Resolución 00490-2012

El Juez Rodrigo Alberto

Campos Hidalgo, en sentencia n.° 2709-2009 de las 14

horas del 12

de noviembre de 2009, resolvió: “Se acoge la excepción de prescripción

opuesta por El Estado y por consiguiente se declara inadmisible la demanda. Por innecesario se omite pronunciamiento sobre el resto de

excepciones opuestas por El Estado y sobre el fondo de la demanda. Son las costas a cargo de la parte actora. ”

El apoderado especial

judicial del actor apeló y, el Tribunal Contencioso Administrativo, Sección

Novena, integrada por los jueces Juan Luis Giusti Soto, Bernardo Rodríguez

Villalobos y Francisco Jiménez Villegas, en sentencia no. 069-2010-IX de las 11

horas 20 minutos del 28 de junio de 2010, dispuso: “En lo que es objeto de

recurso, se confirma la sentencia venida en alzada.”

3.

El actor formula recurso de casación indicando expresamente las razones en que

se apoya para  refutar la tesis del Tribunal de

instancia.

En los procedimientos

ante esta Sala se han observado las prescripciones de

ley.

Redacta la magistrada Escoto Fernández

En la demanda origen

de este proceso, el señor R,  manifestó, el día 9 de marzo de 1994, se le

decomisó mercadería variada de su propiedad -ropa, calzado y perfumería-, cuyo

valor fiscal fue establecido en $41.533,93. En virtud del decomiso, aseveró, se

le inició un proceso penal por la supuesta comisión de los delitos de

contrabando y defraudación fiscal, en el cual por resolución del Juzgado Penal

de las 8 horas del 18 de mayo de 1995, se dictó una falta de mérito. Mencionó,

el asunto fue pasado al Juzgado Contencioso Administrativo para determinar la

posible sanción administrativa y fraude fiscal , el cual mediante resolución de

las 11 horas y 9 minutos del 6 de agosto de 2004, declaró la caducidad del

proceso ordinario seguido en su contra. Apuntó, el

Departamento de Investigaciones Técnicas Aduaneras (en lo que sigue DITA),

nunca informó al despacho judicial, el lugar en el cual entregó la mercadería

decomisada, la cual desapareció, sin que quedara constancia o registro de su

custodia. Agregó, a pesar de que el Juzgado de Instrucción de Cartago

había ordenado entregarlas en custodia al Juzgado Contencioso Administrativo,

nunca recuperó dichos bienes, circunstancia que le ocasionó un daño

importante  en sus actividades económicas. Por ello promueve proceso en

contra del Estado, en el que solicita en sentencia se declare que incumplió su

obligación de resguardar los bienes decomisados, lo cual le causó serios daños,

por lo que debe: a) asumir el pago de los daños y perjuicios ocasionados, que

en el caso específico de la mercadería sustraída, implica traerse a valor

presente; b) pagar las utilidades dejadas de percibir por la venta de la

mercadería, las cuales establece en un 40% de su valor; c) cancelar los

perjuicios ocasionados por el cierre del negocio denominado Tienda H, situada

en Cartago, así como por el cese de su actividad económica; d) pagar el daño

moral causado por la pérdida del negocio, que tuvo que dejar de operar por la

falta de liquidez y mercadería existente en la tienda y e) ambas costas. El Estado contestó negativamente. Opuso

las excepciones de falta de derecho, culpa de la víctima, y prescripción y/o

caducidad. El Juzgado acogió la de prescripción, omitió hacer relación a

las demás defensas, declaró inadmisible la demanda, con las costas a cargo del

demandante. El Tribunal confirmó la sentencia de primera

instancia. Inconforme el actor, acude en casación.

Recurso por razones procesales

En el único

reproche, el casacionista reclama, el fallo incurre en el vicio de

incongruencia, por extra petita, al resolver en forma distinta a lo peticionado, por cuanto, refiere, ninguna de las partes

alegó la prescripción. Considera, si bien se le resolvió como defensa,

aquella constituye un asunto de fondo que no ha sido analizado en debida forma.

