Resolución 01268-2012

Con base en los hechos

que expuso y disposiciones legales que citó, la actora planteó demanda

ordinaria, cuya cuantía se fijó en la suma de seiscientos mil colones, para en

sentencia se declare: “…que mi propiedad tiene como única salida la

servidumbre en disputa, que tengo derecho a usarla y que fue constituida de

común acuerdo por el anterior dueño y mi persona. Que dicha servidumbre consta

en plano catastrado […],

a través del

cual adquirí mi propiedad, así ser (sic) indicó en la escritura de

adquisición, y consta en el Registro Público por lo que está debidamente

constituida… Que se decrete que la servidumbre se encuentra a derecho, y se

resuelva en estos términos. Se condene al pago de las costas

procesales y personales.”

La parte demandada

contestó negativamente. El demandado R. opuso las excepciones de falta de

derecho, falta de legitimación activa y pasiva, falta de interés actual,

nulidad y falta de causa; los demás demandados opusieron las excepciones de

falta de derecho y falta de legitimación ad causam activa y pasiva.

El Juez Marco Antonio

Bolaños Rojas, en sentencia no. 109-2010. MABR de las 10 horas del 3 de

setiembre de 2010, resolvió: “Se acogen las excepciones interpuestas de

falta de derecho, falta de legitimación activa y pasiva y por innecesario se

omite pronunciamiento sobre las restantes.- Se declara sin lugar en todos sus

extremos la presente demanda ordinaria establecida por […].- Son las

costas del proceso a cargo de T..”

La actora apeló;

y el Tribunal Agrario del II Circuito Judicial de San José, integrado por los

Jueces Carlos Picado Vargas, Antonio Darcia Carranza y José Francisco Chacón

Acuña, en voto no. 1357-F-11 de las 15 horas 30 minutos del 6 de diciembre de

2011, resolvió: “En lo apelado, se confirma el fallo impugnado.”

El apoderado de la

actora formula recurso de casación indicando las razones en que se apoya

para  refutar la tesis del Tribunal.

En los procedimientos ante esta Sala se han observado las

prescripciones de ley.

La actora alega en su

demanda que adquirió en el 2004 una propiedad ubicada en Alajuela, momento en

el cual convino con el vendedor la constitución de una servidumbre de salida

sobre el inmueble que ahora pertenece al demandado, siendo que ambas

propiedades fueron vendidas por la misma persona. No obstante, aduce, se le ha

impedido su uso indicando que esa franja forma parte

de su propiedad y que no permitiría el ingreso o salida a través de esta. Por

ello, inicialmente formuló el presente proceso para que se declare que la única

salida de su terreno es la servidumbre en cuestión, que tiene derecho a usarla

y que fue constituida de común acuerdo con el anterior propietario.

Posteriormente se amplió la demanda y se integró la litis con la incorporación

de […], todos de apellidos P. R., momento cuando requirió, además, se condene a

los demandados, de resultar “culpables”, al pago de la franja de terreno

indicada más todos los daños y perjuicios. Los accionados se

opusieron y formularon las defensas de falta de derecho, de legitimación activa

y pasiva, de interés actual, de causa y la de nulidad. El Juzgado acogió

las primeras tres, declaró sin lugar la demanda e impuso las costas del

proceso a la actora, decisión que fue confirmada por el Tribunal. Inconforme,

la perdidosa interpuso este mecanismo extraordinario

de impugnación.

En su primer agravio,

arguye, erró el Tribunal al considerar que este proceso se trata de una acción

confesoria, lo cual considera un criterio extremadamente formalista. Dice, se

solicitó el reconocimiento de una servidumbre, ya que esta fue pactada al

momento de realizar la compra, además de desprenderse de los planos catastrados

así como lo

indicado por el testigo A. V.. Agrega, dicha petitoria

se realizó por la negativa del demandado R. de permitir la salida de paso e

impedir la entrada con un portón, a pesar de que el testigo

A. indicó que

por ahí ingresaba a realizar trabajos en la finca de la actora. Aduce, durante el proceso se ha indicado la naturaleza de la

propiedad (fundo enclavado de carácter agrícola), el cual requiere salida. Por

ello, estima, en aplicación del principio de solidaridad social, al ser una

necesidad intrínseca al predio contar con la servidumbre de paso, esta se

vuelve forzosa, y sin la cual, no se ha podido explotar la empresa agrícola.

