Resolución 01681-2012

Con base en

los hechos que expuso y disposiciones legales que citó, el actor planteó

demanda ordinaria, para que en sentencia se declare: “1. Con lugar en todos

sus extremos la presente demanda.- 2. …que entre el suscrito y el demandado

existió un contrato de compraventa de madera en pie existente dentro de la

finca del partido de Heredia, matrícula de folio real número 144351-000.- 3. …

que entre el demandado y el suscrito se celebró un contrato de compraventa de

toda la madera comercialmente explotable existente en los potreros de la finca

del partido de Heredia, matricula de folio real número 144.351-000 de su

propiedad.- 4. … que el demandado incumplió dicho contrato.- 5. … se condene al

demandado a ejecutar forzosamente el contrato de compraventa de madera

celebrado por el suscrito.- 6. … subsidiariamente se declare la resolución del

contrato efectuado entre el suscrito y el accionado, condenando al demandado al

paga de los daños y perjuicios irrogados más los intereses de ley.- 7. … se

condene al demandado al pago de ambas costas.”

El demandado

contestó negativamente y opuso las excepciones de falta de derecho y falta de

legitimación activa.

El señor Salas

Chavarría planteó reconvención en contra del actor, a fin de que en sentencia

se declare: “1.- Con lugar los extremos de esta contrademanda.- 2.- … que

entre el suscrito y el señor Gómez Salas existió un contrato de compraventa de

madera existente en finca de mi propiedad, partido de Heredia Folio Real

144351-000.- 3.- … que el contrademandado incumplió el contrato.-

Que ante

el incumplimiento del contrademandado se tenga por resuelto el contrato.-

5.-

Que se condene al contrademandado al pago de daños y perjuicios ocasionados por

su incumplimiento, así como los intereses de ley.-

Que se condene al

contrademandado al pago de ambas costas de este proceso."

El actor

reconvenido contestó negativamente e interpuso las excepciones de falta de

derecho, falta de legitimación, contrato no cumplido y la expresión genérica de

“sine actione agit”.

La Jueza

Silvia E. Sánchez B., en sentencia no. 66-09 de las 14 horas 50 minutos del 7

de agosto de 2009, resolvió: “De conformidad con lo antes expuesto, las

normas y jurisprudencia de cita, se RECHAZAN las excepciones de Falta de

Derecho y Falta de Legitimidad Activa interpuestas por el demandado y conforme

a lo dicho se DECLARA CON LUGAR en todos sus extremos la demanda

planteada por ÁLVARO GÓMEZ SALAS contra MARIO SALAS CHAVARRÍA, y

en consecuencia se DECLARA: Que entre el accionante Álvaro Gómez Salas y

el accionado Mario Salas Chavarría existió contrato verbal de compraventa de

madera en pie aprovechable dentro de la finca del Partido de Heredia matrícula

folio Real número 144351-000, madera contabilizada según inventario forestal

expediente número 043-IF-2002 de la Subregión Sarapiquí. Que fue el demandado

Salas Chavarría quien incumplió el contrato al no dejar ingresar a su finca a

extraer la madera; que como incumpliente se le ordena la ejecución forzosa de

dicho contrato. Debiendo en consecuencia, una vez firme la presente sentencia,

el señor Mario Salas Chavarría permitir el acceso a la madera pactada, a

efectos de que el señor Álvaro Gómez Salas, continué con el aprovechamiento de

la madera en pie pactada, conforme a lo autorizado por la Administración

Forestal del Estado, mediante su resolución SRS-062-IF de las doce horas

veintisiete minutos del diecinueve de abril del dos mil dos. Asimismo, deberá

el señor Álvaro Gómez Salas cancelar de acuerdo a lo convenido, el precio de

cuarenta y cinco colones por cada pulgada cúbica de madera semidura extraída y

treinta y tres colones por cada pulgada de madera blanda (o blanca) extraída.

Deberán ambas partes a acudir a la Administración Forestal del Estado para que

se proceda a la actualización del permiso otorgado en la referida resolución.-

En lo que respecta a la reconvención, SE ACOGEN las excepciones de Falta

de Derecho, Falta de Legitimación Activa y Pasiva, Contrato no Cumplido, y

acorde con ello SE DECLARA SIN LUGAR la reconvención planteada por MARIO

SALAS CHAVARRÍA contra ÁLVARO GÓMEZ SALAS.- Son ambas costas

procesales y personales a cargo de la parte demandada reconventora MARIO SALAS

CHAVARRÍA por resultar así perdidoso.”