Por lo anterior, dice, el fallo impugnado resulta violatorio de los preceptos

37, 50, y 60 inciso e) de la

Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso

Administrativa (en lo sucesivo LRJCA), y de los cardinales 99 y 155 del Código

Procesal Civil (en lo que sigue CPC). Aduce, su inconformidad radica en que, en

el caso concreto no resultaba oponible la defensa de caducidad, sino la de

prescripción, que es a la que remite el canon 198 de la Ley General de la Administración Pública

(en lo subsiguiente LGAP).

En su único alegato,

el recurrente expresa, se estaba ante un supuesto de

prescripción, no de caducidad, la cual no fue alegada por el Estado, razón por

la cual, al declararla, el fallo incurre en el vicio de incongruencia. Por su

parte, el Tribunal en la sentencia combatida, aplicó el plazo prescriptivo

determinado en el numeral 198 de la

LGAP, sea tres años, por considerar la vigencia de la

normativa en el momento en que, en su criterio, iniciaba el plazo para su

cómputo, a saber, el 27 de diciembre de 1995, fecha en que adquirió firmeza la

resolución de sobreseimiento que fuera dictada en sede penal. Al respecto,

observa esta Sala, carece de fundamento la tesis del casacionista,

en cuanto a que en el caso concreto, se está ante un supuesto de prescripción y

no de caducidad, defensa que según aduce, no fue opuesta por el Estado. Según

consta a folio 9 del escrito de contestación de la demanda, la Procuraduría General

de la República,

opuso la defensa de prescripción indicando expresamente, que el plazo

prescriptivo, corre a partir de la firmeza de la resolución de sobreseimiento,

que fuera dictada en diciembre de 1995. Lo anterior permite descartar el

argumento de incongruencia en que se fundamenta el actor, puesto que el Estado,

efectivamente opuso la defensa en cuestión. Poco interesa además, a efectos de

establecer la presencia del vicio invocado, que la excepción haya sido

denominada “Prescripción y/o Caducidad”, denominación inclusiva de

ambas, puesto que, en esencia, una vez deducidas, el juez se encuentra obligado

a analizar el contenido fáctico a fin de establecer si en cualquiera de los

casos, el plazo extintivo se ha cumplido o no. Dicho lo anterior, es claro que

no se presenta el vicio de incongruencia que alega la casacionista, puesto que los

jueces han resuelto sobre la defensa expresamente

alegada por el Estado, lo cual obliga al rechazo del agravio.

Recurso por razones sustantivas

En el único

cargo de esta naturaleza, apunta, la sentencia acoge la excepción de

prescripción, partiendo para ello de que, al 23 de noviembre de 2004, fecha de

interposición del proceso, el plazo prescriptivo ya había transcurrido. Aunque

de manera confusa, aduce, su inconformidad radica en que, en el caso concreto

no resultaba oponible la defensa de caducidad, sino la de prescripción, que es

a la que remite el canon 198 de la Ley General de la Administración Pública

(en lo subsiguiente LGAP). En su opinión, si el ordenamiento jurídico impone

por norma especial, un plazo de cuatro años para reclamar al Estado la

indemnización de un daño ocasionado con su proceder, atendiendo al principio de

igualdad, por aspectos de certeza y seguridad jurídica, ese mismo plazo debe

aplicarse cuando el detrimento provenga del ejercicio de sus funciones

jurisdiccionales. Alega, aún partiendo de que el espacio temporal que fija el

cardinal 198 de la LGAP,

sea el aplicable al caso, el derecho de reclamo no se encuentra fenecido. Asevera, en la especie, el plazo con que cuenta la víctima, es de

prescripción y no de caducidad, por lo que puede ser suspendido. Así las cosas, afirma, el proceso no se encuentra prescrito, puesto

que la acusación penal por contrabando tuvo lugar en el año 1995, proceso que

concluyó en agosto de 2004, fecha a partir de la cual debe computarse el lapso

extintivo.

