Resolución 00777-2013

Con fundamento en los

hechos en que mostraron acuerdo y desacuerdo, respectivamente, acude la

sociedad actora ante el Tribunal Arbitral, a fin de que en laudo se declare: “1.

Que el ICE incumplió el Contrato de Compra de Energía firmado el 5 de mayo del

2003, al demorar, sobre el plazo máximo ahí contemplado , la aprobación del

Cambio de Proveedor solicitado por DUI/o de los Datos Garantizados de los

equipos electromecánicos a instalarse en el PH El General;

Que el ICE

incumplió el Contrato de Compra de Energía firmado el 5 de mayo del 2003, al

demorar hasta 77 días naturales y/o hasta 482 días naturales sobre el plazo

máximo contemplado en dicho contrato, respectivamente, en la aprobación del

cambio de Proveedor y/o de los Datos Garantizados del equipo a instalarse en el

PG El General. En su defecto, subsidiariamente, que el ICE incumplió el

contrato mencionado al demorar tiempos inclusive menores a los antes indicados,

sobre el plazo máximo contemplado en dicho contrato, en la aprobación del

Cambio de Proveedor y/o Datos Garantizados del equipo a instalarse en el PH El

General;

Que la demora del ICE en la aprobación del Cambio de Proveedor y/o

Datos Garantizados de los equipos electromecánicos a instalarse en el PH El

General, sea cual sea se declare, incidió en el atraso de HDG en el inicio de

la Operación Comercial de ambas Unidades Turbo Generadoras del PH El General;

Que el ICE es responsable de los daños y perjuicios sufridos por HDG por el

atraso de ésta en el inicio (sic) Operación Comercial de ambas Unidades

Turbo Generadoras del PH El General;

Que le (sic) ICE debe reembolsar

a HDG por sus daños y perjuicios sufridos en el atraso de inicio de (sic)

Operación Comercial de ambas Unidades Turbo Generadoras del PH El General, en

virtud de la demora que tuvo el ICE en la aprobación del Cambio de Proveedor

y/o Datos Garantizados de los equipos electromecánicos a instalarse en el PH El

General, que corresponden a: (i) Por concepto de Daño, el pago de la multa

cobrada por el ICE debido al atraso en el inicio de (sic) Operación

Comercial de ambas Unidades  Turbo Generadoras del PH El General; multa

que asciende al monto de seiscientos treinta y tres mil ciento cuarenta y un

dólar (sic)  con veintiocho centavos (US$633.141,28), moneda de

curso legal de los Estados Unidos de América. (ii) Pro concepto de Perjuicios,

el lucro cesante, sea la ganancia dejada de percibir por HDG por el inicio de (sic)

Operación Comercial tardío, que se estima  en un millón doscientos mil

dólares (US$1.200.000), lo que se liquidará en ejecución de este laudo.

Se

condene al ICE al pago de intereses legales sobre las sumas condenadas, antes

mencionadas, a partir del momento en que los daños y perjuicios a ser

reembolsados fueron causados, o en su defecto, a partir de su determinación. Lo

anterior para ejecutarse y liquidarse en sentencia.

Se condene al ICE al

pago de costas procesales y personales generados con la presente demanda

arbitral, así como al pago de los gastos de este arbitraje, sean gastos de administración,

honorarios de árbitros, transcripciones y demás gastos asociados.”

El apoderado del

instituto demandado contestó negativamente e interpuso la excepción de falta de

competencia (la que fue resuelta interlocutoriamente) y falta de derecho.

El Tribunal Arbitral

del Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio de Costa Rica,

integrado por los Árbitros Manrique Jiménez Meza, Césr Hines Céspedes y Aldo

Milano Sánchez, en laudo dictado a las 11 horas del 3 de febrero de 2012,

dispuso: “…Se acoge la excepción de falta de Derecho opuesta de modo tácito

por la parte demandada. Se declara sin lugar la presente demanda en todos sus

extremos condenándose a la actora al pago de ambas costas del presente

proceso…”

El licenciado Sibaja

Guillén, en su expresado carácter, interpuso recurso de nulidad contra el laudo

arbitral.

En los procedimientos

ante esta Sala se han observado las prescripciones de ley. Participan en la

decisión de este asunto las magistradas suplentes Lupita Chaves Cervantes y

Damaris Vargas Vásquez.

Redacta la magistrada Chaves Cervantes

Hidroenergía del

General S.R.L. suscribió un contrato de Compra de Energía con el Instituto

Costarricense de Electricidad (en lo sucesivo, referido por su acrónimo ICE) en

virtud del cual, el primero desarrollaría la obra hidroeléctrica, le vendería

energía al ICE por el plazo establecido y posteriormente, la infraestructura

pasaría a ser propiedad del

Dentro de las estipulaciones convenidas,

se fijó un plazo para que el ente contratante aprobara ciertas modificaciones

respecto del cambio de proveedor y los datos garantizados de los equipos

electromecánicos que iban a instalarse. La sociedad actora alega que este fue

incumplido, motivo por el cual solicitó se declare al ICE responsable de los

daños y perjuicios sufridos por la empresa contratista, los cuales identifica

como la multa cobrada por la entidad demandada por el atraso en el inicio de

operación comercial de las unidades turbo generadoras del Proyecto

Hidroeléctrico ($633.141,28), el lucro cesante por la entrada en operación en

forma tardía (el cual estima en $1.200.000,00) así como los intereses legales

sobre las sumas condenadas. Requirió además se le reconozcan las costas. El ICE

interpuso la defensa de falta de competencia y solicitó se rechace la demanda.