El demandado

reconventor apeló, y el Tribunal Agrario del Segundo Circuito Judicial de San

José, integrado por la Jueza Alexandra Alvarado Paniagua, los Jueces Antonio

Darcia Carranza y Carlos González Mora, en sentencia no. 1237-F-11 de las 14

horas 30 minutos del 10 de noviembre de 2011, dispuso: “En lo apelado, se

confirma la sentencia dictada.”

El señor Mario Salas Chavarría, en su expresado carácter,

formula recurso de casación indicando las razones en que se apoya para refutar

la tesis del Tribunal de instancia.

Redacta el magistrado Rivas Loáiciga

El 1º de

marzo de 2002, Mario Salas Chavarría le vendió a Alvaro Gómez Salas, la madera

en pie aprovechable que se pudiera extraer de la finca de su propiedad inscrita

en el Registro Público de la Propiedad Inmueble, provincia de San José, folio

real matrícula 144351-000. El contrato fue verbal. El precio se fijó en ¢45 la

pulgada cúbica de madera semidura y en ¢35 la de madera suave. El día 24 ese

mismo mes y año, el comprador entregó al vendedor un abono de ¢300.000,00. Como

parte de lo acordado, el señor Salas Chavarría otorgó al señor Gómez Salas un

poder para que éste pudiera tramitar ante la Administración Forestal del

Estado, los permisos respectivos para el aprovechamiento de la madera negociada.

Mediante resolución SRS-062-IP de 19 de abril de 2002, el Área de Conservación

Volcánica Central, Sub-región Sarapiquí, autorizó el derribo de 66 árboles de

distintas especies, en total, aproximadamente 280.26 metros cúbicos. En un

primer momento, el comprador taló 18 árboles, pero las condiciones climáticas

imperantes únicamente le permitieron sacar uno del predio. A mediados del mes

de abril, se presentó en el inmueble el  señor Gómez Salas con sus

empleados, para continuar con la tala  y extracción de la madera, pero no

pudo hacerlo pues el señor Salas Chavarría se lo impidió. Ante esa situación,

el comprador incoa el presente proceso ordinario contra vendedor. Pretende, en

lo fundamental, se declare el incumplimiento del demandado y se proceda a la

ejecución forzosa de lo convenido. En subsidio, pide la resolución del contrato

y la condena del accionado al pago de los daños y perjuicios causados. El señor

Salas Chavarría contestó en forma negativa y opuso las excepciones de falta de:

derecho y legitimación activa. Además, reconvino para que, en lo medular, se

declare el incumplimiento del actor-reconvenido, se resuelva el contrato y se

condene al señor Gómez Salas en daños y perjuicios. Este último, contestó en

forma negativa e interpuso las excepciones de contrato no cumplido, falta de:

derecho, legitimación activa y pasiva,  y la expresión genérica de sine

actione agit. El Juzgado rechazó las defensas opuestas por el

demandado-reconviniente y declaró con lugar la demanda principal en todos sus

extremos. En lo que respecta a la reconvención, acogió las excepciones opuestas

por el accionante-reconvenido, la declaró sin lugar y condenó en ambas costas a

la parte perdidosa. El Tribunal confirmó la sentencia del A quo.

El

demandado-reconviniente recurre contra la sentencia del Ad quem. Son dos los

agravios.

