Resolución 01260-2012

Con base en los hechos

que expuso y disposiciones legales que citó, la parte actora formuló proceso

arbitral, a fin de que en el laudo se declare: “1. Solicito expresamente se

declare la resolución del contrato de Fideicomiso de Administración con plena responsabilidad

para la

Fiduciaria Urbanizadora La Laguna S.A. asimismo

por la violación de las cláusulas contractuales por las demandadas, lo que

obliga a su resolución; condenándosele a pagar los daños y perjuicios, por ser

un contrato que perdió su objeto y patrimonio propiciando su extinción al

desaparecer los bienes fideicometidos.

Solicito se declare la responsabilidad contractual de

las demandadas, se tenga además a la Fiduciaria Urbanizadora

La Laguna S.A

como responsable de un desempeño imprudente e ilegal de su función como

Fiduciaria, de la mala Administración del FIDEICOMISO y causante del grave daño

patrimonial sufrido por mi representada. Se le declare

responsable y se le obligue a pagar por esta circunstancia los daños y

perjuicios sufridos por mi representada que serán estimados. Se

condene asimismo a las otras dos co-demandadas responsable (sic) de los daños ocasionados a Clinton Import. S.A. y obligadas a resarcirlos.

Se declare la extinción por pago del CRÉDITO

GARANTIZADO, con anterioridad a la “cesión de los derechos de beneficiaria”,

hechos a favor de la sociedad Hacienda Vieja Limitada, en virtud del pago hecho

al Banco Cuscatlan Costa Rica S.A por esa sociedad, de la obligación principal.

Se declare la extinción del FIDEICOMISO DE GARANTÍA al

momento de pagarse la obligación principal, CREDITO GARANTIZADO.

Se declare que las sociedades HCIENDA (sic) VIEJA LIMITADA

Y URBANIZADORA LA LAGUNA S,A.

(sic) forman parte del mismo Grupo de Interés Económico, dado que tienen el

mismo domicilio, los socios de una y otra son miembros de la misma familia al

igual que los personeros de la sociedad.

Se declare que la escritura Número

23-9 de la Notarla

Antonella DA Re Masis (sic)  es nula y que esa

escritura en todo caso era ineficaz e incapaz de producir la cesión de los

derechos a favor de Hacienda Vieja Limitada y de no haber pagado los timbres

fiscales correspondientes. Que la estipulación contenida en esa escritura y

referida a la exoneración del pago de las especies fiscales

es falsa y carece de toda validez por lo que la escritura deviene en ineficaz.

Que las sociedades signatarias de esa “cesión”

referidas en el punto anterior están obligadas a pagar a mi representada la

suma pagada por especies fiscales, mas  (sic) los respectivos intereses,

y su indexación monto que asciende a la suma de $9993.00 dólares y a la que se

ha visto obligada en virtud del no pago por las obligadas.

Que el Banco

Cuscatlán Costa Rica S.A. hoy Citi Bank deberá a  (sic) pagar

solidariamente los daños y perjuicios causados a mi representada, en la cuantía

que determine este Tribunal Arbitral.

Que se declare la nulidad e invalidez

del Edicto de Subasta, publicado en el periódico La República del 24 y 25 de

enero del 2008, en virtud de los vicios que contiene.

Que se declare que la

adjudicación y la correspondiente escritura de protocolización, de los bienes

fideicometidos a favor de Hacienda Vieja Limitada son nulas.

Que la demandada es responsable de

incumplimiento contractual y/o extra contractual, y por tanto Hacienda Vieja

Limitada está obligada a pagar solidariamente todos daños y perjuicios causados

a mi representada.

Que la cláusula contenida en el contrato FIDEICOMISO DE

GARANTÍA: LA LAGUNA CIB

CASALOMA y que establece la responsabilidad “solidaria e ilimitada” de todas

las fincas fideicometidas es contraria a derecho y por tanto nula.

Que las

demandadas están obligadas a pagar ambas costas de este

proceso arbitral. Subsidiariamente

CLINTON IMPORT S.A. presentó las pretensiones que se copian a continuación:

1.

Que las demandadas están obligadas a devolverme la titularidad del 40% de las

fincas fideicometidas hoy en propiedad de Hacienda Vieja Limitada, como

parte de pago de los daños y perjuicios ocasionados.

Solicito se declare la

responsabilidad de las demandadas, se tenga además a la a (sic) Fiduciaria

Urbanizadora La Laguna

S.A. como responsable de un desempeño imprudente e ilegal de

su función como Fiduciaria, de la mala Administración de fideicomiso y causante

del grave daño patrimonial sufrido por mi representada que serán estimados. Se condene asimismo a las otras dos codemandadas responsables de

los daños ocasionados a Clinton Inc S.A. y obligados a resacirlos.

Se

declare la extinción por pago del CRÉDITO GARANTIZADO, con anterioridad a la

cesión de los derechos de beneficiaria, hechos a favor de la sociedad Hacienda

Vieja Limitada, en virtud del pago hecho al Banco Cuscatlán Costa Rica por esa

sociedad,

Se declare que las

sociedades HACIENDA VIEJA LIMITADA Y URBANIZADORA LA LAGUNA S.A. forman

parte del

mismo Grupo de interés Económico (sic).

Se declare que la escritura número

23-9 de la Notaria

Antonella Da Re Masis (sic) es nula y que esa

escritura en todo caso era ineficaz de producir la cesión de los derechos a

favor de Hacienda Vieja Limitada y de no haber pagado los timbres fiscales

correspondientes. Que la estipulación contenida en esa escritura y referida a

la exoneración del

pago de las especies fiscales es falsa y carece de toda validez.

Que las

sociedades signatarias de esa cesión, referidas en el punto anterior están

obligadas a pagar a mi representada la suma pagada por especies fiscales, más

los respectivos intereses y su indexación, monto que asciende a la suma de

$9993.00 dólares.

Que el Banco

Cuscatlán Costa Rica SA. hoy Citi Bank Costa Rica S.A. deberá también a  (sic) pagar

solidariamente los daños y perjuicios causados a mi representada, en la cuantía

que determine este Tribuna Arbitral.

Que se declare la nulidad e invaildez

del Edicto de Subasta publicado en el periódico La República del 24 y 25 de

Enero del 2008, en virtud de los vicios que contiene.

