Resolución 01321-2013

Con base

en los hechos que expusieron y disposiciones legales que citó, la parte actora

estableció proceso de conocimiento, a fin de que en sentencia se declare: “1.

Se admita la demanda.

Se readecuen los contratos de préstamo bancario

con garantía hipotecaria y prendaria, con base en la tasa básica pasiva, más

uno o dos puntos; con la finalidad de que se establezca una modalidad más

segura, que proteja los intereses económicos de los usuarios de servicios

financieros, con intereses fijos o fluctuantes dentro del principio de

proporcionalidad y razonabilidad.

Se declare la responsabilidad

patrimonial en abstracto de los bancos demandados como consecuencia de su

condición de comerciante o proveer, en razón de que muchas personas asociadas y

por asociarse a la ONG que en este acto se representa, resultaron perjudicados

como consecuencia directa del servicio de intermediación financiera por ellos

ofrecidos. Asimismo, por razón de información inadecuada o insuficiente con

respecto al servicio de intermediación financiera brindada. Una vez declarada

la responsablidad patrimonial en abstracto, la Asociación Nacional de

Consumidores Libres, pasará a la etapa de la ejecución de sentencia, con cada asociado

perjudicado, con la finalidad de que obtenga la indemnización

correspondiente.

Se condene a los demandados en costas personales y

procesales."  Posteriormente, a folio 155 corrigió su pretensión

de la siguiente manera: “Se declare la responsabilidad patrimonial en

abstracto de los bancos demandados como consecuencia de su condición de

comerciante o proveedor, en razón de que muchas personas asociadas y por

asociarse a la ONG que en este acto se representa, resultaron perjudicados como

consecuencia directa del servicio de intermediación financiera por ellos

ofrecidos. Asimismo, por razón de información inadecuada o insuficiente con

respecto al servicio de intermediación financiera brindada.  Una vez

declarada la responsabilidad patrimonial en abstracto, la Asociación Nacional

de Consumidores Libres, pasará a la etapa de ejecución de sentencia, con cada

asociado perjudicado, con la finalidad de que obtenga la indemnización

correspondiente.  Es materialmente imposible determinar la cuantía de la

indemnización de daños y perjuicios como si se tratara de un interés

individual, cuando el objeto del proceso judicial es un interés colectivo, por

tal razón la solicitud indemnizatoria se plantea en abstracto, para que en caso

de obtener resultado favorable se pase a la ejecución de la sentencia a

demostrar el valor del daño económico de cada víctima en particular.  El

daño en el presente caso, consiste en el pago en exceso de la renta mensual por

el incremento excesivo de los intereses, y las  pérdidas de los bienes

muebles o inmuebles dados en garantía del crédito dependiendo del caso

concreto.  Por lo anterior, solicito se admita la pretensión

indemnizatoria en abstracto en beneficio de las víctimas de los préstamos de

Tasa Básica Pasiva, asociados a ACL.”

Los representante del

Banco Nacional contestaron negativamente e

interpusieron la defensa previa de litis consorcio pasiva necesaria; así como

las excepciones de falta de derecho y de legitimación activa.

El Banco

Nacional planteó reconvención en contra de la asociación actora, para que en

sentencia se declare: “a) Respetar la libertad de

autodeterminación y los derechos económicos del consumidor costarricense; en

especial los de los usuarios de crédito, prestatarios y obligados del Banco Nacional.

b) Para que como efecto de lo anterior, se abstenga la asociación

actora de obligar a los prestatarios, usuarios de crédito y obligados del Banco

Nacional, a afiliarse a dicha Asociación, y cobrar sumas de dinero o

cualesquier modalidad de carga económica, al consumidor o al prestatario del

Banco Nacional por participar en este proceso.  c) Para que la

asociación actora se abstenga de obligar al consumidor, a los prestatarios,

usuarios de crédito y obligados del Banco Nacional, de tener que cancelar sumas

de dinero, por cualesquier gestión de arreglo de pago, readecuación, prórroga o

modificación de los términos y condiciones en los contratos de crédito.  d)

Para que se obligue a la Asociación actora a reintegrar todas las sumas

recaudadas, cobradas a los usuarios de crédito, prestatarios u obligados del

Banco Nacional. se le constriña a restituirles a dichos consumidores, todos los

dineros que les pertenecen, junto con sus intereses legales; esto último desde

la fecha en que al consumidor se le obligó a pagar y afiliarse, hasta la fecha

del efectivo reintegro o pago.  e) Que en caso de oposición a esta

contrademanda, se le condene al pago de costas personales y procesales.”

El Banco Popular de Desarrollo Comunal contestó la

demanda conforme a escritos de folios 503 al 510 y opuso la defensa previa de

litis consorcio pasivo necesario y las excepciones de falta de derecho, falta

de interés y falta de legitimación activa.

La actora reconvenida

contestó  conforme a folios 533 a 536, oponiendo las excepciones de falta

legitmación activa y pasiva, falta de derecho, falta de interés e indebida

representación.

La audiencia

preliminar se efectuó primeramente a las 9 horas del 25 de marzo de 2011 y se

continuó a las 8 horas 30 minutos del 1° de setiembre de ese mismo año. Durante

la primera fecha fueron revisadas las defensa previas de litis consorcio pasivo

necesario, falta de legitimación activa e indebida representación; y, en

en la segunda se dio el saneamiento respectivo. En ambas oportunidades las

partes hicieron uso de la palabra.

7.

Las señoras y los señores Flor de María Herrera Solís; Martha Rosa Oporta Duarte;

Leonid Iván Jiménez Barquero; Desarrollos Agroindustriales Ninive S.A.; Julio

Alberto Corrales Campos; Bernal Revelo Castro; Yeulin Martínez Muñoz, en su

condición personal y como representante de Desarrollos y Remodelaciones Aramis

de Arenal S.A.; Rocío Andrea Flores Gatjens; Diego Alonso Herrera Arias;

Darleny Arce Castro; Emilio Soto Riggioni; Maribel Astúa Brizuela; Marisol

Umaña Rivero; Emilia María Badilla Zamora; Gerardo Rodríguez Pérez; Bernal

Alfonso Gutiérrez Cubero y Ana Lorena Quirós Mora, en su condición personal y

como representantes de Inversiones Ecológicas la Vainilla CBS S.A., Corporación

Zebeva de Costa Rica S.A. y Comercializadora Berlor S.A.; Justo Germán López

Brenes; María Isabel Brenes Méndez y Grettel Cristina Artavia Carpio , solicitaron constituirse como terceros interesados y

el Tribunal en resolución n.° 208-2011 de las 10 horas 3 minutos del 9 horas 35

minutos del 8 de diciembre de 2011, resolvió: “Se declara sin lugar la

gestión de todos los interesados indicados en la presente resolución, quienes

solicitaron constituirse en terceros en el trámite de este expediente. ES

TODO .”

El

Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, Sección Octava,

integrada por los jueces Alner Palacios García, Laura García Carballo y Rosa

Cortés Morales, en sentencia n.° 215-2011 de las 10 horas 4 minutos del 23 de

diciembre de 2012, dispuso: “1) Respecto de la demanda planteada por la

ASOCIACIÓN NACIONAL DE CONSUMIDORES LIBRES contra el BANCO NACIONAL DE COSTA

RICA y el BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO POPULAR, se acoge la excepción de falta

de legitimación activa, y se declara sin lugar la demanda en todos sus

extremos.

Respecto de la demanda planteada por el BANCO NACIONAL DE

COSTA RICA contra la ASOCIACIÓN NACIONAL DE CONSUMIDORES LIBRES, se acoge la

excepción de falta de legitimación activa, y se declara sin lugar la

reconvención.

Respecto de la demanda planteada por BANCO POPULAR Y DE

DESARROLLO POPULAR contra la ASOCIACIÓN NACIONAL DE CONSUMIDORES LIBRES, se

acoge la excepción de falta de derecho, y se declara sin lugar la

reconvención.

Se omite pronunciamiento acerca de las excepciones de prescripción,

falta de legitimación pasiva y falta de interés, por innecesario.

Por

existir un vencimiento recíproco, se exime a las partes, del pago de costas,

debiendo cada uno asumir las propias.

Con la comunicación integra de

esta sentencia, quedan debidamente notificadas las partes.”

La actora reconvenida Fallas

formula  recurso de casación indicando las razones en que se apoya para

refutar la tesis del Tribunal.

En los procedimientos

ante esta Sala se han observado las prescripciones de ley.