Con base en lo anterior, critica la conclusión del Tribunal

de que dentro de las pretensiones no se encuentra la constitución del gravamen, la cual se extrae del acervo probatorio. Indica que el Juez no

puede dejar de aplicar los principios del derecho agrario, el cual es un

derecho social, donde priva la necesidad de la producción.

El reparo formulado se

dirige a cuestionar el que se confirmara que en la especie no procede declarar

una servidumbre forzosa. En este sentido, conviene

aclarar que, al momento de plantear el recurso vertical, la parte actora

impugnó lo indicado en la sentencia de primera instancia en cuanto a que la

demandante tenía acceso a calle pública a través de otra propiedad colindante

que pertenecía “al mismo grupo económico familiar, salida que ha utilizado

hasta la fecha”. No obstante, en segunda instancia, el Tribunal consideró

que, con base en las pretensiones esbozadas en la demanda, el ruego planteado

en la apelación no era de recibo, ya que: “En el caso que nos ocupa, se

trata de una verdadera acción confesoria, también denominada “reinvindicación

de servidumbres”, pues la parte actora solicita se declare que su propiedad

tiene derecho a usar una servidumbre, que, según ella, fue constituida por el

anterior dueño y su persona (folio 10). No se trata de constituir una servidumbre

forzosa de paso por enclave del fundo, […] pues, de

interpretarse lo contrario, se estaría fallando ultrapetita y ello es

improcedente.” En este sentido, los juzgadores de

segunda instancia consideraron que en la especie no fue solicitada la

constitución de una servidumbre, sino la restitución de una que ya tenía

existencia jurídica previa, ante lo cual, el recurrente cuestiona la forma en

que el Tribunal valoró el objeto del

proceso. Sobre este punto, es menester realizar algunas precisiones relativas a

la correcta dimensión del cargo planteado, ya que en materia agraria únicamente

se pueden aducir los motivos por violación a normas sustantivas, así como

aquellos vicios procesales atinentes a la sentencia como acto procesal, como

por ejemplo, incongruencia y reforma en perjuicio del único apelante. Ahora

bien, como ya ha quedado expuesto, lo que se cuestiona del fallo impugnado no

es la aplicación de las normas jurídicas sustantivas aplicables al tema de las

servidumbres forzosas (lo que constituiría un motivo de fondo) sino la razón

procesal por la cual se rechazaron los extremos de la demanda, lo que

constituye el punto neurálgico sobre el cual se erige la inconformidad del

recurrente con lo dispuesto por el Ad quem. Dicho de otra

forma, siendo que el argumento por el cual se rechazó la demanda es de índole

procesal, el agravio formulado contra esa razón debe, necesariamente, ser

considerado de la misma naturaleza. En este punto conviene señalar que

el A quo no se pronunció sobre la existencia de una servidumbre forzosa, en la

medida en que se circunscribió al tema de si existió o no una constitución

previa de dicho gravamen, lo cual fue posteriormente explicitado en la

resolución impugnada (por lo que no existe un pronunciamiento sobre tal punto

que genere cosa juzgada material). Al respecto, debe observarse que en la

sentencia de primera instancia se indica “[…] el objeto del presente proceso

es la existencia o inexistencia de una servidumbre de paso alegada, por la

actora y negada por la parte demandada, debiendo ser demostrada la constitución

de esa servidumbre por la parte que la reclama.- En el

presente asunto no se demostró […] se haya constituido servidumbre de

paso alguna [...]”. En este sentido, no existe

pronunciamiento ni análisis del tema señalado

(fundo enclavado) y las únicas menciones tangenciales sobre la salida a calle

pública se realizan a efectos de apreciar la legitimación, mas no se puede

entender que hayan sido objeto del

proceso. Ahora bien, como ya se dijo, para que el cargo

sea admisible en la dimensión procesal, este debe versar sobre los motivos que,

de conformidad con múltiples resoluciones de esta Sala, resultan pasibles de

