Resolución 01296-2022

Mediante sentencia N° 2022-0715 de las nueve horas veinticinco minutos del

veintitrés de mayo del dos mil veintidós, el Tribunal de Apelación de Sentencia Penal

del Segundo Circuito Judicial de San José, resolvió: “

Mediante resolución número 0972-2022, de las nueve horas cuarenta y tres minutos

del dieciséis de setiembre del dos mil veintidós, la Sala de Casación Penal admitió

para estudio de fondo, los dos motivos del recurso de casación incoados por

licenciada Ana Carolina Campos Camacho, fiscala de la Fiscalía Adjunta de

Impugnaciones del Ministerio Público, contra el fallo del Tribunal de Apelación de la

Sentencia Penal del Segundo Circuito Judicial de San José, N° 715-2022, de las

nueve horas veinticinco minutos del veintitrés de mayo de dos mil veintidós, en la cual,

se declaró parcialmente con lugar el recurso de apelación interpuesto por la licenciada

María Fernanda López Padilla, en su condición de defensora pública del endilgado

Jason José Jiménez Fallas, anulando la sentencia recurrida, salvo en lo dispuesto a la

prisión preventiva y ordenando el juicio de reenvío para nueva sustanciación.

Respecto al primer motivo formulado por la casacionista, esta Sala estima que

resulta subsumible dentro de la doctrina de la situación jurídica consolidada, por cuanto

se trata de una excepción a la fórmula general de admisibilidad del recurso de

casación estatuida en el artículo 467 del Código Procesal Penal, de modo que, en

casos excepcionales, será posible cuestionar en sede de casación, aquellas

resoluciones dictadas por los Tribunales de Apelación de Sentencia que, resolviendo

algunos extremos sometidos a su conocimiento, prejuzguen sobre algún punto en

específico, consolidando una situación jurídica, la cual, de no ser susceptible de ser

examinada en casación, quedaría desprovista de cualquier tipo de control por la vía

recursiva. De esta manera, siendo la Sala de Casación Penal el superior jerárquico de

los Tribunales de Apelación de la Sentencia Penal, el recurso de casación aparece

como el único mecanismo disponible para controlar la legitimidad de la decisión

adoptada en segunda instancia. En el sub examine, la discusión propuesta por la

representante del Ministerio Público apunta a que, el Tribunal de alzada incurrió en un

yerro al declarar al imputado, en sede de apelación, como primario, pese a que

cuando cometió el hecho contaba con antecedentes penales, partiendo de la tesis de

que, para la fecha de la celebración del juicio en el presente asunto, el encartado no

tenía condenas vigentes (las existentes debían reputarse como canceladas). Arguye la

representante fiscal, que lo resuelto por el ad quem, de no impugnarse, crearía una

situación jurídica consolidada, puesto que deberá tomarse al encartado como primario

en el juicio de reenvío ordenado, lo que permitiría al Tribunal Penal sustituir la pena de

prisión por la prestación de servicios de utilidad pública, conforme al artículo 56 bis

inciso d) o bien el arresto domiciliario con monitoreo electrónico, de acuerdo con lo

dispuesto por el numeral 57 bis inciso 3), ambos del Código Penal; lo cual

consolidaría, de forma definitiva, la condición de primario cuando en realidad no reunía

esa condición al momento en que cometió los hechos, objeto de este proceso. Con

base en lo anterior, alega la errónea aplicación del artículo 11 incisos a), b) y c) de la

Ley del Registro y Archivos Judiciales, N° 6723, reformada mediante la Ley N° 9361,

del 16 de junio de 2016. El reproche se declara con lugar. Luego de un estudio

pormenorizado de la sentencia recurrida y del expediente virtual, da cuenta esta

Cámara de Casación que lleva razón en su alegato la fiscala Campos Camacho, por

las razones que se exponen a continuación.