el fallo impugnado, dice, no es más que una copia del

de primera instancia. Con ello, afirma, dejó de analizar el Tribunal, los

motivos de inconformidad que alegó en cuanto a las nulidades existentes, falta

de fundamentación e indebida apreciación de la prueba. Incluso, agrega, erró al

indicar que él no se opuso a la declaratoria ilegal que se hizo al recibir

testigos como prueba para mejor resolver. En la primera sentencia dictada por

el Juzgado, expone, se le dio la razón en todo, tanto como demandado como

reconviniente. Sin embargo, critica, cuando el A quo dicta de nuevo el fallo,

en virtud de la nulidad declarada, resuelve totalmente en contrario, decisión

que avala el Tribunal. Resulta extraño, menciona, que dos sentencias sean

totalmente diferentes pese a que fueron dictadas por el mismo Despacho. El

segundo fallo, estima, hace un examen superficial y  totalmente distinto

de los hechos y de la prueba. No tomó en consideración el Tribunal, alega, las

manifestaciones de los testigos ofrecidos por él, pero sí las de los

deponentes  del actor-reconvenido, a quienes no se les debió haber

recibido su declaración. Se refiere a los que fueron admitidos como prueba para

mejor resolver, pese a que no se presentaron a la audiencia señalada. Al no

asistir, explica, el propio Juzgador dictó la resolución de las 14 horas del 18

de setiembre de 2006, indicando con claridad por qué razón no era posible

recibir los testigos que como prueba para mejor resolver había ordenado el

Tribunal. Sin embargo, reprocha, una vez firme dicha resolución, en forma

extraña, el A quo cambia y fija nuevamente fecha para que los testigos

declaren, lo cual le resulta poco claro, pues considera que no es posible que

eso suceda, de ahí que estima nula la sentencia.

El Tribunal

Agrario mediante voto no. 509-F-06, de las 15 horas 5 minutos del 29 de mayo de

2006, anuló el fallo del juez de primera instancia, de las 10 horas 15 minutos

del 30 de setiembre de 2004. Fundamentó su decisión en los siguientes términos:

“V.- El artículo 155 del Código Procesal Civil aplicado

supletoriamente a la materia agraria por remisión del artículo 26 de la Ley de

Jurisdicción Agraria, establece como uno de los requisitos que debe contener la

sentencia lo es el pronunciamiento sobre todos y cada uno de los puntos que

hayan sido objeto del debate. Al contestarse la contrademanda a folio 66, el

actor reconvenido opuso la excepción de contrato no cumplido, la cual no fue

analizada por el a quo en su sentencia, pues se limitó a rechazar la misma

aduciendo ésta no existe. Ello es un error, por cuanto tal excepción se

encuentra regulada en el artículo 692 del Código Civil el cual reza: "En

los contratos bilaterales va siempre implícita la condición resolutoria por

falta de cumplimiento. En este caso la parte que ha cumplido puede exigir el

cumplimiento del convenio o pedir se resuelva con daños y perjuicios".- Al

formar parte dicha excepción del ordenamiento jurídico, debió el a-quo haber

emitido pronunciamiento al respecto y no resolver manifestando tal excepción no

existe, dejándose de ésta forma sin resolver por el fondo la referida excepción

deviniendo el fallo en incongruente y causando indefensión al reconvenido, lo

que implica nulidad de la sentencia.- Otro motivo que acarrea la nulidad del

fallo lo es con relación a que el a-quo otorga la condenatoria en daños y

perjuicios, sin expresar en el fallo en qué consistían éstos, pues en abstracto

hace tal condenatoria delegando su cuantum a la etapa de ejecución. Nótese el

artículo 290 inciso 5 ibídem establece la obligación de indicar los motivos que

originan los daños y perjuicios, en qué consisten así como su estimación, lo

cual es cumplido por el reconventor a folio

Sin embargo, el a-quo no hace

referencia a ello en su sentencia sino que se limita a dictar la condenatoria,

sin resolver específicamente en qué consistía los daños y perjuicios asó como

los motivos que los originaron. El no hacer esta especificación en la sentencia

deja abierta la posibilidad de cobrar cualquier daño y perjuicio que se liquide

en sentencia, provocando con ello inseguridad jurídica al perdidoso, además del

vicio procesal de omitir resolver sobre el tipo de daño consignado en la pretensión