Redacta la magistrada Escoto Fernández

En el escrito inicial

origen de este proceso y su posterior reformulación, la Asociación Nacional de

Consumidores Libres (en lo sucesivo ANCL o la Asociación) interpuso “demanda

colectiva por intereses difusos y colectivos”  (folio 1) en contra del

Banco Nacional de Costa Rica y del Banco Popular y de Desarrollo Comunal (en

adelante, BNCR y BPDC, respectivamente). Refirió al comportamiento variable que

ha tenido la Tasa Básica Pasiva (TBP) nominal en los últimos 30 años, la cual,

destaca, ha oscilado entre un máximo de 34% y un mínimo de 4,25%. A pesar de su

inestabilidad, acusó, los bancos demandados ofrecieron al público créditos con

intereses vinculados a dicha tasa, más uno o dos puntos, sin informar

claramente lo que ello implicaba. Durante el primer semestre del año 2008,

explicó, varias personas obtuvieron créditos bajo esta modalidad, en el momento

en que la TBP se encontraba entre el 4,25% y el 7%; sin embargo, dijo, para

enero de 2009 subió al 12%, lo que implicó un incremento desproporcionado en el

pago de la cuota mensual de los préstamos. Esta situación, adujo, significó

para muchos no poder pagar los nuevos montos mensuales, les supuso enfrentar

procesos cobratorios y; en algunos casos, perder sus bienes en remates

judiciales. Por ende, demandó al BNCR y al BPDC, con el fin de que, luego de

los ajustes efectuados en audiencia preliminar y en virtud de los intereses

difusos afectados, se ordene a los bancos demandados emitir una directriz para

que informen suficientemente al consumidor, en español, de manera clara y

veraz, sin vocabulario técnico, acerca de los elementos que incidan en forma

directa sobre el comportamiento de la TBP en el pasado (por la misma cantidad

de años del crédito), así como los riesgos que implica un crédito vinculado a

esa tasa; con la finalidad de que el usuario pueda verificar si tiene capacidad

de pago por el período completo de la deuda. Como “intereses individuales

homogéneos”, solicita se readecúen los contratos de préstamo con garantía

hipotecaria y prendaria, de los deudores asociados a la ANCL, que obtuvieron

créditos con base en la TBP a partir del segundo semestre del año 2007 a la

fecha de presentación de la demanda, para que halla un techo de cuatro puntos

adicionales de la tasa que tenían en el momento de la firma del crédito, sin

costo alguno para el deudor. Asimismo, pide se declare la responsabilidad

patrimonial en abstracto, por daño material, moral y perjuicios sufridos, por

cada deudor asociado, quien haya obtenido créditos con base en esa modalidad,

los cuales se liquidarán en ejecución de sentencia. Requirió, también, la

condena al demandado del pago de costas personales y procesales. El BNCR

interpuso la defensa previa de indebida integración de la litis consorcio

pasivo necesaria y falta de legitimación activa, que también alegó como

excepción, aunado a la falta de derecho. Además, contrademandó a la ANCL y

solicitó que se le obligue a respetar la libertad de autodeterminación y los derechos

económicos del consumidor; se abstenga de obligar a los usuarios de créditos a

afiliarse a tal Asociación y cobrarles sumas de dinero por participar en este

proceso, gestionar arreglos de pago, readecuación, prórroga o modificación de

los términos y condiciones en los contratos de crédito; que se le ordene

reintegrar los montos cobrados, junto con sus intereses legales y, en caso de

oposición, se le condene al pago de ambas cosas. Por su parte, el BPDC también

planteó la defensa previa de indebida integración de la litis y las excepciones

de falta de derecho y de legitimación; igualmente contrademandó para que, luego

de su reformulación y ajuste, se condene a la actora a la reparación integral

del daño moral subjetivo causado por afectar “la reputación de una

institución bancaria”. En audiencia preliminar se confirmaron las

petitorias de cada una de las reconvenciones presentadas por los Bancos

accionados. Ante la contrademanda del BNCR, la ANCL interpuso, como

excepciones, indebida representación, falta de legitimación activa y pasiva, de

interés y de derecho; esta última la planteó como respuesta a la reconvención

del BPDC, conjuntamente con la de litis consorcio pasivo necesario. La indebida

integración, alegada –por diferentes motivos– tanto por los bancos demandados

como por la Asociación reconvenida, fue rechazada por la jueza tramitadora, lo

cual confirmó el Tribunal de Apelaciones. Posterior a la audiencia preliminar,

las siguientes personas solicitaron constituirse como terceros en este proceso:

Flor de María Herrera Solís; Martha Rosa Oporta Duarte; Leonid Iván Jiménez

Barquero; Desarrollos Agroindustriales Ninive S.A.; Julio Alberto Corrales

Campos; Bernal Revelo Castro; Yeulin Martínez Muñoz, en su condición personal y

como representante de Desarrollos y Remodelaciones Aramis de Arenal S.A.; Rocío

Andrea Flores Gatjens; Diego Alonso Herrera Arias; Darleny Arce Castro; Emilio

Soto Riggioni; Maribel Astúa Brizuela; Marisol Umaña Rivero; Emilia María

Badilla Zamora; Gerardo Rodríguez Pérez; Bernal Alfonso Gutiérrez Cubero y Ana

Lorena Quirós Mora, en su condición personal y como representantes de

Inversiones Ecológicas la Vainilla CBS S.A., Corporación Zebeva de Costa Rica

S.A. y Comercializadora Berlor S.A.; Justo Germán López Brenes; María Isabel

Brenes Méndez y Grettel Cristina Artavia Carpio. Sin embargo, mediante

resolución interlocutoria, el Tribunal rechazó sus gestiones. En sentencia

oral, respecto de la demanda de la ANCL, los juzgadores acogieron la excepción

de falta de legitimación activa y la declararon sin lugar en todos sus

extremos; las reconvenciones del BNCR y del BPDC también fueron rechazadas, la

primera por falta de legitimación activa y la segunda por falta de derecho. A

ninguna de las partes se le condenó al pago de costas. Inconforme con lo

resuelto, el representante legal de la actora, acude ante esta Sala y acusa

violación de normas procesales y sustantivas.

Como una introducción

en su recurso, el casacionista resume las infracciones reclamadas. Así,

respecto de las procesales, alega: deficiencia en la composición de la litis, “al

ser tratado un proceso colectivo como si fueran varios procesos individuales”;

indefensión y quebranto del debido proceso, en perjuicio de sus asociados, al

negar la legitimación a la ANCL por intereses difusos y colectivos y, con ello,

el acceso a la justicia en forma colectiva; indefensión al limitar las

conclusiones a un período de tiempo de 29 minutos, a pesar de que se trataba de

un tema complejo y novedoso; falta de determinación clara y precisa de los

hechos acreditados por el Tribunal, al no reconocer que existen miles de

usuarios de servicios financieros con créditos hipotecarios con intereses

corrientes referenciados a la TBP que resultaron lesionados; indebida

fundamentación, motivación e incongruencia; falta de aplicación de normativa

especial, sean los preceptos 27 y 46 de la Constitución Política, 54 de la Ley

de la Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, Ley no.

7472 del 20 de diciembre de 1994, el numeral 1023, inciso 3) del Código Civil,

así como los artículos 9, 10 y 130 del Código Procesal Contencioso

Administrativo (en adelante CPCA). Como infracción de normas sustantivas

reclama, igualmente, omisión en los hechos probados, en cuanto a la cantidad de

usuarios lesionados por aumento desproporcionado en el monto del pago mensual.

Cuestiona, a su vez, al Tribunal por no decretar la nulidad absoluta y relativa

de las cláusulas abusivas, según lo dispuesto en los numerales 42 de la Ley no.

7472 y 1023 del Código Civil y por grosera vulneración de los principios

constitucionales de acceso a la justicia “y de Congruencia de la Sentencia”.

Posteriormente, en un primer apartado combate la declaratoria de falta

de legitimación activa de la ANCL y explica que los procesos por intereses

colectivos constituyen un tema novedoso en la legislación, que implican un gran

reto para los operadores del derecho. La necesidad del reconocimiento de los

intereses supraindividuales, narra, deriva de la insuficiencia del concepto de

derechos subjetivos e intereses legítimos, como condición de acceso a la

justicia. Un ejemplo de lo anterior, señala, lo constituyen las limitaciones

que enfrentan los usuarios de servicios financieros para proteger sus

intereses, como integrantes de una comunidad. La facultad de realizar

peticiones en forma colectiva, arguye, se encuentra tutelada en el precepto 27

de la Constitución Política y los cánones 9, 10, 48 y 130, inciso 2, del CPCA.

