Resolución 01461-2013

De conformidad con lo

dispuesto por el numeral 139 del Código Procesal Contencioso Administrativo

(CPCA), el recurso resulta admisible, excepto en cuanto a la segunda censura

por el fondo, en la cual se acusa una indebida valoración probatoria, por las

razones que se dirán. Acorde con lo señalado en el ordinal 142 del cuerpo

procesal de cita, se pone en conocimiento del señor José Antonio Román

Matamoros la admisión de este recurso por el plazo de 10 días.

Se califica la

casación como una instancia de carácter extraordinario, básicamente por

dos razones. En primer término, porque no toda resolución judicial es pasible

de tal recurso, sino tan sólo las contempladas en la ley. Y en segundo lugar,

porque las causales de impugnación en esa etapa revisora no son abiertas, sino

preestablecidas de igual modo, por el ordenamiento jurídico. En lo relativo al

primer aspecto, cabe señalar, como regla general, que son susceptibles del

recurso de casación las sentencias y los autos con carácter de sentencia

capaces de producir cosa juzgada material. Así mismo, lo son aquellos

pronunciamientos finales y de fondo emitidos en las ejecuciones de sentencia de

fallos firmes y precedentes recaídos en procesos de conocimiento. Frente a esta

fórmula genérica, el propio CPCA, puntualiza algunas resoluciones particulares

a las cuales se les concede esta opción. A manera de ejemplo, se encuentran en

esta posibilidad las siguientes: a-) la que declara la inadmisibilidad de la

demanda (art. 62.3); b-) la que declara con lugar las defensas previas

indicadas en el apartado 6) del canon 92 del Código de cita, y c-) la que

resuelve en forma final, el “proceso de ejecución” de sentencia en habeas

corpus y amparos de la Sala Constitucional (art. 183.3 ibidem). Por ende, los

autos comunes y las resoluciones que no definan el fondo del asunto o no pongan

término al proceso, tienen vedado el paso a la etapa casacional. En lo que

atañe a las causales, cabe agregar que opera la dualidad entre las procesales y

las sustantivas. Así se plasma en los preceptos 137 y 138 de la nueva

legislación codificada. Para los primeros, se efectúa un listado en términos

amplios, de gran cobertura, y en los presupuestos que procede, ajustados a las

reglas de la oralidad. Respecto de los sustantivos, se prevé la posible

infracción de los elementos probatorios (por desapego o contradicción con

ellos, o bien, preterición o indebida valoración), denominada comúnmente “violación

indirecta”. Por otro lado, formando parte de este último grupo, se

encuentra la infracción estrictamente normativa, que ocurre en el supuesto de

una aplicación indebida, una incorrecta interpretación o una desaplicación

reprochable de la norma, conocida en la tradición jurídica costarricense como “violación

directa”.

Una vez hecha la

mención de las resoluciones sobre las que cabe recurso de casación y sus

causales, se hace imprescindible enfocar los requisitos necesarios para su

admisibilidad. En este sentido, bueno es recordar que la vocación

antiformalista con que irrumpe el CPCA en el ordenamiento jurídico

costarricense, permea todos y cada uno de sus propios institutos. De esta

manera, el recurso de casación se libera también de excesivos requisitos de

admisibilidad, con el fin de que el órgano casacional (como vértice del

sistema) pueda ingresar, las más de las veces, al análisis de los quebrantos

alegados, sean procesales o sustantivos, en cumplimiento del fin esencial de

esta instancia jurisdiccional y de quien a ella acude. Es así como se ha

establecido una casación menos rigurosa en lo relativo a los aspectos de

admisibilidad, sin abandonar por ello el tecnicismo que le es propio, ni su

naturaleza y esencia, pues, al fin y al cabo, se mantiene incólume su rol y su

finalidad dentro del régimen procesal moderno.