Sobre lo resuelto por el Tribunal de

Apelación de la Sentencia Penal del Segundo Circuito Judicial de San José, sede

Goicoechea, en resolución número 715-2022, de las nueve horas veinticinco

minutos del veintitrés de mayo de dos mil veintidós (visible de folios 8 a 14 vuelto

del legajo de impugnación). El Tribunal de alzada consideró, que con base en lo

establecido en el artículo 11 de la Ley de Registro y Archivos Judiciales, se debe

entender que: “A partir de la cancelación del asiento este debe tenerse

por eliminado

para todos los efectos, lo que incluye la posibilidad de que el órgano de mérito lo

tome en cuenta, incluso para decir que no lo estaba en un determinado momento

histórico. Dicho en otras palabras, aunque el antecedente penal haya existido, si

para el momento en que es de interés ponderarlo ya fue eliminado, no podría

considerarse en perjuicio del imputado, dándole validez donde no la tiene. Situación

distinta se da con el asiento que está vigente

al momento del debate, pues ahí sí

corresponde examinar si, por él, el endilgado perdió la condición de primario, o bien

si pese a él, ostenta tal categoría, lo que puede ser de interés para otorgar un

beneficio o una pena alternativa (…) En suma, si se había superado el plazo que

establece la ley para la eliminación del asiento y este, en consecuencia, debe

tenerse por eliminado, no se puede argumentar lo contrario (entiéndase, que existe)

para denegar un beneficio o una pena sustitutiva. Dicho esto, en el caso concreto se

tiene la siguiente situación: en la certificación de Jiménez Fallas figuran dos

antecedentes penales: 1) tres años de prisión por el delito de robo simple, en daño

de [Nombre 003]. Esta pena fue impuesta el 19 de mayo de 2016, por hechos

ocurridos el 10 de diciembre de 2014, y se cumplió el 27 de septiembre de 2020; 2)

cuatro años de prisión, por el delito de robo agravado, en perjuicio de [Nombre 002]

.

La sanción fue fijada el 30 de julio de 2015, por hechos cometidos el 21 de octubre

del2014 y registra, como fecha de cumplimiento, el 27 de

septiembre de 2020. Ahora, de conformidad con lo que indican los incisos a) y b) del

artículo 11 citado, el primer antecedente se debe tener por cancelado el propio 27 de

septiembre de 2020, en tanto que el segundo a partir del 27 de septiembre de

2021. Los hechos aquí investigados (que son del

12 de marzo de 2021) fueron

juzgados en marzo de 2022, fecha para la cual no había ningún asiento vigente y en

ese tanto, no podría negarse al imputado su condición de primario. Nuevamente, si

bien al 12 de marzo de 2021 había un asiento vigente, luego del 27 de septiembre de

2021 este dejó de existir y no podría el a quo (al menos no sin desconocer el artículo

11 tantas veces mencionado) considerar su existencia para concluir que Jiménez

Fallas tenía juzgamientos, dando efectos jurídicos a una anotación que, para

entonces, debía tenerse como suprimida. Esto no cambia porque el Juzgado de

Ejecución de la Pena de Alajuela, el 30 de agosto de 2016, unificase ambas

sanciones al tanto de siete años de prisión ya que, si bien el artículo 11, en su inciso

c), sostiene que tratándose de penas entre cinco y 10 años la cancelación se debe

dar tres años después de cumplida la condena impuesta (lo que haría pensar que no

será sino hasta el 27 de septiembre de 2023 que se pueden [sic]

tener por suprimido

el asiento) como bien explica el tribunal de mérito, tratándose de unificaciones, que

no son sino la aplicación retrospectiva de las reglas del concurso material, debe

tornarse en cuenta la pena de cada delito por separado a efectos de establecer el

momento de su cancelación, lo anterior en apego a lo que plantea el artículo 76 del

Código Penal (…)” (cfr. folio 13 frente y vuelto del legajo de impugnación).

Sobre el

caso concreto. Para tener una mejor comprensión de los argumentos objeto del

cuestionamiento formulado por el Ministerio Público, es oportuno hacer un recuento de

los juzgamientos que constan en la certificación de antecedentes penales, que rola a

folios 45 y 46 del legajo impugnación y que están a nombre del endilgado Jason José

Jiménez Fallas, portador de la cédula de identidad número 1-1448-0070. Ahora bien,

los datos de mayor importancia para el análisis correspondiente, se detallarán en el

cuadro que se elabora para esos efectos y que se observa a continuación:

penales

Causa

penal

Fecha del

hecho

Fecha de

sentencia

Sanción

penal

Fecha de

cumplimiento

1° antecedente

14-021716-0042-PE

21 de

octubre de

2014

30 de julio

de 2015

4 años

prisión sin

beneficio

ejecución

27 de

setiembre de

2020

2° antecedente

14-025348-0042-PE

10 de

diciembre

de 2014

19 de mayo

de 2016

3 años de

prisión

27 de

setiembre de

2020.

