil. Los principios generales del derecho penal

y del derecho procesal penal son comunes a ambas materias, pero ello no

significa que el desarrollo jurisprudencial de una y otra transite por la misma

senda, con lo que la pretensión de unificar jurisprudencia deviene en

insubsistente, de ahí que el análisis de esta Cámara se pronunciará

exclusivamente respecto a los votos dictados en la materia penal juvenil.

IV.

Por estar estrechamente vinculados, se resuelve conjuntamente ambos

motivos. Para la solución del reclamo se hace necesario en primer lugar, definir el

plazo dentro del cual debe dictarse la sentencia penal juvenil. Conviene recordar,

que las formas legales no son requisitos vacíos creados para dificultar la labor de

los sujetos procesales, sino el medio de garantizar el respecto de principios y

garantías básicas dentro de un Estado democrático de Derecho. Es así como el

plazo legal para emitir una sentencia, resguarda los principios de inmediación,

continuidad y concentración, que sustentan el debate en nuestro sistema penal.

La regulación responde a la necesidad de que la sentencia se dicte sin demora,

cuando aún se mantiene vívido en la mente del juzgador, el recuerdo de lo

acontecido en el debate, condición que irremediablemente se afecta con el

transcurso del tiempo, y la contaminación resultante de otras fuentes de

información. Es por ello que hasta tanto no se dicte sentencia, el Juez está

impedido de abocarse al conocimiento de otros asuntos. (RAE “abocarse” octava

acepción, Bol.,

C. Rica, Guat.,

Ur. y Ven.

Entregarse de lleno a hacer algo, o

dedicarse a la consideración o estudio de un asunto. La Administración se

abocará A resolver los problemas de los niños, y

“avocar” 1. tr.

Der. Dicho de una

autoridad gubernativa o judicial: Atraer a sí la resolución de un asunto o causa

cuya decisión correspondería a un órgano inferior.) Considérese también, que la

injerencia de terceros en el resultado de la sentencia, es un riesgo de la función

jurisdiccional que se ve contrarrestado con la observancia del plazo, pues cuánto

más pronto se dicte la sentencia, menores son las posibilidades de que el

juzgador reciba presiones o amenazas para resolver en uno u otro sentido.

Propiamente en la materia que nos ocupa, el artículo 106 de la Ley de Justicia

Penal Juvenil (LJPJ), establece: “El  Juez  dictará  sentencia  inmediatamente

después  de  concluida  la  audiencia,  con base en los hechos probados, la

existencia del hecho o su atipicidad, la autoría o la participación  del  menor  de

edad,  la  existencia  o  la  inexistencia  de  causales excluyentes de

responsabilidad, las circunstancias o gravedad del hecho y el grado de

responsabilidad. El Juez podrá diferir el dictado de  la sentencia hasta  tres días

después de finalizar la audiencia.”  De acuerdo a esta norma la sentencia debe

dictarse dentro del período comprendido entre el momento inmediatamente

posterior a la conclusión de la audiencia del debate, y hasta tres días después. Así

las cosas, estará dictada en tiempo la sentencia emitida el mismo día en que

concluyó el debate, o en cualquiera de los tres días siguientes. El plazo de cinco

días que establece el artículo 364 del Código Procesal Penal, no es aplicable a la

materia penal juvenil, en primer lugar por que existe normativa especial que regula

el punto, y siendo así no cabría hacer una aplicación supletoria de normativa

propia de la jurisdicción de adultos, y en segundo lugar, porque aceptar la

aplicación de un plazo más extenso atenta contra el principio de celeridad

consagrado en los distintos instrumentos internacionales de derechos humanos

específicos en materia de menores de edad, tales como las Reglas Mínimas de

las Naciones Unidas para la Administración de Justicia de Menores, que en la

regla número 20, señalan: “Todos los casos se tramitarán desde el comienzo de

manera expedita y sin demoras innecesarias.”, y el artículo 8 de la Ley de Justicia

