Resolución 01267-2012

El ejecutante con base

en la sentencia firme de la Sala Constitucional,  no. 2011001378 de las 10

horas 15 minutos del 4 de febrero de 2011, presenta la respectiva liquidación

por daños y perjuicios, para que en sentencia se apruebe el pago de

¢1.000.000,00 por concepto de daño moral; ¢100.000,00 por costas personales del

recurso de amparo; así como el pago de ambas costas derivadas de este proceso.

Conferida la audiencia de ley, la

representante estatal contestó negativamente y no opuso excepciones.

3.-

La

Jueza Ericka Sanabria Salazar, en sentencia no. 2148-2011 de las 16 horas del

10 de octubre de 2011, resolvió: “…Se declara parcialmente con lugar

la presente ejecución, entendiéndose por rechazada en lo no expresamente

concedido. Se condena al Estado representado por Paula Azofeifa

Chavarría, en su condición de Procuradora, a pagar a O., la suma de setenta

y cinco mil colones, por concepto de daño moral subjetivo y setenta

y cinco mil colones por concepto de costas personales del recurso.

Son las costas de este proceso a cargo del demandado.”

El ejecutante formula recurso de casación indicando las

razones en que se apoya para  refutar la tesis del Juzgado.

En los procedimientos ante esta Sala se han observado las

prescripciones de ley.

Redacta el magistrado González Camacho

Se pretende la

ejecución de la condena en abstracto de daños y perjuicios dictada por la Sala

Constitucional con ocasión del recurso de habeas corpus interpuesto a favor del

señor O., el cual fue declarado con lugar debido a la tardanza excesiva en la

resolución de un recurso de apelación formulado contra la resolución en que se

fijó la pensión alimentaria que estaba obligado a pagar. Con base en ello, en

este proceso, solicitó la suma de ¢1.000.000,00 por

concepto de daño moral así como

¢100.000,00 correspondientes al rubro de costas. La representación estatal se

opuso y solicitó se rechazaran los extremos requeridos. El primero, por

considerar que no se demostró, aunque sea en forma indiciaria, la configuración

del daño reclamado y

su nexo causal con la sentencia constitucional, y en cuanto al segundo, por

falta de demostración del

pago de las costas. El Juzgado declaró parcialmente con lugar la ejecución,

condenó al Estado al pago de ¢75.000,00 por daño moral

y otra suma igual por costas. Inconforme, el ejecutante

presenta recurso de casación ante esta instancia extraordinaria.

En su único

motivo, arguye el quebranto de los preceptos 33 y 41 constitucionales, 119, 122

inciso m), 137 incisos b), d) y g) así como el 138, incisos b) y d) del Código

Procesal Contencioso Administrativo. Alega la existencia de

una falta de motivación de la sentencia por cuanto no se pronunció expresamente

sobre todas sus pretensiones, específicamente, aclara, respecto al monto

concedido por daño moral. Considera que la suma

otorgada es absurda y desproporcionada respecto de los padecimientos sufridos

por el retardo en que incurrió la autoridad judicial. Dice,

padeció sentimientos de inseguridad y desconfianza por la situación dicha.

Critica, no se exponen los parámetros utilizados para estimar el daño moral, ya

que este no fue analizado. Asevera, en otro asunto

similar, se otorgaron ¢300.000,00 mientras que al

recurrente solo la cuarta parte. Identifica la afectación que le fue irrogada,

además de lo ya dicho, con la incertidumbre sobre el resultado del proceso, ya que tuvo que

estar pendiente de esa situación, lo cual califica como inquietante y abrumador. A partir de lo

anterior, justifica su ruego de ¢1.000.000,00. Manifiesta que tuvo sentimientos de impotencia, frustración y

desánimo. Refiere sobre la valoración “in re ipsa” del daño moral

subjetivo, por lo que solicita la modificación de la suma otorgada.

