Resolución 00068-2012

1.

Con base en los hechos que expuso y disposiciones legales que citó, la parte

actora estableció demanda ordinaria cuya cuantía se fijó en la suma de ocho

millones de colones, a fin de que en sentencia se declare: “La presente demanda

cuya cuantía se fijó en la suma de ocho millones de colones; es para que en

sentencia se declare: “1- Con lugar todos los extremos petitorios de mi

acción.

Que debido a la culpa de la demandada y por su negligencia en la

administración de los fondos confiados por el actor para su póliza de vida, se

le han causado daños y perjuicios a éste, cuyo monto la demanda está en la obligación

de resarcir.

Que se condene a la demandada al pago de intereses sobre las

sumas adeudas, calculados con base en la tasa básica pasiva para depósitos a

seis meses plazo que tiene el Banco Nacional de Costa Rica (art. 1163 del

Código Civil reformado por Ley N°7201 del 18 de setiembre de 1990 publicada en

La Gaceta N°204 de 29 de octubre de 1990) computados desde la fecha de la

comisión de los hechos que sirven de base a este juicio y hasta la fecha de la

firmeza de la sentencia.

Que todos los extremos petitorios concedidos a

favor del actor deberán actualizarse, revaluarse o indexarse reconociéndose a

su favor el diferencial acumulado que indique el IPC (Indice de Precios al

Consumidor) desde la fecha de la violación de los derechos aquí reclamados y

hasta la fecha de la firmeza de la sentencia.

Que se condene a la demandada

al pago de ambas costas de esta acción.”

La parte demandada

contestó de acuerdo a su escrito de folios 94 al 97 e interpuso las excepciones

de falta de derecho y falta de legitimación ad causam activa.

El Juez Rosny Arce

Jiménez, en resolución n.° 05-2009 de las 12 horas 43 minutos del 22 de enero

de 2009, resolvió: “Razones y citas de ley dadas, se acoge la excepción de

falta de derecho, y se rechaza la de falta de legitimación activa. Así pues, se

declara SIN LUGAR, la presente demanda interpuesta por SUCESIÓN DE JESÚS MARÍA

ARIAS CALDERÓN contra COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO DEL SECTOR PÚBLICO,

PRIVADO E INDEPENDIENTE R.L. Son ambas costas a cargo de la parte

actora-vencida.”

4.

La parte actora apeló y el Tribunal Segundo Civil, Sección Segunda, integrada

por los Jueces José Rodolfo León Díaz, Juan Ramón Coronado Huertas y Laura

María León Orozco, en sentencia n.° 417 de las 16 horas 18 minutos del 30 de

noviembre de 2010, dispuso: “Se revoca la sentencia de primera instancia. En

su lugar, se acoge parcialmente la demanda, de la siguiente manera: se condena

a la demandada, Cooperativa de Ahorro y Crédito del Sector Público, Privado e

Independiente, R.L., a pagar a la sucesión de don Jesús María Arias Calderón la

suma de ochocientos mil colones, más los intereses legales sobre dicha

cantidad, desde el 13 de diciembre de 2004 hasta su efectivo pago, tomando en

cuenta el tipo establecido por el artículo 1163 del Código Civil. Respecto de

lo aquí concedido, se deniegan las excepciones de falta de derecho y

legitimación activa opuestas. Se rechazan los demás extremos petitorios,

acogiéndose respecto de la denegatoria del daño moral la defensa de falta de

legitimación activa y, en cuanto a lo demás, la de falta de derecho. Se impone

a la demandada el pago de ambas costas del proceso.”

5.

La parte demandada formula recurso de casación indicando expresamente las

razones en que se apoya para refutar la tesis del Tribunal de instancia.

En los procedimientos

ante esta Sala se han observado las prescripciones de ley.

Redacta el magistrado Solís Zelaya

I.