Penal Juvenil en cuanto obliga a interpretar la ley en armonía con los principios

rectores, principios generales del derecho penal y procesal penal, la doctrina y la

normativa internacional. La celeridad en la materia penal juvenil, se encuentra

directamente relacionada con el fin educativo y la aspiración a una formación

integral, así como la pronta y efectiva reinserción de la persona menor de edad en

el ámbito familiar y social, del que en mayor o menor medida se ve alejada a

causa del proceso penal. Definido el plazo dentro del cual se debe dictar la

sentencia, considerando que se trata de un término que admite distintas

acepciones, es necesario entonces, precisar el contenido semántico con que se

utiliza en la ley. Sentencia es tanto el acto jurídico procesal emanado del Tribunal,

mediante el cual se decide el asunto sometido a su conocimiento, como el

documento en el que se plasma dicha decisión. (Couture, Fundamentos del

Derecho Procesal Civil, 3ª edic., 1993, p. 277)  En la Ley de Justicia Penal Juvenil,

el artículo 106, hace referencia a la sentencia, en tanto el 108 diferencia “la

decisión sobre la culpabilidad y la sanción”, de la “sentencia definitiva”, lo que

podría provocar confusión dado que doctrinariamente la sentencia definitiva “es la

que el juez dicta para decidir el fondo mismo del litigio que le ha sido sometido”

(Couture, p. 302), y se origina en la parte dispositiva, en tanto la sentencia integral

es la que contiene de manera completa los razonamientos del tribunal. Teniendo

presente lo anterior, de una interpretación armónica, de los artículos 106 a 108 de

la Ley de Justicia Penal Juvenil, es posible concluir que en la nomenclatura de

dicho cuerpo legal, se denomina sentencia definitiva al documento que además de

la parte dispositiva del fallo, contiene los otros elementos que señala el artículo

107 LJPJ, a saber:  “a) El nombre y  la ubicación del  Juzgado Penal  Juvenil que

dicta  la  resolución y  la fecha en que se dicta. b) Los datos personales del menor

de edad y cualquier otro dato de  identificación relevante. c)  El  razonamiento  y

la  decisión  del  Juez  sobre  cada  una  de  las  cuestiones planteadas  durante

la  audiencia  final,  con  exposición  expresa  de  los motivos  de hecho y de

derecho en que se basa. d) La determinación precisa del hecho que el Juez tenga

por probado o no probado. e) Las medidas legales aplicables. f) La determinación

clara, precisa y fundamentada de la sanción impuesta. Deberán determinarse el

tipo de sanción, su duración y el lugar donde debe ejecutarse. g) La  firma  del

Juez  y  la  de  cualquiera  de  las  partes, si  se  requiere  su consentimiento.”

Existe una diferencia evidente entre ésta y “la decisión sobre la culpabilidad y la

sanción” o parte dispositiva, que si bien se acompaña de una somera exposición

oral de las razones que motivan la decisión, no cumple con todos los requisitos

que se exigen en el artículo 107. La sentencia que reúne tales requisitos, es la

que debe ser notificada por escrito a las partes, sea la “sentencia definitiva”

-nomenclatura que se utilizará en adelante para referirse al documento que la

doctrina denomina sentencia integral- y es ésta la que debe estar redactada

dentro de los tres días posteriores a la conclusión de la audiencia. De ahí que

cuando el artículo 106 señala que el Juez dictará la sentencia inmediatamente

después de concluir la audiencia, debe entenderse que se refiere a la sentencia

definitiva en los términos del artículo 108, sea al documento escrito que reúne

todos los requisitos del artículo 107. A dicha conclusión se arriba a partir de dos

consideraciones: a) la mayor o menor complejidad de cada caso, determinará la

posibilidad de dictar de inmediato la sentencia, o en su defecto, la necesidad de

contar con un plazo mayor a los efectos de analizar el asunto y fundamentar la

decisión, lo que explica que se autorice diferir el dictado de la misma hasta por

tres días, plazo que sería excesivo e improcedente para el dictado de la parte

dispositiva, superando incluso las previsiones que para la jurisdicción de adultos

contiene el artículo 364 al disponer “Cuando por la complejidad del asunto o lo

avanzado de la hora sea necesario diferir la redacción de la sentencia, en esa

oportunidad se leerá tan sólo su parte dispositiva y uno de los jueces relatará

sintéticamente, al público, los fundamentos que motivaron la decisión…”; b) por

oposición a “la decisión sobre la culpabilidad y la sanción”, ya que  el artículo 108

establece que ese extremo deberá notificarse personalmente en la audiencia, en

tanto que la “sentencia definitiva” se notificará por escrito en el lugar señalado. No