Unificación de

sentencias

Juzgado

Ejecución de la

Pena

1° y 2°

30 de

agosto de

2016

7 años de

prisión

(pena

unificada)

27 de

setiembre de

2020

3° juzgamiento

(actual)

21-000251-1283-PE

12 de

marzo de

2021

25 de

marzo de

2022

3 años y 4

meses de

prisión; y

20 días de

prestación

de trabajo

de utilidad

pública.

Como puede observarse del recuadro anterior, las primeras dos sentencias fueron

unificadas por el Juzgado de Ejecución de la Pena de Alajuela, mediante sentencia del

treinta de agosto de dos mil dieciséis, en la cual se fijó una pena unificada de siete

años de prisión, a la cual le corresponde como fecha de cumplimiento el veintisiete de

setiembre de dos mil veinte. Ahora bien, para continuar con el sub examine, es preciso

traer a colación lo dispuesto por esta Cámara de Casación Penal sobre el término

“delincuente primario”, por cuanto, es a partir de éste, que se lleva a cabo el análisis

requerido; sobre el cual, ha determinado que: “… es necesario tener claridad sobre el

término “primario”, establecido en el párrafo primero del  numeral 60 del Código

Penal, debiendo recurrirse a votos de vieja data como la sentencia 2005-00733, de

las diez horas del primero de julio de dos mil cinco, de esta Sala, que de

manera puntual, indicó: “… la condición de delincuente primario debe establecerse

no al momento del juzgamiento, sino al momento de perpetración del

hecho”, criterio también asumido en la resolución, 763-2009, de las nueve horas

diecinueve minutos, del cinco de junio de dos mil nueve, que reitera la posición

esgrimida por esta Cámara, en la sentencia 2009-00155, de las once horas veintidós

minutos, del veinte de febrero de dos mil nueve, que refiere: “… Lo anterior significa

que, a fin de determinar si el justiciable es o no un “delincuente primario”, deben

valorarse las condenas que estuviesen vigentes en el momento en que el delito fue

cometido, con prescindencia de que en la actualidad (a la hora de enjuiciar al

imputado) se encuentren caducas. Esto, como se adelantó, tiene una explicación

obvia y consiste en que el beneficio de ejecución condicional supone el juicio de que

el acusado podrá adecuar su comportamiento futuro a las normas, sin necesidad de

cumplir una pena privativa de libertad…” (El resaltado pertenece al original). A partir

de los parámetros que anteceden debe ser considerada como delincuente primario,

aquella persona que no presenta registro delincuencial vigente al momento de

perpetración del hecho que se le juzga, siendo que en dicha definición, se deben

valorar dos momentos esenciales: la fecha de comisión de los hechos delictivos así

como la firmeza del juzgamiento.” (el subrayado se suple; Sentencia número

2021-0446, de las doce horas diecinueve minutos del treinta de abril del dos mil

veintiuno, Sala de Casación Penal integrada por Solano Castro, Ramírez Quirós,

Burgos Mata, Alfaro Vargas y Zúñiga Morales). Como puede observarse, de manera

reiterada la jurisprudencia de esta Cámara ha sostenido un mismo criterio desde vieja

data y que corresponde aplicar en el asunto de marras. Volviendo al recuadro de cita,

en la presente causa, al imputado Jason José Jiménez Fallas se le juzgó por los

hechos cometidos el doce de marzo de dos mil veintiuno, los cuales, fueron tipificados

por el Tribunal Penal de Flagrancia del Primer Circuito Judicial de San José, en la

sentencia número 200-2022, de las trece horas tres minutos del veinticinco de marzo

de dos mil veintidós, como un delito de tentativa de robo agravado y un delito de

portación ilícita de arma permitida, ambos en concurso material, cometidos en

perjuicio de [Nombre 001] y la Seguridad Común respectivamente y, en dicho carácter,

le impuso la pena de tres años y cuatro meses de prisión, por el

delito de tentativa de robo agravado y, una pena de prestación de trabajo de utilidad

pública de veinte días, por el delito de portación ilícita de arma permitida (ver acta de

folios 2 y 3 del legajo de impugnación). De lo anterior se extrae, que para la fecha en

que se cometieron estos últimos hechos del doce de marzo de dos mil veintiuno, ya el