En el artículo 9 de ese Código, indica, se contemplan los intereses colectivos

y en el numeral 10, inciso c), ibídem, se reconoce la legitimación de quienes

invoquen, también, la defensa de los difusos. Agrega, el mandato 130 de ese

mismo cuerpo legal reconoce que la conducta administrativa inválida produce

efectos a todos los vinculados a ella. En este caso, enfatiza, la conducta

administrativa impugnada versa sobre el desequilibrio en la relación de

consumo, entre las entidades bancarias demandadas y los usuarios, dado el

aumento desmedido de los intereses corrientes, por ser referenciados a la TBP,

mediante la imposición de cláusulas abusivas, sin que haya mediado información

pertinente y advertencias sobre los riesgos. La ANCL ha invocado, apunta, la

defensa de intereses difusos, colectivos e individuales homogéneos y, con

artículos de prensa, ha demostrado que existen miles de usuarios con créditos

en colones con intereses corrientes referenciados a la TBP que han sufrido

aumentos desproporcionados en las cuotas mensuales. Narra, la doctrina y la

jurisprudencia nacional reconocen que la materia de consumo es un interés

difuso, dado que el peligro de daños no se puede apreciar de manera

individualizada, ya que es el mismo para todos; hay una dependencia total

respecto del productor o provedor, lo que genera un estado de peligro

permanente. La ley, en su criterio, debe contemplar tanto al consumidor como a

los consumidores, que es una masa indeterminada de sujetos e imposible de

identificar. Acusa “incongruencia de la sentencia en cuanto a los intereses

difusos”, en tanto por una parte el Tribunal reconoce que los intereses

difusos o sociales, sí cuentan con legitimación extendida, pero en su parte

dispositiva no conoce el fondo de las pretensiones por una supuesta falta de

legitimación activa de la ANCL. Explica la distinción entre intereses difusos y

colectivos: cuando el interés apunta a un conjunto de sujetos identificable,

abarcable y de contornos relativamente nítidos, más o menos organizado, se

trata de colectivos; por el contrario, en caso de colectividades en un estado

fluido de bordes poco claros, se trataría de intereses difusos. Apunta, por

ello se afirma que el primero es una especie del

Es decir, continúa,

los colectivos representan a un conjunto determinado por particularidades

comunes. Añade, siendo que los consumidores se protegen por medio de

asociaciones para la tutela de sus derechos, también cuentan con protección en

virtud de los intereses colectivos. Los corporativos son una categoría de estos

últimos, por lo que al estar las asociaciones de consumidores jurídicamente

organizadas, también ostentan tal carácter. De ahí que, concluye, “el

interés colectivo se deriva de la facultad de representar a una organización de

consumidores, con personas asociadas y por asociar cuyos intereses económicos,

se verán beneficiados con en [sic] el resultado de sus acciones

judiciales, al ser todos consumidores.” Agrega, los intereses individuales

homogéneos forman parte de los colectivos, los cuales tienen un origen común

(resultan de un mismo hecho o bien un hecho complejo), por lo que siendo

particulares, pueden ser tratados procesalmente como colectivos, por razones

prácticas y economía procesal. Aunado a lo anterior, arguye, en materia de

consumo cuentan con legitimación para presentar una demanda judicial tanto el

consumidor en forma individual, por haberse vulnerado alguno de sus derechos,

así como las asociaciones de consumidores, en defensa de intereses difusos o

colectivos. Estas últimas, explica, son entes no gubernamentales previstos en

la ley para defensa de los derechos de los consumidores y usuarios ante las

instancias competentes, según lo reconocen los numerales 27 y 46 de la

Constitución Política, 1023 del Código Civil, 54 de la Ley no. 7472, así como

9,10 y 130, inciso 2), del CPCA, los cuales acusa como quebrantados por la

sentencia que impugna. Las entidades financieras demandadas, asevera,

elaboraron contratos de adhesión con cláusulas abusivas, no dieron información

completa, en lenguaje sencillo y con las advertencias correspondientes, lo cual

les generó elevados ingresos económicos, en perjuicio del patrimonio de los

usuarios; todo ello implica una conducta inválida, sancionada por el precepto

130 del CPCA. Menciona, existe una sentencia que da reconocimiento a los

intereses colectivos y legitimación de asociaciones para su defensa; se trata

del caso de reembolso de lo cobrado por el Ministerio de Hacienda sobre el

impuesto de renta del salario escolar, al cual se refirió en sus conclusiones.

En esa oportunidad, indica, se declaró con lugar la demanda presentada contra

el Estado por la Asociación Costarricense de Profesionales en Derecho del Poder

Judicial, la Asociación Nacional de Profesionales en Enfermería, el coadyuvante

Instituto Costarricense de Electricidad y el tercero con pretensiones propias,

Asociación de Ingenieros Civiles del Ministerio de Obras Públicas y Transporte;

mediante la cual se resolvió que el monto por concepto de salario escolar que

se pagó en la segunda quincena del mes de enero de 2009, no estaba sujeto en su

totalidad al impuesto sobre la renta, por lo que se ordenó a las

administraciones públicas devolver a todos sus funcionarios la retención

efectuada. Sin embargo, reclama, en el presente caso se acogió la excepción de

falta de legitimación activa de la ANCL “por no cumplir la asociación actora

con los requisitos de la demanda”. La sentencia es omisa, destaca, al no

indicar a cuáles requisitos se refiere. Ante ello, arguye, no es correcto

establecer que los requisitos de una demanda colectiva son los mismos de una individual

o de varias de estas unidas, pues se trata de un juicio colectivo. Continúa,

sin normas procesales que regulen de forma completa este tipo de procesos “el

tribunal juzgador restringe los intereses colectivos para la agrupación de

consumidores de afectaciones pequeñas, y como no es el caso en cuestión, ya que

el daño producido por los créditos es sumamente cuantioso, niega y limita la

legitimación de nuestra organización defensora de consumidores, […]”.

Agrega, “la identificación, localización, asociación a la organización de

consumidores e incorporación al proceso judicial colectivo, debe darse hasta

que haya sentencia firme favorable a favor de los afectados, por economía

procesal y para evitar cuantiosos costos innecesarios a las asociaciones […]”.

Un segundo punto lo titula: “en cuanto al caso de los afectados

apersonados al proceso”. Informa, en sentencia interlocutoria no. 208-2011

el Tribunal rechazó 19 tercerías de las personas físicas y jurídicas de los

asociados a la ANCL, quienes se apersonaron al proceso en forma personal, con

el fin de reclamar sus derechos como usuarios afectados (valga aclarar que,

según se indicó en el considerando anterior, fueron 24 terceros interesados).

El Tribunal, dice, estimó que no se trata de terceros, sino de actores.

Cuestiona el que se rechazara el proceso unificado, dada la oposición expresa

de las partes demandadas, al tenor de lo dispuesto en el precepto 48 del CPCA.

Adiciona: “También los rechazó como hechos nuevos, al amparo del artículo 68

del mismo cuerpo normativo, alegando que el inciso segundo plantea una

contradicción con el art. 48, párrafo 3° y porque el hecho nuevo tiene que

tener con la conducta administrativa que tenga a su vez origen o nexo con la

parte actora. No tomó en consideración que las partes afectadas son asociadas a

la asociación nacional de consumidores libres [sic] . // Todas esa

normas han sido utilizadas por juzgadores en otros procesos por intereses

colectivos, para adicionar a las personas afectadas, tal como es en el caso de

fraude informático y un caso de notarios que se unieron para demandar al BNCR.”.

En el tercer encabezado aduce “hechos probados, no reconocidos y/o

mencionados en el apartado correspondiente de la sentencia.” Arguye, se

logró demostrar la existencia de un conflicto colectivo con miles de usuarios

de servicios financieros afectados por el aumento de intereses referenciados a

la TBP, según se desprende de las publicaciones periodísticas contenidas en los

folios 28 a 39 del expediente judicial (refiere al contenido de cada uno de los

reportajes) y del documento aportado por el BPDC visible en folio 296 en ese

legajo, donde se informa que hay 270.017 operaciones de crédito en esa

condición. Concibe, se logró demostrar que el BNCR obtuvo en el año 2009 “un

incremento del 45.3%, a raíz del aumento de los intereses. Folio 31”.

