Resolución 01552-2015

1.

Mediante sentencia N° 2015-01077 de las nueve horas veinticinco minutos

del treinta de julio de dos mil quince, el Tribunal de Apelación de Sentencia Penal

del Segundo Circuito Judicial de San José, resolvió: “

I.

En el primer motivo del recurso admitido para su estudio de fondo, la

representante del Ministerio Público señala la existencia de precedentes

contradictorios acerca de la facultad que tiene el Tribunal de Apelación de

Sentencia Penal, para anular una pena impuesta y proceder a su fijación por sí

mismo. En la resolución aquí impugnada, emitida por ese Tribunal con sede en el

Segundo Circuito Judicial de San José, a las 9:25 horas del 30 de julio del 2015,

mediante el voto 1077, se procedió a anular la pena impuesta en la sentencia de

primera instancia, decidiendo sustituirla por el mínimo sancionable en cada uno de

los dos delitos imputados. Sin embargo, señala la quejosa, la Sala Tercera ha sido

categórica al señalar que, ante tales situaciones, y a fin de asegurar la doble

instancia a las partes, lo que procede es anular y ordenar el reenvío, para que se

pueda discutir “…de manera amplia e integral el quantum sancionatorio

correspondiente a determinarse por el Juez de instancia… De esta forma,

contarían no sólo con la posibilidad de referirse a la pena por imponer, sino

también la de impugnar en apelación la sanción impuesta y su ajuste o no a los

parámetros establecidos en los artículos 71 y 77 del Código Penal” (voto número

1745, de  las 10:07 horas del 31 de octubre del 2014). Lleva razón la petente

.

Como ya se ha señalado por la amplia doctrina y jurisprudencia que precedieron

la modificación legal que, en aras de garantizar una instancia de alzada para las

sentencias penales en Costa Rica, se operó mediante la ley 8837 del 3 de mayo

del 2010, esta es una posibilidad para todas las partes, y no de carácter unilateral.

De manera que si alguna o todas no están conformes con lo resuelto, puedan

apelarlo y discutir nuevamente el punto. Sin embargo, ello no es posible si, por

mérito del recurso interpuesto por una de ellas, el tema es decidido en única

instancia por el Tribunal de Apelación de Sentencia Penal, sin que la parte que no

impugnó pueda acudir a otra instancia, dado el carácter extraordinario de nuestra

casación. Esto implicaría que la doble instancia es únicamente viable, en el caso

concreto, para quien quedó inconforme con la decisión de primera instancia, mas

no para quien quedó conforme con ella y luego se vio insatisfecho por lo dispuesto

en alzada, lo cual no podría discutir ni a su vez impugnar. Siendo así, lo que se ha

debatido en los diversos foros es si la apelación de sentencia tiene el carácter de

cierre únicamente en cuanto es confirmatorio o si también cuando es

modificatorio, siendo que, por las razones antes dichas, lo correcto es la primera

solución, o sea cuando es un cierre confirmatorio. En los casos en que no se

confirme y halle algún motivo de nulidad, lo que cabe, en resguardo de los

derechos igualitarios de las partes procesales, es declarar la irregularidad,

dejando sin efecto lo decidido y ordenando el reenvío, como debió haberse hecho

en este asunto. En consecuencia de todo lo antes dicho, debe acogerse el reparo

planteado por la representante del Ministerio Público. Se decreta la nulidad de la

fijación sancionatoria hecha en la resolución venida en

casación.

Ahora bien, analizada por los suscritos la fijación de pena hecha en la

sentencia condenatoria, discrepamos de los aparentes defectos de

fundamentación a raíz de los cuales el fallo de apelación la revocó. En primer

término, sin bien cinco años de prisión por cada uno de los abusos sexuales

cometidos contra el menor ofendido en este asunto, es un monto considerable, no

significa que sea arbitrario y que por eso deba modificarse. La diferencia de

estimación por parte de los jueces de alzada respecto a lo que consideraron los

de sentencia, no implica que se hallara falta de fundamentación o que esta fuera

antojadiza, como para proceder a revocarla y establecer otra sanción. Tampoco

vendría a disminuir la reprochabilidad del hecho la conducta anterior del justiciable

hacia la familia del perjudicado, como para que por esa circunstancia se

procediera a disminuirle la sanción decidida por los jueces de juicio. Luego, en

sentido contrario (y demostrando que sí había otros factores que, más allá del

mínimo sancionatorio, aumentaban la recriminabilidad de lo sucedido, lo cual

niega el fallo de apelación), en la sentencia se ponderó: a) que se trataba de un

menor de muy corta edad al sufrir esas agresiones (cinco o seis años); b) que del

agresor, como tío suyo, era de esperarse protección y cariño, y no una

victimización; c) que el encausado es una persona con formación educativa y

mentalmente saludable, lo que le permitía un juicio más responsable sobre los

hechos; d) que el ofendido es un menor de una familia migrante en Costa Rica,

que había sufrido un largo período de lejanía de su núcleo parental, el cual estaba

retomando, lo que los hacía psicológicamente más vulnerable; y, e) que a causa

de esas acciones, el menor empezó a mostrar aflicciones psicológicas. Todo eso

es visible a folios 190-192. De modo que sí hay razones válidas para imponer una

sanción superior al mínimo punitivo de ley, por lo que los suscritos dictaminamos

que es correcta y debe declararse en firme la pena fijada a [Nombre 003] en la

sentencia 442, dictada por el Tribunal Penal del Primer Circuito Judicial de San

José, a las 14 horas del 20 de mayo del 2015, consistente en cinco años de

prisión por cada ilícito endilgado, para un total de diez años de privación de

libertad.

En vista de lo resuelto en los considerandos precedentes, y por falta de

interés procesal, se omite pronunciamiento en lo que concierne al segundo motivo

de casación presentado.