Si bien es cierto, el

recurrente inicia su cargo refiriéndose a una falta de motivación, la cual

constituye una causal de índole procesal, de un análisis integral del agravio

se concluye que la intención no era plantear dicha causal, sino que tal

aseveración debe entenderse en función del reclamo principal en cuanto al monto

concedido por daño moral. Lo anterior se desprende, no solo de la petitoria

incluida en el recurso, en donde únicamente se hace referencia a este último punto,

sino además de las alegaciones realizadas, en las cuales se indica que “se

da el vicio de falta de motivación de la sentencia por inobservancia de las

reglas previstas en el Código Procesal Contencioso Administrativo para su

deliberación, lo que conlleva una afectación a los derechos de las partes y al

debido proceso al no contener la sentencia impugnada un pronunciamiento expreso

sobre todas mis pretensiones alegadas en el escrito inicial, específicamente

manifiesto mi disconformidad respecto al monto concedido por concepto de daño

moral“ (el subrayado es suplido). Como se puede observar de la anterior

trascripción, los eventuales vicios procesales son solo mencionados de manera

instrumental, lo que permite a esta Sala concluir que el motivo real de inconformidad

lo es, únicamente, la cuantificación de la lesión realizada por la jueza

ejecutora. En este sentido, cabe destacar que la juzgadora consideró que “el

recurso de apelación cuya tardanza en resolverse dio cabida a la sentencia que

se ejecuta, constituía una posibilidad para el actor, de que se modificara en

la sentencia, aquello con lo que se encontraba inconforme, incluyendo el monto

de la cuota fijada por pensión alimentaria, siendo que para nadie es un secreto

que la tardanza en la resolución de este tipo de recurso, puede conllevar

consecuencias graves, ante la posibilidad por ejemplo, de la emisión de una

orden de apremio corporal por un monto dinerario que eventualmente, al

conocerse el recurso en alzada, podría ser disminuido. En todo caso, la espera

para conocer la decisión de un Despacho Judicial, cuando se trata de un asunto

de interés particular, por lo general resulta ser inquietante, empero cuando

esa espera se extiende a un plazo irrazonable y desproporcionado, son

perfectamente verificables los sentimientos que refiere el actor”. Con base

en las anteriores consideraciones, sin embargo, valoró que la suma solicitada

resultaba excesiva, por lo que otorgó en su lugar ¢75.000,00.

Ahora bien, contrario a lo alegado por el recurrente en el sentido de que dicha

indemnización resulta irrazonable y desproporcionada, esta Sala es del

criterio que conceder una suma mayor supondría, precisamente, incurrir en

dichos quebrantos. No puede obviarse que no consta en el expediente prueba que

acredite la fecha definitiva en que se resolvió el recurso de apelación a que

se ha hecho referencia. Por el contrario, la única certeza que sobre el

particular se tiene es, de acuerdo a la sentencia constitucional, que la

resolución que fijó el monto de la pensión fue notificada el 24 de noviembre de

2010 y que al momento en que se falló el proceso sumario en sede constitucional

(4 de febrero de 2011) la impugnación no había sido resuelta. Este plazo de

aproximadamente 2 meses y medio es la única tardanza que se encuentra

debidamente acreditada, y por tal motivo, solo esta se

puede considerar como antecedente fáctico para

la cuantificación del

daño moral. Aunado a lo anterior, aún y cuando se alega que producto de la

falta de resolución oportuna del recurso vertical implicó que si bien en la

demanda se indicó que el señor O. “vio amenazada” su libertad personal, es

preciso señalar que la misma sentencia que se ejecuta se refiere al punto

señalando: “aun en el caso de que la resolución que fijó la cuota alimentaria

no se encontraba firme, permanecía el deber alimentario, razón por la que la

falta de resolución del recurso no constituye un impedimento para que la

autoridad recurrida dicte las medidas necesarias para garantizar, a favor del

acreedor alimentario, su cumplimiento […]” Asimismo, debe indicarse que no

se aportó prueba alguna en cuanto a la situación económica del ejecutante que

justifique suponer una lesión extrapatrimonial. Todo lo

anterior hace que no se aprecien razones suficientes que permitan inferir que

la indemnización deba ser mayor a la otorgada, lo que obliga a rechazar el

recurso formulado.

Por las razones

expuestas, lo procedente es rechazar el recurso interpuesto. De conformidad con

el artículo 151.3 del

Código Procesal Contencioso Administrativo, las costas deben ser impuestas a la

parte que promovió este medio impugnaticio extraordinario.