Juzgado de Ejecución de la Pena había dispuesto la unificación de sentencias,

mediante resolución del treinta de agosto de dos mil dieciséis, misma que se

encontraba aún pendiente de cumplimiento, cuya fecha se fijó para el veintisiete de

setiembre del dos mil veinte. De conformidad con lo preceptuado en la Ley de Registro

y Archivos Judiciales vigente, el ordinal 11, exclusiva en lo que aquí interesa resolver,

consagra:   “Artículo

11.-

El Registro Judicial cancelará los asientos de las personas

sentenciadas luego del cumplimiento de la pena, atendiendo los siguientes

parámetros: a) Inmediatamente después de cumplida la condena impuesta, cuando

la pena sea inferior a tres años o por delitos culposos. b) Un año después de

cumplida la condena impuesta, cuando la pena sea entre tres y cinco años. c) Tres

años después de cumplida la condena impuesta, cuando la pena sea entre cinco y

diez años. (…)”. En este orden de ideas, se tiene entonces que:

No hay ninguna

sanción penal predecesora (antecedentes 1° y 2° del recuadro) inferior

a tres años de

prisión.

Las fechas de cumplimiento de la pena para ambos casos es la misma –

de tomarse en cuenta por separado, por resultar más beneficiosa para el acusado,

según el artículo 76 del Código Penal-, e incluso, esta fecha se mantiene con el fallo del

Juzgado de Ejecución de la Pena que unificó las dos primeras sentencias; es decir,

veintisiete de setiembre de dos mil veinte.

En aplicación del inciso b) del

numeral 11 de cita, la cancelación del asiento procede hasta un año después de

cumplida la condena impuesta, razón por la cual, la fecha correspondiente para cada

condena por separado, sería el veintisiete de setiembre de dos mil veintiuno

.

4.-

Con relación a la pena unificada de siete años de prisión, según sentencia del Juzgado

de Ejecución de la Pena, se tendría que aplicar el inciso c) Ibidem, caso en el cual, la

cancelación sería hasta tres años después de la fecha de cumplimiento de la condena,

en este caso el veintisiete de setiembre de dos mil veintitrés. Para este último

supuesto, ya esta Sala de Casación ha unificado la jurisprudencia, estableciendo que:

“(…) No obstante, esa posición jurisprudencial en una nueva valoración del extremo

sometido a conocimiento de esta Cámara, fue variada mediante la sentencia N°

67-2018, de las 11:32 horas, del 31 de enero de 2018, integrada por los Magistrados

y Magistradas Arias, Zúñiga, Ramírez, Cortés y Segura, (criterio reiterado en las

sentencias 00044-2019, de las 11:48 horas, del 18 de enero de 2019, integrada por

los Magistrados y Magistradas Ramírez, Solano, Robleto, Segura y Desanti, y

00947-2020, de las 10:06 horas, del 31 de julio de 2020, integrada por los

Magistrados y Magistradas Ramírez, Burgos, Zúñiga, Cortés y Segura), y se cambió

de criterio, unificando la jurisprudencia en torno a la interpretación que se debe

realizar del concurso material retrospectivo, así como la forma en que se debe

aplicar dicha figura de conformidad con lo dispuesto por el artículo 76 del Código

Penal, mediante la cual se determinó que: “…cuando se deba aplicarse esta figura

procesal, para valorar sí corresponde o no otorgarle al encartado el beneficio de

ejecución condicional de la pena, se debe analizar que la pena a imponer no

sobrepase los tres años de prisión, para lo cual se aplicaran las penas

correspondientes para todos los delitos (sin que pueda exceder del triple de la mayor

y en ningún caso de cincuenta años de prisión), salvo que sea más favorable al

endilgado que se le aplique únicamente la pena que corresponde al hecho en

específico, en cuyo caso no sería plausible sumar las condenas que tuviera el

mismo a su haber (como se sostuvo en fallos anteriores), interpretación última que

resulta más acorde con lo estipulado en el párrafo segundo del artículo 76 del

Código Penal, el cual reza: <<Para el concurso material se aplicarán las penas

correspondientes a todos los delitos cometidos, no pudiendo exceder del triple de la

mayor y en ningún caso de cincuenta años de prisión. El Juez podrá aplicar la pena

que corresponda a cada hecho punible, siempre que esto fuere más favorable al

reo>> (lo resaltado es propio) …” (Resolución número 2021-0420, de las doce horas

tres minutos del veintitrés de abril del dos mil veintiuno, conformada por Solano Castro,

Ramírez Quirós, Burgos Mata, Alfaro Vargas y Zúñiga Morales). En razón de lo anterior,

esta última fecha para la cancelación del asiento respectivo es improcedente.