está demás aclarar que “inmediatamente”, significa sin demoras injustificadas,

pues una vez concluida la audiencia del debate, el Juez debe retirarse a deliberar,

etapa previa e indispensable para poder emitir una decisión razonada (arts. 107,

inciso c LJPJ, 360 en relación con 142 y 363 CPP). En la misma línea de lo

apuntado, puede afirmarse que la parte dispositiva del fallo, hace surgir la

sentencia, pero a su vez es parte de la sentencia definitiva, de ahí que en opinión

de esta Sala el criterio vertido en el fallo impugnado puede resultar confuso

cuando afirma que “la sentencia se tiene por dictada (para todos los efectos

legales) desde el momento en que se dispuso la parte dispositiva. Lo anterior

implica que, contrario a lo que se indica en el antecedente jurisprudencial que cita

la impugnante, cuando ya se ha cumplido con el ‘dictado de la sentencia’ (esto es,

al disponerse el ‘por tanto’), no tendría sentido que posterior a ello se hable del

‘dictado de la sentencia escrita y definitiva”, ello por la sencilla razón de que esa

sentencia ya se había dictado con anterioridad”.  Sin mayor aclaración, el

fragmento transcrito, podría provocar confusiones indeseadas pues podría ser

interpretado en el sentido de que dictado el “por tanto”, no es necesaria la

redacción de la sentencia escrita, porque ya esta había sido dictada.

Evidentemente tal afirmación es incorrecta, pues luego de emitir el ‘por tanto’,

subsiste la obligación a cargo del Juez de exponer fundadamente las razones que

lo llevaron a tomar determinada decisión, tarea determinante para posibilitar el

control del proceso intelectivo de los jueces y el derecho a impugnar de las partes.

En atención a ello conviene apuntar que cuando las circunstancias hacen

necesario diferir la redacción de la sentencia, el dictado de la parte dispositiva

hace surgir la sentencia, sin embargo, hasta tanto no se concluya con la redacción

del fallo, no se tiene la sentencia definitiva, empleando la terminología de la Ley

de Justicia Penal Juvenil, o integral como se denomina doctrinalmente. Conforme

a lo expuesto, se debe admitir que el empleo al final del artículo 106 de la Ley de

Justicia Penal Juvenil, de los vocablos “dictado de la sentencia”, puede resultar

contradictorio, habida cuenta que la sentencia (por tanto) ya fue dictada, no

obstante, por esa misma razón, es que lógicamente se concluye que se está

haciendo referencia a la redacción del fallo, que es para lo cual se autoriza el

plazo de tres días. Las imprecisiones del texto legal apuntadas –y que ya habían

sido advertidas por el Tribunal de Casación Penal # 2007-577-, hacen necesario,

para la resolución del tema propuesto, tener presente las diferencias entre la parte

dispositiva y la sentencia integral, así como tomar en cuenta los efectos y

trascendencia que cada una tiene, de acuerdo a la normativa. Así tenemos que si

el Juez opta por diferir el dictado de la sentencia, debe pronunciarse sobre la

culpabilidad y la sanción, lo que conforme al artículo 108 de la Ley de Justicia

Penal Juvenil deberá notificar personalmente en la audiencia. Tanto si difiere

como si no lo hace, notificará por escrito la sentencia definitiva. Sobre el plazo

para notificar la sentencia, la Ley de Justicia Penal Juvenil carece de regulación,

por lo que conviene analizar la procedencia de aplicar supletoriamente el Código

Procesal Penal.  Sobre el plazo de las notificaciones el artículo 155 establece:

“Las resoluciones deberán notificarse a quien corresponda, dentro de las

veinticuatro horas después de ser dictadas…”. Se trata de un término ordenatorio,

tanto así que si fuese practicada con posterioridad, ello no afectaría la eficacia y

validez de la resolución, pero debe señalarse que es una norma general para

cualquier tipo de resolución. El artículo 364 del mismo cuerpo legal, fija un plazo

máximo de cinco días para la notificación mediante lectura de la sentencia

integral, siendo la opinión del a quo (folio 188) que ese sería el plazo máximo para

la notificación de la sentencia escrita a las partes. Difiere esta Sala de tal posición,

y por el contrario señala que el plazo de cinco días no puede ser aplicado en

materia penal juvenil, en primer lugar porque la aplicación supletoria procede en

ausencia de norma, y en este caso la Ley de Justicia Penal Juvenil reguló la

notificación de la sentencia, separándose de lo establecido en la normativa

procesal penal de adultos, en lo relativo a la forma y lugar de la notificación,

además de que el Código Procesal Penal introdujo un plazo, no así la ley

especializada penal juvenil. Por otra parte carece de sentido exigir el cumplimiento

de dos plazos distintos, uno para la redacción de la sentencia escrita -que es el

que resguarda los principios de continuidad, inmediación y contradictorio-, y otro

para la notificación de la misma, lo que sería un formalismo carente de sentido,

que más bien podría provocar distorsiones con graves repercusiones procesales.