El Tribunal Arbitral declaró sin lugar la demanda en todos sus extremos y le

impuso a la actora ambas costas, motivo por el cual esta última interpuso este

recurso de nulidad.

En su primer

agravio, aduce la violación de normas de orden público, específicamente del

artículo 317 del Código Procesal Civil. Expone, de conformidad con el numeral 5

de ese cuerpo normativo, las normas procesales son de orden público y de

acatamiento obligatorio. Critica la aplicación de la carga de la prueba que

hizo el Tribunal Arbitral, ya que, en su criterio, no le correspondía acreditar

que el ICE incumplió su deber de diligencia o que el incumplimiento fuera grave

o voluntario, sino únicamente que incumplió con su obligación de autorizar el

cambio de proveedor en el plazo de 15 días naturales. Señala, en el laudo se

tuvo por demostrado que la aprobación se dio fuera del término fijado

contractualmente. De allí que, acota, debió presumir que el ICE incumplió

voluntariamente su obligación, aunque no existiera elementos de convicción

sobre la intencionalidad. Refiere a los artículos 700 y 702 del Código Civil,

con base en los cuales, plantea, se alegó que el incumplimiento de una

obligación contractual presupone la culpa, y por ende, la responsabilidad civil

es técnicamente objetiva. Cita doctrina nacional, y afirma la actuación del

ente demandado es anormal e ilícita y que no requiere demostrarse la culpa.

Arguye, la carga probatoria sobre las causas de exoneración recae sobre el ICE,

por lo que su inversión supone el quebranto de normas de orden público.

La inconformidad se

circunscribe a que el Tribunal Arbitral realizó una indebida aplicación de las

reglas de la carga de la prueba, quebrantando, en criterio del recurrente, el

artículo 317 del Código Procesal Civil, el cual, como norma procesal, es de

orden público. Esto por cuanto no le correspondía acreditar que el ICE

incumplió su deber de diligencia o que el incumplimiento fuera grave o

voluntario. Ahora bien, en este sentido, y de una lectura pormenorizada del

laudo, se llega a la conclusión de que el motivo por el cual se desestimó la

demanda no fue una omisión probatoria que se le imputara a la sociedad

inconforme como se alega en el recurso de nulidad. Por el contrario, ello se

debió a que con base en los elementos de convicción allegados al proceso, y la

interpretación de la cláusula contractual, llegó a determinar fehacientemente

que no existió un incumplimiento. En este sentido, la resolución impugnada

puntualiza que  “No debe dejarse de lado, sin embargo, que también

señala la cláusula que este plazo será exigible “siempre y cuando, en virtud de

su cantidad y complejidad, sea razonablemente posible”. De este modo, se trata

de un parámetro temporal de corte prudencial que ha [sic] establecido

las partes, sin ser un plazo perentorio, rígido e invariable.”