A efecto de entrar al

análisis del

fondo, conviene precisar algunos conceptos. La prescripción ha sido definida

por esta Sala desde distintos ángulos, como

el modo para adquirir un derecho (usucapión) o bien para liberarse del cumplimiento de una obligación por el transcurso del tiempo. Se trata de un medio extintivo tendiente a garantizar la seguridad y la

certeza jurídicas, frente al desinterés del

titular de un derecho subjetivo o interés legítimo, que no lo reclama en

tiempo. Con la finalidad de aclarar los alcances de la prescripción, en la

sentencia nº 59 de las 9 horas 15 minutos del 30 de enero del 2004, se dispuso:

“V.-...Como punto de partida debe tenerse presente que el sustento de ésta  se encuentra  en la seguridad jurídica, en tanto,

procura eliminar situaciones de incerteza  generadas ante el no uso del

derecho por parte de su titular en el transcurso del tiempo.” Esta posición

ha sido ratificada por fallos recientes de la Sala, así por ejemplo, la decisión no. 730 de las

10 horas 15 minutos del 4 de octubre de 2007. Se le considera: “…un principio, una sanción o pena contra el titular

de un derecho quien, por negligencia, crea una situación de inseguridad

censurable en razón de la cual el legislador veda, salvo renuncia del interesado, la

posibilidad de su ejercicio tardío. Se ha dicho dentro de la doctrina, que la

prescripción encuentra su razón de ser en una presunta renuncia tácita del

derecho por parte de su titular, quien a través de su inactividad, trasunta su

intención de no reclamar lo que le corresponde. A tal posición se le ha

objetado, con acierto, que la prescripción no puede considerarse ni como una

pena por un actuar negligente, ni como una renuncia tácita, pues si eso fuera

cierto, debería permitirse al perjudicado con ella demostrar la inexistencia de

culpa castigable o de la presunta intención de abandono. Dicha crítica

concuerda con nuestro ordenamiento jurídico” (Pronunciamiento no. 244 de

las 15 horas con 17 minutos del 28 de marzo de 2001). Respecto a su punto de partida,

en ocasiones anteriores esta cámara ha manifestado: “El fenómeno de la

responsabilidad civil no es simple, sino compuesto. Para su existencia requie­re

una conducta y un daño,  entre los cuales existe

una rela­ción de causalidad. Es frecuente que la conducta y

el daño surjan simultáneamente, pero, en otras oportunidades, suele suceder que

el daño se produzca o evidencie tiempo después de acaecida la conducta.

Es más, en otras ocasiones parte del

daño se produce inmediatamente y otra tiempo después”. (Resolución

no. 29 de las 14 horas 30 minutos del 14 de mayo de 1993). En igual

sentido, consúltese la no. 606 de las 16 horas 10 minutos del 7 de septiembre

de 2002). Se parte entonces del

principio general del derecho, (aplicable no

solo en materia contencioso administrativa), de que el plazo para plantear un

reclamo por responsabilidad, inicia cuando se tiene conocimiento del daño o hecho

generador, o a partir de que la víctima se encuentre en condiciones de ejercer

su derecho a la indemnización. En otro orden de ideas, resulta oportuno

recordar, que ese plazo, en materia de responsabilidad estatal, conforme al

artículo 198 de la LGAP,

en tesis de principio, es de cuatro años, y que con anterioridad a su reforma

ocurrida en julio de 1996, establecía un plazo de tres años a partir del hecho

que motivara la responsabilidad. (Sentencia no. 509 de las 9 horas 45 minutos del

20 de julio de 2007 de este órgano decisor).