Que se declare que la

adjudicación y la correspondiente escritura de protocolización de los bienes

fideicometidos a favor de Hacienda Vieja Limitada son nulas.

Que la

demandada Hacienda Vieja Limitada está obligada a pagar solidariamente todos

los daños y perjuicios causados a mi representada.

Que la cláusula

contendida el contrato FIDEICOMISO DE GARANTIA LA LAGUNA, BIC CASALOMA y que

establece la responsabilidad “solidaria e ilimitada” de todas las fincas

fideicometidas es contraria a derecho y por tanto nula.

Se declare la

extinción del FIDEICOMISO DE GARANTIA al momento de pagarse la obligación

principal, crédito garantizado.

13.

Que las demandadas están obligadas a pagar ambas costas de este

proceso arbitral.”

Las coaccionadas

contestaron negativamente.  El Banco Citibank de Costa Rica S.A. opuso  las excepciones de falta de: derecho, legitimación en

su doble modalidad e interés actual. Asimismo, Hacienda Vieja Limitada  la de incompetencia, resuelta interlocutoriamente;

además, falta de derecho y de legitimación en su doble modalidad. Urbanizadora La

Laguna S.A. la de falta de derecho.

El Tribunal Arbitral integrado

por Fernando Mora Rojas, Alfonso Gutiérrez Cerdas y Diego Baudrit Carrillo, en

laudo dictado a las 11 horas del 24 de octubre de 2011, resolvió: "Se

rechazan las excepciones opuestas a la demanda y se declara con lugar las

pretensiones de la parte actora, considerándose rechazadas aquellas que no se

admiten expresamente. A tal respecto se hacen los siguientes pronunciamientos:

La obligación crediticia asumida por el FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION

LAGUNA-CASALOMA a favor de Cuscatlán International Bank and Trust Limited,

crédito posteriormente trasmitido a Banco Cuscatlán de Costa Rica S.A., hoy

Banco Citibank de Costa Rica S.A., que consta en la escritura número 66-10

otorgada en San José a las 17.30 horas del 25 de noviembre de 2005, ante los Notarios

Mario Rucavado Rodríguez y Juvenal Sánchez Zúñiga, se extinguió por el pago que

el 24 de octubre de 2008 realizó la sociedad Urbanizadora La Laguna S.A. en calidad

de

tercero.

El fideicomiso de

garantía constituido en la escritura número 66-10 otorgada en San José a las

17.30 horas del 25 de noviembre de 2005, ante los Notarios Mario Rucavado

Rodríguez y Juvenal Sánchez Zúñiga, para garantizar el crédito referido en el

extremo “I” anterior, se extinguió en esa misma fecha al cancelarse la obligación

citada.

Es absolutamente nula la cesión de los derechos de “beneficiaria

principal” del FIDEICOMISO DE GARANTÍA referido en el extremo “II” anterior,

otorgada en la escritura número veintitrés-nueve de la Notarla Antonella

da Re Masís, por Banco Cuscatlán de Costa Rica S.A. a favor de Hacienda Vieja

Limitada.

Urbanizadora La Laguna S.A. ha actuado

negligentemente como fiduciaria del fideicomiso de administración, por lo que

es responsable de indemnizar los daños y perjuicios causados a Clinton Import

S.A., los que se determinarán y liquidarán en ejecución de este laudo.

Las

entidades demandadas deberán pagar solidariamente las costas personales y

procesales de este asunto a la sociedad actora, así como todos los derechos y

gastos cubiertos al Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio de Costa

Rica. Gírese a los árbitros los montos de honorarios correspondientes;

reintégrese a la parte actora sus depósitos para cubrir costas, gastos y

derechos.”

Los representantes de las

accionadas interpusieron recurso de nulidad contra el laudo arbitral.

En los procedimientos

ante esta Sala se han observado las prescripciones de ley.

Redacta la magistrada León Feoli

I.-

La empresa Clinton Import S.A. demandó a las compañías Urbanizadora La Laguna S.A., Banco

Citibank de Costa Rica S.A. (antes Banco Cuscatlán Costa Rica S.A.) y Hacienda

Vieja Limitada. Manifestó que entre ella y las dos

primeras empresas, se celebraron contratos de fideicomisos. También

aludió a una cesión de derechos entre el referido Banco y la última sociedad.

En esencia, pide se declare en el laudo, como petitoria principal:

La resolución del acuerdo de fideicomiso de

administración, con responsabilidad para la fiduciaria Urbanizadora La Laguna S.A.; la

violación de las cláusulas negociales, por parte de las codemandadas,

debiéndoseles imponer el pago de los daños y perjuicios, porque el pacto perdió

su objeto y patrimonio, propiciando su extinción al desaparecer los bienes

fideicometidos.

La responsabilidad contractual de

las coaccionadas; se le atribuya a la fiduciaria, Urbanizadora la Laguna S.A., el

desempeño imprudente e ilegal en su función, la mala administración del

fideicomiso y la causa del daño patrimonial sufrido; se obligue a cancelarle

los daños y perjuicios conforme se estimarán; asimismo, se les imponga a las

otras codemandadas, responsables de los detrimentos ocasionados, la obligación

de resarcirlos.

La extinción del crédito

garantizado, con anterioridad a la cesión de los derechos de beneficiaria,

hecho a favor de Hacienda Vieja Limitada, en virtud del pago de la obligación

principal, al entonces Banco Cuscatlán Costa Rica S.A. (hoy Banco Citibank de

Costa Rica S.A.) por esa sociedad; como también el fenecimiento del fideicomiso

de garantía al momento de pagarse la deuda y el crédito garantizado.

Las sociedades Hacienda Vieja Limitada y Urbanizadora La Laguna S.A. forman

parte del

mismo grupo de interés económico, dado que tienen el mismo domicilio y existe

relación familiar entre sus socios y personeros. 5.-La escritura número 23-9 de

la notaria Antonella da Re Masís es nula, en todo caso, era ineficaz e incapaz

de producir la cesión de derechos a favor de Hacienda Vieja Limitada; además,

por no haber pagado los timbres fiscales correspondientes, la estipulación

contenida en esa escritura, sobre la exoneración del pago de especies fiscales,

es falsa y carece de toda validez por lo que deviene ineficaz.