casación en materia agraria. Ciertamente, una vez revelado el eje central del

reclamo, resulta claro que se trata de una situación sui generis, y que por

ende requiere de un análisis detallado. Así las cosas, esta Sala considera que,

al margen de la denominación utilizada por el casacionista, cuestionamientos

como el anterior se encuentran comprendidos dentro del vicio procesal de

incongruencia por infra petita, toda vez que, en el fondo, lo recriminado no es

otra cosa que la falta de resolución de un punto concreto de la controversia.

Por último, en torno a los aspectos de admisibilidad del recurso, es preciso resaltar que, el que no

se haya analizado el tema de servidumbre forzosa, y que por ende, sobre este no

pueda afirmarse que existe cosa juzgada material, por las particularidades del caso, no impide

ingresar al tema de la incongruencia según lo ya indicado. Esto por cuanto la

razón que impidió que se generara un pronunciamiento con tales características

es, precisamente, lo que se cuestiona desde el punto de vista procesal, ya que

el recurrente considera que se debió concluir que tal punto sí formaba parte de

sus pretensiones, y en ese tanto, requería ser analizado en la sentencia, lo

que, alega, omitieron los juzgadores. En este sentido,

resulta claro que tal aspecto no puede ser óbice para conocer del

recurso, toda vez que el fallo sí resultaba apto para generar cosa juzgada

material, y de comprobarse la existencia del

vicio, lo que se da es una incongruencia por infra petita.

Habiendose establecido

la procedencia del cargo, a efectos de resolverlo, resulta esencial el

análisis, no solo de las pretensiones (objeto) sino también de los hechos

planteados en la demanda (causa petendi), en la medida en que tales elementos

delimitan la competencia del órgano jurisdiccional. En lo que atañe al ruego

formulado con la demanda y específicamente en relación con la servidumbre,

resulta claro que este no comprende la constitución de

una servidumbre. Por el contrario, parte de que esto ya se

había dado. Al respecto, basta transcribir, en

lo que interesa, dicha pretensión, donde solicita: “Se decrete que mi

propiedad tiene como

única salida la servidumbre en disputa, que tengo derecho a usarla y que fue

constituida de común acuerdo por el anterior dueño y mi persona. Que dicha

servidumbre consta en plano

catastrato […], a través del

cual adquirí mi propiedad, así ser [sic] indicó en la escritura de

adquisición, y consta en el Registro Público por lo que está debidamente

constituida.” (el subrayado es suplido).

Nótese que, incluso, la afirmación de que la servidumbre es la vía mediante la

cual tiene salida el inmueble de la actora tiene como presupuesto

lógico y necesario que esta ya existe. En igual sentido, de un

estudio detallado del

elenco de hechos contenido en la demanda, se llega a la misma conclusión. El

cuadro fáctico planteado por la promovente se refiere a la imposibilidad de

hacer uso de la servidumbre que, según su alegato, fue convenida al momento de

la compra del inmueble. Sin embargo, de este no puede

desprenderse que la intención de la ahora recurrente se dirigiera, ni siquiera

de manera subsidiaria, a la constitución de una servidumbre forzosa. Por el

contrario, los hechos se encaminan al restablecimiento de un

derecho que considera es prexistente. Es importante aclarar que el presente

análisis se constriñe al tema de las pretensiones formuladas y la valoración

que de ellas hizo el Ad quem, y no sobre el fondo del asunto, el cual será

analizado con ocasión del siguiente agravio; sin embargo, de conformidad con lo

expuesto en el presente considerando, resulta claro que por la definición del

objeto del proceso realizado por la parte, resulta imposible ingresar a

analizar la procedencia o no de una servidumbre forzosa, ya que como bien lo

señala el Tribunal, en caso de actuar de esa manera, se incurriría en un vicio

procesal de incongruencia, al pronunciarse sobre un extremo no solicitado. Así, el cargo formulado debe ser rechazado.