Asimismo, asegura, se evidenció que la TBP tiene un comportamiento variable e

inestable, “con grandes picos en aumentos y disminuciones. Folios 297 a 303”

. Manifiesta, los intereses aumentaron de forma desproporcionada el monto de

pago mensual de los créditos, según se aprecia en el reporte histórico de

movimientos emitido por el BNCR para el caso de Emilio Soto Riggioni (folios 40

a 41); cuya tasa aumentó en 205%, lo que hizo que perdiera su casa en un

remate, su dignidad y su autoestima, según señaló el rendir la prueba

testimonial. Se demostró, afirma, que las entidades financieras demandadas no

dieron información completa, idónea, en debido tiempo, en lenguaje sencillo y

no técnico, con las advertencias correspondientes sobre la eventual incapacidad

de pago; dados los posibles aumentos de los intereses, poco tiempo después de

adquirir el crédito. Al respecto, indica, los testigos Soto Riggioni, Maribel

Astúa Brizuela, Julio Corrales Campos y Hazel Cordero, declararon no haber

recibido ningún tipo de información. Además, destaca, las entidades bancarias

no demostraron haber informado a los usuarios, respecto de lo cual, añade, en

materia de consumo “la prueba se revierte” . Las readecuaciones, argumenta,

no estaban al alcance de todos los usuarios afectados, por imposibilidad de

cumplir con los requisitos y la cantidad exigida por los bancos prestamistas;

según se desprende de la declaración testimonial de Hazel Cordero, Soto

Rigioni, Astúa Brisuela y Corrales Campos y de los documentos visibles en

folios 418 a 456 y 651 a 658, todos del expediente judicial. Adiciona, con la

declaración de Hazel Cordero y la información contenida en folios 79 a 101, así

como 407 y 408, se evidencia que las entidades bancarias demandadas protegían

sus intereses económicos, “estableciendo tasas piso sin tasas techo”.

Continúa, se comprobó que las entidades financieras otorgaron créditos en

colones referenciados a la TBP, con cláusulas abusivas en los contratos de adhesión,

tal y como se aprecia en el acuerdo suscrito entre el BNCR y Emilio Soto

Riggioni (folios 42 a 44 y 46 a 54), Roy Gerardo y Carlos, ambos Rojas

Solórzano (folios 79 a 101) y entre Marcial Rodríguez Garro y el BPDC (folios

60 a 78). Apunta, con el testimonio de Soto Riggioni, Astúa Brizuela, Corrales

Campos y Umaña Rivero, y con todas las tercerías presentadas, se verificó que

dentro de los asociados de la ANCL existen usuarios de servicios financieros

afectados por los aumentos excesivos y desproporcionados en el pago de la cuota

mensual de sus créditos. En el cuarto apartado reclama “derechos,

principios y valores” que se dejaron de aplicar en el caso. Acusa, la

sentencia no tomó en cuenta los “principios tutelados en beneficio de los

usuarios de servicios financieros” , sean, los de igualdad,

proporcionalidad y razonabilidad, seguridad jurídica y “Pro Consumatore”

, contemplados en los preceptos 10, 33 y 46 de la Constitución Política, así

como los de buena fe contractual y transparencia. Además, censura, el Tribunal

no valoró los siguientes derechos y normas contempladas en la Ley de Promoción

de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor: derecho a la protección de

los intereses económicos (Art. 32, inciso b), a la seguridad (Arts. 29, inciso

a), 31, inciso d), y 34), a la información completa que contenga los riesgos y

advertencias de las posibles consecuencias que provengan de la relación de

consumo (Art. 34, inciso b), a una relación de consumo justa y equitativa para

todas las partes (Art. 34, inciso o), a que no se den cláusulas abusivas en los

contratos de adhesión y su consecuente nulidad, por aumento desproporcionado de

los intereses corrientes y las cuotas mensuales de pago (Art. 42), a la

indemnización de daños y perjuicios (Art. 35); todo lo cual da lugar a la

indemnización correspondiente. Por otra parte, agrega, se dejó de aplicar el

precepto 1015 del Código Civil, referido al derecho a obtener créditos

bancarios solamente cuando se tenga capacidad de pago; relacionado con los numerales

70 de la Ley Orgánica del Sistema Bancario Nacional, el canon 7 del Reglamento

de negociaciones de pago de operaciones de crédito del BPDC, publicado en La

Gaceta no. 134 del 11 de julio de 2008 (folio 420) y los cardinales 3 y 7 del

Acuerdo SUGEF 1-05, denominado Reglamento para la calificación de deudores (los

cuales transcribe). Reclama quebranto al “derecho a que los bancos no

exploten a los usuarios de servicios financieros con prácticas bancarias que

tienden a la especulación”, contemplado en el artículo 73 de la Ley

Orgánica del Sistema Bancario Nacional, entendida como un “conjunto de

operaciones comerciales o financieras destinadas a obtener un beneficio

económico, basándonos exclusivamente en las variaciones de precios en el

tiempo”. Acusa, además, infracción del “derecho a la readecuación del

contrato de crédito” , respecto de lo cual apunta que el refinanciamiento

de los créditos “se puede realizar con exoneración de la comisión en el caso

del BPDC. Folio 435” y menciona los artículos 3, incisos k) y l), del

Acuerdo SUGEF 1-05, así como los numerales 6 y 13 del Reglamento de

negociaciones de pago de operaciones de crédito del BPDC, publicado en La

Gaceta no. 134° del 11 de julio de 2008 (folio 419). Refiere a un “derecho a

la tasa techo”, en virtud del cual ataca como abusivo que los bancos

establezcan intereses corrientes referenciados a tasas sumamente fluctuantes,

sin que exista una “tasa techo” (menciona el precepto 42 de la Ley

7472). En su criterio: “Es correcto que los intereses corrientes dependan de

tasas fluctuantes, siempre y cuando el aumento de las mismas sea proporcional

con respecto a la tasa que se encontraba al momento de la firma del contrato de

crédito bancario. // Según la jurisprudencia española, la cláusula suelo [tasa

piso] no es una cláusula abusiva por sí misma, depende de la cláusula techo.

Ejemplo, si la cláusula suelo es del 3% y la cláusula techo es del 6%, ‘bendita

cláusula’.”. De ahí que, concluye, si la cláusula techo está muy por encima

de la inferior o no existe, hay un desequilibrio entre las obligaciones y

derechos de las partes, por la absoluta desproporcionalidad en beneficio del

banco y un grave perjuicio para el consumidor.

Conviene recordar que la clasificación de agravios realizada por

los recurrentes no vincula a esta Cámara, porque puede variarla, atendiendo a

la verdadera naturaleza del reclamo, siempre que se satisfagan los requisitos

normativos para ingresar a su examen. De ahí que los motivos pueden ser

agrupados conforme su correcta naturaleza, a efecto de llevar a cabo un

análisis adecuado y objetivo de los puntos que se solicita revisar, según ésta

lo ha dispuesto de manera reiterada (en tal sentido, consúltese la resolución

no. 979-F-2006 de las 7 horas 55 minutos del 19 de diciembre de 2006). Se

observa que, en la parte introductoria del recurso y en su primer apartado, se

acusa una serie de motivos procesales (deficiencia en la composición de la

litis, indefensión, ausencia de determinación clara y precisa de los hechos y

falta de motivación), en su mayoría dirigidos a combatir la falta de

legitimación activa dictada por el Tribunal en perjuicio de la ANCL. Estima

esta Cámara, tales cargos pueden ser agrupados en la causal de indefensión,

dispuesta en el precepto 137, inciso 1), subinciso b), del CPCA, en relación

con el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, tal y como lo ha

considerado en anteriores oportunidades (véase la resolución no. 542-F-S1-2011

de las 8 horas 35 minutos del 5 de mayo de 2011); siendo así, procede analizar

primeramente dicho agravio, como un motivo de carácter procesal.

Para el resolver el

cargo en contra de la falta de legitimación activa de la ANCL –alegada por los

bancos demandados y acogida en la sentencia que se impugna– importa hacer referencia