Las

compañías signatarias de la “cesión”, referida en el punto anterior,

están obligadas a pagarle la suma cancelada por especies fiscales, más los

respectivos intereses e indexación, monto que asciende a $9.993,00, al

que se ha visto obligada en virtud del no pago de las deudoras.

El Banco Cuscatlán Costa Rica S.A., hoy Banco Citibank

de Costa Rica S.A. deberá también pagar, solidariamente, los daños y perjuicios

que le causó, en la cuantía que determine el Tribunal. (La numeración pasó del

7 al 9).

La nulidad e invalidez del edicto de subasta, publicado en el

periódico La República

los días 24 y 25 de enero de 2008, en virtud de los vicios que contiene.

La adjudicación y la correspondiente escritura de

protocolización de los bienes fideicometidos a favor de Hacienda Vieja Limitada

son nulas.

La “demandada” es responsable de “incumplimiento

contractual y/o extracontractual” y, por ende, Hacienda Vieja Limitada está

obligada a pagarle, solidariamente, todos los daños y perjuicios causados.

La cláusula contenida en el contrato de fideicomiso de

garantía: “LA LAGUNA,

CIB CASALOMA”, que establece la responsabilidad “solidaria e

ilimitada” de todas las fincas fideicometidas, es contraria a derecho y

por eso nula.

Las codemandadas deben pagar ambas

costas del

proceso. Como petitoria subsidiaria solicitó se decrete:

Que ellas le deben

devolver la titularidad del 40% de las fincas fideicomeditas, hoy en propiedad

de Hacienda Vieja Limitada, como parte de pago de los daños y perjuicios.

Reiteró los extremos 2, 5, 6, 7,  9 y 10  de

las pretensiones principales.

La extinción por

pago del crédito garantizado, con anterioridad

a la cesión de los derechos de beneficiaria, a favor de Hacienda Vieja

Limitada, en virtud del

pago al entonces Banco Cuscatlán Costa Rica S.A. (Banco Citibank de Costa Rica

S.A.), por esa sociedad.

Las sociedades Hacienda

Vieja Limitada y Urbanizadora La

Laguna S.A. forman parte del mismo grupo de interés económico.

La demandada Hacienda Vieja Limitada debe pagar,

solidariamente, los daños y perjuicios que le causó.

12.-

La cláusula contenida en el contrato fideicomiso de garantía: “LA LAGUNA, BIC CASALOMA”,

que establece la responsabilidad “solidaria e ilimitada” de todas

las fincas fideicometidas, es contraria a derecho y por ende nula.

La extinción del

fideicomiso de garantía al momento de pagarse la obligación principal y el

crédito garantizado.

Las codemandadas deben pagar

ambas costas del

proceso. Estimó los daños en $3.094.900,00, los

perjuicios en $4.905.100,00. Los intereses los pidió en la tasa básica pasiva

fijada para los depósitos bancarios en el Banco Central de Costa Rica, a partir

de la firmeza del

laudo. Solicitó la indexación de la suma que se determine por los daños y

perjuicios.

Banco Citibank de

Costa Rica S.A. opuso las excepciones de falta de: derecho, legitimación en su

doble modalidad e interés actual. Hacienda Vieja Limitada la de falta de

competencia, rechazada interlocutoriamente; también las de falta de: derecho y

legitimación activa y pasiva. Urbanizadora La Laguna S.A. la de

falta de derecho.

El Tribunal rechazó

las excepciones opuestas. Declaró con lugar las siguientes pretensiones,

entendiendo rechazadas las que no admitió expresamente.

La obligación

crediticia asumida por el Fideicomiso de Administración Laguna-Casaloma a favor

de Cuscatlán Internacional Bank and Trust Limited, crédito posteriormente

trasmitido a Banco Cuscatlán Costa Rica S.A., hoy Banco Citibank de Costa Rica

S.A., que consta en la escritura número 66-10, otorgada en San José a las 17 horas

30 minutos del 25 de noviembre de 2005, ante los notarios Mario Rucavado

Rodríguez y Juvenal Sánchez Zúñiga, se extinguió por el pago que el 24 de

octubre de 2008 realizó la

Urbanizadora La Laguna S.A. en calidad de tercero.

El fideicomiso de garantía constituido en la escritura

en mención, para garantizar el crédito referido en el extremo anterior, se

extinguió en la misma fecha al cancelarse la citada obligación.

Es nula la

cesión de los derechos de “beneficiaria principal” del referido fideicomiso

de garantía, otorgada en la escritura número 23-9 de la notaria Antonella da Re

Masís, por el Banco Cuscatlán Costa Rica S.A. a favor de Hacienda Vieja

Limitada.

Urbanizadora La Laguna S.A. ha actuado

negligentemente como fiduciaria del fideicomiso de administración, por lo que es

responsable de indemnizar los daños y perjuicios causados a la actora, los

cuales se determinarán y liquidarán en ejecución del laudo.

Las

codemandadas deberán pagar, en forma solidaria, las costas personales y procesales,

así como todos

los derechos y gastos, al Centro de Conciliación y Arbitraje. En resolución

complementaria adicionó el laudo en el sentido de que al declararse nula la

cesión de los derechos de “beneficiaria principal” del fideicomiso de

garantía que se mencionó en el punto 3, son nulos los actos jurídicos

posteriores, consecuencia de esa cesión, es decir, el edicto de remate

publicado en el periódico La

República los días 24 y 25 de enero de 2008, la adjudicación

y la correspondiente escritura de protocolización de los bienes fideicometidos

a favor de Hacienda Vieja Limitada. Los apoderados de las

empresas codemandadas presentaron recursos de nulidad.

Recurso de Urbanizadora La Laguna S.A.

