Resolución 00611-2012

Con base en los hechos que expuso y disposiciones legales

que citó, la parte actora estableció demanda de cuantía inestimable, a fin de

que en sentencia:  “…se condene a la demandada al pago de todos los

costos causados a la Caja Costarricense de Seguro Social con su incumplimiento

contractual estimados preliminarmente en la suma de ($23.568.93 según el

acta de peritaje mencionada). Además que se condene a la demandada al pago de

los daños y perjuicios causados a la Caja, todos los gastos, se le condene al

pago de ambas costas y al pago de los intereses legales desde la fecha del

incumplimiento original hasta la fecha de su efectivo pago.”

El apoderado de la

demandada contestó negativamente y opuso las excepciones de falta de derecho,

falta de legitimación activa y pasiva y la expresión genérica de “sine

actione agit”.

3.-

El Juez Felipe Córdoba Ramírez, en sentencia no. 823-2010 de las 9 horas 20

minutos del 23 de marzo de 2010, resolvió: “…Se rechaza la solicitud de la

parte demandada para traer al proceso al tercero  garante. Se rechazan las

excepciones de falta de derecho, falta de legitimación activa y pasiva, así como la que entiende la parte demandada, expresión genérica

sine actione agit. Se declara con lugar parcial la demanda entendiéndose

denegada en todo lo no expresamente otorgado. Se condena a la compañía

denominada L.Z. Sociedad Anónima al pago a favor de la Caja Costarricense de

Seguro Social de (sic) la suma de dieciocho mil setenta y nueve

dólares con veinte centavos, sobre la que deberá reconocer intereses al tipo

que se determine como tasa prime rate, que habrán de ser computados a partir de

la fecha en que operó el pago de dicha suma a favor de la demandada y hasta su

efectivo pago a favor de la actora. Se condena a la compañía denominada L.Z. Sociedad

Anónima al pago a favor de la Caja Costarricense del Seguro Social del importe

que corresponda a costos reales por almacenaje derivados del período de tiempo

durante el que el producto entregado sin cumplir con las especificaciones en

cuanto a su plazo de estabilidad se encontró en las bodegas de la actora,

importe sobre el cual una vez determinado correrán intereses legales que habrán

de ser computados a partir de la firmeza del fallo que así lo determine y hasta

su efectivo pago.-

Los apoderados de ambas

partes apelaron, el apoderado de la demandada adicionalmente interpuso recurso

de revocatoria; y el Tribunal Contencioso Administrativo, Sección Segunda,

integrada por la Jueza Sandra Quesada Vargas y los Jueces Francisco Jiménez Villegas

y Francisco Muñoz Chacón, en voto no. 008-2011 de las 15 horas 5 minutos del 31

de enero de 2011, resolvió: Se aclaa el fallo recurrido, debiendo entenderse

que condenó a la parte perdidosa L.Z.  S.A. al pago de ambas costas del

proceso. En lo que ha sido objeto de recurso, se confirma la

sentencia apelada.”

El apoderado de la demandada formula recurso de casación

indicando las razones en que se apoya para refutar la tesis del Tribunal de

instancia.

Al ser las 8 horas 30 minutos del 29 de junio de 2011,

se realizó la vista. En esta hicieron uso de la

palabra los representantes de ambas partes.

Redacta el Magistrado González Camacho

La Caja Costarricense

del Seguro Social (en adelante CCSS) planteó el presente proceso a efectos de

solicitar que la compañía L.Z. S.A. le indemnice todos los costos, daños y

perjuicios derivados de un supuesto incumplimiento contractual originado en la

entrega de unidades de solución de glicerina de 1.5% ml. o 3.000 ml. que no

cumplían con los requerimientos del cartel. El contratista opuso las defensas

de falta de derecho y de legitimación, activa y pasiva, alegó la expresión

genérica sine actione agit y, además, gestionó una llamada al garante, y que como

tal, se incorporara al proceso a B.E.C. (en adelante B.), ya que los productos

eran de dicha empresa. En primera instancia se rechazó al no haberse presentado

documento alguno en que conste dicha garantía, el cual fue aportado como

prueba para mejor resolver junto con el recurso de revocatoria y apelación que

formuló. No obstante, debido a que no suministró las copias respectivas, el

Tribunal le previno subsanar dicha omisión, lo que no sucedió, por lo cual le

fue desestimada la probanza solicitada, y se confirmó el auto del Juzgado. Al fallar el fondo del asunto, el A quo rechazó

las defensas interpuestas, condenó a L.Z. a pagarle a la CCSS la suma de

$18.079,20, más los intereses correspondientes. Además

dispuso el deber de resarcir los costos por almacenaje en que incurrió la

entidad estatal. El Tribunal, con ocasión de los recursos verticales

planteados por ambas partes, resolvió: “Se aclara el fallo recurrido,

debiendo entenderse que condenó a la parte perdidosa L.Z. S.A. al pago de ambas costas del proceso. En lo que ha sido objeto del

recurso, se confirma la sentencia apelada.” Inconforme, acude en casación

la representación legal del demandado.