En lo medular, el

recurrente reclama, que a la fecha de interposición del presente proceso, no

había transcurrido aún el plazo de prescripción, puesto que la acusación penal

por contrabando tuvo lugar en el año 1995, proceso que solo concluyó en agosto

de 2004, fecha a partir de la cual debe computarse el lapso extintivo. El

Tribunal expresó, con anterioridad a su reforma ocurrida en julio de 1996, la LGAP indicaba en su numeral

198: " El derecho de reclamar la

indemnización prescribirá en tres años contados a partir del hecho que motiva la responsabilidad".

Conforme a la reforma acaecida mediante Ley número 7611, del 29 de julio de 1996, el texto incluyó un

plazo de cuatro años, aunque en ambas normas se determina en lo de interés como inicio de su

contabilización, el hecho que motiva la responsabilidad. En el presente caso,

refieren los juzgadores, tal hecho tuvo lugar el 8 de enero de 1996 cuando

quedó firme la sentencia de sobreseimiento dictada en sede penal, y no desde la

fecha en que se dispuso la caducidad del expediente tramitado ante el Juzgado

Contencioso, el 6 de agosto de 2004, como alega el actor. Agregan los

juzgadores, es correcta la posición del A quo al considerar que es el decomiso

de los bienes (mercadería) sobre lo cual versa el ordinario de responsabilidad,

y no la actuación del Juzgado Contencioso, puesto que el proceso se inició con

las actas de decomiso de mercadería, fechadas 9 de marzo de 1994, actuación a

cargo del Organismo de Investigación Judicial, y de la Jueza de Instrucción de

Cartago. Añade el Tribunal, es en el expediente penal donde se conoce

inicialmente sobre el paradero de los bienes incautados, además, se tiene por

probado que a solicitud de la autoridad penal, el DITA retiró los bienes

secuestrados el 22 de diciembre de 1994, a saber, último paradero conocido de la

mercadería. Adicionalmente, en la causa penal, el abogado defensor del señor

Mata Brenes solicitó el 9 de febrero de 1995, el depósito judicial de los

bienes incautados a efecto de evitar su deterioro, pedido que reiteró el 14 de

marzo de 1995. Más de un año después, refieren los

jueces, el Juzgado de Instrucción de Cartago, remitió "testimonio de

piezas" al Juzgado Contencioso, para que tramitara la defraudación fiscal,

la cual no requería mantener a su orden la custodia de los bienes decomisados.

De tal forma, expresan los juzgadores, el acto que

motivó la responsabilidad, derivó de la jurisdicción penal (que realizó el

decomiso, custodió los bienes, y dispuso de estos). Adicionan, lo resuelto por la Jueza de Instrucción no fue

objetado por el señor R, por lo que es ese el momento

a partir del cual, se tuvo conocimiento del hecho productor del daño, que se perfecciona desde la

firmeza de esa resolución. Conforme a lo anterior, concluyen, el señor R estuvo

en posibilidad de solicitar la devolución de los bienes en la propia sede

responsable (penal), a partir de la firmeza de la resolución de sobreseimiento

que fuera dictada en sede penal, el 27 de diciembre de 1995, la cual quedó

firme el 8 de enero de 1996. Por consiguiente, concluye el Tribunal,

corresponde aplicar el plazo prescriptivo determinado en el numeral 198 de la LGAP, sea tres años, por la

vigencia de la normativa en el momento en que se dieron los hechos. Estima esta

Sala, es indiscutible que los hechos generadores de la responsabilidad,

tuvieron lugar durante la tramitación de la sumaria en

sede penal, proceso dentro del

cual fueron dictadas las órdenes de decomiso, por las cuales se incautó la

mercadería al señor R. No obstante, es claro que el demandante solo estuvo en

posición de reclamar su devolución, a partir de la la fecha en que se dispuso

la caducidad del proceso por defraudación fiscal, tramitado ante el Juzgado

Contencioso, el 6 de agosto de 2004, por cuanto es claro que, junto con el

penal, se trataba de los mismos hechos, el cual no concluyó con el fallo que ordenó