El representante de la

indicada compañía introduce la impugnación aduciendo que el criterio del

Tribunal, de que su mandante fue negligente al desempeñarse como fiduciaria, carece de fundamento. Más bien fue esa Cámara, estima, quien actuó sin diligencia al

concluir así, sin estudiar el expediente. Alega, con ello

generó las siguientes violaciones.

quebranto del

debido proceso. Explica, este principio incluye no solo el derecho que tiene

toda persona a ser oída, sino también la obligación de quienes imparten

justicia de motivar, de manera adecuada, las resoluciones que emitan. Cita en su apoyo sentencias de la Sala Constitucional

sobre esta temática. Con esa base, añade, la fundamentación es una regla

básica del sistema

jurídico costarricense y forma parte esencial del

principio constitucional del

debido proceso, regulado por el artículo 39 de la Carta Magna. Según

manifiesta, sabe que por la vía del

recurso de nulidad y, específicamente, del

control del

debido proceso, no es posible incursionar en el análisis de los temas de fondo

discutidos en un arbitraje, ni en las razones por las que los árbitros se

sustentaron. También es conciente, aclara, del criterio

restrictivo de esta Sala en ese particular. En este sentido, sostiene, el

quebranto del debido proceso que reclama, no radica en la valoración probatoria,

sino en el hecho evidente de que se ignoró por completo una parte sustancial de

la prueba que aportaron la actora y las codemandadas. Los árbitros no solo

debieron referirse a los medios de convicción en que se apoyaron, sino además a

los desechados. La

Cámara Arbitral, alega, fue omisa en el análisis de la prueba

testimonial y confesional ofrecida por las partes. Como se evidencia con el

escrito de interposición de la demanda, argumenta, la accionante presentó,

entre otras probanzas, confesional y declaración de Fernando Felipe Terán

Alvarado, Manuel Terán Jiménez y Manuel Marenco Fernández. También, los

testimonios de C, L, M, MT y A. Hacienda Vieja Limitada ofreció a […]. Sin

embargo, expresa, los árbitros ni siquiera se

molestaron en mencionar esas pruebas ni en señalar por qué no las tomaron en

cuenta al laudar, lo cual deja a su representada en un evidente estado de

incertidumbre e indefensión. Manifiesta, la condenatoria impuesta, a juicio del Tribunal, fue en virtud de un actuar negligente como fiduciaria. Pero esa

conclusión, explica, se basó solo en un análisis

superficial y equivocado del

dictamen rendido por el perito licenciado Carlos Mora Vargas y en algunos

párrafos de ese informe, que al efecto transcribe. En su criterio, de manera

sorprendente, el órgano decisor ignoró otros parágrafos, los que copia en lo de

su interés, destacando los puntos sobre: “el manejo responsable y diligente

de la contabilidad”, “el adecuado registro de resultados de la contabilidad”,

“la adecuada información y reporte de resultados de los socios”, “la

adecuada gestión de La Laguna

como fiduciaria”. Aparte de lo anterior, añade, y con el fin de fundar su

decisión sobre la supuesta negligencia, con increíble temeridad, el Tribunal

indicó que “...no existe en autos prueba que demuestre que la demandada

realizó gestiones acordes con la competencia profesional que en el fideicomiso

de Desarrollo o Administración señaló que tenía.” Es una afirmación falsa,

denuncia, lo que se demuestra, sin lugar a dudas, con los elementos de

convicción ofrecidos y no analizados. A este respecto, trascribe partes de las

declaraciones testimoniales rendidas por S, G, M. Agrega, su representada

presentó, como prueba para mejor proveer, la certificación notarial de un

informe que preparó la “Sección de Delitos Económicos y Financieros del

Ministerio Público”, con motivo de una infundada denuncia penal (cuyo

desistimiento ya fue solicitado por el respectivo Juez), que interpuso el

representante de la actora en un proceso penal contra los señores F y M,

apoderados de su mandante. En ese dictamen se

concluyó, señala, que la actuación, como

fiduciaria, fue apegada a derecho y que, por lo tanto, no existía ningún hecho

ilícito por perseguir. La gestión la reiteró y le resolvieron: “...La

pertinencia y admisión de esa prueba, ofrecida para mejor proveer, será

analizada cuando esté listo este proceso para dictarse el laudo...”. Expresa, conoce del

criterio de que esa probanza es del

juez, no de las partes y por ello goza de absoluta discreción en aceptarla o

rechazarla. No obstante, recrimina, en el laudo ni

siquiera se hace referencia a ella. En cambio, sí se alude a la que con el

mismo carácter ofreció la actora e, incluso, le fue aceptada de modo parcial.

Todo lo expuesto constituye, manifiesta, un

inaceptable descuido y una grave violación de los principios de defensa y

debido proceso, protegidos por normas constitucionales. Sintetiza: “Es

perfectamente legítimo que un tribunal valore, según su mejor criterio, la

prueba ofrecida por las partes; también es válido aceptar unas pruebas y

rechazar otras. Lo que no puede es ignorar completamente la prueba ofrecida por

una parte sin siquiera indicar, aunque sea someramente, por qué dicha prueba no

se tomó en cuenta. Esto fue, precisamente, lo que sucedió en el presente caso y

con base en lo cual, entre otras cosas, pedimos que se anule el laudo”.

Segundo:

falta de aplicación de normas imperativas o de orden

público. Atribuye quebranto del

numeral 62 de la relacionada Ley y del canon

35 del Reglamento de Arbitraje del Centro de Conciliación y Arbitraje de Cámara

de Comercio de Costa Rica

(Reglamento, en adelante). Afirma, las normas

procesales son de orden público por disposición del

numeral 5 del

CPC. Cita precedentes de esta Sala sobre el concepto de orden público, las

consecuencias legales de violar preceptos de esa índole y la naturaleza

jurídica del artículo 158 Ibid., referente a la posibilidad de solicitar la

adición y aclaración de resoluciones judiciales. Según

explica, sabe que es imposible variar el “Por Tanto” de una sentencia.

Además, señala, esta Cámara ha concluido que la última

disposición de cita es imperativa y prohibitiva. Veda

al juez la posibilidad de variación, permitiéndole solo aclarar conceptos

oscuros o suplir omisiones. Además, representa un

resguardo vital a la seguridad, certeza jurídica, transparencia y probidad

judicial, al garantizar a las partes que el fallo emitido no podrá ser alterado

por abuso o arbitrariedad. La

Ley RAC y el Reglamento, asevera, contienen normas similares, aunque no exactas al precepto 158 procesal

en estudio. Según el artículo 62 de la Ley RAC: “Las partes podrán pedir, dentro de

los tres días siguientes a la notificación, adiciones y aclaraciones al laudo o

la corrección de errores en el texto...”. El 35 del Reglamento, con una redacción muy similar, dispone: “Las

partes podrán pedir, dentro de los tres días siguientes a la notificación del laudo, adiciones,

aclaraciones o correcciones en el texto. Si procediere, los

árbitros deberán adicionar, aclarar o corregir los errores dentro de los diez

días siguientes a la presentación de la solicitud”.

