Resolución 00258-2023

El artículo 462 del Código de Trabajo establece:

"Para que los actos de proposición de

las partes y en general todas sus gestiones escritas tengan efecto, deberán estar firmadas

por el peticionario. Si el escrito se tramita por medios tecnológicos, la firma deberá ser

autenticada de la forma establecida en la ley para este tipo de documentos. Si la persona

no supiera escribir o tuviera imposibilidad física para hacerlo, se hará constar una u otra

circunstancia en el escrito y firmará a su ruego otra persona. No se requerirá que la firma

del peticionario esté autenticada por un profesional en derecho autorizado para litigar,

cuando el escrito sea presentado personalmente por aquel. En todo caso, con las

excepciones que resulten de esta ley, las firmas serán autenticadas por la de una persona

profesional en derecho autorizada para litigar. Si se omitiera el requisito, se prevendrá a

la parte para que se presente a autenticarlas, dentro de un plazo de tres días naturales,

bajo el apercibimiento de que, de no hacerlo, se declarará ineficaz la presentación del

escrito". (La negrita y el subrayado no pertenecen al original). Por su parte y de conformidad

con lo dispuesto en los artículos 2, 3 y 18 del "Reglamento sobre Expediente Judicial

Electrónico ante el Poder Judicial", para que los documentos o solicitudes presentados de

forma electrónica sean válidos, para los efectos procesales, deberán encontrarse

debidamente firmados por la parte, ya sea con firma digital, electrónica y holográfica

consistente en la identificación inequívoca del suscriptor.

Visto el escrito en formato PDF que contiene el recurso de casación presentado por la

parte accionante y que se encuentra agregado en el contexto electrónico del Juzgado de

Contravencional y de Siquirres (Material Laboral), el veintitrés de diciembre pasado, se

desprende que no se encuentra firmado digitalmente por este, ni tampoco se trata de una

digitalización de un folio firmado de manera autógrafa, sino que en el archivo digital se encuentra

superpuesta una imagen que corresponde a la firma autógrafa de la abogada, lo que crea

inseguridad jurídica y consecuentemente no surte efectos legales, porque no se ajusta a la

normativa citada en lo que respecta a la firma e identificación inequívoca del suscriptor. Así las

cosas, lo procedente es rechazar de plano el recurso planteado por la licenciada Karla Retana

Gómez, en su condición de abogada de asistencia laboral de la actora.