su sobreseimiento el 27 de diciembre de 2005, sino que continuó en la sede

contencioso administrativa, a efecto de determinar la procedencia de una

sanción administrativa, hasta el 6 de agosto de 2004. Por consiguiente,

conforme a la reforma operada por la

Ley número 7611, del 29 de julio de 1996, que amplió el plazo

extintivo a cuatro años, tomando en cuenta que la presente demanda fue

presentada a estrados el 23 de noviembre de 2004, es incuestionable, que a esa

fecha, el plazo de la prescripción, al cual hace referencia el numeral 198 de la LGAP, no había transcurrido,

lo cual obliga a acoger el cargo.

Al rechazarse la

defensa de prescripción interpuesta, procede entrar al análisis de las

excepciones de falta de derecho y culpa de la víctima. En lo medular, se está

ante un alegato para el pago de los daños causados por conducta administrativa,

no solo por la dilación en que se incurre para el dictado de los fallos de

interés, sino además por el hecho de que los bienes incautados, han desaparecido.

En efecto ninguna de las dos es de recibo. El

argumento esencial de la

Administración, se centra, primero, en el supuesto transcurso

del plazo extintivo, al cual asigna como punto de partida el 27 de diciembre de

1995. Segundo, en que el actor no demostró que los bienes

fueran de su propiedad. No obstante, analizados los hechos, resulta que

el presente proceso indemnizatorio ha sido presentado en tiempo. Asimismo,

conforme a los hechos tenidos por demostrados 1) y 2), se acreditó, que en

fecha 9 de marzo de 1994, fue decomisada la mercadería sobre cuyo valor se

solicita indemnización en esta sede, decomiso por el cual, se imputaron los

delitos de contrabando y defraudación fiscal, en contra del actor. De lo anterior es evidente la titularidad que el demandante alega

sobre dichos bienes, por lo que la falta de derecho invocada por el Estado,

resulta también improcedente. Finalmente, en cuanto a la culpa de la

víctima, según el elenco de hechos tenidos por probados, se tiene que el

defensor en la causa penal del aquí demandante, solicitó en dos ocasiones se le

nombrara depositario de la mercadería, los días 3 de febrero y 13 de marzo de

1995. No obstante, del

proceso se remitieron piezas a la Jurisdicción Contencioso

Administrativa, sin que en ningún momento se atendiera tal gestión.

Posteriormente, conforme a los autos, el proceso en cuestión continuó hasta el

dictado de la resolución 921-04 del 6 agosto de 2004, que declaró la caducidad.

Así las cosas, no procede acoger la defensa indicada, en cuanto a la existencia

de culpa de la víctima en la dilación del proceso, o pérdida de los bienes

decomisados, toda vez que consta, que en forma diligente, realizó gestiones a

fin de asegurar que los bienes no sufrieran una pérdida mayor, solicitud que no

fue atendida.

El demandante

solicitó el pago de los daños y perjuicios ocasionados por el decomiso ilegal y

la omisión de cuidar la mercadería incautada, cuyo valor estimó a la fecha del decomiso, en la suma

de $41.533,93; moneda de los Estados Unidos de América.

Solicitó además, traer dicha cantidad a valor presente, cancelar las utilidades

dejadas de percibir por la venta de la mercadería, y los perjuicios causados

por el cierre del negocio comercial denominado Tienda Hawai, así como por el

cese de su actividad económica. Al respecto estima esta Sala,

en el caso de examen, no existe duda en cuanto a que los decomisos fueron

realizados el 9 de marzo de 1994. Tampoco en cuanto a la titularidad de

la mercadería, la cual pertenece al demandante, toda vez que los procesos por

contrabando y defraudación fiscal fueron enderezados en su contra, además por

el hecho, de que, al realizarse los decomisos, los bienes se encontraban en su

poder. ( hechos tenidos por demostrados 1) y 2)).