Explica, la diferencia entre la adición y aclaración de una sentencia judicial

y de un laudo, es que en el primer caso estas solo

proceden contra la parte dispositiva. En el segundo aplican respecto al laudo como

un todo y abarcan la posibilidad de pedir “la corrección de errores en el

texto”. Por consiguiente, sostiene, en esta materia existen dos maneras de

desaplicar normas legales:

Permitiendo que

acciones expresamente prohibidas se lleven a cabo; por ejemplo, aceptando que

por la vía de la adición y aclaración se modifiquen partes de una sentencia

distintas del

“Por tanto”.

Rehusándose a adicionar y

aclarar el texto del

laudo, lo cual está permitido de modo explícito. Expone, la razón por la que

las posibilidades de solicitar adiciones y aclaraciones de un

laudo son más amplias que las que proceden respecto a una sentencia se basa,

precisamente, en las distintas posibilidades de impugnación que existen en

ambos procesos. Mientras que un fallo judicial es

susceptible de recurrirse al menos dos veces (ante el tribunal de alzada y

también en casación, según las respectivas limitaciones), tratándose de laudos

el principio que rige es que estos resuelven el conflicto de manera definitiva.

En vista de lo anterior, agrega, es lógico, en aras de preservar el principio

del debido proceso y la certeza jurídica de las partes que se someten a un

arbitraje, que el legislador impusiera a los árbitros la obligación de cuidarse

de que sus laudos fuesen claros no sólo en la parte dispositiva sino, además,

en “el texto”. Acusa desaplicación de los numerales 62 de la Ley RAC y 35 del

Reglamento. Con base en esas reglas, argumenta, su representada solicitó que se

hicieran algunas adiciones y aclaraciones del laudo; también, que se corrigieran errores del texto. El propósito era entender cuáles habían sido las razones por las

cuales el Tribunal concluyó que su mandante había sido negligente en el

ejercicio de sus funciones de fiduciaria y precisar las consecuencias de esa

imputación. La solicitud, estima, se justificaba en virtud de la falta

de claridad en que incurrió esa Cámara al fundamentar su decisión. Pero además,

en el hecho de que el laudo contenía errores formales de tal

magnitud que lo hacían ininteligible. Así, ejemplifica, en la línea tercera del párrafo noveno de los hechos probados,

se refiere a “mi representada” lo cual resulta incomprensible por

tratarse de un Colegio quien no patrocina a ninguna de las partes. En el

párrafo quinto del mismo elenco expresó lo siguiente: “Como ‘órgano

deliberativo y decisorio’ para -entre otras atribuciones- aprobar las

contrataciones que excedieran cinco millones de colones y que estuvieren fuera

del presupuesto aprobado, aprobar la política aprobar el presupuesto del

proyecto, financiamiento del capital de trabajo, aprobar de comercialización,

aprobar obras extraordinarios”. Enfatiza, es evidente la

absoluta incomprensión. No obstante lo anterior, censura, el Tribunal

rechazó la solicitud y estableció: “Los representantes de las demandadas...,

solicitan aclaración, corrección y adición del laudo. Tales gestiones están referidas a

la redacción de consideraciones del Tribunal y a

pretendidas incorrecciones en cuanto a los hechos probados. Sin embargo, el

artículo 158 del Código Procesal Civil, cuya

doctrina integra la regulación del

proceso arbitral... dispone que ‘La aclaración o adición de la sentencia sólo

proceden respecto de la parte dispositiva’, lo que impide acceder a las

gestiones de los representantes de las citadas entidades demandadas”. Al

resolver así, cuestiona, no sólo incumplió lo dispuesto en los numerales 62 de la Ley RAC y 35 del

Reglamento, ambos de orden público, sino que también evidenció la

superficialidad al laudar. En su criterio, aunque las normas

del CPC

integran el proceso arbitral, no es posible desaplicar una disposición

imperativa expresa. Señala, destacando con negrita, que según el artículo 39,

párrafo final, de la Ley RAC:

“Las normas procesales de la legislación

costarricense integrarán, en lo que resulte compatible, el procedimiento

arbitral”. Insiste, con apoyo en la cita de otra sentencia de esta Sala,

que al existir un canon concreto en esa Ley y en el

Reglamento, la aplicación supletoria del

CPC es improcedente. Estas violaciones, reafirma, impactan directamente a su

mandante, pues la privan del derecho que le correspondía de saber, a ciencia

cierta, mediante la adición y aclaración solicitadas, cuáles fueron los

fundamentos para concluir que su actuación como fiduciaria fue deficiente, como

base para imponerle la obligación de pagar los daños, perjuicios y costas.

Diserta sobre el uso del

arbitraje en Costa Rica.

Aduce que ha perdido fuerza y atractivo como mecanismo alterno de solución

de conflictos. Explica que las razones son de diversa índole y aunque no es

ocasión para analizarlas, sí procede indicar que muchos de los cuestionamientos

se relacionan con dos temas medulares ligados entre sí:

1.-

La calidad de los laudos.

Las limitaciones que

tienen las partes para impugnarlos, incluso, agrega, como el que es objeto de este recurso, siendo

evidentemente defectuosos. Respecto a la necesidad de que las

partes puedan defenderse de las consecuencias de laudos deficientes y mal

fundamentados, resalta, por disposición legal, la Sala es la llamada a cumplir

con esa función de contralora de la calidad. No se trata, como

algunos sugieren, de que se convierta en una segunda instancia de los

arbitrajes, lo cual los desvirtuaría. Pero tampoco se debe restringir los

recursos de nulidad, a tal punto de que este medio

para dirimir conflictos se convierta en una opción teórica con pocas

posibilidades reales en la práctica. Este proceder no sólo

afecta los derechos fundamentales de los ciudadanos. También incide en

la credibilidad del

arbitraje. Según lo expuesto, concluye, la atribución de responsabilidad que

hizo el Tribunal a su representada, con base en una supuesta negligencia, es el

resultado directo de una inexplicable superficialidad al conducir y resolver el

proceso, particularmente, respecto a los aspectos probatorios. Aclara de nuevo,

el problema no es de una defectuosa valoración de la prueba; sino de la

ignorancia en cuanto a todas las probanzas de su mandante, además de adolecer

el laudo de vicios graves por desaplicación de normas

imperativas o de orden público.