a los razonamientos utilizados por los juzgadores para sustentar su decisión,

quienes señalaron lo siguiente: “En cuanto al fondo del asunto, para efectos

del análisis de la demanda, este Tribunal luego de escuchar en juicio las

intervenciones de las partes y la prueba testimonial, observa que la cuestión a

resolver es la eventual responsabilidad objetiva, recayendo esta condición en

los bancos demandados, atribuyéndole una conducta que está vinculada a los

vaivenes de la tasa básica pasiva, la cual reflejó una tendencia hacia el alza

en el período que le interesa a la Asociación actora; es decir, a partir del

segundo semestre del año 2007 y a la fecha de presentación de la demanda. Pero

en la forma en que la parte actora definió la pretensión, desde la audiencia

preliminar, observa el Tribunal que la petitoria de la demanda refiere a un

contenido abstracto e indeterminado, dejando expuesto el dilema de que nos

encontramos ante la inexistencia de un caso en concreto que permita al Tribunal

dar fiel cumplimiento al artículo 196 de la Ley General de la Administración

Pública, de manera que sea posible analizar la existencia del daño, para

comprobar que sea efectivo, evaluable e individualizable con relación a una

persona o grupo. El Tribunal de Juicio tiene plena conciencia de que el

artículo 122, inciso m), del Código Procesal Contencioso Administrativo admite

la condenatoria en abstracto de los daños y perjuicios, pero ni aún en ese

supuesto resulta admisible pensar que esa condición –etérea– se refiere no sólo

a la condenatoria sino también a sujetos en abstracto, es decir, no

identificados, puesto que la norma exige siempre, al menos, la acreditación de

una conducta administrativa o relación jurídica administrativa, que debe

entenderse necesariamente como aquella que nace de la interrelación entre la

Administración y el administrado, de manera que resulte oponible por quien

resultó afectado. De antemano no se niega la posibilidad de admitir la

legitimación por interés colectivo pero aún en esa hipótesis persiste la

necesidad de la individualización del daño, como requisito necesario para el

ejercicio de la acción, ya que admitir lo contrario implicaría dar cabida a

demandas con pretensiones abstractas, siendo impensable el dictado de una

eventual sentencia abstracta, que evade de esa forma la referencia de una

relación jurídico administrativa, concreta y específica, como generadora del

daño, conducta frente a la cual bien pudo reclamar el consumidor planteando una

pretensión en forma individual o en forma colectiva, pero en ambos casos

acreditado, al menos, la existencia de esa relación y el interés del afectado

para hacer valer sus derechos. En el presente caso no ha sido posible ubicar

una manifestación expresa, que dé a entender que la Asociación actora cumplió

el mandato citado en las normas mencionadas, pues hemos revisado las hipótesis

y la demanda no cumple alguna o cualesquiera de ellas, es decir, uno, que cada

asociado afectado por las condiciones del crédito que reclama la citada

demanda, haya delegado la representación de su caso individual en la Asociación

dicha, por medio de poder conforme a derecho; o bien, dos, que

independientemente de la existencia de un poder para ejercer la representación

y tratándose de un interés colectivo la Asociación actora haya demandado en

representación efectiva de sus miembros, habiendo acreditado de manera

anticipada la identificación de cada uno de ellos y el contexto de sus casos en

particular, individualizando cuáles son los asociados que fueron sujetos del crédito

en las condiciones que precisamente se reclama en la demanda. Para corroborar

lo dicho basta observar, precisamente, la demanda en su elenco fáctico,

probatorio y petitorio, donde nos queda la impresión de que la Asociación

actora más bien está intentando una especie de acción popular, la que no es

admitida, al menos, en los términos del artículo 10, inciso 1), subinciso d)

del Código Procesal Contencioso Administrativo”. (Registro audiovisual de

la lectura de sentencia oral, de las 10:18:57 a las 10:23:39 horas). Adicional

a lo transcrito, el Tribunal realizó la lectura –prácticamente en su totalidad–

del considerando V de la sentencia de esa misma Sección, no. 175-2011 de las 14

horas del 31 de agosto de 2011, referido a la falta de legitimación de la ANCL

en una demanda contra el Banco Crédito Agrícola de Cartago, incorporando dichos

argumentos a la resolución oral de este proceso. Allí refieren a la diferencia

entre legitimación “ad procesum” y “ad causam”, entendida la

primera como capacidad procesal (presupuesto del proceso) y la segunda como

legitimación propiamente dicha, sea tanto activa o pasiva (presupuesto material

o de la pretensión), respecto de lo cual adiciona extensas citas de

jurisprudencia y doctrina. Agregan, en el precepto 54 de la Ley de Promoción de

la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, Ley no. 7472 del 20 de

diciembre de 1994, el legislador previó una legitimación directa y una

indirecta. En el primer caso, incluye a los consumidores que se asocian para

litigar en la vía administrativa o judicial, no de manera individual, sino por

intermedio de la corporación; o bien, cuando algunas personas integrantes de

una agrupación son afectadas por la práctica de un comerciante, por lo que ésta

los defendería. De ahí que, si los miembros no cuentan con legitimación para

instaurar un proceso, la asociación tampoco la tendría. La indirecta sería,

según los juzgadores, equivalente a la figura de la coadyuvancia, mediante la

cual la entidad grupal concurre a estrados cuando alguno de sus integrantes

podría verse beneficiado de las resultas del proceso, en tanto los efectos del

fallo se podrían extender a algún otro o nuevo proceso. No logran deducir,

señalan, una especie de legitimación ampliada, abierta o semejante, a favor de

las asociaciones de consumidores por su mera condición, aún cuando sus

integrantes o la razón social no evidencien ninguna relación directa con el

objeto procesal. La parte actora, indican, pretende extraer una especie de

acción popular, lo que no es compartido por el Tribunal; pues, en su criterio,

el fin de la norma es permitir que los grupos de consumidores, especialmente

con afectaciones pequeñas o de poco valor económico, pudieran presentar una

pretensión conjunta para tomar fuerza de grupo, lo que no se configura en el

presente caso. Mencionan los supuestos contemplados en el canon 10 del CPCA y

las diferencias entre intereses colectivos y difusos. Los primeros,

manifiestan, hacen referencia a grupos limitados, a veces unidos por un vínculo

jurídico, para la persecución de fines propios; lo que permite que personas con

pequeñas pretensiones puedan litigar como grupo, repartiéndose todos los costos

del proceso y otorgándole más fuerza a sus pretensiones personales, pero

consideradas en forma colectiva. Por su parte, en los difusos, explican,

afectan al individuo como miembro de la sociedad, en donde no hay un particular

vínculo jurídico y, por ello, se permite que cualquiera gestione para hacer

valer la tutela general y preventiva. El precepto 54 de la Ley no. 7472,

continúan, regula dos supuestos, la legitimación directa de la persona que

efectivamente integra la relación procesal y la Asociación de Consumidores que

defiende los intereses legítimos de sus asociados. Sin embargo, la Asociación

demandante parece extraer que su condición le faculta plantear cualquier tipo

de proceso en beneficio de los consumidores, al margen de si se trata de

afiliados o no, quienes pudieran verse afectados por una práctica de comercio

concreta. Tal mecanismo, aseguran, permitiría una burla procesal, pues

cualquier persona que se encuentre en unas situación semejante, en caso de

obtener una resolución favorable, podría recurrir a unirse a la agrupación, con

el único fin de economizarse el proceso, cuando ya el ordenamiento jurídico prevé

un mecanismo para tal circunstancia (numerales 185 a 188 del CPCA), de ahí que

se debe declarar la falta de legitimación de la ANCL (todo lo anterior se

extrae del registro audiovisual de la sentencia oral, de las 10:24:52 a las

10:49:28 horas). Por último, en cuanto la prueba testimonial recibida en el

juicio oral, el Tribunal consideró: “Sus testimonios resultan inertes, a los

efectos del dictado de la presente sentencia, ya que no permiten acreditar

aspectos procesales, como el relacionado con la legitimación; quedando en

evidencia que los relatos de los testigos de la Asociación actora hacían

referencia a casos que no estaban sometidos a valoración, en el contexto de la

demanda, según el planteamiento de los hechos, de las pruebas y de las

pretensiones que fueron trabados en la litis. No desconocemos el valor y la

importancia de las situaciones materiales o emocionales de cada una de las

personas ofrecidas por dicha Asociación, tal y como fueron escuchadas por el

Tribunal, pues entendemos con claridad que cada circunstancia es el resultado

de una apreciación subjetiva que merece el respeto de todos los que

interactuamos en juicio oral; pero tampoco podemos desconocer lo que ya

dijimos, en el entendido que estas declaraciones reflejan cuatro situaciones específicas,

que no conforman parte del elenco de hechos que presentó la Asociación actora,

dado que en la demanda no existe referencia alguna a casos en particular, según

hemos referido anteriormente”. (Registro audiovisual de la sentencia oral,

de las 10:50:15 a las 10:51:48 horas).

Tal y como se explicó, el casacionista combate la sentencia por

cuanto, alega, su representada ha invocado la defensa de intereses difusos,

colectivos y los que denomina individuales homogéneos, por el desequilibrio

generado en la relación de consumo entre las entidades bancarias y los

usuarios, al referenciar los intereses corrientes a la TBP. De tal forma que,

estima, sin mediar información pertinente y advertencias sobre los riesgos, se

incorporaron cláusulas abusivas en los contratos de crédito, las cuales se

materializaron en un aumento desproporcionado de las cuotas que debían cancelar

los deudores. Su legitimación para la defensa de estos intereses, alega, la

encuentra en los preceptos 27 y 46 de la Constitución Política, 1023 del Código

Civil, 54 de la Ley no. 7472, así como los cardinales 9,10, 48 y 130, inciso

2), del CPCA, los cuales considera infringidos por la sentencia impugnada. En

virtud de lo anterior, conviene realizar –de previo– una breve referencia a los

conceptos de intereses difusos y colectivos; a partir de ahí, determinar su

aplicación en materia del consumidor y, con ello, dilucidar el punto que aquí

se discute.