de la contrademanda tal como lo ha solicitado el petente. No se puede ejecutar

una sentencia por daños y perjuicios, si no se expresa en la misma sentencia en

qué sentido los mismos son acogidos, definiéndose en qué consisten los mismos y

el motivo que los origina, pudiendo eso sí, delegarse para ejecución de

sentencia su cuantificación”. Dadas las razones por las cuales el Tribunal

Agrario anuló la sentencia de primera instancia, no resulta extraño que el

Juzgado, al resolver de nuevo sobre el fondo del asunto, de acuerdo con el

mérito de los autos, lo haya hecho de manera distinta. Ello es posible, por

cuanto el Tribunal  como consecuencia de la invalidez decretada, dejó sin

efecto la sentencia anulada y en este caso, además de que “desapareció” según lo

dispuso el Tribunal en la nueva, debía pronunciarse en los aspectos que se

omitieron en el primer fallo. De tal manera, el Juzgado podía apreciar de nuevo

la prueba a conciencia, respetando los principios de derecho y equidad. En

relación a la prueba testimonial cuestionada, interesa citar lo que ha

expresado en reiteradas ocasiones esta Sala en relación con la prueba para

mejor resolver: “IX.- (…) Esta Sala ha reiterado que la prueba

propuesta en esa condición, por su naturaleza, es discrecional para el juzgador,

quien decide su conveniencia y necesidad. Se trata de una facultad que le

permite incorporar, en la fase conclusiva, elementos demostrativos relevantes

para la correcta decisión del conflicto. Pero si la ordena, debe respetarse el

debido proceso. En relación, de este órgano, véase sentencia no. 203 de las 14

horas 35 minutos del 15 de noviembre de 1991. Sobre los parámetros que

determinan su aplicación, puede consultarse la resolución no. 268 de las 16

horas 10 minutos del 3 de abril del 2002. Desde esta perspectiva, si bien se

permite incorporar para mejor resolver probanzas totalmente nuevas, así como

aquellas que fueron declaradas inevacuables, nulas, rechazadas por

extemporáneas o inadmisibles, o bien relacionadas a hechos que se tuvieron por

ciertos ante la rebeldía del accionado -incluso al resolver apelaciones-

(artículos 331 y 575 de la normativa procesal civil), ciertamente, la decisión

de recabarla es estrictamente facultativa para el juez, ergo, corresponde a una

valoración discrecional del juzgador, quien puede prescindir de ella sin

necesidad de resolución expresa” (no. 728 de las 10 horas 5 minutos del 4

de octubre de 2007). Es claro entonces, que no existió ninguna

ilegalidad en la evacuación de la testimonial cuestionada. Si bien el Juzgado,

en la resolución de las 14 horas del 18 de setiembre de 2006, descartó dicha

prueba por no haberse presentado los deponentes al Despacho en la fecha y hora

señalada y posteriormente, en resolución de las 8 horas del 26 de setiembre de

2006, revocó la anterior y señaló nueva fecha para la evacuación de dicha

prueba, tal decisión la tomó en uso de esa referida facultad discrecional. Por

otro lado, la prueba testimonial que obra en autos ciertamente no es conteste.

Hay notorias discordancias entre un testigo y otro respecto a un mismo hecho.

Pero esto es normal cuando se trata de este tipo de prueba. Lo importante es

que el Tribunal, apreciándola en, aceptó el dicho de unos declarantes y

desestimó el de otros, para tener por cierto determinados hechos, menester con

el que no quebrantó norma ni principio alguno, puesto que, además, justificó

debidamente esa escogencia. La Sala no ve razón para no prohijar lo que el Ad

quem hizo. Por último, no está de más decir,  tal y como lo manifestaron

los juzgadores de segunda instancia, que el accionado-reconventor no recurrió

en forma y tiempo de la resolución que ahora combate, en la que se admitió la

prueba testimonial para  mejor resolver debatida, por lo que igualmente

considera esta Sala se trata de un asunto precluido.

IV.-

indica el recurrente que el A quo manifestó, lo cual confirmó el

Tribunal, que no demostró la obligación que tenía el actor-reconvenido de

pagarle ¢1.000.000,00 en el mes de diciembre, cuando ello ni siquiera fue

negado por este en la contestación de la reconvención a folios 62 y 63, lo cual

demuestra que aquel fue quien incumplió. Esa prueba, sostiene, no fue analizada

por los juzgadores de ambas instancias, pese a que ese es el meollo del

presente asunto. Si existió incumplimiento del demandante-reconvenido, afirma,

él quedó liberado de sus obligaciones. Los testigos, quienes fueron recibidos

en forma ilegal, arguye, estaban tan coordinados que dijeron exactamente lo

mismo. Sin embargo, apunta, lo que declararon  no corresponde con lo

manifestado por el actor-reconvenido, a saber, que él había impedido sacar la

madera para evitar el deterioro de la finca dada las inclemencias del tiempo.