La censura por

violación al debido proceso se motiva en dos aspectos esenciales:

Falta de

fundamentación del

laudo.

Ausencia de motivación respecto al por qué

no se le atendió a la empresa recurrente la prueba ofrecida, además de que ello

la dejó indefensa. Muy ligado a esos reproches, aunque con base en la causal de

nulidad atinente al quebranto de normas imperativas o de orden público, se

recrimina indebido rechazo de la solicitud de aclaración, adición y corrección

del laudo, lo cual, se indica, comprometió el derecho de la impugnante de

conocer las justificaciones de la decisión final, en punto a por qué se le

consideró negligente en su cargo de fiduciaria. Según

expresa, eso le afecta, de modo directo, por el acogimiento de la demanda y la

condenatoria que le fue impuesta. En síntesis, es claro que las

denuncias convergen en que los árbitros no justificaron, como era lo debido,

la decisión adoptada, dejando de lado la defensa que se pretendió ejercer.

Según consta en autos, esta sociedad ofreció como prueba una

serie de documentos. Al presentarlos, fue detallando cada elemento de acuerdo

con los temas que, en su criterio y conforme a su estrategia defensiva,

dispuesta en virtud de los alegatos y las pretensiones de la demanda,

revistieron importancia para el debate. Destacó la constitución del fideicomiso

de administración y del fideicomiso de garantía; los problemas que se dieron en

el Comité Director del fideicomiso de administración; los reiterados esfuerzos

que hizo su mandante para que los socios del proyecto aportaran el dinero necesario

para continuar con el desarrollo, como también las iniciativas que verificó

para obtener el financiamiento; la cesión de los derechos fideicomisarios entre

el entonces Banco Cuscatlán Costa Rica S.A. y Hacienda Vieja Limitada; el

remate de los bienes en el fideicomiso de garantía y el aviso que dio su

poderdante a los socios del proyecto en relación con la oferta que hizo

Hacienda Vieja Limitada de adjudicárselos; la información contable suministrada

a los socios del Proyecto Casa Loma. El ofrecimiento que hizo incluyó varios

documentos sobre cada temática, como

se aprecia en la contestación de la demanda a folios 1211 a 1216, y es evidente

en el extenso legajo relativo a esa documental, lo que conforma del folio 1224 al 1466.

También ofreció los testimonios de L, E, Ó, H, L, M, C, G, F, M, S. Asimismo,

confesional y declaración de parte del representante de la actora. El

Tribunal, en el Resultando 2, mencionó que esa sociedad opuso la defensa de

falta de derecho. En el 3 aludió a que se admitió la prueba

ofrecida por las partes, evacuándose la confesional, testimonial y pericial.

El Considerando I se destina a resolver la solicitud de prueba para mejor

proveer ofrecida por la accionante, de la cual se le admitió un documento y se

le rechazó la demás, con indicación expresa de los motivos por los cuales

decidió en ese sentido. Cabe advertir, la compañía recurrente también ofreció

prueba para mejor resolver, como consta en solicitud de folio

2488, la cual reiteró en escrito de folio 2773. En resolución 25-11 de las 15

horas del 29 de junio de 2011, el Tribunal manifestó: “La pertinencia y

admisión de esa prueba, ofrecida para mejor proveer, será analizada cuando esté

listo este proceso para dictarse el laudo…”. (folio

2804). Lo cierto es que en ese fallo, contrario a como se procedió con la

actora, no se señala nada de la probanza ni se saben las razones por las cuales

se supone que no le mereció importancia, pues ni siquiera se mencionan en el

laudo. Es claro que el Colegio Arbitral tiene la potestad de determinar si

acepta o no una prueba para mejor proveer, pero en la especie, según lo

indicado, su actuar constituye un tratamiento desigual

para las partes que afecta el debido proceso. Según consta en el Considerando

II, el Tribunal apoyó los hechos probados en los siguientes elementos

probatorios: folios 171 a

212 (copia de escritura 67-10), 856 (copia de escritura 23-9), 2541, 2542

(ambos documentos son constancias de notificación) y 2609 (parte de un

documento alusivo al reporte de movimientos históricos por cuenta del

fideicomiso Casa Loma); contestación de Urbanizadora La Laguna a los hechos 10, 11,

13, 15, 17, 18 y 19 de la demanda; informe pericial de folios 2228 y

siguientes. Además, estimó que la fiduciaria fue negligente según “La prueba

que consta en autos consistente en el dictamen pericial…”.

En consecuencia, es notorio cómo la empresa recurrente, pretendiendo

defenderse, no solo planteó e introdujo al debate, en función también de la

demanda, una serie de temas de importancia, de los que sin mayor detalle el

Tribunal solo mencionó el relacionado con supuestos obstáculos del Comité

Director al desarrollo del proyecto, sino que también procuró diversos

elementos probatorios para acreditar las variadas afirmaciones de los hechos

expuestos. En síntesis, nada de eso se le atendió, ni

se le consideró la relacionada prueba, generándole indefensión. Tampoco se le

resolvió en el laudo, diferente a como se hizo con la actora, la

gestión de ofrecimiento de prueba para mejor proveer. Esta Sala aclara, el

artículo 58, inciso d), de la

Ley RAC, establece que el laudo contendrá la relación de los

hechos probados y no demostrados que, a criterio del Tribunal, sean relevantes

para resolver. Aunque la consideración de cuáles aspectos son importantes para

laudar le corresponde a los árbitros, la misma norma

en comentario les obliga a exponer las razones en que se basan para laudar.