La

instancia precedente tuvo por acreditados los siguientes hechos de relevancia,

respecto a los que no existe controversia. El señor Jesús María Arias Calderón

nació el 25 de agosto de 1929 y falleció el 21 de febrero de 2004. Desde el 13

de febrero de 1986 se había afiliado a la Cooperativa de Ahorro y Crédito del

Sector Público Privado e Independiente R.R. COOPEFYL, R.L. (en adelante

Cooperativa), manteniendo formalmente ese estatus al 8 de julio de 2004,

acumulando 18 años y 5 meses en su condición de asociado. La Cooperativa y el

Instituto Nacional de Seguros (INS) suscribieron la póliza colectiva de vida

n.° 01-VIC-724, vigente a partir del 2 de marzo de 1992, para proteger a todo

asociado de la contratante, que fuere reportado al Instituto y aceptado por

éste, siempre que se honraren las primas y se cumplieren los requisitos de

elegibilidad individual de la Cláusula 7 de las Condiciones Generales de la

Póliza. En dicha cláusula, en lo que interesa, se establece: “Cláusula

7.

Elegibilidad Individual. El contratante debe garantizar que las personas

que figuren en el reporte que sirve de base para la expedición de esta Póliza y

las futuras inclusiones, pertenecen al Grupo Asegurable, se encuentran

desempeñando activamente su ocupación y reúnen los siguientes requisitos: a)

Tener entre quince (15) y sesenta y cinco (65) años de edad...”. Asimismo,

en dicho contrato se establecen como causas de finalización las siguientes:

“Cláusula

Término de la Cobertura. La cobertura para cualquier Asegurado

terminará automáticamente cuando: a) Finalice su relación con el Contratante, conforme

se define en las Condiciones Particulares de esta Póliza. b) Cumpla la edad de

setenta y cinco (75) años. c) Se cancele el Contrato de Seguro. d) Por falta de

pago de la prima, según lo indicado en la Cláusula

“Período de Gracia”.

e) Por declaración falsa o inexacta del Asegurado." La póliza fue

suscrita para asegurar a todos los afiliados de la Cooperativa menores de 65

años. El monto mínimo asegurado, en caso de fallecimiento, a partir del 2 de

enero de 1996, era de ¢800.000,00. El 3 de marzo de 2004 la Cooperativa remitió

una carta al INS en la cual indicaba: “Me permito solicitarles la

indemnización por muerte del señor JESÚS MARÍA ARIAS CALDERÓN, (…) quien

falleció el 21 de febrero del dos mil cuatro, amparado bajo la cobertura de la

Póliza Colectiva de Vida No. 007242, desde el mes de agosto de 1998, por un

monto de ¢800.000.00. Asimismo les indicamos que el señor Arias Calderón fue

atendido por el Hospital Rafael Ángel Calderón Guardia.- Adjunto le remito el

Certificado de Defunción y la autorización de la beneficiaria para que revise

el expediente del fallecido”. El INS remitió respuesta en los siguientes

términos: “Nos referimos a la solicitud de indemnización por muerte del

señor Jesús María Arias Calderón, presentada al amparo de la póliza VIC-724. Al

respecto les indicamos que después del análisis del caso, concluimos que el

mismo no es objeto de cobertura, de acuerdo con la cláusula

Elegibilidad

Individual, de las Condiciones Generales del Contrato, que textualmente dice:

CLAUSULA

ELIGIBILIDAD INDIVIDUAL. El Contratante debe garantizar que las

personas que figuren en el reporte que sirve de base para la expedición de esta

póliza y las futuras inclusiones, pertenecen al Grupo Asegurable, se encuentran

desempeñando activamente su ocupación y reúnen los siguientes requisitos: a)

Tener entre quince (15) y sesenta y cinco (65) años de edad.”.- En virtud de lo

anterior y dado que a la fecha de inclusión el señor Arias Calderón contaba con

la edad de 68 años, lamentamos no atender favorablemente su gestión de cobro”.

El Tribunal tuvo como indemostrado que el señor Arias Calderón hubiera sido

incluido en la póliza colectiva de vida entre el 2 de marzo de 1992 y la fecha

en la que cumplió 65 años, esto es, el 25 de agosto de 1994. De igual modo

estimó carente de prueba que existiera algún motivo justificante para no

incluirlo durante ese período. La sucesión del señor Jesús María Arias Calderón

incoó demanda ordinaria contra la Cooperativa. En lo medular peticionó fuese

declarado que por negligencia de la demandada en la administración de los

fondos confiados para su póliza de vida, se le habían causado daños y

perjuicios que debían ser resarcidos, junto con el pago de intereses, sumas que

habrían de ser indexadas. La demandada se opuso e invocó la falta de derecho y

de legitimación ad causam activa. El Juzgado acogió la falta de derecho y

rechazó la demanda, imponiendo a la actora el pago de ambas costas. Disconforme

con lo decidido la actora apeló. El Tribunal, al resolver el fondo de la controversia,