En el amplio espectro de los intereses, donde en un extremo se tienen

los generales y en el otro los individuales, los difusos se colocan en un punto

intermedio y, en la medida en que se especifican, se ubican los colectivos y,

luego, los corporativos. De esta forma, los intereses difusos, aún pudiendo ser

relevantes para un sujeto, trascienden hacia una dimensión supra-individual,

extendiéndose a un conjunto más o menos extenso y amorfo de personas, no

organizadas formalmente, que pueden ser vinculadas a un bien jurídico tutelado,

como punto de referencia objetivo (ambiente natural, salud, patrimonio

cultural, Hacienda Pública, etc.) o unidas a partir de una determinada

condición subjetiva (por ejemplo una característica física, origen étnico o una

necesidad social). Al respecto, esta Sala lo ha entendido como un interés “extendido,

difundido, dilatado; se propaga o diluye entre los miembros del conjunto sea

que este se encuentre o no organizado y compacto” (sentencia no. 675-F-2007

de las 10 horas del 21 de setiembre de 2007). Estos intereses –por ser tales–

pertenecen a una colectividad; sin embargo, cuando se pueden concretizar en un

grupo identificable, se les denomina colectivos en sentido estricto o de

categoría; así, este órgano decisor los ha distinguido de la siguiente manera: “La

distinción que debe realizarse sobre este aspecto es que, a diferencia de lo

que ocurre en el interés difuso, en el colectivo este grupo es determinable”

(sentencia no. 896-F-S1-2012 de las 15 horas del 26 de julio de 2012). Valga

acotar que, cuando el ligamen se da por una relación previa derivada de la

pertenencia a un grupo jurídicamente organizado, se trataría entonces de un

interés corporativo (tal es el caso, por ejemplo, de los colegios

profesionales). Por otra parte, esta Sala ha destacado la arista procesal de

los intereses difusos, como parámetro vinculado al derecho de acción en

determinadas circunstancias: “se trata por ello, en tesis de esta Cámara, de

un interés de titularidad indefinida que legitima al sujeto para accionar, el

cual se transforma, en virtud de su incorporación al elenco de los derechos de

la persona humana, en una especie de ‘derecho reaccional’, dispuesto a fin de

que su titular se oponga a la violación originada en actos u omisiones

ilegítimas, causados a una globalidad” (resolución no. 805-F-S1-2010 de las

13 horas 55 minutos del 5 de julio de 2010). Asimismo, es necesario tomar en

cuenta que estos intereses “por ser difusos o colectivos, no dejan de

integrar la categoría más amplia de los legítimos” (sentencia no.

896-F-S1-2012 de las 15 horas del 26 de julio de 2012).

Ahora bien, en cuanto

al tema que aquí interesa, importa advertir que la protección de los derechos e

intereses de los consumidores obtuvo reconocimiento expreso en la más alta

jerarquía normativa, mediante reforma operada por Ley no. 7606 del 29 de mayo

de 1996 al precepto 46 de la Constitución Política, en virtud de la cual se

dispuso: “Los consumidores y usuarios tienen derecho a la protección de su

salud, ambiente, seguridad e intereses económicos; a recibir información

adecuada y veraz; a la libertad de elección, y a un trato equitativo. El Estado

apoyará los organismos que ellos constituyan para la defensa de sus derechos.

La ley regulará esas materias”. Dicho canon constitucional es producto de

un desarrollo normativo que, en este país, encuentra antecedentes en normas que

datan desde el Código General del Estado de Costa Rica (Código de Carrillo) del

30 de julio de 1841, el cual obligaba al vendedor: “á [sic] explicar

claramente aquello á [sic] que se obliga: todo pacto oscuro ó [sic]

ambiguo, se interpreta contra el vendedor” (artículo 1020 de la Parte

Primera); además, sancionaba los fraudes en el comercio que se hubieran

cometido mediante mercadería falsificada, engaño o alteración de pesas y

medidas (numerales 309, 310 y 644 de la Parte Segunda). En el siglo XX, ante la

depresión de los años 30 y la Segunda Guerra Mundial, se promulgaron las leyes

de Abastos, no. 51 del 16 de julio de 1932; de Subsistencias e Inquilinato, no.

6 del 21 de setiembre de 1939; de Creación de la Oficina de Defensa Económica,

no. 206 del 20 de agosto de 1944 y de Defensa Económica, no. 57 del 26 de marzo

de 1945, tendentes a regular prácticas monopolísticas, acaparamiento, fijación

de precios, calidad, inspecciones y se admitía que “cualquiera puede denunciar

las infracciones punibles de esta ley” (precepto 37 de la Ley no. 57 de

1945). En el Código Penal de 1941, Ley no. 368 del 21 de agosto de 1941, se

sancionaba “depreciar la calidad de los servicios, productos o mercancías de

un competidor” y la “propaganda desleal” (canon 259), así como

defraudar a otro “en la sustancia, calidad o cantidad las cosas que le

entregue en virtud de contrato” (artículo 282, inciso 1). La Ley General de

Salud, no. 5395 del 30 de octubre de 1973 y la Ley Orgánica del Ministerio de

Salud, no. 5412 del 8 de noviembre de ese mismo año, establecieron derechos y

deberes para prevenir riesgos a la salud de quienes consumen medicinas,

alimentos, productos envasados o son usuarios de centros de salud o educativos,

entre otros. Poco después, se emitió la Ley de Protección al Consumidor, no.

5665 del 28 de febrero de 1975, si bien se centraba en fijación de precios y

abastecimiento, también establecía “obligaciones de quienes ejercen el

comercio” , lo cual contemplaba exponer en lugar visible el precio de los

productos y los planes de venta a plazos, donde se debía indicar la tasa de

interés, base y plazo; extender factura; mantener en perfectas condiciones la

pesas y medidas y prohibía las “prácticas engañosas en la oferta de bienes y

servicios” (artículo 17). En esa Ley, el enfoque sancionatorio seguía

siendo mayoritariamente de carácter penal, mediante acción pública que

posibilitaba a cualquiera interponer la respectiva denuncia (precepto 25). Al

promulgarse la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, Ley no.

6815 del 27 de setiembre de 1982, se le encomendó la atribución de: “Tomar

las acciones legales en resguardo de los intereses de los consumidores”

mediante una “Procuraduría de Defensa del Consumidor” (numerales 3,

inciso i) y 7, inciso f). Dicha función pasó luego a formar parte de la “Defensoría

General de los Derechos Humanos”, según los artículos 21 y 22 de la Ley no.

7142 del 8 de marzo de 1990, los cuales fueron derogados tácitamente por el

canon 32 de la Ley de la Defensoría de los Habitantes de la República, Ley no.

7319 del 17 de noviembre de 1992, que asumió tales competencias, hasta la

promulgación de la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del

Consumidor, Ley no. 7472 del 20 de diciembre de 1994, que derogó la Ley no.

5665 de 1975 y actualmente rige la materia. En la normativa vigente, se

prohibieron prácticas monopolísticas y, entre otras cosas, se reconoció un

elenco de derechos del consumidor (precepto 32), además de correlativas obligaciones

de los comerciantes y proveedores (canon 34).

Es necesario destacar

que ese desarrollo jurídico no se limita a reconocer derechos subjetivos a

favor del consumidor, entendidos como aquellos poderes de un individuo

particular para obrar válidamente (posición de libertad) o de exigir a otro(s)

–inclusive coactivamente– una conducta concreta y específica, para la

satisfacción de fines e intereses propios y actuales, jurídicamente tutelables

(tal como lo sería, por ejemplo, hacer valer la garantía de un producto dentro

de los 30 días siguientes a su compra, conforme el artículo 43 de la Ley no.