5.-

Con

base en la referencia jurisprudencial anterior, se entiende que, delincuente primario es

aquel cuyas condenas no estuviesen vigentes en el momento en que el nuevo

delito fue cometido, lo cual, no aplica para el sub judice,  porque para el momento en

que acaecieron los últimos hechos delictivos -doce de marzo de dos mil veintiuno

-

aún se encontraban vigentes los antecedentes penales del encartado, los cuales tenían

como fecha de cancelación en el Registro Judicial hasta el veintisiete de setiembre

de dos mil veintiuno. En consecuencia, se declara con lugar el primer motivo de

casación incoado por la fiscala de impugnaciones Ana Carolina Campos Camacho, en

virtud de lo cual, se anula parcialmente la resolución venida en alzada, en el tanto

prejuzga como delincuente primario al sindicado Jason José Jiménez Fallas, cuando

no se cumple tal condición para efectos  del juicio de reenvío que ha sido ordenado y

que se mantiene incólume respecto a las otras consideraciones dispuestas en el fallo

de alzada.

En el segundo motivo de casación, la representante fiscal invoca la existencia de

precedentes judiciales en conflicto, sobre los cuales, esta Sala de Casación Penal

determinó existe similitud fáctica y jurídica en relación al tema central de discusión, a

saber, si para establecer la condición de “delincuente primario”, dispuesta en el artículo

60 del Código Penal, deben valorarse las condenas que la persona imputada tuviese

vigentes al momento en que cometió el delito o, por el contrario, la fecha en que se

juzgan los hechos delictivos. En ese sentido, se verifica que en la resolución que se

impugna, el Tribunal de Apelación de Sentencia Penal del Segundo Circuito Judicial de

San José, asumió el criterio de que deben valorarse los juzgamientos que estuviesen

vigentes al momento del enjuiciamiento, indicándose sobre el particular “…aunque el

antecedente penal haya existido, si para el momento en que es de interés ponderarlo

ya fue eliminado, no podría considerarse en perjuicio del imputado, dándole validez

donde no la tiene. Situación distinta se da con el asiento que

está vigente al

momento del debate, pues ahí sí corresponde examinar si, por él, el endilgado

perdió la condición de primario, o bien si pese a él, ostenta tal categoría…” (folio 13

frente del legajo tramitado ante esta Sala, la negrita corresponde con el original). Por

su parte, la Sala de Casación Penal, en los votos citados por la casacionista, ha

adoptado la tesis de que para determinar si la persona encartada es primaria, deben

tomarse en cuenta las condenas que estuviesen vigentes en el momento en que el

delito fue cometido en el caso concreto que se juzga. El segundo reparo se declara

con lugar. En el Considerando I, acápite

1.-

Sobre lo resuelto por el Tribunal de

Apelación de la Sentencia Penal del Segundo Circuito Judicial de San José, sede

Goicoechea, en resolución número 715-2022, de las nueve horas veinticinco minutos

del veintitrés de mayo de dos mil veintidós (visible de folios 8 a 14 vuelto del legajo de

impugnación) de esta sentencia, se expone literalmente el razonamiento del ad quem

,

respecto a que los antecedentes penales del encartado no pueden valorarse si cuando

se emite la sentencia, estos ya fueron cancelados  en el Registro Judicial,

independientemente de si se encontraban vigentes para el momento de ocurrencia del

delito. Ahora bien, en los precedentes dictados por esta Cámara de Casación, que

fueron expuestos por la casacionista en su reclamo, se ha establecido que: “…a fin de

determinar si el justiciable es o no un “delincuente primario”, deben valorarse las

condenas que estuviesen vigentes en el momento en que el delito fue cometido, con

prescindencia de que en la actualidad (a la hora de enjuiciar al imputado) se

encuentren caducas…” (Sala Tercera, Voto N°763-09, de las 9:19 horas, del 5 de

junio de 2009)…” (sentencia número 2018-0067, de las once horas treinta y dos

minutos, del treinta y uno de enero de dos mil dieciocho, con integración de Ramírez

Quirós, Cortés Coto, Segura Bonilla, Arias Madrigal y Zúñiga Morales). Como puede

apreciarse, esta Sala de Casación ha señalado de manera diáfana, que para

establecer si una persona ostenta la condición de “delincuente primario”, se debe

evaluar si tenía condenas vigentes para la fecha en que se comete el hecho delictivo,

con prescindencia de si estas últimas sí aparecen registradas con posterioridad. De

esta forma, la resolución aquí impugnada riñe con lo resuelto por este colegio de