Según oficio DV-DNP-084-95, del 1° de febrero de 1995, el valor de la

mercadería incautada, fue estimado por el Departamento de Verificación de la Dirección General

de Aduanas, en la suma de $41.533,93; moneda de los Estados Unidos de América

(folios 106 al 110 del expediente judicial). Así las cosas, al no existir duda

en cuanto a la titularidad de la mercadería, ni de su valor, y ante la

evidencia existente en autos, referente a las conductas administrativas que por

18 años privaron de esas mercancías al actor, procede acoger la pretensión en

cuanto a indemnizar el daño causado. En ese sentido, se condena al Estado a

pagar la suma de $41.533,93; moneda de los Estados

Unidos de América, en concepto de daño material, correspondiente al valor de la

mercadería decomisada y no devuelta.  También deberá acogerse la solicitud

de traer a valor presente dicha suma, por lo que se condena al Estado a

cancelar la cantidad que resulte de la indexación del monto dicho, que

tratándose de una obligación en dólares, se indexará conforme a la la tasa

promedio “prime rate”, desde el 9 de marzo de 1994, fecha del decomiso, y hasta

su efectivo pago, los que deberá liquidar el actor en etapa de ejecución de

sentencia. Dicho extremo y forma de cálculo es consistente con la posición

reiterada por esta Sala desde el voto 1016-2004, de las 9 horas 30 minutos del

26 de noviembre de 2004, en el cual se hizo patente la posibilidad de aplicar

la indexación extra-convencional. En dicho fallo, esta Cámara indicó: “…no

se requiere de norma legal alguna para el reconocimiento de una pretensión

indexatoria, cuando por principio general de Derecho y por Constitución, se

establece la obligada y plena reparación de los daños y perjuicios irrogados a

quien figura como acreedor o lesionado.  Si los principios generales del

Derecho permean e irradian la totalidad del Ordenamiento Jurídico, y si dentro

de ellos destaca la íntegra reparación del daño; el equilibrio en las

contraprestaciones establecidas; la prohibición al abuso del derecho y el

enriquecimiento injusto, es claro que existe asidero suficiente para reconocer

la actualización de lo debido a la fecha efectiva de su pago.  Lo

contrario, implica infracción al fin último de la juricidad, representado, ni más ni menos, que por la Justicia. (…) Reparar

implica restituir, reponer en lo posible el estado de cosas lesionado a su

situación anterior dentro del contexto y valor

presente.  De esta manera, no se repara  sino

se repone la suma o el bien debido que corresponde conforme a su valor actual y

real establecido a su fecha de pago”.  La obligación del caso de

examen, (dineraria) tiene un contenido intrínsecamente ajustable a precio o

valor presente, pues en esencia, busca la equiparación económica de un bien que

no puede ser restituido “in natura”. Esa es precisamente la razón por la cual,

en el pasado, esta misma Sala ha concedido intereses moratorios para este tipo

de obligaciones, tan sólo a partir de la sentencia firme (a modo de ejemplo

pueden verse las sentencias de este mismo órgano decisor, no. 49 de las 9:00

hrs. del 21 de junio de 1995; la no. 136 del 18 de diciembre de 1998 y la no.

623 de las 12 horas 20  minutos del 25 de agosto

del 2000). De lo anterior, es claro que la indexación frente a obligaciones de

dinerarias en dólares, a efecto de evitar la desactualización del monto

concedido, por incluir espacios temporales sujetos a tasas diversas, debe

ajustarse a la tasa promedio que en ese sentido fije el Banco Central para

operaciones en dólares. Así, el cálculo estará afectado a la regla general

indicada, por resultar éste el más conveniente y razonable, tratándose de

moneda extranjera, el cual, no solo resulta de aplicación para obligaciones

comerciales en esa moneda (artículo 497 del Código de Comercio), sino que

además viene a ser ajustado conforme a diversos factores económicos por

importantes instituciones bancarias internacionales y por la entidad estatal

rectora en materia financiera.