en lo de relevancia, revocó el fallo del Juzgado y, en su lugar, condenó a la

demandada a pagar a la sucesión la suma de ¢800 000,00 más intereses sobre

dicha cantidad, rechazó las demás pretensiones en torno a las cuales dispuso la

falta de derecho y en cuanto al daño moral acogió la falta de legitimación

activa. Finalmente, impuso a la demandada el pago de ambas costas del proceso.

Disconforme con lo decidido, la demandada acudió a la Sala.

En su recurso, invocó

razones de disconformidad por motivos procesales y de fondo. No obstante, el

auto de esta Sala n.° 55-A-2011 de las 10 horas 5 minutos del 5 de mayo de

2011, admitió sólo el reclamo procesal. En su único reparo asegura quebrantado

el principio de congruencia contenido en el artículo 155 del Código Procesal

Civil. La segunda petitoria del actor, refiere, no indica de manera expresa el

monto que pretende. Aunque en los hechos haga referencia a daños y perjuicios,

advierte, el juzgador no puede conceder en sentencia lo que no se ha

solicitado. Lo mismo sucede, indica, en torno al pedimento de intereses. No

puede subsanarse lo que la parte no pidió, critica, por lo que el fallo incurre

en extrapetita, pues en la demanda se indicó que tenía el deber de incorporarlo

en una póliza de vida colectiva desde el 13 de febrero de 1986, lo que no se

acreditó.

III.

Múltiples precedentes de la Sala se han ocupado de puntualizar en qué consiste

la congruencia de la sentencia, señalándose que ha de mediar una correlación

entre lo peticionado -en la demanda, contrademanda y sus respectivas

contestaciones- y lo resuelto. Para ello debe considerarse que el análisis no

se constriñe, de forma exclusiva, a las pretensiones de las partes, sino

también a los hechos que alegan y el derecho que invocan. En el sub-lite, el

acápite de pretensiones de la demanda peticiona se declare: “1- (…).

Que

debido a la culpa de la demandada y por su negligencia en la administración de

los fondos confiados por el actor para su póliza de vida, se le han causado

daños y perjuicios a éste, cuyo monto la demandada está en la obligación de

resarcir.

Que se condene a la demandada al pago de intereses sobre las sumas

adeudadas, calculados con base en (….). 4- (…).

Que se condene a la

demandada al pago de ambas costas de esta acción”. En providencia del 16 de

febrero de 2006 el Juzgado le indicó que debía “(…) cumplir con el inciso 5

del artículo 290 del Código Procesal Civil (…)”. Ante ello el interesado

indicó: “(…) manifiesto al Juzgado que el requerimiento fue cumplido en el

hecho quinto de la demanda, dado que ahí se especificó el motivo que los

origina, en qué consisten y la estimación específica (…)”. A su vez, el

hecho n.° 5 de la demanda liquida por daño material la suma de ¢800.000,00,

perjuicios en ¢2.000.000,00 y daño moral por ¢3.000.000,00. Todo esto evidencia

que el extremo concedido por el Tribunal –aspecto liquidado como daño material

en la demanda- fue oportunamente rogado por la parte actora, si bien no en el

acápite de pretensiones, había sido claramente definido en los hechos de la

demanda. La técnica que se exige para plantear las pretensiones (artículo 290

del Código Procesal Civil) no puede llevarse al extremo de desconocer un

elemento que consta en la demanda, aún cuando se haya errado el acápite al que

corresponde. No debe perderse de vista que el principio constitucional al que

procura servir de resguardo el de congruencia, corresponde al de defensa, por

lo cual, teniendo la contraparte la oportunidad de conocer en forma debida los

hechos, argumentos y pedimentos de su contendiente, puede ejercitar en forma

plena su defensa técnica, todo lo cual descarta la incongruencia. Así las

cosas, el recurso debe denegarse, imponiendo al promovente las costas generadas

con el ejercicio de esta instancia.