Piénsese por ejemplo, en el supuesto de una sentencia dictada y agregada al

expediente dentro de los tres días, que por diversas razones es notificada al lugar

señalado, pasados los cinco días desde la conclusión de la audiencia. Siguiendo

los criterios jurisprudenciales de la jurisdicción penal de adultos que el recurrente

cita en apoyo de su recurso –y que como ya se dijo no son aplicables a la materia,

pese a lo cual se retoman únicamente a los efectos de la ejemplificación- la

sentencia sería nula, pese a que fue dictada antes de los tres días, ya que no

existe vulneración a derecho alguno de las partes.  Con distinta integración a la

que suscribe la resolución impugnada, el Tribunal de Apelación de Sentencia

Penal Juvenil, en el voto 2012-1648, de las 8:15 horas, del 21 de agosto

consideró: “Resulta entonces razonable y acorde con dicho principio de celeridad,

que conforme lo autoriza el artículo 9 de la Ley de Justicia Penal Juvenil, con la

aplicación supletoria del artículo 364 párrafo quinto del Código Procesal Penal e

integrada a la legislación especializada en esta materia, se admita que el Juez

Penal Juvenil pueda, una vez concluida la audiencia de juicio, diferir el dictado de

la sentencia integral, cuya notificación no sería en el plazo de 5 días sino de 3

días, por ser un plazo expresamente previsto en la Ley de Justicia Penal Juvenil

(artículo 106) y porque ampliar ese plazo si sería contrario a la celeridad que se

busca en esta materia, además de que el plazo de tres días sí resulta razonable y

acorde a la prontitud con que deben ser resultas las causas donde un menor esté

involucrado.” Ciertamente, si la notificación se realiza dentro de los tres días

posteriores a la conclusión de la audiencia, se constituye en indicador de que la

sentencia fue dictada en tiempo, no obstante es discutible que opere para la

notificación el mismo plazo de tres días. Ya el Tribunal de Casación Penal del

Segundo Circuito Judicial de San José, en la resolución 2006-235, de las 9:45

horas, del 16 de marzo, había señalado:  “en tesis de principio, la sentencia debe

ser dictada inmediatamente. Sin embargo, como excepción se autoriza que se

dicte únicamente la parte dispositiva, debiendo dictarse la sentencia integral

dentro de los tres días siguientes. La segunda observación es en cuanto a la

redacción de la sentencia definitiva. Sobre el particular la ley de justicia penal

juvenil mezcla rasgos de dos sistemas diferentes. Si nos encontramos en un

proceso oral y privado, la lógica indica que la sentencia también debiera ser

notificada a las partes en una audiencia oral y privada. No obstante, conforme a

una característica propia de otro sistema procesal se dispone la notificación por

escrito en el lugar señalado … lo cierto y relevante es que la ley establece un

plazo dentro del cual debe necesariamente dictarse la sentencia documento y

proceder a notificar a las partes.” (el subrayado es suplido)  Se afirma que existe

un plazo legal para notificar la sentencia documento, sin exponer el razonamiento

que sustenta tal conclusión, pues como ya se ha analizado, el único plazo legal

para la notificación de la sentencia integral es aplicable exclusivamente a la

materia penal de adultos, y opera para la notificación por lectura. En los votos

2006-463, de las 9:05 horas del 19 de mayo, 2009-123, de las 15:50 horas del 6

de febrero, 2010-265, de las 9:05 horas, del 10 de marzo,  y 2006-577, de las

15:20 horas, del 9 de junio, todos del Tribunal de Casación de San José, se

mantiene una tesis similar a la que sostiene esta Sala, en cuanto a la

improcedencia de aplicar el artículo 364 del Código Procesal Penal, destacándose

en el último de los votos citados lo siguiente: “Ahora bien, en cuanto al plazo para