Si bien el recurrente

plantea un único agravio, de un análisis detallado de este se observa que este

está integrado por dos inconformidades que no mantienen relación directa entre

sí, a saber, lo resuelto sobre la participación de B.E.C. en el proceso y lo

relativo a las costas. En virtud de lo anterior, lo

procedente es separar ambos reclamos y analizarlos en forma individual.

En cuanto al primero

de los puntos mencionados en el considerando anterior, el recurrente critica

que el Tribunal haya considerado innecesaria la integración al juicio del

“garante” B.E.C. Afirma, al resolverse su gestión de aclaración y adición se

corrobora que la prueba de la participación y aceptación de dicha compañía de

la garantía expresa del vencimiento de su

producto forma parte del acervo probatorio por

ser parte del

expediente administrativo. Acota, la prueba está dada para la llamada al

garante, pero aún así, en la sentencia impugnada se indica que tal participación en nada variaría el fondo. Esto, en su criterio,

implica que no se le da valor probatorio, lo que vulnera los artículos 330 y

370 del Código Procesal Civil (en lo sucesivo CPC) en cuanto a los aspectos

probatorios así como el precepto 155 del mismo cuerpo normativo en la medida en

que no se toman en cuenta elementos relevantes para la fundamentación de la

sentencia. Además, opina, se violenta el numeral 1022 del Código Civil, por

cuanto existe un acuerdo entre L.Z., B.E.C. y la CCSS, sino también uno

implícito entre el fabricante (B.E.C.) y el usuario final o consumidor, debido

a que se trata de una contratación administrativa o pública. Cita como quebrantados, además, el

artículo 41 de la Constitución Política y el 109 del CPC, aunque no precisa el porqué.

A partir de los alegatos

y las normas legales citadas, el cuestionamiento del recurrente se reduce a que los órganos

de instancia no acogieron la gestión de llamar al garante. Esto se debió a que

cuando lo solicitó, no constaba en el expediente documento alguno con base en el

cual se haya establecido la garantía aducida, y cuando lo aportó al momento en

que interpuso la apelación, no adjuntó las copias prevenidas, por lo que se

tuvo como

no presentado, manteniéndose lo resuelto por el A quo. En este

punto, conviene señalar que la llamada al garante es una figura procesal,

regulada en el numeral 109 del

CPC mediante la cual un tercero es traído al proceso a iniciativa de una de las

partes que pretende exigirle una garantía. Esto con la finalidad de que el

juzgador, en sentencia, se pronuncie sobre dicho extremo, con la clara intención de garantizar una mayor celeridad, evitando

la necesidad de gestionar un nuevo proceso entre ese tercero y la parte que

pretende ese derecho. Ahora bien, en este punto conviene señalar que, a diferencia

del litisconsorcio pasivo necesario, es facultad del titular de la garantía

solicitar la participación del garante, sin que el no hacerlo implique un

defecto procesal en la integración de la litis. Esto por

cuanto en nada incide su participación (o no) respecto de la posición jurídica

de la contraparte. En el caso del

actor, la ausencia del garante no desmejora su

pretensión frente al demandado, el cual no pierde su eventual condición de

responsable; desde la perspectiva del

obligado, esta circunstancia no enerva la posibilidad de plantear una nueva

contienda cuyo objeto versará, únicamente, sobre la eventual procedencia de la

garantía. A partir de lo anterior, conviene analizar si lo resuelto sobre este punto (de índole estrictamente procesal) es pasible de

casación. En esta línea, no puede obviarse que en materia de impugnaciones rige

el principio de taxatividad, por lo que únicamente cabe este

remedio procesal respecto de aquellas resoluciones a las que expresamente se

les otorgue dicha posibilidad. En el caso del recurso de casación, por tratarse de una