Magistrados y Magistradas, en el tanto, al apreciarse el caso concreto, se denota la

existencia de juzgamientos anteriores vigentes para la fecha en que se cometieron los

hechos ilícitos aquí endilgados al justiciable Jason José Jiménez Fallas. Por otra parte,

el precedente número 2021-0446, de las doce horas diecinueve minutos del treinta de

abril de dos mil veintiuno, en el cual, la Sala Tercera estuvo conformada por los

Magistrados Ramírez Quirós, Burgos Mata y Alfaro Vargas, y las Magistradas Solano

Castro y Zúñiga Morales, señala: “…es necesario tener claridad sobre el término

“primario”, establecido en el párrafo primero del  numeral 60 del Código Penal,

debiendo recurrirse a votos de vieja data como la sentencia 2005-00733, de las diez

horas del primero de julio de dos mil cinco, de esta Sala, que de manera puntual,

indicó: “…la condición de delincuente primario debe establecerse no al momento del

juzgamiento, sino al momento de perpetración del hecho”, criterio también asumido

en la resolución, 763-2009, de las nueve horas diecinueve minutos, del cinco de

junio de dos mil nueve, que reitera la posición esgrimida por esta Cámara, en la

sentencia 2009-00155, de las once horas veintidós minutos, del veinte de febrero de

dos mil nueve, que refiere: “…Lo anterior significa que, a fin de determinar si el

justiciable es o no un “delincuente primario”, deben valorarse las condenas que

estuviesen vigentes en el momento en que el delito fue cometido, con

prescindencia de que en la actualidad (a la hora de enjuiciar al imputado) se

encuentren caducas. Esto, como se adelantó, tiene una explicación obvia y consiste

en que el beneficio de ejecución condicional supone el juicio de que el acusado

podrá adecuar su comportamiento futuro a las normas, sin necesidad de cumplir una

pena privativa de libertad…” (El resaltado pertenece al original).”. En este otro fallo, se

reitera el criterio supra mencionado, según el cual, la vigencia de los antecedentes

penales cuenta para la fecha de la comisión del hecho delictivo, para efectos de

determinar, si la persona endilgada puede ser considerada como “delincuente

primario”. En cuanto al caso concreto, se aprecia que los delitos de robo agravado y

portación ilícita de arma permitida que se le atribuyen al encartado, tuvieron ocasión el

doce de marzo de dos mil veintiuno, cuando aún se encontraban vigentes los

antecedentes penales del encartado Jason José Jiménez Fallas, que vencían hasta el

veintisiete de setiembre de dos mil veintiuno, según lo preceptuado en el artículo 11,

inciso b) de la Ley de Registro y Archivos Judiciales. En razón de lo anterior, se declara

con lugar el segundo motivo de la impugnación formulada por la representante fiscal, al

haberse constatado los criterios en conflicto, respecto a la decisión jurisdiccional del

Tribunal de Apelación de Sentencia Penal del Segundo Circuito Judicial de San José,

sede Goicoechea, en el fallo número 715-2022, de las nueve horas veinticinco minutos

del veintitrés de mayo de dos mil veintidós, con las sentencias dictadas por esta Sala

de Casación Penal en los votos supra referidos y, por ende, se unifican los criterios,

reiterando que, para efectos de determinar si la persona imputada es “delincuente

primario”, se debe evaluar si para la fecha de ocurrencia del delito, las condenas

impuestas se encontraban vigentes, conforme a lo preceptuado en el numeral 11

Ibidem, en relación con el artículo 76 del Código Penal.

Con base en los razonamientos expuestos, se declaran con lugar los dos motivos

admitidos para estudio de fondo en casación, interpuestos por la licenciada Ana

Carolina Campos Camacho, en su condición de fiscala coordinadora de la Fiscalía

Adjunta de Impugnaciones. En consecuencia, se anula parcialmente la resolución

número 715-2022, de las nueve horas veinticinco minutos del veintitrés de mayo de dos

mil veintidós, dictada por el Tribunal de Apelación de la Sentencia Penal del Segundo

Circuito Judicial de San José, sede Goicoechea, únicamente en cuanto a la

disposición de considerar como “delincuente primario” al sindicado Jason José

Jiménez Fallas, en razón de no cumplirse con los parámetros requeridos para esa

determinación. Se unifican criterios en el sentido de que, para decretar que una

persona es delincuente primario, se debe valorar si existen condenas vigentes para el

momento de la comisión del hecho delictivo, independientemente de que estas se

encuentren caducas para el dictado de la sentencia.    En todo lo demás, el fallo se

mantiene incólume.