la lectura, como también en cuanto a la forma de notificación de la sentencia

integral, debe indicarse que la Ley de Justicia Penal Juvenil regula

específicamente esos aspectos. Deviene incorrecta, entonces, la tesis según la

cual debe acudirse a lo establecido en el artículo 364 del Código Procesal Penal

para resolver sobre esos temas, pues, ante la regulación expresa, se hace

innecesario aplicar supletoriamente esta última norma.”  Esta posición, fue

mantenida en los votos 2009-1048 y 2010-968 del Tribunal de Apelación de

Sentencia, señalándose en este último: “se observa que la sentencia integral fue

notificada por escrito, al Ministerio Público, más de cinco días hábiles después de

que se cerró el debate. Pese a ello, no se constata que ello haya producido, en

este caso particular, afectación alguna a los derechos de las partes, quienes

tuvieron oportunidad de conocer, cuando la jueza dictó la parte dispositiva, la

decisión adoptada por dicha funcionaria y sus fundamentos. Adicionalmente y más

importante aún: no hay ningún elemento que permita inferir que la sentencia no

estuviera lista oportunamente, pues la fecha del documento integral es similar a

la fecha de la emisión de la parte dispositiva”. Para esta Sala, es la posición

correcta no solo porque ninguna norma establece que deba notificarse en el plazo

de cinco días, sino además porque en tal supuesto, sancionar con nulidad el fallo

por notificación posterior a los tres días, atenta contra los principios de legalidad

procesal, máxima prioridad y celeridad, en el tanto se estaría exigiendo

condiciones extra legales cuya consecuencia sería la anulación de fallos dictados

en respeto de los principios y garantías de las personas menores de edad

acusadas.  Lo relevante es el plazo dentro del cual se dicta la sentencia, pues de

ello depende la vigencia de los principios de inmediación, continuidad y

concentración que sustentan la fase del contradictorio en nuestro sistema penal,

no así la fecha de la notificación por escrito que señala el artículo 108 de la Ley de

Justicia Penal Juvenil.   Conforme a lo expuesto, procede unificar la jurisprudencia

estableciendo que el plazo de tres días que establece el artículo 106 de la Ley de

Justicia Penal Juvenil es para la redacción del fallo, pues conforme al 108 del

mismo cuerpo legal no existe plazo para la notificación escrita a las partes,

debiendo entenderse que su comunicación habrá de ser practicada

inmediatamente después de redactado el fallo. Es pertinente traer a colación las

“Reglas para el dictado de sentencias orales en la jurisdicción penal de adultos y

penal juvenil”, plasmadas en la Circular número 164-2014 del Consejo Superior,

en la que se recomienda el formato escrito, entre otros casos, en las sentencias

condenatorias sean en juicio ordinario y abreviado, independientemente de la

complejidad.  Lo anterior en razón de que si bien

“la resolución oral agiliza el

asunto en cuestión, podemos afirmar que dicho medio hace inaccesible imponerse

del contenido para personas con limitaciones en el acceso de la tecnología, y en

los casos que cuenten con este recurso, no todas las personas comprenden la

dinámica de lo resuelto en ese formato, ni tienen las habilidades cognitivas para

utilizar este tipo de recursos.”  Queda claro que no existe un mecanismo

legalmente establecido para garantizar el cumplimiento del plazo en el que fue

redactada la sentencia definitiva. Por tal razón, en ocasiones, habiéndose

practicado la notificación fuera de los tres días desde la conclusión de la

audiencia, se ha recurrido al informe rendido por el Departamento de Tecnología

de la Información, a través del cual es posible determinar la hora y fecha en que la

sentencia fue incorporada al sistema (ver entre otras TCP San José, 2010-0968

de las 10:50 horas del 26 de agosto de 2010). No obstante, resulta pertinente

acotar que de acuerdo a la experiencia, la creación del documento en el sistema

de gestión, no necesariamente coincide con el momento en que se redacta la

sentencia, pues es posible crear un documento en el sistema aunque carezca de

contenido, o bien puede redactarse la sentencia dentro del plazo de tres días pero

incorporarla al sistema uno o varios días después. Estas variables advierten sobre