En su segundo

agravio, cuestiona lo resuelto en cuanto a la falta de demostración sobre la

constitución de la servidumbre, por considerarlo errado y ayuno de análisis

probatorio. Afirma, se acreditó que el gravamen en cuestión no se inscribió

registralmente por una razón desconocida e imprevisible, y que la testimonial

señaló que “desde la delimitación de las propiedades que se vendieron, el

peón a cargo de confeccionar las cercas indicó que estacó la servidumbre de

salida con estacas que servían de signos externos, y cruzan precisamente por la

propiedad del demandado R., hasta la finca nuestra para poder salir”.

Además, se refiere al plano en el que se detallaba su

existencia. La actora, agrega, declaró que la venta había sido realizada con

salida, y el testigo A. V. indicó que él había utilizado esa servidumbre como

entrada y salida cuando realizaba trabajos. Reitera lo

indicado en cuanto a la condición de fundo enclavado de la propiedad de la

actora además de su naturaleza agraria, por lo cual, el gravamen se vuelve

forzoso. Por ello, concluye, sí le asiste legitimación activa para

acudir a esta vía y solicitar la declaración de sus derechos, al ser producto

de un acuerdo de voluntades.

Sobre este particular,

el Tribunal fundó su decisión en el numeral 376 del Código Civil (argumento no cuestionado

en el recurso) al considerar que “ante todo, priva [sic] la

presunción de que todo fundo se presume libre y que deben interpretarse restrictivamente”,

esto último refiriéndose a las servidumbres. El anterior planteamiento es

precedido del análisis de la escritura pública de las 10 horas del 5 de

setiembre de 2004, en la cual el demandado R. adquirió, libre de gravámenes, su

inmueble, así como el plano […], en el cual se hace referencia al gravamen en

cuestión; sin embargo, considera el Ad quem, “no se demostró que se haya

constituido por convenio dicho derecho real en cosa ajena.” Contrario a lo

anterior, el recurrente considera que no se valoró en forma adecuada la prueba

testimonial evacuada en el proceso, así como los planos, en los que se

consignaba la existencia de la servidumbre. Empero, con base en el acervo

probatorio y las normas aplicables al caso concreto,

el reclamo formulado no es de recibo. En primer lugar, debe señalarse que

documentalmente, la única probanza sobre la constitución de la servidumbre es

el plano

mencionado, sin embargo, esta no resulta suficiente para afirmar su existencia,

ya que de estos no se puede derivar derecho alguno. Aún, más, resulta

fundamental indicar que, de conformidad con el análisis realizado en el

considerando IV de esta sentencia, el objeto del proceso versa sobre la

restitución del ejercicio de una servidumbre prexistente y no su declaratoria.

Desde esta perspectiva, por tratarse de un gravamen, su comprobación requiere,

ya sea de un convenio entre partes, o bien, de su inscripción en el Registro

Nacional, siendo que en el presente asunto no se ha acreditado ninguna de estas

circunstancias. Por su parte, los distintos testimonios a que ha hecho

referencia el recurrente no permiten concluir que la servidumbre se constituyó

jurídicamente, por lo que no tendrían el efecto de desvirtuar la conclusión que

se reprocha; a lo sumo, dichos elementos de convicción irían encaminados a

demostrar un presunto incumplimiento de un acuerdo prenegocial, o bien, cierto

uso de la servidumbre por algún tiempo. No obstante, el análisis de lo anterior

resultaría ocioso, toda vez que nada aportaría de cara

al ruego planteado de que se respete el gravamen que, según su dicho (el cual

no fue demostrado) pesa sobre la propiedad del demandado. En esta línea, debe indicarse

que este constituye el único extremo cuyo rechazo fue

cuestionado, por lo que tampoco podría analizarse la prueba en función de los

daños y perjuicios solicitados en la demanda, ya que ello excedería la

competencia funcional otorgada por el recurso planteado para esta Sala. Así las cosas, lo procedente es rechazar el agravio.

Por las razones

expuestas en los considerandos anteriores, el recurso debe ser rechazado, y por

ende, lo procedente es confirmar la resolución del Tribunal.