Resolución 00290-2013

Con base en los hechos que expuso y disposiciones legales

que citó, la actora estableció proceso de conocimiento, a fin de que en

sentencia se declare: "... el pago de tal seguro obligatorio a

mi nombre como viuda de Ronald Ramírez Solera.”

2.

La parte demandada contestó oponiendo la excepción de falta de derecho.

La

audiencia preliminar se efectuó a las 13 horas 30 minutos del 5 de setiembre de

2011, oportunidad en que ambas partes hicieron uso de la palabra.

Se fijó

fecha y hora para realizar el juicio oral y público, y el Tribunal

Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, integrado por los Jueces

Francisco Muñoz Chacón, Carlos Espinoza Salas y Ricardo Madrigal Jiménez; en

sentencia no. 14-2012 de las 15 horas del 15 de febrero de 2012, resolvió: “Se

acoge parcialmente la excepción de falta de derecho, entendiéndose rechazada en

todo aquello que sea reconocido. Se declara parcialmente con lugar la demanda y

se condena al INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS pagar a la actora, señora MARITZA

FONSECA SALAZAR, el monto correspondiente por concepto de indemnización por

muerte que cubre la Póliza de Seguro Obligatorio de Vehículos Automotores, de

acuerdo al monto de la cobertura vigente al momento del accidente que provocó

la muerte del causante, señor Ronald Ramírez solera, monto que deberá ser

indexado, desde la firmeza de este fallo y hasta su efectivo pago, todo lo cual

se hará en vía de ejecución de sentencia. Corren ambas costas a cargo del

vencido.”

La representación

del Instituto Nacional de Seguros formula recurso de casación indicando

expresamente las razones en que se apoya para refutar la tesis del Tribunal.

En

los procedimientos ante esta Sala se han observado las prescripciones de ley.

Redacta el magistrado Solís Zelaya

Maritza Fonseca Salazar incoó proceso de conocimiento

contra el Instituto Nacional de Seguros (INS en lo sucesivo). Alegó que su

esposo –Ronald Ramírez Solera- falleció en un accidente de tránsito, de modo

que en su condición de viuda, le corresponde la indemnización prevista en el

artículo 60 de la Ley de Tránsito, no obstante, la entidad aseguradora se había

negado a otorgarle. En la etapa de la audiencia preliminar, la reclamante

concretó sus pretensiones en ¢6.000.000,00 por pago de la póliza y

¢2.000.000,00 por daños y perjuicios ante la negativa de INS a indemnizarle. El

demandado se opuso e invocó la falta de derecho. Al resolver el fondo de la

controversia, el Tribunal acogió parcialmente la falta de derecho, condenó al

demandado a pagar a la actora el monto correspondiente por concepto de

indemnización por muerte cubierto por el seguro obligatorio de vehículos

automotores, conforme a la cobertura vigente al momento del siniestro que provocó

la muerte del señor Ramírez Solera, monto que deberá ser indexado. Finalmente

le impuso ambas costas del proceso a la parte perdidosa. Disconforme con lo

decidido, el INS acudió a la Sala.

Formula un

reparo de naturaleza sustantiva. Reclama error de hecho al no “observar” los

elementos probatorios que obran a folios 25 a 31, 37 a 38, y 40 a 44 del

expediente administrativo, que corresponden a una serie de entrevistas

realizadas por sus investigadores, transcritas parcialmente en la contestación

de la demanda y citadas en la audiencia oral. El Tribunal las obvió, asegura, a

pesar de que acreditan que la actora no convivía ni dependía económicamente del

señor Ronald Ramírez Solera, requisitos indispensables para otorgar la indemnización

prevista en el artículo 60 inciso c) de la Ley de Tránsito. Devienen

conculcados, considera, los preceptos 330 y 370 del Código Procesal Civil, pues

esos elementos probatorios no se apreciaron conforme a las reglas de la sana

crítica. Acusa error de derecho al no reconocerles su carácter de documentos

públicos con valor de plena prueba, conforme a los numerales 369 y 370 del

Código Procesal Civil, pues acreditan la no convivencia ni dependencia

económica de la actora. Así, dice, de folios 25 a 29 la hija de la señora

Fonseca corrobora que el fallecido y su madre no vivían juntos, desde hacía 10

años. Los folios 30, 31, 37 y 38, explica, dan cuenta de las entrevistas a

Guido Ramírez López y Julio César Oviedo Mora, las que ratifican la separación

e indican que el señor Ramírez no tenía dependientes económicos. También los

folios 40 a 44, continúa, permiten determinar que la actora y el señor Ramírez

no convivían, y la primera no dependía económicamente del

Se incurre

en error de derecho, critica, al otorgarle mayor valor al testimonio de Alberto

Villalta Sánchez, con base en el cual se estableció la convivencia en común, y

la manutención de la señora Fonseca por parte del señor Ramírez, pues se

desconoció la contundente prueba que aportó, correspondiente a los folios

referidos del expediente administrativo. En este tipo de casos, estima, por la

limitación que existe para demostrar la dinámica familiar, es que las

declaraciones de parientes revisten especial importancia, de ahí que la

declinación del caso se fundó en las declaraciones obtenidas del padre del

fallecido, una hermana, un hijo y la propia actora, de modo que no se cumplen

los presupuestos de los artículos 60 de la Ley de Tránsito y 26.1.4 y 30 del

Reglamento sobre seguro obligatorio para vehículos automotores Decreto

25370-MOPT-J-MP.