instancia extraordinaria, esto implica que, además, de lo anterior, no

cualquier inconformidad es objeto del

control en esta sede, sino únicamente aquellas que fueron establecidas por el

legislador. Junto con estas, se ha reconocido la competencia de este Órgano para valorar los presupuestos de fondo de la

sentencia, derecho, interés y legitimación (y dentro de esta, un eventual

litisconsorcio necesario). Desde esta perspectiva, y tratándose de vicios

procesales, las causales previstas por el CPC tienen la clara finalidad de

permitir la revisión en el vértice jurisdiccional, únicamente, de aquellas

actividades procesales defectuosas que incidan en aspectos esenciales de la

relación jurídico procesal, de la sentencia o bien, que eventualmente puedan

causar una indefensión a las partes. La decisión adoptada en un

proceso sobre la llamada al garante, en la medida en que, como se indicó, no conlleva ninguna lesión

sustancial a los derechos de las partes al no incidir sobre el posterior

ejercicio y exigibilidad de la garantía, no es pasible de ser sometido a

conocimiento de esta Sala, lo que obliga a su rechazo. En todo caso, y a mayor

abundamiento de razones, comparte este Órgano decisor

lo indicado en la resolución impugnada en cuanto a que en el presente caso, la

no participación de la empresa B.E.C. no causó perjuicio alguno. Al tratarse de

una contratación administrativa, en donde L.Z., como contratista, es el sujeto

obligado a dar cumplimiento a los requisitos fijados en el cartel, y como tal,

es el único responsable frente a la Administración Pública, sin perjuicio de

las acciones que luego pueda intentar respecto de su proveedor. De esta forma,

no existe ninguna indefensión, y menos aún, un

litisconsorcio pasivo necesario.

Critica el

casacionista en la sgunda parte de su agravio el tema de las costas, ya que,

según narra, en la parte dispositiva de la sentencia de primera instancia no se

les menciona, sin embargo, el Tribunal afirma que ello se trata de un error

meramente material, el cual aclara imponiéndoles su pago. Dice, actuaron con

absoluta buena fe, señalando a quién corresponden las

debidas responsabilidades “conforme a la razón, legalidad y justicia”.

Sobre este punto, arguye, se produce la vulneración de

los numerales 158 del

Código Procesal Civil y 41 de la Constitución Política.

Del anterior reparo se

logran extraer dos objeciones; la primera, aunque en forma poco clara, parece

dirigirse a cuestionar el que el Tribunal haya enmendado el error de la parte

considerativa del Juzgado sobre el rubro de costas y la segunda, referida a la

existencia de buena fe en el actuar de la demandada, aunque sin precisar si lo

pretendido es recriminar la no aplicación de la facultad exonerativa de los

órganos jurisdiccionales. No obstante lo anterior, ambos aspectos devienen en

informales, no solo por su falta de claridad y precisión (requisito exigido en

el artículo 596 del

CPC), sino además por las siguientes razones. Por un

lado, cabe reiterar lo dicho en el considerando IV sobre el principio de

taxatividad, ya que lo alegado sobre el quebranto del

artículo 158 no es dable de ser subsumido dentro de ninguna de las causales

reguladas, como vicios procesales, del recurso de casación.

En todo caso, a mayor abundamiento de razones, observe el recurrente que, si

bien el Tribunal afirma que se trata de una aclaración, dicho pronunciamiento

es consecuencia de la impugnación realizada por la CCSS, por lo que la

modificación a la parte dispositiva de la sentencia de primera instancia no

obedece a una aclaración o adición en el sentido técnico del artículo 158 del

CPC, sino más bien a la corrección, en segunda instancia, de un yerro del fallo

cuestionado, en ejercicio de las competencias derivadas del numeral 559 del

mismo cuerpo normativo y del recurso interpuesto por la entidad actora. Ahora

bien, en lo que atañe al tema de la buena fe, lo cierto es que si lo alegado es

la improcedencia de la condena en costas, como requisito de admisibilidad, se debió

citar, al menos, la disposición 98 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción

Contencioso Administrativa y el 221 del CPC, lo cual se echa de menos en la

formulación del recurrente. Todo lo anterior, obliga al rechazo del

agravio.

Con base en las razones

expuestas, los cargos formulados no son de recibo, y en tal sentido se

pronunciará esta sentencia. En cuanto a las costas correspondientes a este mecanismo recursivo, en atención a lo estatuido en el

precepto 611 del

CPC, dicho rubro deberá ser sufragado por quien lo promovió.