Posteriormente, hace un recuento de las múltiples gestiones que se dieron entre

las partes contratantes y concluyó: “Como se puede colegir de la anterior

relación de hechos, no es posible encontrar en la actuación del ICE inactividad

o falta de diligencia a la hora de pronunciarse con relación a la aprobación de

los Datos Garantizados. Antes bien, actuó con diligencia y prontitud, no así la

actora, que mostró una actitud omisa por un largo plazo y reiteradas omisiones

e imprecisiones en la información que suministró, al grado que debió modificar

su gestión original en dos ocasiones […] De este modo, no hay para el

tribunal sustento fáctico ni jurídico suficiente para atribuir a la demandada

un incumplimiento contractual, en el tanto la extensa dilación que requirió el

procedimiento de aprobación de los Datos Garantizados, estuvo fuertemente

influenciada por conductas atribuibles a la actora, no así a la demandada.” En

este sentido, el primer punto que debe indicarse es que el Tribunal no recurrió

a las reglas de la carga de la prueba para sustentar el rechazo, sino que tuvo

como acreditado que no existía incumplimiento. Esto revela que el recurrente

pretende que la Sala ingrese a valorar el fondo del asunto, lo que se encuentra

fuera de su esfera competencial. Además de las causales procesales fijadas para

el recurso de nulidad, la única que permite anular el laudo como consecuencia

de un yerro en la interpretación o aplicación de normas sustantivas es cuando

al resolver la controversia, el Tribunal Arbitral incurre en una violación de

una norma imperativa o de orden público. Se pretende cuestionar las reglas de

la carga probatoria como parte integrante de esa categoría, lo cual no es de

recibo. No cabe duda de que el numeral 317 del Código Procesal Civil establece

una regla de principio que puede ser sintetizada bajo la fórmula de que quien

alegue un derecho o una excepción debe demostrar los hechos en virtud de los

cuales funda su pretensión (concepto utilizado en su acepción amplia para

abarcar las excepciones del demandado). Lo anterior sin perjuicio de que, en

atención a las disposiciones en virtud de las cuales se debe resolver el caso

concreto, se dé una “inversión de la carga probatoria”. Esto permite analizar

que las reglas de la carga probatoria constituyen un instrumento para resolver

aquellos casos en los que dentro del proceso no se logren demostrar los

presupuestos de hecho contenidos en la norma como necesarios para que se

despliegue una determinada consecuencia querida por las partes, ya que si estos

están demostrados, nada interesa quién haya introducido los elementos de prueba

en virtud del principio de comunidad del acervo probatorio. No en vano, el tema

de la carga de la prueba es analizado en cierta parte de la doctrina,

particularmente en la alemana, como el riesgo ante la no acreditación de un

aspecto fáctico, es decir, quien debe asumir las consecuencias de que determinado

hecho no haya sido demostrado. En la lógica del proceso intelectivo propio de

la labor de juzgar, el juez o el árbitro valora la prueba y con base en esta

fija el cuadro fáctico atinente a la especie, lo que abarca tanto el elenco de

hechos probados, sean positivos o negativos, así como los no probados, es

decir, aquellos respecto de los cuales, aunque relevantes para la solución, se

mantiene un halo de incerteza (los elementos de convicción no permiten concluir

si se dieron o no). Luego confronta ese cuadro fáctico con la norma a fin de

realizar el proceso de subsunción y pronunciarse sobre la consecuencia

resultante. Es en esta última etapa en donde la carga de la prueba puede ayudar

a esclarecer el pronunciamiento que debe realizar quien ejerza la tarea de

resolver el conflicto, ya que, en caso de que una circunstancia fáctica no esté

demostrada, permite asignar cuál de las partes debe asumir las consecuencias de

dicha omisión o bien, atribuir a la contraparte dicha obligación en el caso en

que opere una inversión de la carga de la prueba. Así, un error en su

aplicación no es otra cosa que el quebranto de la norma de fondo con base en la

cual se resolvió el asunto. Por ello, en el presente caso, dado que no se

arguye una vulneración de normas de orden público, la primera inconformidad no

resulta admisible, toda vez que la revisión del punto supondría la revisión de

la forma en que se resolvió el conflicto, lo cual resulta claramente

improcedente. Lo más que se hace en la argumentación del vicio es mencionar,

sin incluir un desarrollo concreto, los artículos 700 y 702 del Código Civil,

así como doctrina sobre el particular, pero siempre enfocado desde el punto de

vista de la carga de la prueba. En atención a lo expuesto, no se aprecia que

dichos preceptos deban ser considerados como normas de orden público. Todo lo

anterior conlleva al rechazo del agravio.

En su segundo

motivo, alega la violación al debido proceso y al derecho de defensa. Señala

que lo resuelto por el Tribunal Arbitral, en violación del principio de la

carga de la prueba, afecta la legalidad de todo el proceso tramitado. Se

refiere al concepto de debido proceso en su sentido procesal y destaca que este

vincula también a los árbitros, quienes deben ser ejecutores de las garantías

procesales de quienes se apersonen ante ellos para resolver sus diferencias.

Entre los derechos de las partes, incluye el principio de la carga de la prueba

y de la valoración razonable de los elementos de convicción. En cuanto al

primero, refiere a una sentencia de este Órgano en la que se desarrolla dicho

concepto. Respecto del segundo, explica, mantiene una íntima relación con el

anterior, y que por ello se excluye la libre convicción en la apreciación del

acervo probatorio, sujetándose al juzgador a las reglas de la sana crítica

racional, sometiendo su discrecionalidad a criterios objetivos. La

arbitrariedad, dice, se puede dar al rechazar indebidamente elementos o

posibilidades de convicción pertinentes, o al atribuir a las pruebas un

contenido inexacto, negarles su valor probatorio u otorgarles uno distinto al

que tienen. Se manifiesta en contra de la afirmación “el juez de la causa es

soberano en la apreciación y valoración de la prueba” por considerarla

inconstitucional, ya que, en su criterio, debe documentar el contenido de las

probanzas y las razones de su convicción, de forma que puedan ser impugnadas.

Reprocha al Tribunal irrespetar su debido proceso al desvirtuarse la carga

probatoria, y con ello, la valoración razonable de la prueba. Advierte que no ha

tenido oportunidad de plantear este reclamo, pues durante el debate no se

discutió el punto.

En cuanto a este

último agravio, por las razones recién expuestas en cuanto a los motivos por

los cuales se rechazó la demanda arbitral, lo cierto es que no se puede

considerar ninguna indefensión, ya que el rechazo de la demanda no se

fundamentó en las reglas del onus probandi (carga de la prueba), por lo

que, la actuación que se reclama como generadora de una indefensión resulta

inexistente y en ese tanto también debe ser rechazado el agravio.

Por las razones recién

expuestas, lo procedente es rechazar ambos cargos, y en ese tanto, el recurso

de nulidad.