El demandante-reconvenido, señala, en ningún momento manifestó o hizo mención

alguna a que él le impidió sacar la madera por cuanto ya la tenía vendida a un

precio mejor. Solo basta esa pequeña respuesta para ver las contradicciones. De

la contestación que da el accionante-reconvenido se desprende el pago que le

tenía que hacer en el mes de diciembre, lo cual es totalmente cierto. En el

hecho sexto de la contrademanda él manifestó, dice, que el accionante debía

darle ¢300.000,00, tal y como sucedió, y un ¢1.000.000,00 en el mes de

diciembre. El actor-reconvenido, apunta, no contestó que ello fuera falso, más

bien se allanó a dicho hecho, con lo cual hay que entender que hubo una

confesión ficta. Eso no es todo, aduce, el hecho quinto de la contestación a la

contrademanda no coincide con lo expresado por los testigos recibidos en forma

ilegal, pues las versiones son diferentes. Al referirse a ese hecho quinto,

expone, el actor-reconvenido manifiesta que se presentó a la casa del

demandado-reconveniente, para indicarle con documentos los gastos en los que

había incurrido, pero nunca indicó que él le hubiese manifestado que ya no le

vendería la madera, tal y como lo indican los testigos. El Tribunal, asegura,

lo considera como incumpliente contractual, sin tener en consideración las

propias manifestaciones que hizo el actor-reconvenido. En esos documentos, los

cuales no fueron objetados (visibles a folios 30 y 31), explica, consta que el

accionante-reconvenido entregó dos hojas de gastos firmados por él,  pero

con dos fechas distintas, una del 15 de marzo de 2002 y otra del 10 de abril de

2002, donde acepta que ya había sacado o explotado madera, que había realizado

trámites y que entregaba esos documentos porque no quería continuar con el

contrato. Por eso la fecha de esos documentos, afirma, es importante, no como

estimó el Juzgado y ratifica el Tribunal. El actor-reconvenido, menciona, ha

reconocido la entrega de dichos documentos, los cuales, repite, no han sido

objetados y constan en autos. No es posible, crítica, que el Juzgado, analice

los testigos de una forma en una primera sentencia y luego, en una segunda lo

haga en forma contraria a lo que dijo en el fallo anulado. Reprocha que los

juzgadores de ambas instancias hayan ignorado las declaraciones de los testigos

que ofreció, apreciación que es requisito para el dictado de la sentencia. Sus

testigos, aduce, fueron contestes en señalar que el actor-reconvenido fue a su

casa a manifestarle expresamente que no seguiría con el contrato, que no podía

cancelarle y que hiciera lo que quisiera con la madera, dejando en claro que el

incumpliente fue el demandante-reconvenido. El actor-reconvenido, añade, es

quien “(…) se allana en forma directa y tácita que hace al contestar la

reconvención, y a los mismos recibos de folios 30 y 31, los cuales no protesta,

lo reconoce como tal, sea que no es cierto no (sic) sacara madera, sino

que dadas las inclemencias del tiempo como dice él en la contestación de la

reconvención, es que no sacó madera, y ello no es mi culpa, y posteriormente en

forma unilateral incumplió el contrato y no como lo dice la Juzgadora, que fue

posterior, véase la fecha  que tienen los respectivos recibos ya

indicados: de folios 30 y 31, y véase la fecha de contestación de la

reconvención y el allanamiento a los hechos”. Debe verse también, indica,

las incongruencias de los testimonios recibidos en forma ilegal. Edin Ricardo

Peralta Álvarez y su hermano Ronald Peralta, asevera, se contradicen, sin

embargo el Juzgado los tomó como los testigos únicos. Lo declarado por ellos,

afirma, es falso. Basta, anota, con ver la declaración jurada o confesión que hace

el actor en el folio 63, hecho quinto, para advertirlo. Lo manifestado por los

testigos cuestionados no coincide con lo expresado por el actor-reconvenido. Lo

dicho por tales deponentes no puede ir más allá de la propia confesión del

actor  y los recibos aludidos, los cuales, reitera, no fueron protestados.

Deberá entonces, solicita, decretarse la nulidad del fallo y anularse los

testimonios recibidos de manera ilegal.