Ahora bien, pese a la

informalidad que propugna la nueva legislación procesal para formular el

recurso de casación, se articulan, como es lógico, una serie de requisitos

mínimos e imprescindibles relativos al tiempo, lugar y forma. Se crean mediante

ley, en tanto imprescindibles para este particular recurso extraordinario, ya

que sin ellos, no habría orden ni equilibrio procesal; empero, han de

interpretarse de manera flexible y razonable, pues precisa recordar que los

señalados en el artículo 139 del Código de referencia, son los únicos

requisitos y formalidades previstos para el recurso de casación, según lo

señala el inciso 5) de ese mismo precepto. De esta manera, en el apartado 1) de

la norma recién citada, se establece que el recurso en mención deberá

presentarse directamente ante la Sala Primera de la Corte Suprema de

Justicia. Se modifica en forma leve para el contencioso administrativo, el

sistema hasta ahora vigente en la legislación procesal civil, dado que, ahora,

la Sala se pronuncia sobre la admisibilidad y de conformidad con el canon 142.1

del Código de la materia, lo pone en conocimiento de la parte contraria por el

plazo de 10 días (notificándole por el medio que haya establecido de acuerdo

con la comunicación que le fue girada de previo por el órgano jurisdiccional de

instancia). Se busca con esto, la estandarización del régimen recursivo que

presenta el Código, dado que por regla, sean ordinarios o extraordinarios, se

presentan directamente ante el superior encargado de conocerlos. En otro

orden de ideas, en el mismo acápite normativo, se establece el plazo para su interposición:

15 días hábiles contados a partir del día hábil siguiente de notificadas

todas las partes. Si se hubiere interpuesto adición o aclaración, el plazo

indicado empezará a correr a partir del día hábil siguiente de notificadas

todas las partes de lo resuelto sobre ello. Superado el tiempo y lugar de

presentación, se enumeran en el apartado 2), una serie de requisitos de

“información” e “identificación” del recurrente y del proceso, que, por su

naturaleza (“datos”, “información de trámite”), pueden ser subsanados en el

plazo de 3 días, a tenor de lo dispuesto en el canon 141 del mismo cuerpo

normativo. Así, deberá indicarse: a) el tipo de proceso; b)

el nombre completo de las partes; c) la firma del recurrente o

recurrentes autenticada por abogado; d) hora y fecha de la

resolución recurrida; e) número de expediente en la cual fue

dictada y f) medio para recibir notificaciones. Con ello se

completa el listado simple de exigencias instrumentales o adjetivas del

recurso. Sólo en el evento de que se incumpla la prevención dictada al efecto,

se dispondrá el rechazo de plano, y por ende, el archivo del asunto, pero en

ese caso, no sólo por la omisión misma, sino por la desatención a lo prevenido

judicialmente.

A los anteriores

requisitos se añade un último requerimiento (artículo 139.3), en este caso,

material, en tanto necesario para la admisibilidad y para la posterior

valoración del recurso por el fondo. Se trata, de la motivación del recurso,

que por las características de la casación, ha de ser clara y precisa. En este

sentido, debe contener, tal como lo dispone el precepto de comentario, la fundamentación

fáctica y jurídica del caso. Fáctica, en la medida en que se muestre

inconforme con los hechos que se han tenido por demostrados, o por indemostrados

(lo cual lleva a la ponderación de las probanzas), o con los las circunstancias

acaecidas en la violación de normas procesales, y jurídica, cuando se

trata de un problema que se expone acerca de la aplicación, omisión o indebida

interpretación de cualquier norma que integre el bloque de juricidad,

incluidos, por supuesto, los principios de rango constitucional, o aquella que

también opera por efecto reflejo o indirecto, después de que se modifican los

hechos de la sentencia impugnada.  Tanto en la infracción procesal, como

en la probatoria, puede concurrir, junto con las razones jurídicas (siempre

necesarias), las de carácter fáctico, y en ese sentido, los fundamentos de

referencia deberán ser dirigidos en ambas vertientes, so pena de

inadmisibilidad. Por su parte, es necesario aclarar que de la fundamentación

jurídica se exonera, por expreso mandato legal, la indicación de aquellos

cánones relativos al valor del elemento o elementos probatorios mal apreciados.

