Resolución 00790-2013

I.-

El gestionante peticiona se aclare lo resuelto por esta Sala, en concreto, “…lo

referente a las costas en donde se establezca que son a favor del INCOP ya que

el objeto del proceso ha sido dictado a su favor y en cuanto a la cuantificación

de los daños y perjuicios para determinar el monto siendo un aspecto accesorio

debe resolverse en su momento cuando se lelve (sic) a cabo lo solicitado

por esa SALA.” Señala, la demanda era por “¢365.886-217.oo” (sic), a

saber, daño material, ¢31.661.928,00; daño moral, ¢35.000.000,00; perjuicios,

¢250.000.000,00; costas procesales, ¢47.724.289,00; y, costas personales,

¢1.500.000,00. Continúa, esos montos son producto, según lo dicho “por el

actor”, de la resolución contractual, y lo que se refiere a la ejecución de

la garantía de cumplimiento es por ¢31.661.928,00, por lo que el monto de

¢334.225.291,00, “…son el resultado de los incumplimientos que no se están

cuestionando y que más bien fueron aceptados por el actor desde el inicio del

proceso administrativo mismo.”  Indica, con lo apreciado en la

sentencia de esta Sala, su representado debe iniciar un proceso administrativo

con la finalidad de establecer los montos de daños y perjuicios que el actor

provocó con sus incumplimientos que han quedado debidamente probados y que no

son objeto en este momento, por lo que no se sabe en la actualidad, a cuánto

asciende ese monto. A partir de ello, no entiende la razón de la condena en

costas, primero, porque del monto total de la demanda, más de un 70% es a su

favor y solo lo correspondiente a la ejecución de la garantía de cumplimiento “…queda

en suspenso, según la misma sentencia, hasta tanto no se termine el proceso en

el que mi representada determine el monto total de los daños y

perjuicios.”  Finaliza, la aclaración es el sentido de que las costas

se debían mantener a favor de su representado y se debe hacer efectiva una vez

que, mediante el proceso correspondiente se demuestre el monto de los daños y

perjuicios de que fue objeto el INCOP por los incumplimientos contractuales y

la resolución del contrato que se firmara con la actora y que fue objeto de

este

proceso.

De previo, debe

precisarse que en el fallo indicado, esta Sala declaró con lugar el recurso de

casación interpuesto por la actora y anuló la sentencia recurrida. En lo que al

caso interesa, dispuso: “…En su lugar, fallando por el fondo, se rechazan

las defensas formuladas, en relación al extremo que se acoge. Se declara

parcialmente con lugar la demanda, en los siguientes términos, entendiéndose

denegada en lo no expresamente concedido. Se anulan las resoluciones 002-2008

de las 8 horas del 6 de agosto de 2008 del Director Administrativo y

Financiero; de las 8 horas del 13 de agosto de 2008 de esa misma Dirección; de

las 15 horas del 20 de agosto de 2008 de la Gerencia General; acuerdo no.1 de

la Junta Directiva, adoptado en sesión no. 3509 del 26 de agosto de 2008, todas

del Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico (INCOP), únicamente en lo

que respecta a la ejecución del monto total de la garantía de cumplimiento.

Deberá el INCOP ajustar su conducta al ordenamiento jurídico, determinar

previamente el monto de los daños y perjuicios causados con el incumplimiento

contractual de la actora. Son ambas costas del proceso a su cargo.”

En reiteradas ocasiones

se ha indicado que la adición y aclaración proceden solo respecto de la parte

dispositiva. Por ende, esta vía excluye la posibilidad de abordar nuevamente

las discusiones plasmadas en el recurso o de analizar supuestas contradicciones

entre los considerandos y el dispositivo del fallo. Su propósito, según

corresponda, es adicionar un pronunciamiento sobre una pretensión expresamente

rogada que no fue resuelta o precisar alguno que sea oscuro. Pero en ningún

caso mediante este tipo de solicitudes puede proponerse una reforma o una

reconsideración del pronunciamiento, porque esto equivaldría tanto como pedir

la revocatoria de la sentencia, siquiera parcial, lo que está legalmente vedado

(entre otras, resoluciones nos. 250-A-06 de las 15 horas 25 minutos del 12 de

mayo de 2006; 715-A-2007 de las 9 horas del 4 de octubre; 738-A-2007 de las 9

horas 20 minutos del 17 de octubre, ambas del año 2007; y 185-F-S1-2009 de las

13 horas 15 minutos del 23 de febrero de 2009).

Con base en lo

anterior, resulta claro que se trata de dos figuras distintas. Sin embargo,

incluso prescindiendo de tal diferencia entre la adición y la aclaración, no hay

duda que lo que pretende el gestionante por esta vía, en realidad, es la

modificación del fallo respecto del pronunciamiento sobre las costas, lo que,

como se indicó, resulta improcedente. Aunado a lo anterior, en la parte

resolutiva existe pronunciamiento claro, preciso y expreso, sobre la totalidad

de los aspectos que imponía especificar la decisión arribada, de conformidad

con lo estipulado en el artículo 119 del Código Procesal Contencioso

Administrativo. En este particular, es definitivo que lo resuelto no adolece de

aspectos oscuros para acceder a la pretensión de aclarar lo fallado.