El

actor-reconvenido elencó como hechos en la demanda los siguientes: “Una vez

que el permiso de aprovechamiento de la madera objeto del contrato fue

aprobado, me apersoné a la finca del demandado en compañía del señor Ademar

Jiménez Castro quien fue la persona que contraté como sierrista, siendo que

logramos talar 18 árboles de distintas especies, pero debido a malas

condiciones climatológicas que imperaban en la zona no pudimos extraer los

mismos. Posteriormente, me volví a presentar a la finca del demandado con todo

el equipo necesario para efectuar el respectivo aprovechamiento, sin embargo,

el mismo me impidió el acceso a su propiedad alegando que ya le había vendido

esa madera a otra persona, negándose rotundamente a entregarme la madera” (la

negrita no es del original). Sobre la forma de pago, dijo: “Estableciéndose

que al inicio de la negociación yo le cancelaría la suma de ¢300.000,00 y el

saldo se lo cancelaría conforme fuera avanzando el proceso de extracción de la

madera”. Luego, al referirse a los hechos de reconvención manifestó: “3.

Es cierto en parte. Es cierto que le cancelé la suma de trescientos mil colones

en dinero efectivo (¢300.000,00), por concepto de adelanto, pero no es

cierto que hubiésemos pactado que le cancelaría la suma de un millón de colones

(¢1.000.000,00) en el mes de diciembre, lo que realmente pactamos fue que el

saldo se lo cancelaría conforme fuera avanzando el proceso de extracción de la

madera (…)

Es cierto en parte. Es cierto que me presenté a la casa

del contrademandante, pero únicamente a indicarle los gastos en que ya había

incurrido y por lo cual era necesario que cumpliera el contrato realizado,

pero nunca con el ánimo de dejar sin efecto el mismo. No es cierto. Lo rechazo

por inexacto. Siempre he tenido la voluntad de cumplir con el contrato

realizado, quien se ha negado al cumplimiento, ha sido el señor Salas

Chavarría” (el destacado es suplido). Como se desprende de las

trascripciones anteriores, contrario a las afirmaciones del recurrente, el

actor-reconvenido expresamente negó que se hubiese pactado el pago de un millón

de colones para el mes de diciembre. El saldo, afirmó, se pagaría contra

avances. La referencia que hace a las inclemencias del tiempo, se observa, es

únicamente para indicar que en un primer momento, no pudo sacar de la finca 18

árboles que había talado por esa circunstancia, pero no indica que esa haya

sido la razón por la cual no pudo seguir haciéndolo posteriormente, sino que

luego fue por habérselo impedido el demandado-reconventor. Es claro, entonces,

que el Tribunal apreció correctamente las diversas manifestaciones del

demandante-reconvenido y que es el recurrente quien yerra en sus apreciaciones.

En relación a los documentos que entregó el accionante-reconvenido al

demandado-reconventor en el mes de noviembre, sus argumentos resultan en

extremo confusos, al punto que no es posible extraer de ellos, de manera clara

y precisa, cuál es el punto en que radica su descontento respecto de lo

decidido, lo cual impide al estudio del cargo. Por último, no es cierto que

exista contradicción entre los testigos que indica el recurrente y las

manifestaciones del accionante-reconvenido. Edín  Ricardo Peralta Álvarez

expresó al referirse a una segunda visita a la finca del demandado-reconventor:

“A mí me llevaron uno o dos meses después de ese día a sacar la madera.

Nosotros cargamos el tractor al camión y nos fuimos a trabajar. Llegamos a la

finca y ni siquiera pudimos bajar el camión porque el señor Mario le dijo a

Álvaro que ya no le vendía ni una pulgada de la madera, que había quien se la

pagara mejor y que desocupara el terreno. Álvaro le dijo que ya le había dado

una plata y que por que se le quitaba del negocio. Yo como era simplemente

empleado yo me aparté y le di tiempo para que arreglaran”. Ronald Peralta

Álvarez, por su parte, dijo: “Tiempo después como un mes y medio envié a mi

hermano con el tractor para que realizara el trabajo (…) Ellos llegaron de

regreso sin realizar el trabajo y me comuniqué con Álvaro y me dijo que el

señor Mario no le vendía la madera y que tenía otro posible comprador”. Tales

manifestaciones, como puede verse, coinciden plenamente con lo dicho por el

actor-reconvenido, tanto en su demanda como en la contestación a la

reconvención, por lo que no es de recibo el reproche a la sentencia combatida,

en cuanto a que erró en las apreciaciones probatorias cuestionadas.

VI.-. En mérito de

las razones expuestas, deberá desestimarse el recurso formulado y por ende,

confirmarse el fallo impugnado.