la inconveniencia de decidir la validez de una sentencia, a partir del reporte

obtenido de un sistema de control estadístico que en ningún momento fue

pensado como instrumento de utilidad procesal. En el presente caso, el Tribunal

de Apelación de Sentencia, contó con este informe y al analizarlo conjuntamente

con los otros elementos que constan en el expediente llegó a determinar que la

sentencia fue dictada en tiempo. Sin embargo, de un análisis detallado del informe

se advierte una inconsistencia que conviene apuntar.  El documento creado el 9

de abril de 2012 -que según el Tribunal de Apelación es la sentencia de primera

instancia- se encuentra, o se encontraba en aquel momento, con un estado de

“borrador público”, y según se afirma en el informe, para poder notificar debía

estar en estado “terminado”. Lo anterior llevaría a concluir que la sentencia no ha

sido notificada, contraviniendo así la realidad del expediente, concretamente de

las constancias de notificaciones que corren a folios 149 y 150, según las cuales

la resolución fue notificada a las partes el día 12 de abril de 2012, mediante el

sistema de notificación electrónica propio del sistema de gestión. Lo que se

expuso supra, en cuanto a inconveniencia de utilizar el informe del Departamento

de Tecnología de la Información para establecer la fecha de redacción del fallo,

queda demostrado con el mismo expediente, en el que se constata que existe una

sentencia debidamente firmada y notificada, en tanto que si nos atenemos

exclusivamente al reporte, se llegaría a la errónea conclusión de que aún no se ha

notificado.  Es por ello que difiere esta Cámara de la valoración que hace el

Tribunal de Apelación del mencionado informe, en tanto deriva de él que la

sentencia estuvo redacta el segundo día posterior a la conclusión de la audiencia,

sea el día 30 de marzo, lo que resulta confuso, según se dirá.  Lo que se puede

extraer del informe es que el 12 de abril de 2012 se creó un documento, cuya

fecha modificada en el contenido, consignando como tal el 30 de marzo de 2012,

lo que coincide con la fecha que tiene la sentencia de folio 128, por lo que es

posible asociar dicho archivo con la redacción del fallo, sin que ello baste para

acreditar que fue redactada en ese momento, de ahí que debe concluirse que el

informe de folio 179, es inidóneo a los efectos de establecer la fecha en que se

emitió la sentencia. Del estudio de los autos se tiene que la audiencia concluyó el

28 de marzo de 2012, pese a que en el acta de debate de folio 127, se consignara

que se suspendía la audiencia y se señalara las 8:00 horas del día siguiente para

la lectura de la parte dispositiva. Nótese que para ese momento las partes habían

emitido sus conclusiones por lo que, independientemente de lo que se hiciera

constar en el acta, lo cierto es que en ese momento concluyó la audiencia, tanto

así que se realizó el señalamiento para el dictado de la parte dispositiva de la

sentencia. Lo anterior es relevante por cuanto es a partir de ese momento que

inicia el cómputo de los tres días para la redacción de la sentencia definitiva. A

folio 147, en la parte dispositiva, se anuncia que se va a diferir el “dictado integral

de la sentencia”, la que será notificada en el lugar señalado.  A folio 148 se

observa una constancia sin firmar, presuntamente confeccionada por la técnica

judicial, en la que se afirma que a la fecha y hora señalada en presencia del

acusado se procedió a la lectura de la parte dispositiva. Dado que la audiencia

concluyó el 28 de marzo, que correspondía a un día miércoles, el plazo para el

dictado de la sentencia inició el jueves 29 y venció el lunes 9 de abril,

considerando que ese año la Semana Santa corrió del 1 al 8 de ese mes.  Para lo

que aquí interesa, independientemente de lo consignado en el informe referido, la

sentencia fue notificada el 12 de abril de 2012, sin que sea posible determinar con

exactitud la fecha de su redacción completa, contándose únicamente con el

indicio de que ello pudo ocurrir el 9 de abril de 2012, último día del plazo.  Ahora

bien, el recurrente tiene por cierto que “el fallo fue creado en el sistema de gestión

el 9 de abril del 2012”, considerando esa como la fecha en que quedó redactada

la sentencia definitiva, pese a lo cual confusamente reclama el incumplimiento del