De igual forma, resulta innecesario citar las normas que equivocadamente

utilizó y mencionó el órgano jurisdiccional de instancia para emitir y razonar

su decisión; porque constan en el mismo pronunciamiento recurrido. Y desde

luego, no es indispensable, citar los preceptos que establecen los requisitos,

plazos y reglas básicas para la admisión del recurso. Antes que la cita de

estas últimas, lo imprescindible es que se cumplan, que se pongan en práctica

al momento de elaborar e interponer la casación. Así las cosas, la

fundamentación dispuesta por ley, puede entenderse, grosso modo, como

aquella argumentación técnico-jurídica en la que se mencionan una serie de

artículos, o reglas jurídicas entrelazadas o concatenadas entre sí y vinculadas

razonablemente en una doble perspectiva: con los argumentos del recurso y con

la sentencia que se ataca. En la medida en que se cite un conjunto de normas

jurídicas (o si es del caso, una sola de ellas), atinente y vinculada de manera

clara con la sentencia combatida (ya sea en el sustento de hecho o derecho) y los

argumentos del recurso, hay fundamentación jurídica. Los agregados

jurisprudenciales o las eventuales citas doctrinales, reforzarán en ocasiones

las alegaciones efectuadas, pero, por lo general, no hacen a su esencia. Como

lo ha dicho ya la Sala Primera, interpretando el artículo 139 de referencia, “se

requiere que el recurso cuente con una fundamentación jurídica mínima...deben

explicarse las razones en las cuales sustenta su gestión, combatiendo los

argumentos de derecho de la sentencia recurrida y consignando, al menos, alguna

referencia normativa que le dé sustento” (Resolución n.° 318-A-2008, de las

14 horas 25 minutos del 8 de mayo de 2008). La fundamentación es por tanto,

ajena al despliegue confuso de normas y alegatos; a la mezcla de argumentos ininteligibles

o a la simple exposición de opiniones sobre la procedencia o justicia del caso,

o bien, al recuento de los desaciertos que se consideran cometidos en la

sentencia recurrida, sin respaldo en normas o criterios jurídicos. De allí que,

si el recurso omite por completo esa relación técnico-normativa a la que se ha

hecho referencia, o la que realiza, resulta impertinente o desvinculada al caso

de manera manifiesta y evidente, habrá que entender que carece de “total

fundamentación jurídica”, y por tanto, incumple el necesario requisito

establecido en el numeral 139.3), que se sanciona con el rechazo de plano, a

tenor de lo dispuesto en el artículo 140 inciso c) del mismo Código de rito.

En el caso en estudio,

del análisis y contenido de los reproches que formula la parte demandada, se

observa que el recurso gira en torno a vicios sustantivos. Como segunda

censura, endilga que las acciones de personal números 334266 y 349204 fueron

erróneamente interpretadas y valoradas. Para el Tribunal, aduce, la segunda

acción de personal modificó la primera en cuanto al plazo de vigencia del

nombramiento del actor, entendiéndose del 9 de mayo de 2010 al 31 de diciembre

de 2011. No obstante, expresa, la acción se elaboró para rectificar únicamente

el número de puesto indicado en la 334266, más no la totalidad de su contenido.

Si bien es cierto, apunta, en el encabezado de la acción 349204 se consignó

como fecha de finalización del contrato el 31 de diciembre de 2011, ello

obedeció a un error material, pues posteriormente se confeccionó una nueva

acción de personal, no. 349207, donde en el aparte de observaciones, se

corrigió la fecha de vencimiento al 31 de diciembre de 2010.

Examinada la

exposición anterior, considera este Órgano Decisor que no se sigue una correcta

praxis casacional. El recurrente olvida que esta instancia, no corresponde a un

recurso ordinario (como es la apelación), ni resulta suficiente manifestar una

serie de disconformidades generales y meramente argumentativas,  en tanto

es menester, según se ha dicho, el contraste de lo decidido con la infracción

general que, en su criterio, tuvo lugar. Puede apreciarse con claridad, que los

reclamos descansan en la valoración del acervo probatorio (acciones de personal

números 334266 y 349204); sin embargo, se omite la fundamentación jurídica

requerida para su conocimiento. No se menciona el irrespeto de ninguna

disposición de fondo, requisito insoslayable cuando se acusa este tipo de

infracción, debido a que resulta imprescindible su cita, expresando, con

claridad y precisión, la forma cómo se produjo el yerro y la incidencia que

ello tuvo en la sentencia que se impugna. Así las cosas, el agravio invocado

desarrolla simples discrepancias de criterio, las cuales no muestran ninguna

base jurídica que le den soporte, a efecto de poder ingresar al estudio

extraordinario pretendido. En consecuencia, dicho reproche resulta informal,

por lo que deberá rechazarse de plano.