Resolución 00711-2013

Redacta la magistrada suplente

Chaves Cervantes

“Por mayoría, se adiciona el fallo

001260-F-S1-2012, emitido por esta Sala a las 9 horas 30 minutos del 4 de

octubre de 2012. Se reenvía el expediente al Tribunal Arbitral para que, dentro

del plazo de ocho días hábiles, contados a partir de que ese órgano reciba el

expediente y subsane los vicios señalados, emita nuevo laudo. En forma unánime

se rechazan las otras dos gestiones”.

El licenciado Rodrigo Oreamuno Blanco, en su calidad de apoderado

especial arbitral de Urbanizadora La Laguna S.A., manifiesta: “…solicito,

respetuosamente, que se aclaren y adicionen los siguientes aspectos de la parte

dispositiva de la RESOLUCIÓN:…”. De seguido, detalla los puntos sobre los

cuales versa su petitoria, que plantea a partir de las siguientes preguntas.

¿Cuál es el fundamento legal en que se basa la Sala para reenviar el expediente

al Tribunal Arbitral con el fin de que se emita un nuevo laudo?”.

2.-

“¿Cuál es el fundamento legal en que se basa la Sala para fijar un plazo de

8 días para el dictado del nuevo laudo?”.

“¿Por qué se establece que

el nuevo laudo debe dictarse dentro de los 8 días siguientes a la fecha en que

el Tribunal Arbitral ‘…reciba el expediente y subsane los vicios señalados…´?”.

Acompaña cada interrogante con disertaciones en contra de lo resuelto en el

auto que se conoce y cita de precedentes de esta Colegio sobre el tema en

cuestión. Estima, la Ley sobre Resolución Alterna de Conflictos y Promoción de

la Paz Social (Ley RAC) no le otorga a la Sala la facultad de reenviar el

expediente a los árbitros. Considera que, en apariencia, el voto de mayoría que

dispuso el reenvío, se fundamenta en el canon 616 del Código Procesal Civil

(CPC), que remite a las reglas sobre la tramitación específica para el recurso

de casación contra sentencias dictadas en procesos ordinarios, lo cual objeta,

entre otras razones, por aducir que esa norma fue derogada. Cuestiona la

justificación legal de otorgarse los ocho días para el dictado del nuevo laudo

y valora si se trata de un plazo judicial, de los contemplados en el precepto

144 Ibidem., que en su criterio no aplica por tratarse de un arbitraje, cuyo

respeto a la autonomía de la voluntad no debe ignorarse. Aduce, el nuevo laudo

sería extemporáneo y en consecuencia nulo, pues el Tribunal resolvió el día

anterior a que venciera la prórroga dispuesta para ese efecto. Añade, aún

considerando las intenciones del criterio de mayoría, de que el reenvío se basa

en principios de economía y conservación de los actos procesales, como lo ha

expuesto anteriormente este órgano, lo cierto es que no tiene facultades

legales para ordenarlo, ni le es dable suplantar la voluntad de las partes en

cuanto al plazo que fijaron. Expone, tampoco se tomó en cuenta el tiempo que le

faltaba al Tribunal para laudar. Argumenta, los vicios por los que se anuló ese

pronunciamiento son atribuibles a los árbitros, de modo que lo correcto sería

que el plazo para el dictado del nuevo fallo sea a partir de la recepción del

expediente.

Aunque el gestionante aduce que su solicitud de adición y

aclaración recae sobre los “…siguientes aspectos de la parte dispositiva”,

en realidad constituyen cuestionamientos que revelan la inconformidad respecto

a la decisión adoptada por la mayoría de la Sala, en cuanto ordena devolver el

expediente para que el Tribunal Arbitral dicte nuevo laudo dentro de los ocho

días hábiles siguientes a que reciba el expediente y subsane los

correspondientes vicios. Por ende, según lo establecido en el artículo 158 del

CPC, la solicitud deviene improcedente, pues en virtud de esa norma solo es

viable aclarar o adicionar “…la parte dispositiva”, la cual, en la

especie, no presenta motivo de oscuridad ni omisión alguna.

En cuanto al escrito de la licenciada Cristina Alfaro Serdio,

apoderada general judicial del Banco Citibank de Costa Rica S.A., la petición

para que se aclare y adicione el Por Tanto del citado auto, radica en que, a su

juicio, el laudo “…fue dictado precisamente el último día de la prórroga

solicitada por el Tribunal Arbitral y acordado por las partes”.  De

esta manera, señala, no cuenta con plazo adicional para laudar. En su criterio,

si el artículo 610 del CPC no indica un plazo específico para que se falle un

asunto y el canon 67 de la Ley RAC contempla como causal de nulidad del laudo

su dictado extemporáneo, no existe fundamento para que se otorgue un tiempo de

ocho días hábiles para el nuevo dictado de ese fallo, pues este ya feneció.

Al igual que la anterior gestión, las razones que se expresan en la

que ahora se analiza trascienden a la parte dispositiva de la resolución cuestionada

que, de cualquier manera, es clara, precisa, y no adolece de vicios de

oscuridad u omisiones que ameriten aclarar ni adicionar. En definitiva, ello

motiva su rechazo.