plazo para la redacción de la sentencia, sin aclarar por qué considera que para

entonces ya había vencido el plazo legal. Al mismo tiempo alega que en el

contenido del documento creado en el sistema se modificó la fecha para que

apareciera datada el 30 de marzo de 2012, lo que considera un hecho muy grave,

como si tal modificación fuese relevante para ocultar la nulidad del fallo que

reclama. Para el caso concreto, no encuentra esta Sala falta que señalar, pues

aunque se concuerda en la inconveniencia de modificar los datos que el sistema

registra automáticamente, en el asunto bajo examen, sería igualmente válida la

sentencia redactada el 30 de marzo o el 9 de abril. El supuesto que origina la

resolución 2012-1648 citada por el recurrente, es diferente. En ese caso, la

sentencia se incorporó al sistema dos días después de vencido el plazo, y se

cambió la fecha en el sistema para aparentar que la incorporación se había hecho

al día siguiente de la conclusión de la audiencia. Ese movimiento evidenciaba una

clara intención de confundir, pretendiendo hacer creer que la sentencia había

estado redactada en tiempo, cuando en realidad había sido incorporada al

sistema fuera del plazo legal, de ahí que acertadamente el Tribunal dispuso poner

en conocimiento de la Inspección Judicial tan irregular situación. La situación que

se presenta en el presente caso es distinta, pues el plazo vencía justamente el 9

de abril.  Si a ello agregamos que no existen elementos objetivos a partir de los

cuales derivar que fue dictada fuera de plazo, cualquier formulación que afirme el

incumplimiento del plazo resulta especulativa y totalmente ayuna de fundamento,

circunstancias bajo las cuales procede declarar sin lugar el recurso de la

defensa. No obstante, advierte esta Sala un yerro en la resolución recurrida en

tanto tiene por cierto que la sentencia estuvo redactada íntegramente el 30 de

marzo de 2012 (folio 188), lo que deriva de la sentencia documento de folio 128,

obviando que de acuerdo a la información aportada por el Departamento de

Tecnología de la Información, esa fecha había sido modificada, y contrariando su

propia valoración en cuanto determinó que el documento fue creado el 9 de abril.

Ciertamente, siguiendo el criterio que se ha expuesto, podría ser que la sentencia

se redactara el 30 de marzo y se incorporara hasta el 9 de abril, sin embargo no

se cuenta con elementos a partir de los cuales establecer el 30 de marzo como

fecha de redacción de la sentencia definitiva, lo que parece poco probable, dado

que fue notificada hasta el 12 del siguiente mes. Como ya se indicó el

cumplimiento de las formas procesales reviste gran importancia por los principios

y garantías que resguardan, de ahí que es labor de todos los sujetos procesales

velar y controlar su efectivo cumplimiento. En tal sentido, las partes tienen a su

disposición mecanismos directos para verificar el cumplimiento del plazo en que

se redactó la sentencia, por ejemplo la revisión del expediente el último día del

plazo, e incluso a primera hora del día siguiente al vencimiento, lo que constituiría

una forma más segura y confiable de verificar el cumplimiento del plazo y la

observancia y respeto a los principios de inmediación, concentración y

continuidad. El recurrente argumenta que ante Apelación alegó la violación al

debido proceso, por prologarse indebidamente el plazo con que contaba el Juez

para redactar, imprimir, agregar y notificar el fallo, pero el Tribunal se limitó a

señalar que la resolución fue dictada dentro del plazo, aplicando para ello un

criterio opuesto al de los precedentes que señala. De la lectura del recurso de

apelación se constata que el reclamo se orientó al incumplimiento del plazo para

el dictado de la sentencia, con la consecuente vulneración de los principios

apuntados. En todo caso, considera esta Sala, que al resolverse en apelación que

la sentencia fue redactada en tiempo, era innecesario pronunciarse en torno a la

alegada violación al debido proceso, pues el presupuesto de ella era haber

sobrepasado el plazo de tres días, hipótesis que había sido descartada. Conforme

a lo expuesto, no existiendo elementos para determinar que la sentencia fue

dictada fuera del plazo, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto

por la defensa.

Por  Tanto:

Se declara sin lugar el recurso de casación interpuesto por el licenciado

José Campos Vargas, defensor de [Nombre 001]. Notifíquese.

Carlos Chinchilla S.

Jesús Alberto Ramírez Q.

José Manuel Arroyo G.

Magda Pereira

V.

Doris Arias M.

RVILLEGASH

348-3/3-3-14

*100139080042PJ*