La

Ley de Tránsito por Vías Públicas Terrestres no. 7331 del 22 de abril de

1993, que resulta aplicable a la controversia, creó el seguro obligatorio para

vehículos automotores, y dejó su administración al INS (artículo 39). Su

cobertura abarca la lesión y muerte de las personas víctimas de un accidente de

tránsito, con o sin responsabilidad subjetiva del conductor (numeral 49). El

precepto 60 de la mencionada normativa, en lo de interés, dispone: “Cuando

en un accidente, con un vehículo amparado por el seguro obligatorio de

vehículos, se produzca la muerte de una persona tendrán derecho al pago por

concepto de indemnización las personas que se detallan adelante, según el orden

de cita prioritaria, excepto los incisos a), b) y c), que no son excluyentes.

/  a) Los menores de dieciocho años que dependían

económicamente del fallecido. No será necesario probar la dependencia

económica cuando los menores sean hijos del occiso. / En todos los demás

casos, se debe probar, fehacientemente, la dependencia económica. /  b)

Los hijos mayores de dieciocho años pero menores de veinticinco, que realicen

estudios universitarios y que no dispongan de los recursos propios para su

manutención. Asimismo, los hijos mayores de dieciocho años que, por su

condición de invalidez, no puedan procurarse sus propios ingresos. / c) El

cónyuge supérstite que convivía con el accidentado; el divorciado o el separado

judicialmente por causas imputables al occiso, siempre y cuando se compruebe

que dependía económicamente del fallecido o, en su defecto, la compañera con

quien haya o no haya procreado hijos, siempre y cuando haya convivido con él,

de forma ininterrumpida, durante los últimos dos años y dependiera

económicamente de él. En este caso, debe aportar las pruebas necesarias de su

condición al Instituto Nacional de Seguros. (…)”  En sede

administrativa, el reclamo formulado por la señora Fonseca Salazar fue

denegado, en tanto luego de una investigación administrativa de su caso, la

aseguradora determinó que el accidentado y la reclamante, si bien estaban

casados, no convivían juntos, ni esta última tenía una relación de dependencia

económica con el

Ante esto la afectada acudió a sede judicial. Al

resolver el fondo de la controversia, en lo que resulta de relevancia, el

Tribunal tuvo por demostrado que la actora estaba casada, desde el 8 de junio

de 1974, con Ronald Ramírez Solera, quien falleció el 5 de noviembre de 2009,

producto de un atropello por un vehículo automotor. Señaló, con base en el

testimonio de Alberto Villalta Sánchez, aportado por la actora, estaba probado

que el señor Ramírez y la señora Fonseca convivían y la manutención de la

última corría a cargo del primero, ante lo cual tenía derecho a reclamar la indemnización

correspondiente por concepto del seguro obligatorio de automóviles, conforme a

las normas descritas. Como contrapartida de lo dicho, en los hechos no probados

se tuvo carente de prueba que el fallecido y la petente no convivieran juntos y

que la actora no dependiera de su esposo. Alegó, en sus consideraciones

sustanciales, que en torno a la figura del matrimonio se levanta la presunción

de convivencia, amén del carácter de principal obligado del esposo a la

manutención del hogar, de modo que no habiendo desvirtuado la aseguradora esa

presunción, sino que más bien fue la señora Fonseca Salazar, con base en ese

testimonio, quien probó la convivencia y su carácter de dependiente económica,

correspondía reconocerle la indemnización negada. La aseguradora alega

quebranto indirecto por error de hecho y de derecho, alegando que la prueba que

obra en el expediente administrativo y que corresponde a una serie de

entrevistas realizadas por sus investigadores, dan cuenta de que esas

circunstancias no se constatan a favor de la actora. Señala que tales

documentos tienen carácter público y valor de plena prueba. Si bien el artículo

370 del Código Procesal Civil refiere que los documentos públicos hacen plena

prueba de los hechos que el funcionario afirme haber realizado o haber pasado

en su presencia, encontrándose en el desempeño de su trabajo, ello no equivale

a tener por indubitables el contenido del dicho de terceros recabado por los

inspectores del INS, tal y como pretende el recurrente. El valor de plena

prueba, para esos casos, se circunscribe a la realización de la entrevista,

pero no a su contenido, constatado sin las garantías y posibilidades de

contradicción con que cuenta el proceso judicial. Si, en efecto, la entidad

aseguradora logró localizar una serie de personas que confirmaban que la actora

no convivía ni dependía de su cónyuge, correspondía entonces que esos testigos

fueran aportados al debate con el objeto de acreditar tales circunstancias,

permitiendo de ese modo también que la contraparte, ejercitara, a través del

interrogatorio correspondiente, su derecho de defensa y contradicción, a fin de

aproximarse, en lo posible, a la averiguación de la verdad de los hechos. Por

esa causa, tal y como le afirmó el Tribunal, la simple aportación del expediente

administrativo es por sí misma absolutamente insuficiente para derribar la

convivencia y manutención económica de la actora respecto del accidentado, toda

vez que esta sí procuró prueba en tal sentido, según fue señalado (testimonio

de Alberto Villalta Sánchez). Así las cosas, el yerro probatorio que acusa, no

se cometió ni en su vertiente de error de hecho, ni de derecho, pues no sólo

fueron observadas en forma adecuada las reglas de la sana crítica, sino que

tampoco hubo yerro en la apreciación del contenido de ningún medio probatorio,

todo lo cual descarta los reparos formulados por el recurrente. En síntesis,

por las razones expresadas, se rechaza el recurso de casación formulado por el

demandado, quien al tenor de lo dispuesto por el artículo 150 inciso 3) del

Código Procesal Contencioso Administrativo, deberá sufragar sus propias costas.