No

obstante lo

expuesto, en su adición y aclaración el

representante de Urbanizadora La Laguna y la representante  del Banco Citi

Bank de Costa Rica S.A. reclaman entre otras cosas, el fundamento jurídico

tanto del reenvío dispuesto por la mayoría de esta Sala como del plazo otorgado

para que el Tribunal Arbitral proceda a laudar. Para pedir que se adicione,

parten de la presunción de que como fundamento del reenvío, se acudió al

artículo 616 del Código Procesal Civil, que para todos los efectos, estiman

derogado. Al respecto es bueno señalar que la mayoría de esta Sala entiende, al

igual que lo hacen los gestionantes, inaplicable el numeral 616 mencionado por

inexistencia de la norma. No es ese ni ha sido ese el fundamento jurídico

positivo para el proceder de esta mayoría. Como bien se sabe, y mejor aún

conocen los recurrentes, el derecho no se agota en la estricta y rígida letra

de la ley. El derecho está nutrido de principios, de lógica y razonamiento que

buscan la máxima aproximación a la justicia y la resolución del conflicto con

la mayor dosis posible de equidad. Más que una norma jurídico positiva, para la

mayoría de esta Sala, la anulación de un laudo arbitral por razones

procedimentales y procesales previas o ínsitas al fallo mismo, y su

correspondiente reenvío, encuentran asidero en los más elementales y

trascendentes principios del derecho (que lejos de ocupar un lugar residual en

las fuentes, han de imponerse como regla y basamento esencial de todo el

ordenamiento jurídico). En efecto, cuando un pronunciamiento (judicial o

arbitral) padece de vicios procesales importantes en su tramitación previa o en

su contenido mismo, se produce una nulidad, distinta y distante del fondo de lo

discutido, en la medida en que no alcanzó a poner fin a la disputa planteada,

pues ni siquiera hay pronunciamiento válido. Ello obliga, por razones de

principio, a incitar y habilitar, si es necesario, al órgano arbitral para que

resuelva el proceso incoado conforme a derecho. Cualquier otra solución

provocará para las partes la ineludible frustración por los costos y recursos

consumidos sin la obtención de resultado alguno; sería tanto como propiciar y

aceptar lo nugatorio del servicio privado, pero esencial, del arbitraje. Las

partes acudieron al mecanismo heterocompositivo arbitral, a fin de resolver su

conflicto fuera de los mecanismos propiamente estatales, buscando celeridad,

flexibilidad, imparcialidad, pero sobre todo, la definición del diferendo en

derecho y con la aproximación máxima a la justicia. Imposibilitar el reenvío no

sería otra cosa que actuar contrario al contenido esencial de los artículos 41

y 43 de la Constitución Política y afectar el desarrollo del arbitraje.

VII.-

Interrogan los requirentes, de igual manera, sobre el fundamento jurídico

positivo del plazo aquí otorgado para laudar nuevamente (ocho días). Al

respecto es bien sabido que dentro del marco de discrecionalidad jurisdiccional

operan los denominados plazos judiciales, que en tanto imprescindibles y

razonables, entran a jugar en la esfera del procedimiento jurisdiccional o

arbitral. Se trata ni más ni menos, que de un plazo nacido de la ponderación

del juzgador, que como necesario además es suficiente, para que, una vez

retrotraído el procedimiento a su etapa original previa a la invalidez

procedimental, el órgano arbitral cuente con el plazo razonable para laudar, a

partir de que los autos estén listos para ello. Hay una retroacción de los efectos, colocando al órgano encargado de

judicar, en posibilidad real y efectiva (con el espacio temporal necesario) de

enmendar su error y resolver el conflicto por el fondo.

En tercer

lugar, se

afirma  que el tribunal arbitral ha

perdido su competencia con la extinción del plazo fijado por las partes, lo que

consecuentemente produciría un laudo extemporáneo y por ende inválido.

No procede el argumento.  Como se ha dicho en

el considerando anterior, el plazo concedido por esta Sala, habilita y extiende

la competencia del tribunal arbitral para el ejercicio de su función última y

esencial. No puede afirmarse de manera tajante, la fatalidad del plazo

convenido para mantener la competencia, cuando existe un interés público y

superior por parte del Estado para la resolución del conflicto desde la

creación misma del arbitraje. Así las cosas, la competencia dispuesta por razón

del tiempo, no concluye de manera rígida y definitiva, cuando las propias

partes la prorrogan, o bien, cuando el órgano jurisdiccional con atribuciones

para ello, coloca al tribunal arbitral encargado, en posición y competencia

para emitir su pronunciamiento a través de la prolongación de un plazo por demás

razonable.

Se rechaza la adición y aclaración. Nota de la magistrada

León y del magistrado Solís.

Anabelle León Feoli

Luis Guillermo Rivas

Loáiciga

Román Solís Zelaya

Damaris Vargas Vásquez

Lupita Chaves Cervantes

FCR

Nota de

la magistrada León y del magistrado Solís.

Con el respeto debido, estimamos

pertinente dejar constancia de que no compartimos lo expuesto en los

Considerandos VI, VII y VIII de esta resolución, debido a que su eje central

gira en torno a aspectos propios del plazo dado por la  mayoría de esta

Sala para emitir un nuevo laudo, posición de la que nos apartamos desde la

resolución inicial.

Anabelle León Feoli

Román

Solís Zelaya

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