Entonces, la debida motivación conlleva, entre otros aspectos, a que expliquen

por qué consideraron que los argumentos de defensa no le han

merecido relevancia para decidir. Lo propio ha de decirse de las pruebas

ofrecidas, pues, nótese, el Reglamento, en el canon 27, inciso 3, señala que

ese Colegio deberá determinar la admisibilidad, pertinencia e importancia de

las pruebas presentadas; y en el párrafo final, agrega expresamente: “Toda

prueba será valorada de acuerdo con las reglas de la sana crítica”. En

definitiva, la omisión descrita no permitió a las partes, en especial a quien

fue condenada por la supuesta negligencia en sus funciones de fiduciaria, ni tampoco esta Sala, la posibilidad de determinar por qué

no solo se desatendió el cúmulo de argumentos de defensa, sino también las

pruebas de descargo. Ello refleja incumplimiento al deber de

fundamentar. Lo expuesto se hace aún más palpable, cuando resulta ser, como

lo expone el recurrente, que el Tribunal pasó del Considerando II al

Es decir, no consignó el

Podría pensarse que fue solo un error material de orden y por ello sin trascendencia

alguna. Empero, el estudio integral del laudo indica lo contrario. En efecto, se advierte que el Considerando II es sobre hechos

probados. El IV y algunos de los que siguen atienden al fondo del

asunto, donde se menciona, entre otras cosas, para justificar la condena

indemnizatoria por negligencia en el actuar: “Los hechos probados (o no

probados) en autos demuestran que la fiduciaria, Urbanizadora la Laguna manejó sus funciones

de manera negligente y con violación expresa a normas contractuales”.

Nótese, se alude a hechos no probados, lo que parece que fue el contenido del Considerando III que no consignó. Incluso,

más adelante se indica, no existe prueba para patentizar que esa empresa

realizó gestiones acordes con la competencia profesional asumida en el

contrato; tampoco acreditó esa compañía los esfuerzos en el desempeño de su

cargo. Es decir, se partió de la existencia de esos hechos no probados,

que también, se supone, debieron formar parte del

De todas maneras, la sola duda es representativa de una

incorrecta motivación en este particular. Por

consiguiente, es claro el defecto señalado como también las

implicaciones contra el debido proceso, en punto al deber de justificar, en

debida forma, el laudo en todos sus apartados. Además, el propio Tribunal

expresa: “La prueba que obra en autos consistente en el dictamen pericial del

Contador Público Lic. Carlos Mora Vargas demuestra, sin lugar a dudas, que la

demandada, Urbanizadora La

Laguna S.A. desempeñó su función de fiduciaria del

Fideicomiso de administración con evidente negligencia”. Luego, extrae

datos de ese dictamen, pero nunca dijo por qué no

consideró las probanzas que esa empresa ofreció en descargo o fueron

impertinentes a los propósitos de acreditar los argumentos de defensa. Pudiese

ser que eso fuera parte del

contenido del Considerando III, pero este, como se expuso, ni siquiera se consignó en el

laudo. Con todo, en los razonamientos de fondo también debió explicitarlo y lo

cierto es que tampoco lo hizo, lo cual dice de un fallo carente de una adecuada

fundamentación, contrario al debido proceso, a los artículos 58 de la Ley RAC y 23 del

Reglamento, y causante de indefensión.

Sobre el particular,

esta Sala dispuso en la sentencia 943-F-2005 de las 14 horas 40 minutos del 7

de diciembre de 2005:  “En el presente asunto, la demanda está

compuesta por […] hechos de los que la empresa […] aceptó uno, pero con

reservas y explicaciones. Se opuso a los restantes mediante un

desglose pormenorizado de cada uno. Las partes aportaron gran cantidad de

prueba documental que conforma, junto con los testimonios recibidos, un voluminoso expediente. La discusión ha versado sobre […]

contratos, su interpretación y problemas generados en su aplicación. Los

litigantes han sostenido sólidos y extensos argumentos, con imputaciones

recíprocas, atinentes a la inobservancia de algunos aspectos de las

contrataciones que los han vinculado […] Precisamente, la estructura de este

principio [debido proceso] se asienta sobre el respeto de los derechos y

garantías de las partes procesales, el acceso a la justicia, la defensa y el

contradictorio. Todo ello, lleva a que la autoridad decisoria tenga que emitir

razones convincentes para justificar su proceder, con vista en un análisis

pormenorizado del caso concreto, de las afirmaciones que las partes hacen sobre

los hechos constitutivos, modificativos o extintivos de los derechos que

debaten, lo mismo que de las pruebas tendientes a acreditar esas afirmaciones.

Con mayor razón, el pronunciamiento de fondo, enlazado con ese

quehacer procesal, impone el deber ineludible de justificar la decisión

adoptada. La violación de estos postulados, que aseguran la plena vigencia del

referido principio, es contundente, dada la situación de incertidumbre e

impotencia en que se dejó a la demandada […]. Asimismo, la decisión

sobre cuáles extremos de la demanda se acogen, está ayuna de referencia a

pruebas concretas y de un análisis completo de las

pretensiones y manifestaciones sobre las que ha girado la contienda y el

material probatorio incorporado a los autos.  En este

predicado, es inobjetable el quebranto del

principio del

debido proceso. Ya la Sala Constitucional

de la Corte Suprema

de Justicia se ha pronunciado en muchas ocasiones sobre la necesidad de motivar

los fallos, lo que es enteramente aplicable a los laudos arbitrales.

Consideró al respecto: ’Esta Sala ha señalado en forma reiterada que la

fundamentación del

fallo constituye un elemento integrante del

debido proceso... constituye ésta una garantía tanto para las partes del proceso, que son los destinatarios directos de la

misma, como

para la colectividad en su conjunto. Dentro de un sistema de justicia

democrático es indispensable que exista un control de los razonamientos que el

juez utiliza en sus valoraciones, a fin de poder determinar si los mismos se

ajustan a criterios de racionalidad y objetividad, o si más bien obedecen a

simples caprichos, impulsos o intereses personales. La legitimación de la

función jurisdiccional en un sistema político

democrático, deviene del

ejercicio de la función. El juez se encuentra obligado a justificar sus actos y

resoluciones, a indicar las razones, causas y fundamentos, los cuales ha de

plasmar en un documento que no sólo se ponga en conocimiento de las partes,

sino también de la colectividad en su conjunto, facilitándose el acceso, tanto

a la audiencia oral como al documento en sí. Puede decirse entonces que la

motivación del

fallo no sólo tiene valor procesal sino también extraprocesal porque trasciende

a los sujetos involucrados en el caso concreto. El hermetismo,

la arbitrariedad y el secreto son propios de sistemas políticos totalitarios,

en donde se irrespetan los más sagrados valores de la persona humana. La

fundamentación de la sentencia no puede reducirse al aspecto jurídico; es

fundamental que exista también una adecuada motivación de la reconstrucción de

los hechos que se tienen como acreditados. Así, la sentencia

debe contener por una parte, una relación clara,

precisa y circunstanciada del hecho histórico, que es lo que se denomina

fundamentación fáctica, incluyéndose aquí tanto los hechos acusados, como los acreditados. Ese hecho histórico debe contener a la vez un sustento