7472). Sea, aunado a los derechos subjetivos que se le atribuyen a las partes

de una determinada relación de consumo, ese ordenamiento ha reconocido intereses

difusos y colectivos, como derechos fundamentales e irrenunciables para la

generalidad de los consumidores. Así, el precepto 32, incisos b), d) y e)

ibídem, contempla: “la protección de sus legítimos intereses económicos y

sociales” ; “la educación y la divulgación sobre el consumo adecuado de

bienes o servicios, que aseguren la libertad de escogencia y la igualdad en la

contratación” y “la protección administrativa y judicial contra la

publicidad engañosa, las prácticas y las cláusulas abusivas, así como los

métodos comerciales desleales o que restrinjan la libre elección”. En ese

orden de ideas, la Sala Constitucional ha resaltado la necesidad de comprender

al consumidor no sólo como uno de los sujetos de una relación comercial

particular, toda vez que también es necesario abarcar su protección desde una

perspectiva más general: “la Ley de Protección al Consumidor no impone

limitaciones o afectaciones al patrimonio de los comerciantes en los términos

del artículo 45 constitucional. Lo que ese cuerpo normativo hace, no es afectar

el patrimonio privado de cada comerciante, sino regular una actividad

específica que es la comercial, que tiene la característica de trascender el

ámbito concreto del particular e involucrar al gran público consumidor. Sin duda,

el hecho de que los terceros puedan resultar afectados por la actividad

comercial (acaparamiento, porcentajes de utilidad irrazonables, existencia de

monopolios de carácter privado, etc.) hace factible que el legislador ordinario

disponga, con fundamento en el artículo 28 de la Carta Política obligaciones

especiales a los comerciantes, en relación con los bienes que ofrecen al

público y ello no resulta inconstitucional en tanto es consecuencia de los

deberes y relaciones jurídicas que el ordenamiento jurídico puede y debe

regular. […] Los principios de orden público social justifican el amplio

desarrollo que se promueve en torno a la protección de los derechos de los

consumidores” (sentencia no. 4286-95 de las 15 horas 12 minutos del 3 de

agosto de 1995). Por ello, no es de extrañar que ese órgano decisor incluya

esta materia como uno de los ejemplos donde se evidencia este tipo de

intereses: “En síntesis, los intereses difusos son aquellos cuya titularidad

pertenece a grupos de personas no organizadas formalmente, pero unidas a partir

de una determinada necesidad social, una característica física, su origen

étnico, una determinada orientación personal o ideológica, el consumo de un

cierto producto, etc. […]” (resolución no. 2002-00481 de las 14 horas 42 minutos

del 23 de enero de 2002). Bajo esa misma óptica, esta Sala Primera ha

considerado que el concepto de “consumidor” no se limita a una parte

contractual, sino que comprende a todo un colectivo indeterminado, conformado

por los potenciales adquirentes de un producto: “En concordancia con el

parámetro constitucional, consumidor, debe entenderse en un planteamiento

expansivo respecto al ámbito de aplicación de las personas que requieran de una

especial protección en esta materia. No se supedita a un “contrato de consumo”,

porque significaría aplicarla de forma restringida y limitada a aquella persona

que compra, o que contrata. La posición del derecho moderno, según este Órgano

decidor, es que se le conciba como cliente, entendido a quien participa en las

actividades comerciales en la posición de potencial adquiriente -y no comprador

efectivo-, de bienes y servicios con el titular de la oferta. Dependiendo de la

etapa del proceso, se puede distinguir entre contratante y cliente. El primero,

se denomina consumidor jurídico. Adquiere un bien o servicio mediante una

relación jurídica típica, como por ejemplo, la compra. El segundo es el

consumidor material, quien no contrata el bien o servicio, puede potencialmente

adquirirlo o utilizarlo. Este último es el centro de protección jurídica en el

ámbito de la seguridad de los consumidores” (sentencia no. 295-F-2007 de

las 10 horas 45 minutos del 26 de abril de 2007).

En la sentencia

impugnada, el Tribunal estima que la ACNL carece de legitimación por cuanto

considera que “nos encontramos ante la inexistencia de un caso en concreto

que permita al Tribunal dar fiel cumplimiento al artículo 196 de la Ley General

de la Administración Pública, de manera que sea posible analizar la existencia

del daño, para comprobar que sea efectivo, evaluable e individualizable con

relación a una persona o grupo. […]. De antemano no se niega la

posibilidad de admitir la legitimación por interés colectivo pero aún en esa

hipótesis persiste la necesidad de la individualización del daño, como

requisito necesario para el ejercicio de la acción” (ver transcripción supra).

En virtud de lo anterior, concluye: “[…] si los asociados no presentan

legitimación para instaurar algún proceso, la asociación, en cuanto

representante de los derechos o intereses legítimos de estos, tampoco lo

tendría” (registro audiovisual de la sentencia oral, de las 10:39:51 a las

10:40:06 horas). Esta Sala no comparte el criterio de los juzgadores. Conviene

recordar que, en anteriores oportunidades, este órgano decisor ha aceptado la

existencia de daños no individualizables, que pueden ser causados a

colectividades: “no se trata de un daño generado directamente en la persona

de la actora, sino a la globalidad; que por lesionar un interés difuso, posee

autonomía, por lo que puede o no concurrir con daños causados individualmente”

(resolución no. 805-F-S1-2010 de las 13 horas 55 minutos del 5 de julio de

2010; en similar sentido véase la no. 547-F-S1-2012 de las 8 horas 55 minutos

del 10 de mayo de 2012). Es decir, contrario a lo indicado por el Tribunal, el

hecho de que no se llegue a demostrar una lesión a un derecho subjetivo de un

particular, no descarta –necesariamente– una afectación a intereses difusos o

colectivos. En ese sentido, refiriéndose a los daños ambientales, esta Cámara

ha indicado que: “el primer y principal damnificado es la sociedad en su

conjunto, o bien una generalidad indeterminada de sujetos; sin perjuicio de que

simultáneamente también puedan resultar afectados en forma particular, algunos

de los individuos del grupo. […]. […] Se define un nuevo y particular modo de

daño, el cual goza de algunas especificaciones, y conforme a ello, las reglas

para su reparación no podrán equipararse a las que otorgan protección a los

derechos subjetivos, simplemente porque este tipo de daño puede conculcar

además otro tipo de prerrogativas, como los derechos de incidencia colectiva o

general” (sentencia no. 675-F-2007 de las 10 horas del 21 de setiembre de

2007). En el presente caso, se está ante una acción correlativa, es decir, una

doble acción procesal, dirigida –por un lado– a favor de los intereses y

derechos subjetivos de los asociados a la ANCL; pero que –desde otro ángulo–

también se encuentra encaminada hacia la defensa de intereses difusos y

colectivos. Cada una de estas acciones tiene causas e implicaciones diferentes,

sin que sean necesariamente contrapuestas o excluyentes. Así, la demandante

pretende se condene al BPDC y al BNCR al pago del daño material y moral y los

perjuicios causados a cada uno de sus asociados, que suscribieron con esas

entidades contratos crediticios bajo la modalidad de intereses referenciados a

la TBP. Sin embargo –he aquí lo relevante– su demanda no se limita a ello, la

Asociación también exige se ordene a esos bancos informar de manera clara y

veraz sobre los riesgos económicos que, en su criterio, entrañan los créditos

en esas condiciones. Para esta Sala, tomándose en cuenta lo expuesto en los

considerandos precedentes, se trata de un reclamo sustentado en un interés

difuso, a favor de todos aquellos interesados –actuales o potenciales– en

adquirir un crédito bancario (artículo 32, incisos c) y d), de la Ley no.

7472). Aunado a lo anterior, esa pretensión se encuentra íntimamente ligada con

la tesis que la ANCL ha esgrimido en este proceso, en cuanto que tal modalidad

de cálculo de intereses constituye una cláusula abusiva, incorporada en

contratos de adhesión que impacta, al menos, unas 270.017 operaciones de

crédito, las cuales representaban un 55% del total, en los bancos objeto de ese

estudio (folio 296 del expediente judicial). Se tiene así, en criterio de esta

Cámara, una acción que aboga –además– por un interés colectivo, de todo el

grupo de deudores –indeterminado pero determinable– que suscribieron contratos

de créditos vinculados a la TBP (numeral 32, incisos b) y e), ibídem).

Teniéndose claro lo anterior, resulta ahora necesario analizar si una

asociación de consumidores se encuentra legitimada para accionar en favor de

tales intereses difusos y colectivos.