El actor reclamó el

pago de las utilidades dejadas de percibir por la venta de mercadería y los

perjuicios causados por el cierre del negocio comercial denominado Tienda H.

Tales extremos deben ser rechazados, por cuanto el actor no allegó al

expediente prueba en ese sentido que permita a esta Cámara establecer la

existencia del

daño.

Como daño moral

subjetivo, el actor solicitó el pago de $50.000,00;

moneda de los Estados Unidos de América, por haber sufrido, según argumenta,

incertidumbre e inestabilidad emocional. Esta Sala ha señalado que el daño

moral en su vertiente subjetiva no requiere de prueba directa, en tanto éste

puede hacerse derivar de las condiciones del caso, y determinarse a través

de presunciones humanas – valoración in re ipsa-. Sin embargo, los alegatos del

actor se fundamentan en presupuestos fácticos que no aportan mayor

argumentación. Así las cosas, resulta claro, que en la especie, el demandante

no ha hecho constar los supuestos padecimientos emocionales que aduce,

circunstancia que impide a este órgano decisor,

establecer el valor del

monto reclamado, conforme a la pretensión que esboza. Nótese que invoca aspectos

propios de un daño sicológico, diferente al moral, el

cual no alcanzó a demostrar, como

era su deber. Esta Cámara ha reconocido, sin embargo, que conforme al ideal de

una gestión administrativa o judicial idónea, célere, eficaz y solidaria, lo

deseable sería que un proceso de esta especie sea

resuelto en un plazo razonable. Adicionalmente, se ha constatado el retraso en

la administración de justicia, y la inoperancia de los entes administrativos a

cargo de la custodia de los bienes, circunstancia que obliga a los interesados

a acudir a instancias jurisdiccionales a fin de obtener una indemnización por

el daño causado. Conforme a lo anterior, si bien no puede esta Cámara, basarse

solo en presunciones humanas, a fin de otorgar la suma requerida por el actor,

pues no hay en la especie probanzas, ni alegatos que permitan establecer, que

se haya ocasionado, un daño moral de esa envergadura, es claro que de las

conductas administrativas puede haberse generado cierto grado de incertidumbre

además de otras afectaciones al fuero interno. En esa línea, el daño se colige

de las propias circunstancias del

caso, del

hecho indiscutible de haberse incautado mercadería durante un período mayor a

los 17 años, sin que se haya brindado al menos, por parte del Estado, una

oferta de devolución, o explicación adecuada sobre su paradero o localización.

Así las cosas, se condena al Estado al pago de ¢1.000.000,00

en concepto de daño moral.

En mérito de lo

expuesto, procederá acoger el recurso, anular la sentencia recurrida. Fallando por el fondo, rechazar las excepciones de prescripción,

falta de derecho y culpa de la víctima interpuestas por el Estado. Se

declarará parcialmente con lugar la demanda, entendiéndose denegada en lo no

concedido. Se condena al Estado al pago de $41.533,93;

moneda de los Estados Unidos de América, en concepto de daño material,

correspondiente al valor de la mercadería decomisada, la cual no fue devuelta

oportunamente por el Estado. A efecto de traer dicha suma a valor presente, se

condena al Estado a indexar dicha suma conforme a la tasa “prime rate”

promedio, desde el 9 de marzo de 1994, fecha del decomiso, y hasta su efectivo

pago, los que deberá liquidar el actor en etapa de ejecución de sentencia. Como daño moral, se

condena al Estado al pago de ¢1.000.000,00. Se

rechazan los extremos de utilidades dejadas de percibir por la venta de la

mercadería, y los perjuicios causados por el cierre del negocio

comercial denominado Tienda H.  Son las costas a cargo de la parte vencida

acorde a lo dispuesto por el numeral 221 del Código Procesal Civil.