probatorio; de ahí surge lo que se denomina la fundamentación probatoria

descriptiva e intelectiva. La probatoria descriptiva obliga al juez a señalar

en la sentencia cuáles fueron los medios probatorios conocidos en el debate,

llámense testimonios, pericias, documentos, etc. indicando el contenido de los

mismos. La fundamentación intelectiva exige que el juez valore todos esos medios

probatorios que tuvo a su alcance, seleccione los elementos que le sirvan para

determinar si los hechos acusados se produjeron o no, si el encartado tuvo

participación en los mismos, etc., para lo cual debe emplear las reglas del

entendimiento humano, a saber, la lógica, la psicología y la experiencia común.

Todo lo anterior debe formularse en un lenguaje que

pueda ser entendido por los destinatarios del fallo, que son -como

se dijo- tanto las partes como

los ciudadanos en general... La motivación del fallo así considerada, no sólo

permite un adecuado control de la actividad jurisdiccional, sino que también

otorga a las partes, la posibilidad de recurrir en caso de desacuerdo’.

(Sentencia no. 7525-97 de las 15 horas 27 minutos del 12 de noviembre de 1997;

en igual sentido, entre muchas otras: no. 8885 de las 14 horas 54 minutos del

11 de noviembre del 2000; no. 9374 de las 14 horas 36 minutos del 19 de

setiembre del 2001)’. En consonancia con lo expuesto, esta Sala, en múltiples

fallos, ha destacado la importancia del

deber de motivación de los laudos, como

imperativo para asegurar el principio de defensa y el debido proceso. Así, por

ejemplo, en sentencia no. 484

a las 10 horas 30 minutos del 12 de agosto del 2003

expuso:  ’El derecho fundamental del debido proceso, como se sabe, tiene

raigambre Constitucional […]. Son varias las facetas por cubrir para que

pueda entenderse cumplimentado a cabalidad, y dentro de ellas destaca, la

necesaria motivación de lo resuelto, que busca esencialmente tres objetivos:

a) interdicción de la arbitrariedad del juzgador, en cuanto obliga a un elenco

de hechos probados, y suprime así cualquier elemento de mera conciencia ajeno a

quien resuelve en Derecho, puesto que el ejercicio de su autoridad no es más

que manifestación del principio democrático de las potestades públicas con

apego y sometimiento al Derecho;  b)  convencimiento de las partes

que han sometido su diferendo a un mecanismo de resolución

heterocompositivo,  y c) fundamentación necesaria para quienes, inconformes

con lo resuelto, puedan acudir ante el superior desvirtuando los razonamientos

del a-quo.  […]. Por lo demás, en el laudo bajo estudio, se

desconoció el principio de igualdad, que predica el artículo 33 de la Carta Magna. También

se inobservó la garantía de justicia cumplida, que preceptúa el canon 41

constitucional. En igual sentido, el Tribunal ha conculcado, frontalmente, el

artículo 58, párrafo final, de la

Ley sobre Resolución Alterna de Conflictos y Promoción de la Paz Social, cuyo tenor

literal, claro y contundente, dispone: “Los laudos arbitrales dictados en

arbitrajes de derecho siempre deberán ser motivados”. Asimismo, el numeral 39

ibídem., cuando establece que las partes podrán escoger el procedimiento que

regulará el proceso arbitral, “...siempre que ese procedimiento respete los

principios del

debido proceso, el derecho de defensa y el de contradictorio...”. Ambas disposiciones de la referida legislación,

reforzadas con las normas de linaje constitucional que

también han sido infringidas, asumen naturaleza impositiva, lo que

impide su inobservancia o renuncia. Por consiguiente, el laudo impugnado que se

analiza, viola el principio de debido proceso y atenta contra normas impositivas, en cuyo evento se han configurado las

causales del artículo 67, en sus incisos e) y f), lo cual conlleva su nulidad”.

Igual solución se impone aplicar en la especie. En

efecto, es claro, el Tribunal incurrió en los vicios indicados, los cuales

vulneran el principio del debido proceso. En este

sentido, al contemplarse ese yerro entre las causales previstas en el artículo

67 de la Ley RAC,

generan la nulidad total de lo resuelto y así se debe declarar.

Comentario especial merece el agravio atinente a la

supuesta violación a normas imperativas o de orden público, que descansa en que

el Tribunal desatendió lo dispuesto en los artículos 62 de la Ley RAC y 35 del Reglamento. Ello,

acusa el recurrente, por rechazar la solicitud de adición, aclaración y

corrección de defectos del laudo. Esa Cámara, censura,

fundamentó la denegatoria en las previsiones del canon 158 del CPC. Sin embargo, estima, esta norma no es pertinente en el caso concreto en virtud de

existir aquellas otras que son especiales para el arbitraje. Ciertamente, el

precepto 158 del

CPC establece que las aclaraciones y adiciones solo proceden respecto a la

parte dispositiva de las sentencias. También lo es, que para este

proceso aplican, como disposiciones especiales,

los numerales 62 de la Ley RAC

y 35 del

Reglamento. Estos permiten la adición, aclaración y corrección de defectos del

laudo y de su texto, no así solo en lo dispositivo. Sin embargo, el mismo canon

62 de la Ley RAC,

que el impugnante cita en su apoyo y alega vulnerado, expresa en el párrafo

“La falta de pronunciamiento del tribunal dentro del plazo

indicado, hará presumir la improcedencia de lo que se solicita”. Es decir,

si el legislador no le asigna nulidad alguna u otra consecuencia seria a la

falta de esa resolución, y más bien prevé esa posibilidad de la cual tan solo debe

asumirse que la solicitud no procede, entonces, no es dable asumir que un

pronunciamiento eventualmente erróneo atente contra normas imperativas o de

orden público. Es por ello que la censura deviene inadmisible, sin perjuicio del acogimiento del otro agravio que implica la nulidad del laudo.

Lo expuesto determina que se debe acoger la impugnación

en estudio y, por innecesario, omitir pronunciamiento sobre los recursos de las

otras codemandadas.