Según lo que se ha

expuesto, el país ha presenciado una evolución hacia el reconocimiento y

protección de los derechos e intereses legítimos del consumidor, que culmina

con la reforma del precepto 46 constitucional y encuentra desarrollo en la Ley

no. 7472. Conviene destacar el canon primero de dicho cuerpo legal, cuyo

concepto “efectivamente” le brinda al intérprete jurídico una pauta para

la exégesis de la norma, con el fin de que estos derechos e intereses

encuentren verdadero resguardo, tanto en sede administrativa como judicial. En

esa línea, la Sala Constitucional, desde la resolución no. 4286-95 de las 15

horas 12 minutos del 3 de agosto de 1995, estimó: “El Estado debe contar con

normas que permitan el cumplimiento de la labo r de protección al

consumidor, ya que, de poco o nada sirve establecer un principio del Estado

Social de derecho, sino se establecen, además, los mecanismos adecuados para su

desarrollo y aplicación. […]”. Aunado a lo anterior, ese órgano decisor

agregó: “[…] El rol estatal en esta materia debe partir de la consagración

de un sistema legal efectivo de protección del consumidor, que reconozca

expresamente sus derechos fundamentales, establezca las soluciones sustanciales

para las cuestiones básicas emergentes de las relaciones de consumo, y finalmente

consagre los mecanismos concretos de implementación que permitan hacer valer

efectivamente aquellos derechos” (sentencia no. 2001-01391 de las 14 horas

52 minutos del 14 de febrero de 2001). En el mismo sentido, la Sala Primera ha

indicado: “En vista del surgimiento de una situación desequilibrada en las

relaciones de consumo entre empresarios y consumidores o usuarios, los

instrumentos jurídicos tradicionales no resultaban suficientes para tutelarlos.

Con el fin de evitar, o al menos atenuar esas diferencias, el legislador ha

creado diversos sistemas jurídicos de defensa, en aras de encontrar un justo

equilibrio entre los intereses recíprocos de consumidores y productores”

(resolución no. 655-F-2007 de las 15 horas 5 minutos del 19 de septiembre de 2007).

Tal enfoque debe guiar el análisis de la Ley no. 7472 y, en lo que aquí

interesa, la legitimación para la tutela de los intereses difusos y colectivos

de los consumidores, en tanto estos integran la amplia categoría de los

legítimos. Ese es el sentido en que debe ser entendido el numeral 32, inciso

f), del referido cuerpo normativo, en cuanto impone, como uno de sus derechos

fundamentales e irrenunciables, los “mecanismos efectivos de acceso para la

tutela administrativa y judicial de sus derechos e intereses legítimos, que

conduzcan a prevenir adecuadamente, sancionar y reparar con prontitud la lesión

de estos, según corresponda”. Lo anterior debe ser garantizado por el

Estado, como parte de sus funciones esenciales, según lo ordena el precepto 33,

inciso d), ibídem: “En los términos establecidos en la presente Ley, son

funciones esenciales del Estado las siguientes: // d) Garantizar el acceso a

mecanismos efectivos y ágiles de tutela administrativa y judicial, para

defender los derechos y los intereses legítimos de los consumidores”. De

igual forma, la regla 46 de ese mismo cuerpo regulatorio, consagra: “Para

hacer valer sus derechos, el consumidor puede acudir a la vía administrativa o

a la judicial, […]”; de donde interesa destacar que la norma utiliza el

concepto de “derechos”, en términos generales y en sentido amplio, sin

restringirlo únicamente a los subjetivos. Al tenor de las disposiciones

transcritas, se tiene que el deber de prevenir y, eventualmente, reparar, no se

limita a los daños individualizables que un comerciante o proveedor pudo haber

causado a un sujeto (o sujetos) determinado(s); sino que incluye toda lesión a

los intereses legítimos de los consumidores, lo cuales podrían ser difusos o

colectivos. Es decir, según se ha visto, el ordenamiento jurídico patrio

reconoce, respecto de los consumidores, no sólo los derechos subjetivos que

puedan surgir de una relación particular de consumo, sino –también– sus

intereses difusos y colectivos; motivo por el cual se garantiza el acceso a los

mecanismos para su efectiva tutela, ya sea en el ámbito administrativo o

judicial. Sobre el particular, obsérvese el numeral 56 de esa Ley, en cuanto

estipula: “La acción ante la Comisión Nacional del Consumidor sólo puede

iniciarse en virtud de una denuncia de cualquier consumidor o persona, sin que

sea necesariamente el agraviado por el hecho que denuncia. […]”. Esa

Comisión es un órgano del Ministerio de Economía, Industria y Comercio, con la

tarea de “conocer y sancionar las infracciones administrativas, los

incumplimientos de las obligaciones establecidas en el Capítulo V y, en

particular, tutelar los derechos de los consumidores, […]” (artículo 53,

inciso a), de la Ley en comentario). Así, el precepto 56 ibídem, otorga una

amplia facultad para que cualquiera ponga en operación ese órgano

administrativo, en procura de la defensa efectiva de los consumidores, que si

bien se encuentra referida a procedimientos administrativos, evidencia “una

apertura en cuanto a la legitimación –cualquier consumidor– y predominantemente

objetiva, ya que lo importante son los hechos denunciados, y no quién ha

sufrido la lesión” (según lo reconoció esta Cámara en la sentencia no.

870-F-2007 de las 10 horas 50 minutos del 4 de diciembre de 2007). Mas aún,

sería contradictorio que –en virtud de dicha norma– una organización de

consumidores pudiera interponer una denuncia en sede administrativa, pero se le

negara la legitimación para impugnar en sede judicial lo que allí se resuelva,

cuando lo acordado por la Comisión fuera contrario a sus intereses. Por otra

parte, la disposición 54 del cuerpo normativo en comentario dispone: “Las

organizaciones de consumidores están legitimadas para iniciar como parte o

intervenir, en calidad de coadyuvantes, en los procedimientos ante la Comisión

Nacional del Consumidor y ante los tribunales de justicia, en defensa de los

derechos y los intereses legítimos de sus asociados. […]”. Este canon

confiere legitimación a tal tipo de agrupaciones para intervenir en calidad de

parte, tanto en sede administrativa como judicial, no sólo en defensa de los

derechos subjetivos de sus asociados, sino también de sus intereses legítimos,

lo cual incluye –según se explicó– los difusos y colectivos, siendo –como

tales– supraindividuales y sin sujeción de unos a otros. Dicho precepto no

podría ser interpretado de forma que restrinja ese reconocimiento, en tanto se

trata de derechos que el ordenamiento jurídico concibe como fundamentales e

irrenunciables; según se deriva del numeral 46 de la Constitución Política en

relación con el artículo 32 de la Ley no. 7472, a los que ya se hizo

referencia. De tal suerte que aplicaría aquí lo que ya se ha indicado para

casos en materia de ambiente, sea: “la simple falta de relación directa o de

perjuicio, en tesis de principio, no puede conducir a una pérdida de la

legitimación para quien posee un derecho reconocido a nivel constitucional”

(sentencia no. 675-F-2007 de las 10 horas del 21 de setiembre de 2007, de esta

Sala). Así las cosas, aunado a la legitimación que pueda ostentar una

organización para abogar por los derechos subjetivos o los intereses de sus

asociados (interés corporativo); las agrupaciones de consumidores, como la

ANCL, se encuentran también legitimadas para la defensa de sus intereses

difusos y colectivos. El canon 46 de la Carta Magna, en consuno con el análisis

armónico de la Ley no. 7472, impone tal conclusión, garantizando el acceso a la

vía administrativa o judicial, con el fin de lograr la tutela efectiva de estos

derechos e intereses (disposiciones 1, 32, incisos b), e), y f), 33, inciso d),

46, 54 y 56 de la citada Ley).

De ahí que, este

Órgano Decisor no concuerda con el criterio del Tribunal, en cuanto estima que

“persiste la necesidad de la individualización del daño, como requisito

necesario para el ejercicio de la acción”. Por el contrario, los preceptos

constitucionales y legales señalados, y su desarrollo jurisprudencial, permiten

concluir que la ANCL se encuentra legitimada para para interponer el presente

proceso en sede judicial, ante la lesión que, arguye, se ha causado a los

intereses difusos y colectivos de los consumidores de productos y servicios

financieros, por causa de: la supuesta falta de información acerca de los

eventuales riesgos que implican los créditos bancarios vinculados a la TBP y la

alegada naturaleza abusiva de las cláusulas contractuales que estipulen esa

modalidad de cálculo. Más aún, no sería posible determinar si se han ocasionado

daños individualizables a las personas particulares, hasta tanto no se

evidencie, en primer lugar, si existe la vulneración a esos intereses difusos y

colectivos que la ANCL ha reclamado; en tanto es preciso –primeramente–

demostrar si referenciar los intereses de los créditos a la TBP constituye

realmente un riesgo que, como tal, debe ser informado y, además, si la

incorporación de esas metodologías de cálculo de intereses en los créditos

bancarios podrían ser calificadas como cláusulas abusivas en contratos de

adhesión.

En virtud de lo

anteriormente analizado, se impone acoger el agravio procesal invocado. En

atención a lo dispuesto en el numeral 105.1 del CPCA, procede anular la

sentencia impugnada y reenviar el expediente al despacho de origen, para que se

dicte la que en derecho corresponda.

Dada la forma como se

resuelve, se omite pronunciamiento en cuanto al resto de los cargos formulados

por el recurrente.